De acuerdo con la Encuesta CASEN, los años de escolaridad promedio en Chile son superiores a los presentados anteriormente por Barro y Lee y el PNUD. A pesar de estas diferencias, son muy informativos y nos permiten hacer comparaciones entre los distintos territorios del país y su evolución en el tiempo. Acorde con la CASEN, los años de escolaridad promedio del país son eleven, con una leve diferencia por género, eleven,2 años para los hombres y 10,9 en el caso de las mujeres. Esta diferencia, aunque pequeña, se ha mantenido en el tiempo y es el mismo comportamiento presentado por Barro y Lee (2010). Otros datos interesantes que nos entrega la CASEN en materia de educación, es la diferencia de escolaridad por lugar de nacimiento y pertenencia a una etnia. En Chile, en el año 2015, el promedio de escolaridad para una persona nacida en el país period de 11 años, y para un inmigrante (cuya madre residía en otro país al momento del nacimiento) de 12,5 años.
La dimensión sustentabilidad y medio ambiente es de gran relevancia para el crecimiento económico sostenible. Es lamentable que no se tengan datos históricos respecto a la inversión pública en el área medioambiental, sin embargo, contamos con los datos de los últimos años, los cuales develan que en 2015 la inversión ascendió a más de 27 mil millones de pesos. A nivel regional las regiones con mayor presupuesto medioambiental ejecutado fueron La Araucanía, Biobío y Aysén, tres regiones del sur del país.
Pese al actual escenario económico mundial, más complejo e incierto que el de los años anteriores y que, al menos en el corto plazo, será menos favorable para la región, es basic asegurar los avances en materia de desarrollo social alcanzados en el último decenio y no postergar las asignaturas pendientes en ámbitos en que el progreso ha sido insuficiente. La existencia de exclusión social supone un gran desequilibrio tanto para la propia persona que la sufre como para la sociedad en basic. Por ello, para mejorar esta situación, es preciso implementar estrategias para fomentar el empleo y la igualdad de oportunidades para todos los colectivos que conforman la sociedad.
Muchos trabajos de investigación han tratado de identificar cuán importante es la relación entre desigualdad y desarrollo, y los mecanismos para explicar dicha relación. Una de las conclusiones es que ella opera vía mecanismos más indirectos de lo que se creía. Así, Daron Acemoglu y James Robinson argumentan que las brechas socioeconómicas afectan negativamente el desarrollo de los países cuando se traduce en un acceso, también desigual, al poder político; este mecanismo se relaciona con la potencial captura de rentas por parte de la élite y el bloqueo de oportunidades de desarrollo para el resto de la población. La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado define la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Por tanto, la sociedad tiene responsabilidad en que todos tengan una vida digna.
Uno de los Estados que aún no ha ratificado la Convención, pero que ha expresado su intención de hacerlo, es Estados Unidos. Los sistemas educativos deben procurar recursos financieros y no financieros para pobreza economipedia los alumnos de menores recursos para asegurar que todos los alumnos gocen de altos niveles de aprendizaje. En adición, es igualmente importante responsabilizar a las escuelas por sus resultados académicos.
Según un estudio del Economic Policy Institute sobre niños y niñas de guardería del año 1998 y 2010, hay un hueco de desempeño entre los niños en el nivel socioeconómico más bajo y más alto que persisten entre ambas clases. Esto es importante porque las habilidades cognitivas y no cognitivas son importantes para el éxito en la escuela y en otros aspectos. Sin estos éxitos, no habrá buenas perspectivas económicas en el futuro lo que conduciría a una falta de movilidad social. El empleo es una herramienta indiscutible en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y contribuye además a la promoción y defensa de los derechos de la ciudadanía en aras de una sociedad más justa e igualitaria.
Es reconocer que son seres humanos y titulares de sus propios derechos, al igual que los adultos. Es prestar atención a sus derechos específicos adecuados a sus necesidades especiales. También, apoyamos a niñas y niños para que crezcan no sólo como sujetos de derechos, sino como ciudadanos/as globales capaces de compartir y empatizar con sus vecinos/as. Para lograr estos pobreza e objetivos, adoptamos cuatro enfoques en la ejecución de nuestros programas educativos. Y continúan su explicación enumerando los factores intraescolares como el pobre rendimiento académico, la repitencia, el ausentismo y los problemas disciplinarios o conductuales que se asocian con mayores probabilidades de abandono escolar según la amplia evidencia empírica existente.
La incorporación de la dimensión sustentabilidady medio ambiente produjo que el IDERE disminuyera en todas las regiones (Tabla 7). La región de Magallanes fue la menos afectada tras la incorporación de la nueva dimensión, con un IDERE que solo descendió un 1,86%. A diferencia de las regiones Metropolitana y Antofagasta, con descensos de 7,47% y 7,45% respectivamente, que fueron las más afectadas. Pese a esta generalizada incidencia a la baja, la nueva dimensión no generó grandes cambios en las posiciones regionales del IDERE global.
Desde nuestra perspectiva, se requiere que nuestras políticas se preocupen de “suministrar” experiencias a las personas en pobreza, que les permitan identificar sus propios recursos para activarlos, movilizarlos, conectarlos y potenciarlos. La primera corriente se originó al interior del mundo conservador-católico que, a partir de la Encíclica Rerum Novarum, adhirió a la línea social cristiana impulsada por la iglesia católica. A grandes rasgos, vio la cuestión social como resultante de una crisis moral que desvirtuó el rol dirigente y protector de la elite criolla. El énfasis estuvo puesto en la responsabilidad que le correspondió a los ricos en el cuidado y bienestar tanto material como espiritual de los más pobres, a través de la educación, la beneficencia, el socorro y la justicia.
La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que existe para establecer las normas mínimas que aseguren la vida, el bienestar, la protección y la libertad de los niños y niñas. La Convención sobre los derechos del niño/a ha sido ratificada por 196 Estados Parte de la Convención. Ha sido uno de los tratados sobre derechos humanos que más rápidamente ha sido ratificado y a la que más países se han adherido.
La cita resaltó la necesidad de construir políticas sociales intersectoriales e integrales que den cuenta de la multidimensionalidad de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, dijo la funcionaria en un resumen de lo tratado. Estudios internacionales como los de Parcel, Dufur y Cornell (2010) coinciden en afirmar que la pobreza materials es un factor de riesgo para niñas y niños, ya que implica menor acceso a recursos educativos que apoyen el proceso de aprendizaje, como materiales y actividades educativas. Por su parte, Weiss y otros (2009) establecen que «padres, madres o cuidadores que viven en condiciones de pobreza o estrés económico experimentan más problemas de salud psychological, que pueden limitar su habilidad para apoyar los estudios de niñas y niños e incrementar la probabilidad de uso de prácticas punitivas. También enfrentan más barreras logísticas para acercarse a la escuela como falta de transporte, falta de flexibilidad de tiempo diario y falta de tiempo para vacaciones». Existe una distancia inabordable entre las oportunidades educativas que se brinda en instituciones privadas y la realidad de las escuelas públicas.
En Chile, la ley reconoce la existencia de nueve pueblos originarios4 y de acuerdo con la CASEN (2015) solo el 9% de la población chilena declara pertenecer a una etnia, siendo mayormente Mapuches (84% del total). Las regiones con mayor porcentaje de población indígena son la Región Metropolitana y La Araucanía, siendo en esta última donde la mayoría de ellos vive en zonas rurales (59%). Pero esta condición no se remite solo a diferencias en calidades de vida, ya que tiene asociado un conjunto de problemas que implican, especialmente, trabas a la justicia, a la convivencia y al desarrollo económico. En el siglo XIX, las élites nacionales construyeron el Estado nacional. Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor.
La excepción a este comportamiento ha sido Arica y Parinacota, que a pesar de su relativamente bajo IDERE, ha experimentado menor evolución en el período analizado. Al realizar el mismo ejercicio pero considerando el 20% de los hogares con mayores y menores ingresos, el ratio es claramente menor. Sin embargo, el escenario no cambia demasiado al jerarquizar el territorio, al menos no para las regiones mejor y peor catalogadas anteriormente.
Por su parte, las regiones con mayor desarrollo humano, como era de esperar, fueron la Región Metropolitana y la región de Magallanes, con resultados comparables actualmente con México y Santa Lucía respectivamente, países con alto nivel de desarrollo humano. Respecto del año 1994 las regiones que mejoran son Magallanes, Aysén, Coquimbo y Antofagasta. Por su lado, mantienen su posición relativa, las regiones Metropolitana, de Los Lagos, de La Araucanía, del Biobío y del Maule.