El Registro de Organizaciones Sociales es una herramienta de uso público que contiene la información de organizaciones y asociaciones sin fines de lucro que promueven los derechos y deberes de las personas y comunidades migrantes y refugiadas. Este compromiso está en línea con el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera en cuanto al fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión pública y de la sociedad civil en common. Investigando la sociedad chilena de inicios de los años 70, el sociólogo español Manuel Castell constató que por ese tiempo más del 50% de los chilenos y chilenas participaban de organizaciones vecinales. Lo comunitario era un espacio de aprendizaje y expresión de lo político, es decir, de formas de construir acuerdos, priorizar y producir decisiones colectivas.
En su implementación, otorgó centralidad a los gobiernos municipales y a las organizaciones sociales con anclaje territorial. El objetivo del artículo es indagar la conflictividad a la que dieron lugar estas organizaciones sociales que existen cooperativas, en especial, las interacciones contenciosas entre cooperativas, organizaciones y Estado. Así, el artículo contribuye al análisis de las potencialidades de la incubación estatal de cooperativas.
de vecinos, clubes deportivos, entre otras organizaciones. Síntesis crítica, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile, Valdivia. 2 Se puede mencionar entre estas entidades, a riesgo de omitir algunas, a Fundación Minera Escondida, Fundación ProHumana, Fundación Pro Bono, Fundación Para la Superación de la Pobreza, Protectora nacional de la Infancia, Fundación Simón de Cirene, Fundación Hogar de Cristo, entre varias otras. Si bien la concept de fortalecimiento de las OSCs no se agota en la sustentabilidad económica, esta es sin duda un pilar que no se debe obviar y que en las actuales circunstancias resulta crítico y, por ende, urgente de abordar estructuralmente. Las razones para esta diferenciación son múltiples, propias de la realidad de cada sector, pero entre ellas destacan la composición del Consejo y las diferencias institucionales.
El 36% restante proviene de ingresos propios, como cuotas de asociados y prestaciones de servicios(Irarrázaval y otros,2006). Tras el encuentro las participantes compartieron los avances de la construcción de la política pública, y plantearon difundir la participación en la consulta ciudadana que se puede realizar en La ley, entonces, fue el resultado de la tensión entre estos puntos de vista, el amparado en la Constitución de 1980, corporativista de los cuerpos intermedios, y el de la ampliación de la participación. De ello da cuenta el debate sobre la profundidad que adquirirá la promoción de las asociaciones ciudadanas y su inclusión en la toma de decisiones del Estado, en explicit la figura de los COSOC.
Se agregó una categoría para clasificar las demandas que excedían la institucionalidad vigente; es decir; que quedaban fuera de los objetivos descritos. Finalmente, otro modelo digno de ser explorado y que puede aportar lecciones a iniciativas en Chile es el que provee la legislación española, con la Ley Nº 38, General de Subvenciones, de 2003, y su Reglamento. Esta ley ha sido replicada con variantes en diversas Autonomías y sirve de marco general para la cooperación entre el Estado y las OSCs, la provisión de servicios de interés público por parte de estas, de acuerdo con un amplio concepto de políticas públicas que deja espacio a su desarrollo con autonomía y flexibilidad creativa. Esta normativa se complementa con el Real Decreto-ley Nº 7, de reciente dictación (2013), que trata de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación y que, entre otras cosas, regula el reconocimiento de las “entidades del tercer sector colaboradoras de la Administración common del Estado”. La integración sistémica de esta normativa se puede comprobar toda vez que se consideran como “actividades de interés general”, requisito esencial para el referido reconocimiento, las previstas en el artículo 4 de la Ley Nº 6, de 1996, del Voluntariado.
Este programa busca promover la autonomía económica de las mujeres jefas de hogar, a través de la entrega de un conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de oportunidades de conciliación de trabajo remunerado, doméstico y de cuidados. Este programa ofrece talleres interactivos para jóvenes y mujeres utilizando una metodología participativa. A través de videoconferencias accederás a distintos contenidos sobre género, sexualidad, maternidad, autocuidado, toma de decisiones, corresponsabilidad, autoestima, proyecto de vida, and so forth según el ciclo de vida en el cual te encuentres.
Aunque algunos de los partidos actualmente en el Parlamento no estuvieron involucrados en los escándalos, la desconfianza es generalizada y afecta a todos por igual. El proceso constituyente, que iniciará el país el próximo año, es una oportunidad para dar cabida a un grupo más amplio de actores que aquellos que forman parte actualmente de la clase política. Pero al mismo tiempo implicará la dinámica inversa, esto es, la “politización” de las demandas sociales, y de la misma sociedad en su conjunto, obligándonos a todos a traspasar los bordes de nuestros intereses particulares para pensar en organizaciones sociales nacionales una forma de organizar los de todos. Los esfuerzos antes descritos lograrán asegurar que existan los mecanismos mínimos de participación ciudadana en todos los órganos del Estado, tal como lo mandata la Ley N° 20.500, ya que a pesar de ser una obligación esto no se cumple a cabalidad. Sin perjuicio de esto, y considerando la diversidad con que se desarrolla la participación ciudadana en Chile, es que además se buscará ir progresando en la calidad e incidencia de estos mecanismos de participación. Contando con mesas de trabajo entre sociedad civil y organismos de la administración pública.
Un segundo grupo, formado por las subsecretarías del MTT (SUBTRANS, SUBTEL) y el segundo período del SENCE, están centrados en las políticas institucionales, discusión de leyes, propuestas sobre políticas públicas y en las funciones del Consejo. El debate sobre la calidad de la democracia, como indican De Sousa y Avritzer (2004), debe tener en cuenta que esta se enfrenta a la patología de la participación, con el aumento del abstencionismo, y la patología de la representación, en que cada vez menos ciudadanos se sienten representados por quienes eligen. En Chile tiene su explicit manifestación en la baja en la participación electoral en las últimas tres elecciones y en la baja sostenida en la confianza de los ciudadanos en las instituciones, con marcado acento en las de representación como la Cámara y el Senado. Esto ha permitido que la participación ciudadana, entendida como “el involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas”4, adquiera relevancia y se transforme en uno de los temas del debate político, en la medida que se trata de integrar a las mayorías y no solamente mejorar las instituciones (Delamaza y Thayer, 2016).
El creciente protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) es un fenómeno global (Salamon y otros, 2004)que, particularmente en América Latina, ha ido de la mano del proceso de democratización política. La configuración del Estado democrático no se concibe hoy en día sin la participación de las OSCs, las que en los más variados contextos han asumido un papel protagónico en la promoción de derechos humanos y en la defensa del Estado de Derecho (Seoane y otros, 2003). Las seremis de Desarrollo Social y Familia, junto a la de Mujer y Equidad de Género, convocaron a organizaciones sociales de cuidados para y profundizar sobre los procesos participativos y cuáles fueron los principales hallazgos, con el objetivo de profundizar en el marco ético y político del sistema. Lo observado en las actas de los consejos dependientes de los organismos centrales fue, en primer lugar, el estado en que se encontraban estos esfuerzos a finales del año 2015, consignando los datos principales de los consejos constituidos y de la existencia de normativa que les permitiera funcionar. En esta revisión aparecen variadas interpretaciones de lo establecido en la Ley y una adaptación de antiguos mecanismos de participación existentes en los ministerios y reparticiones públicas. La implementación de la ley implicó movilizar esfuerzos en la institucionalidad para dar forma a los espacios de participación creados.
Estas cooperativas basaban su actividad en la demanda estatal y se concentraban en actividades de vivienda, infraestructura social y mantenimiento de espacios públicos (Vuotto, 2011). El programa tuvo su mayor despliegue en el Gran Buenos Aires, esto es, la periferia de la ciudad de Buenos Aires. Su implementación a nivel native, así como la naturaleza de las actividades productivas estipuladas, otorgaron un rol destacado a los gobiernos municipales del denominado conurbano bonaerense y, de modo secundario, a las organizaciones políticas y sociales con presencia en tales territorios.
Diego Durán Fuentes, director de la Corporación Unidos Creando Espíritu y Futuro UCEF, señaló que este finaciamiento “es el fruto del trabajo. Nosotros nos constituimos como corporación el año 2019, y soñabamos con ganar nuestro primer fondo y creo que es el reflejo de la constancia, de la perseverancia, y de hacer las cosas con convicciones y buenos valores”. En su caso, los fondos serán destinados a equipamiento para su área de medioambiente, para comprar trajes wader, microscopios, catalejos y binoculares, que serán destinados a los trabajos de educación ambiental y conservación de ecosistemas naturales. El segundo es menos contingente, más inherente a cualquier tipo de actividad política consolidada. Después de algunos años en el ejercicio “oficial” de la política, es inevitable que los actores políticos se transformen en una nueva especie de élite.
Y esta forma está asociada al tipo de institución, su experiencia en integrar a las organizaciones y la voluntad de traspasar responsabilidades hacia los órganos de participación. Para ello se requiere reconocer en la sociedad civil la capacidad de construir políticas públicas. Lo que se observa es que no basta con incluir, se requiere traspasar responsabilidades. La investigación a la que hace referencia este artículo propone que esta integración se ha dado con distintos grados de intensidad y efectividad, identificando múltiples factores que impiden que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sean parte del proceso de creación de las políticas públicas.