La OIT contribuye así a construir un mundo más justo y equitativo para todas y todos. Finalmente, se mencionan algunas limitaciones teóricas de la investigación tradicional sobre desigualdad en salud y se sugieren potenciales líneas de investigación que pueden orientar los estudios en torno a desigualdades y salud psychological. Pero, precisamente, la necesidad de que el Estado intervenga es evidencia de que el sistema en sí mismo no funciona como garante de derechos de todas las personas. Todo lo anterior sugiere que, si se quiere construir un país más igualitario, la reforma a la justicia civil no puede desatenderse.
Cuando lo hagamos, como país, habremos avanzado verdaderamente en humanidad y solidaridad, y finalmente estaremos más cerca de alcanzar la justicia social tan anhelada y esquiva para Chile. Hoy, queremos enfatizar el poder de la solidaridad para generar oportunidades equitativas para todos. No podemos permitir que el lugar de nacimiento, la residencia, el género o el grupo étnico de una persona determinen su acceso a educación de calidad, atención médica básica, empleo digno, protección social adecuada, vivienda decente, agua potable, participación política o el derecho a vivir sin miedo a la violencia. Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas.
El gobierno que habló de perseguir sin descanso y hasta el fin de sus días a quienes hayan cometido hechos de violencia como saqueos e incendios, no hace lo mismo respecto de carabineros –agentes del propio Estado– que habiendo cometido hechos de violencia, se limita a decir que se debe dejar que la justicia actúe. El gobierno que habló de condenar la violencia “venga de donde venga”, no condena con la misma fuerza la violencia que es ejercida por el propio Estado. Incluso, el actuar policial es visiblemente diferente tratándose de manifestaciones, dependiendo de quiénes se manifiestan y el motivo por el cual se manifiestan. Una condición necesaria para que se produzcan efectos duraderos en el tiempo es el tránsito a una cultura de respeto por la persona, por la igualdad de dignidad y respeto, y por los valores de justicia y solidaridad social. Asimismo, precisó que pocos son contrarios a la justicia social, “pero nadie la entiende de la misma manera; por eso es difícil encontrar soluciones en común.
Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional. Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–. Es muy probable que la causalidad opere en ambas direcciones, puesto que una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen. A exigir una protección igual de nuestros derechos, porque en Chile, un país profundamente desigual, el nivel de protección depende de tu nivel de ingresos. En el documento “La desigualdad y la justicia social en Chile”, de los académicos de la Universidad del Maule Javiera Cubillos Almendra y Rodrigo Núñez Poblete, se busca graficar por qué se produjeron las movilizaciones sociales en 2019.
Dr. Pedro Salcedo, académico e investigador del Departamento de Metodología de la Investigación e Informática Educacional de la Universidad de Concepción, reflexiona sobre los desafíos éticos y las… Erradicación de la violencia contra las mujeres, en todas sus expresiones. Ahora tenemos que cuidarnos todo lo que podamos, dentro de las circunstancias de cada cual. Quienes tenemos el privilegio de poder quedarnos en casa, debemos hacerlo, para ayudar a cuidar a los/as demás.
Metodológicamente aportando a la transformación socioeducativa de manera colaborativa y horizontal con personas de diversos ámbitos socioculturales y educativos. En el marco del estallido social de octubre, el Presidente reiteró la urgencia de garantizar una Defensoría de Víctimas, “tarea que las CAJs vienen realizando desde 2001 y que tras 18 años, sólo se cumple en 20 de las 346 comunas del país”, dijo Fachinetti. Para la Presidenta de la FENADAJ, la abogada Claudia Fachinetti, esto significa que las personas que no tienen recursos no pueden defender ni ejercer sus derechos. Revista de La Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, 24, 119–130.
Las libertades económicas, piensa Friedman, son las principales responsables de la inédita prosperidad que ha experimentado casi todo el planeta en los últimos siglos. Pero si la justicia del sistema descansa en la comprobación empírica de que todos ganan, entonces el sistema deja de ser justo cuando se comprueba que solo gana una fracción. Como todas las justificaciones de corte consecuencialista, hay que atender al resultado. Si este no cumple con lo esperado, entonces podemos empezar a evaluar modelos alternativos. Mientras, las personas adscritas al sistema público de salud (Fonasa), en su mayoría de menores recursos, quedan limitadas a recurrir a hospitales públicos, con menor dotación, recursos e insumos.
En cierto sentido, lo que hace el liberalismo es precisamente justificar ciertas desigualdades. Las justas son, usualmente, aquellas que son producto de una competencia con relativa igualdad de oportunidades. Las injustas son las heredadas, las inmerecidas, las que son fruto de la suerte.
Uno de los hallazgos que más llama la atención de ambos estudios es el alto porcentaje de personas que no hace nada frente a una necesidad jurídica, lo que en 2015 alcanzó un 31% y en 2020 se reportó en un forty four,9%, siendo esto un issue que se encuentra asociado a mayores niveles de insatisfacción según el estudio 2020. Junto con lo anterior, se puede observar que los grupos de la sociedad que más insatisfacción experimentan son los que pertenecen al grupo socioeconómico E, que tienen alguna discapacidad, que pertenecen a un pueblo originario, que no trabajan, o que tienen bajos niveles de escolaridad. Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento. Y afirma la necesidad de una distribución que garantice la independencia y la voz de todos.
También, apoyamos a niñas y niños para que crezcan no sólo como sujetos de derechos, sino como ciudadanos/as globales capaces de compartir y empatizar con sus vecinos/as. Para lograr estos objetivos, adoptamos cuatro enfoques en la ejecución de nuestros programas educativos. Entre los dolores de la hola fundación sociedad chilena están las alzas de los precios de las viviendas, la dificultad para acceder a créditos que no sobre endeuden a las familias, las esperas de postulantes a subsidios habitacionales del Estado y la percepción de que el acceso a la casa propia no es igual para todas las personas.
Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud – Organización Mundial de la Salud. Te invitamos a explorar otros recursos y contenidos de educarchile que pueden ser de tu interés o estar relacionados con tu actual búsqueda. Siguiendo a teóricos liberales tan disímiles como Smith, Rawls y Friedman, la justicia de la desigualdad no solo depende de la justicia del procedimiento, sino también de que los resultados agregados sean beneficiosos para todos. Empleadores pueden despedir a sus trabajadores/as, incluso sin indemnización aduciendo fuerza mayor. Sin una cuarentena whole en todas las comunas, trabajadores/as deberán optar entre cuidar su salud y la de los suyos quedándose en casa, o asistir al trabajo, al que siguen obligados a presentarse, y cuidar su sustento. Muchas personas deben viajar largas distancias dentro de Santiago, en transporte público aglomerado, para poder llegar a sus trabajos, corriendo mayor riesgo de contagiar y ser contagiadas.
Pero la disaster vino a “estresar” el sistema hasta evidenciar para todo el mundo que el problema es estructural. Es más, un análisis interseccional de los resultados de estas encuestas sugiere que a medida que la vulnerabilidad se “concentra” (que se crucen o se interesecten factores como discapacidad, baja escolaridad o bajos ingresos, por mencionar algunos), la probabilidad de experimentar un problema authorized aumenta (McDonald y Wei, información de pobreza 2013). Es decir, que a medida que intersectan más factores de desventaja, mayor es la vulnerabilidad a experimentar una necesidad jurídica. El informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señalaba que el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.
Una sociedad necesita llegar a consensos acerca de qué principios deben priorizarse con respecto de la justicia, la libertad y la igualdad”. El Dr. Sainsaulieu comentó sobre el libro “Où est passée la justice sociale? De l’égalité aux tâtonnements” (¿Dónde está la justicia social? De la igualdad al ensayo y error), que editó junto a los/as académicos/as Emmanuelle Barozet, Régis Cortesero y David Mélo en 2019 en Francia y que próximamente será publicado en inglés por la editorial Palgrave. Según datos oficiales, el funcionamiento del sistema es soportado hoy por 2.000 trabajadores y subsidiado por las prácticas profesionales gratuitas de 4.000 egresados de Derecho que rotan cada seis meses.
El segundo tipo de desafíos es expresión de los problemas del primer tipo en sociedades complejas. Se trata de situaciones sociales (p. ej., pobreza, desigualdad, distribución de la riqueza, acceso a servicios públicos de educación y salud, resguardo del medio ambiente y otros semejantes) que son tratados por el derecho y por el conjunto de políticas sociales impulsadas por el Estado. En este conjunto de procesos públicos la justicia social está presente como criterio de toma de decisiones y como concepto que tensiona los mecanismos distributivos existentes. Este artículo estudia las evaluaciones subjetivas de la justicia social en Chile, un país en el cualprevalecen pronunciadas desigualdades sociales al igual que en el resto de América Latina. Analizamos empíricamente las percepciones sobre lo justo y lo injusto en relación con los ingresos de distintas posiciones sociales, buscando responder la pregunta acerca de qué principios de justica aplican las personas. Los resultados muestran que además del mérito individual vinculado al esfuerzo en la educación y en el trabajo, las personas consideran otros principios de justicia, referidos al capital cultural y social, así como al trato en la interacción social.