Estos derechos comprenden, además de los civiles y políticos, los derechos sociales que constituyen la ciudadanía social. Deriva de esta perspectiva la preocupación por establecer mínimos sociales que son irrenunciables desde el punto de vista de la política pública. Estos mínimos se determinan en función de disminuir las brechas de determinados grupos de población en relación al conjunto de la sociedad. «Pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles de pobreza y pobreza extrema se han mantenido por encima de los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social», apuntó el informe «Panorama Social de América Latina», presentado por la Cepal, con sede en Santiago de Chile. Sin embargo, informaciones mediáticas indican que varios meses después de completarse la primera etapa de la Cumbre, los cientos de acuerdos o consensos a los que se arribaron no se estaban materializando y que algunos de los integrantes de la Comisión de Seguimiento se habían retirado. Se temía que no se desarrollara la segunda etapa dirigida a elaborar una estrategia nacional de desarrollo.
El enfoque de desarrollo humano del PNUD (1997) contribuye a distinguir desarrollo económico y desarrollo social, señalando que, aun cuando hay crecimiento económico, ello en nada garantiza que se vea también comprometido el desarrollo humano. Este enfoque pone énfasis en crear un entorno propicio en el cual las personas pueden realizar sus posibilidades, y vivir plenamente2. El artículo 37 (artículo 30 del proyecto de reforma) establece que «El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte». El artículo 39 estipula el derecho a la igualdad y prohibe todo tipo de discriminación, pero no incluye la discriminación por la identidad u orientación sexual, dejando a las minorías sexuales desprovistas de protección authorized. El artículo fifty five sobre los derechos de la familia establece que la misma se constituye por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.
Se opuso sistemáticamente a la reelección de los presidentes en República Dominicana concepto que heredó de su padre, Miguel Ángel De Camps, quien también fue diputado en el país.
El Plan de Acción Virtual contempla 10 reuniones entre los equipos técnicos de ambos gobiernos para abordar temáticas como el marco institucional y normativo; la estructura organizativa y de administración interna, el sistema intersectorial de protección social, programas sociales y sistemas de registro e información, entre otras. El conocimiento que hemos obtenido trabajando en conjunto con Chile, ha sido compartido con diversos países del mundo que enfrentan desafíos de desarrollo similares. Según las proyecciones, la actividad económica se recuperará gradualmente, y el crecimiento tendencial del PIB llegará al 2,0 % en 2024. En medio del modesto crecimiento económico previsto y una inflación controlada, se espera que la pobreza (USD 6,85 al día, PPA de 2017) llegará al 5 % en 2024 y se mantendrá en torno a este valor en el mediano plazo. Durante el evento se presentaron 3 casos de estudio, de igual número de microempresas resultadas del proyecto con una inversión de capital semilla de RD$375,000.00 pesos.
Pese a esto, unos 1,three millones de dominicanos han probado suerte en distintas naciones, entre ellas Chile. Desde 2010 la población dominicana comenzó a crecer notoriamente, pasando de 86 permanencias definitivas entregadas ese año a 1.587 en 2015. El contexto de este estudio fue la pospandemia y evaluar el bienestar de las naciones, así como también mejorar la resiliencia de América Latina. Se cuantificó el déficit de vivienda en Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y República Dominicana, empleando una metodología única para permitir un análisis comparado. Se usaron como fuentes de información encuestas de hogares y de empleo de la última década, con el fin de proyectar escenarios de requerimientos de vivienda a 2030. —Obviamente, uno esperaría que el efecto fuera más grande, pero el hecho de aumentar la inversión en infraestructura hace que actives otros sectores de la economía, como la industria del acero, la del steel, la del cemento, que son todos insumos que generan encadenamiento y empleo, lo que no es menor si por cada punto de inversión en construcción y vivienda aumenta el PIB en casi un punto.
«Si bien destacan los casos de Chile, Cuba, Uruguay, Argentina y el Ecuador, donde ya se vacunó el 70 % de la población con el esquema completo, más de la mitad de los países no alcanza el 50 %», lamentó la institución. Las previsiones del FMI para 2009 indicaron que el sistema bancario dominicano contaba con una capitalización y liquidez rentables que le permitirían resistir sacudidas moderadas, pese al aumento en 2008 del déficit fiscal, el déficit en cuenta corriente y el debilitamiento de las perspectivas de crecimiento para 2009 (Santana, 2009). Sus expertos calcularon unas expectativas de crecimiento de un 0,5% en 2009 y de un 2% en 2010, un aumento inicial en la inflación del 1,7% y el 5,8% en el 2009 y el 2010, respectivamente, que luego redujeron al 0,9% y el 5,4%, y un déficit en la balanza de pago por cuenta corriente equivalente al 6,1% del PIB para el 2009 y el 2010 (INFOLATAM, 2009a). Al hacer zoom al escenario por país, el documento destaca que de los thirteen la pobreza en república dominicana países con información disponible a 2022, nueve exhibieron caídas en la pobreza de al menos 1 punto porcentual con respecto a 2021.
Asimismo, hubo desacuerdo en cuanto a los proyectos de reforma que requieren inversión económica como la educación, los ayuntamientos, el fomento de la producción industrial y agropecuaria y de las pequeñas y medianas empresas, y los incentivos y reducciones impositivas. Se alegaba que, si bien era cierto que se había producido el agravamiento de la disaster económica con la caída la pobreza estructural de las recaudaciones fiscales, no era menos cierto que el gobierno había ignorado el consenso sobre un ajuste del gasto fiscal y un plan de austeridad, así como una más rigurosa escala de prioridades en las inversiones públicas. Algunos señalaron que a esos factores se agregaban el desorden administrativo y la corrupción como serios obstáculos al cumplimiento de los acuerdos (Díaz, 2009a).
Entre sus propuestas de gobierno está un plan para combatir la corrupción y la aplicación escalonada de un 8% del PIB a la educación.
El proyecto para el Fortalecimiento de las Universidades Estatales culminó en junio de 2023, consiguiendo importantes logros en términos de mejoras en la calidad y equidad, pese al difícil contexto como resultado de la pandemia. La deserción en el tercer año entre los estudiantes más vulnerables se redujo en casi 10%, pasando del 36,6 por ciento en 2018 al 26.eight por ciento en 2022. También aumentó la cantidad de proyectos de investigación adjudicados por estas universidades y la cantidad de profesores con doctorado. Con el propósito de brindar a Chile protección financiera para mitigar posibles impactos económicos negativos de terremotos y los tsunamis que ocasionen, el BM apoyó a Chile para emitir un bono catastrófico y swap de USD 630 millones, la cual es la mayor operación en un solo país. Con ello, Chile contará con fondos de rápida disposición en caso de desastre, lo que le permitirá proteger su presupuesto fiscal y reducir la necesidad potencial de movilizar deuda después de un evento.
El sector casual en la actualidad contiene en su interior un conjunto heterogéneo de actividades con distintos grados de funcionalidad y con resultados diversos sobre los ingresos y la productividad. Esta diversidad de situaciones es importante de considerar para el diseño de políticas; pero para el conjunto del sector prevalece el desequilibrio estructural entre excedente de mano de obra y disponibilidad de empleos, como factor determinante de homogeneización relativa a bajos niveles de ingreso (Tokman, 2004). La formación de asentamientos precarios en grandes ciudades ha reforzado los procesos de exclusión urbana y social, ha estimulado los conflictos en el uso del suelo en los planes de desarrollo urbano y ha obstaculizado los procesos de mejoramiento. La exclusión a menudo no se limita al acceso a los beneficios que la ciudad ofrece, sino también a la participación en las decisiones que afectan a la ciudad.
Los análisis de la CEPAL demuestran que los factores vinculados al bienestar económico tienen efecto tanto sobre la inequidad como sobre la pobreza. En las ciudades de América Latina y el Caribe, los pobres urbanos viven una heterogeneidad de condiciones y carencias que expresan directamente e indirectamente su vulnerabilidad económica. En nuestra región, la pobreza urbana adopta la forma de bajos ingresos vinculados a empleos precarios, falta de capital educativo y activos patrimoniales, y refleja inequidades por razones de género1. La precariedad urbana -entendida como la proporción de los hogares que no tienen cubiertas sus necesidades habitacionales, tales como la materialidad de la vivienda, acceso a servicios (agua y saneamiento) y la tenencia- afecta tanto a los hogares pobres, como también, aunque en menor grado, a los hogares que se encuentran sobre la línea de pobreza por ingresos. A nivel de política de habitat, y en especial en lo que se refiere a la vivienda, la tenencia, los servicios colectivos, la segregación urbano-territorial, y el mejoramiento integral de barrios precarios, se requiere transversalizar las implicaciones de la vulnerabilidad económica de los sectores de pobreza urbana en el diseño de los programas.
Según la Cepal, en Argentina la pobreza llegó a 18,7%, con una caída de 2,eight puntos porcentuales, mientras que en Perú se ubicó en 18,9%, esto es una baja de dos décimas en ese lapso. Este proceso formativo alcanzó un total de 1,040 jóvenes de San Francisco de Macorís y Boca Chica con el acompañamiento a nivel local de ENTRENA a través del Proyecto de la USAID Alerta Joven, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana. 1.040 Jóvenes dominicanos de San Francisco de Marcorís y Boca Chica, serán formados para gestionar proyectos de emprendimiento de desarrollo native. «También revisar los gastos tributarios, que creo que es otro gran tema que se puede sin duda ampliar. Entonces, analizar la estructura tributaria y los niveles de recaudación», precisó. Y es que en el país se ha construido una imagen en torno a Chile que se ha exacerbado por los envíos de dinero que la gran mayoría de los dominicanos hace a sus familiares.