El informe de 247 páginas también da cuenta del impacto de la pandemia en desigualdad, la que medida por el coeficiente Gini experimentó un incremento a nivel nacional de four,5%, al pasar de un índice de 0,forty five a uno de 0,47, cifra que comparte con Ecuador, que es superior a la Argentina, México y Perú e inferior a la de Brasil, Costa Rica y Panamá. En detalla, el incremento de la pobreza en 2021 afectará sobre todo a Brasil y Costa Rica por los recortes de las ayudas estatales. Del otro lado, Chile y República Dominicana mantendrían sus niveles, apoyados en la continuidad de las transferencias fiscales. El economista costarricense se desempeñó antes como ministro de Comercio Exterior de su país y tiene una amplia experiencia en organismos de la ONU, ya que fue director regional de la Organización Internacional del Trabajo. José Manuel Salazar-Xirinachs asumió como secretario ejecutivo de la Cepal en octubre pasado, tras ser designado por el secretario basic de la ONU, António Guterres, quien destacó su pasión por el análisis, diseño, implementación y evaluación de políticas para el desarrollo.
La representante mexicana del organismo señaló que es necesaria «una respuesta mucho más unificada de nuestra región en un momento tan difícil como es la pandemia que estamos enfrentando. Hay cada día más asimetrías globales muy delicadas». La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), aseguró que Latinoamérica se verá fuertemente afectada por el conflicto entre Rusia y Ucrania debido a un contexto de incertidumbre, inflación y desaceleración del comercio y las actividades económicas. Por lo mismo, se recalca la necesidad de conceder una dispensa especial a los países vulnerables de la región, en lo que respecta a las acciones de las agencias de calificación crediticia y a las medidas necesarias para lograr la sostenibilidad de la deuda y reducir el endeudamiento de los países en desarrollo.
En 2019, un cuarto de las personas de sixty five años o más no percibía una pensión y los programas de transferencias condicionadas cubrían en promedio al 18,5% de la población de los países de América Latina y el Caribe. Un reciente informe de UNICEF y Save de Children sostiene que las repercusiones económicas de la pandemia podrían provocar que, a nivel mundial, para finales de 2020, 86 millones de niños se sumen a los que ya viven en situación de pobreza. El documento revela que, a menos que se tomen medidas urgentes, el número de niños y niñas que viven en hogares pobres en los países de bajos y medianos ingresos podría aumentar un 15%. El incremento más considerable, de hasta un 44%, podría registrarse en los países de Europa y Asia Central, mientras que en América Latina y el Caribe podría producirse un aumento de un 22%. Aunque en el reporte no se entregan detalles por país, Bárcena indicó en la presentación del informe que la recuperación económica repercutió en disminuciones acotadas de las tasas de pobreza en la mayoría de los países, incluido Chile.
No obstante, tienden a experimentar mayores dificultades para la inclusión laboral, por sus condiciones laborales más precarias e inestables, que se agravan por las condiciones de irregularidad. Pese a la mejora en los indicadores, más de 180 millones de personas en la región no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, 70 millones no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos, advierte la Comisión en su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023. Por su parte, Lorena Flores, directora ejecutiva de Centro de Microdatos, fue enfática en señalar que “los resultados de esta Casen refuerzan la línea de trabajo que nuestro país debe seguir para derrotar la pobreza. En ese sentido, el desafío del Gobierno es aprovechar estos datos que son muy valiosos para afinar las políticas públicas que conduzcan al país hacia el desarrollo”. Ambas cifras son superiores a los niveles prepandemia e implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza y 12 millones más en pobreza extrema, con respecto a 2019. De esta forma, en 2021 la tasa de pobreza de América Latina alcanzó el 32,3% de la población complete de la región (una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2020), mientras que la tasa de pobreza extrema fue de 12,9% (0,2 puntos porcentuales menos que en 2020).
Los países con las peores cifras son Argentina, Colombia y Perú, donde ambos índices crecieron 7 puntos porcentuales o más, mientras que Brasil fue el único que mejoró, con una caída del 1,8 por ciento en la pobreza y 0,7 por ciento en la pobreza extrema. Los países con las peores cifras son Argentina, Colombia y Perú, en donde ambos índices crecieron 7 puntos porcentuales o más, mientras que Brasil fue el único que mejoró, con una caída del 1,8 % en la pobreza y 0,7 % en la pobreza extrema. El gobierno confía en las personas, ‘sabe’ que las transferencias no son algo que ellas quieren y se niega a condenarlas a la dependencia estatal. En este mismo acto condena a quienes las prestaciones monetarias le reducen mínimamente la precariedad de sus condiciones de vida y exculpa a la sociedad de las estructuras de desigualdad que son las que explican la pobreza y su persistencia. En similar sentido, de acuerdo con Salas y Vigorito (2021) más allá de lo exiguo del monto de las transferencias, son ingresos estables, siendo este especialmente relevante en contextos de disaster.
Finalmente, se entiende un objetivo relevante en tanto el análisis realizado permite visualizar fortalezas y debilidades de los sistemas de protección social, contribuyendo a pensar los desafíos que estos tienen. En 2021, con el fin de mitigar los efectos de la pandemia en el mercado laboral, los gobiernos implementaron una serie de medidas de apoyo a trabajadores que, junto al avance de los procesos de vacunación, permitieron una “lenta recuperación” y un alza del PIB del 6,2 %, según cifras de la institución. “Sin embargo, los niveles de empleo todavía no llegan a los previos a la crisis contra la desigualdad, especialmente entre las mujeres”, lamentó. Las ayudas sociales disminuyeron de más de US$89.000 millones en 2020 a US$45.271 millones el año pasado, explicó la funcionaria, quien llamó a “mantener las transferencias monetarias de emergencia en 2022 o hasta que la disaster sanitaria esté controlada”.
Pero agregan que se trata de una incorporación segmentada entre los accesos contributivos y no contributivos, que presentan muy distintos grados de suficiencia de las prestaciones. Las primeras experiencias de transferencias monetarias (TM) surgen -en Brasil y México- a mediados de la década de los ninety, a partir de las consecuencias del modelo de desarrollo de orientación liberal de los años ‘80 y ’90, siendo promovidas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese modelo priorizó la liberalización, desregulación comercial y la reducción de los costos de producción -incluyendo la protección social- para competir por inversión extranjera. Asimismo, promovió la restricción de la intervención del Estado, como agente privilegiado en la provisión de bienestar social, trasladando al mercado buena parte del manejo de los riesgos sociales, entendidos como problemas individuales.
En relación con la incidencia de la pobreza, las mismas autoras observan que, en 2017, era del 7,9% de los hogares y ascendía al 12,4% en hogares con menores de 18. La combinación de ambas prestaciones potencia la caída a 14 y 23% respectivamente” (Perazzo et al, 2021, p. 8). Estas Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (AFAM – PE), consisten en prestaciones monetarias en beneficio de niños, niñas y adolescentes que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Consideran el número de integrantes del hogar, aumentan el monto (a quienes concurren a secundaria se les otorga un monto mayor que a los que asistan a primaria) y consideran la presencia de discapacidades. Finalmente, se establece como requisito para conservar la prestación, la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza y controles médicos periódicos (Ley 18.277; Poder Ejecutivo, 2020).
El Partido Nacional (2019) tiene una mirada muy crítica sobre la gestión del MIDES en los gobiernos del Frente Amplio. Reconoce la reducción de la pobreza monetaria, pero señala como insatisfactorios los resultados en la integración social. Esa reducción es explicada como resultado de las transferencias monetarias, consideradas como respuestas insuficientes, clases de pobreza en tanto se entiende que generan dependencia de las cuentas públicas. Agrega que, en demasiados casos, esa mejora no fue acompañada del fortalecimiento de las capacidades personales para sostenerse autónomamente. Más allá de lo anterior, además de lo señalado por Martínez y Sánchez (2016) también Uribe (2018) identifica límites de los gobiernos progresistas.
Tras la entrega de datos, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete destacó las cifras, puntualizando que “estamos contentos porque Chile logró una reducción histórica de la pobreza y recuperó la senda previa a la pandemia. Ha sido un periodo difícil para el país y como Gobierno hemos respondido a los desafíos que nos impuso la recuperación publish pandemia y el alza de la inflación. No somos complacientes y tenemos un compromiso con el bienestar de las familias y el desarrollo del país, por lo que seguiremos trabajando con fuerza, implementando medidas y acciones, tal como lo hemos hecho hasta ahora, que permitan avanzar en derechos y garantías sociales, mejorando la calidad de vida de las personas”. Aunque los jóvenes son los más expuestos a la pobreza, América Latina completa aún no logra retroceder a los niveles registrados antes de la pandemia.
«En medio de la desaceleración económica, la alta inflación y las transferencias públicas limitadas para apoyar a los hogares vulnerables, se prevé que la pobreza aumente al 10,5% y el índice de Gini al forty seven,1% en 2022, manteniéndose en estos niveles en 2023 sin volver a la situación previa a la pandemia», señaló el organismo en un informe. La subida de la pobreza extrema es “consecuencia de una reducción de las transferencias de ingresos de emergencia que no se compensan con el incremento de los ingresos por trabajo”, explica el documento. En 2021, con la implementación de medidas económicas de los gobiernos en apoyo a los trabajadores, resultó en un alza del 6,2%. 86 millones de personas en Latinoamérica pasaron a vivir en pobreza extrema durante el 2021, el segundo año de la pandemia.
Sí ofrecen datos a nivel regional, señalando que se pasó de una tasa de 33% en 2020 a un de 32,1% el año pasado, equivalentes a 201 millones de personas. Aún así, son el principal instrumento desarrollado ante las consecuencias sociales y económicas de los sectores más vulnerados en sus derechos. Pero parece llegarse a ellas de manera ‘inevitable’ y con ‘disgusto’ y de donde debería salirse tan pronto como sea posible. Esto es expresión de la mirada que el mencionado partido y el gobierno tienen sobre la pobreza y los ingresos. Estos, en algunos documentos analizados no tienen relación y en otros, aparecen solamente como descripción de la pobreza.
«La recuperación económica de 2021 no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la disaster sanitaria», lamentó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, durante la presentación digital del informe desde Santiago de Chile. En Uruguay, la valoración del gobierno sobre su acción es muy favorable, entendiéndola como suficiente. A diferencia de esa valoración, se concluye que las transferencias monetarias fueron una respuesta insuficiente.
La Canasta de Emergencia se duplica desde abril a julio de 2021, pero a partir de marzo del 2022, la prestación solo fue percibida por personas que declararon hijos e hijas menores al realizar la postulación (Presidencia de la República, 2020; 2021) y finaliza en el mes de julio. Las medidas implementadas supusieron el aumento del monto de AFAM – PE y TUS, en formas y cantidades que fueron cambiando. Estos fueron anunciados como duplicaciones, pero no lo fueron en tanto su pago se realizó en dos meses, con el 50% en cada uno. En enero 2021 se efectúa otro aumento en dos pagos y entre abril y agosto, la prestación efectivamente es duplicada.