Éramos un país donde nuestra libreta de ahorro emocional y de confianza se había agotado. Ciertamente hay muchos otros aspectos a considerar, si se tiene en cuenta la devaluación de la institucionalidad política, el empoderamiento de las comunidades y los cambios que trae consigo la automatización del empleo y la revolución digital. Es tarea de todos contribuir a superar los obstáculos y aspirar a un país más justo, próspero y solidario.
Y en ese sentido, se hace referencia a una encuesta de Activa Research del mismo año, donde un 78% de las personas consultadas manifiestan que, para superar la disaster, se deben escuchar las demandas ciudadanas; y un fifty six,1% expresa que, para ello, se deben reconocer los problemas de desigualdad social. Es decir, más de la mitad de las personas encuestadas manifiestan que la superación de la disaster social pasa por reconocer que existen problemas de desigualdad. En nuestro país se han llevado a cabo dos de estos estudios, en 2015 y en 2020, y una comparación de sus resultados nos permite sacar algunas conclusiones importantes. Por ejemplo, la prevalencia de las necesidades jurídicas es alta en ambos estudios, reportándose entre 43% y 46% en 2015, y en 76% para el 2020.
La violencia policial que habíamos denunciado reiteradamente, se volvió generalizada, dejando personas muertas, torturadas y mutiladas en el camino. Se puso en duda, como nunca, la protección de los llamados derechos civiles y políticos. En este contexto, creo que la exclusión y la desigualdad que experimentan las personas en el sistema de justicia civil son razones suficientemente fuertes como para reactivar la reforma y hacerlo en serio.
El gobierno que habló de perseguir sin descanso y hasta el fin de sus días a quienes hayan cometido hechos de violencia como saqueos e incendios, no hace lo mismo respecto de carabineros –agentes del propio Estado– que habiendo cometido hechos de violencia, se limita a decir que se debe dejar que la justicia actúe. El gobierno que habló de condenar la violencia “venga de donde venga”, no condena con la misma fuerza la violencia que es ejercida por el propio Estado. Incluso, el actuar policial es visiblemente diferente tratándose de manifestaciones, dependiendo de quiénes se manifiestan y el motivo por el cual se manifiestan. Una condición necesaria para que se produzcan efectos duraderos en el tiempo es el tránsito a una cultura de respeto por la persona, por la igualdad de dignidad y respeto, y por los valores de justicia y solidaridad social. Asimismo, precisó que pocos son contrarios a la justicia social, “pero nadie la entiende de la misma manera; por eso es difícil encontrar soluciones en común.
Es decir, la necesidad del sistema de justicia civil es considerablemente alto. El primer tipo de desafíos es expresión de diferentes teorías éticas y metaéticas y cube relación con las condiciones de posibilidad que deben concurrir para que un conjunto de principios o normas éticas sirvan como reglas de comportamiento individual y colectivo. Ello ocurre, por ejemplo, en decisiones médicas de trasplantes de órganos, en problemas teóricos como el Trolley downside o el dilema del prisionero y en problemas de racionalidad colectiva como la posición originaria de la teoría de la justicia de John Rawls, por mencionar algunos casos. Reflexionando sobre la justicia social hoy, evoco la marcha masiva del 25 de octubre de 2019, un momento en el que la ciudadanía expresó las profundas preocupaciones derivadas de las persistentes deudas sociales en nuestra población.
Una sociedad necesita llegar a consensos acerca de qué principios deben priorizarse con respecto de la justicia, la libertad y la igualdad”. El Dr. Sainsaulieu comentó sobre el libro “Où est passée la justice sociale? De l’égalité aux tâtonnements” (¿Dónde está la justicia social? De la igualdad al ensayo y error), que editó junto a los/as académicos/as Emmanuelle Barozet, Régis Cortesero y David Mélo en 2019 en Francia y que próximamente será publicado en inglés por la editorial Palgrave. Según datos oficiales, el funcionamiento del sistema es soportado hoy por 2.000 trabajadores y subsidiado por las prácticas profesionales gratuitas de 4.000 egresados de Derecho que rotan cada seis meses.
Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud – Organización Mundial de la Salud. Te invitamos a explorar otros recursos y contenidos de educarchile que pueden ser de tu interés o estar relacionados con tu actual búsqueda. Siguiendo a teóricos liberales tan disímiles como Smith, Rawls y Friedman, la justicia de la desigualdad no solo depende de la justicia del procedimiento, sino también de que los resultados agregados sean beneficiosos para todos. Empleadores pueden despedir a sus trabajadores/as, incluso sin indemnización aduciendo fuerza mayor. Sin una cuarentena total en todas las comunas, trabajadores/as deberán optar entre cuidar su salud y la de los suyos quedándose en casa, o asistir al trabajo, al que siguen obligados a presentarse, y cuidar su sustento. Muchas personas deben viajar largas distancias dentro de Santiago, en transporte público aglomerado, para poder llegar a sus trabajos, corriendo mayor riesgo de contagiar y ser contagiadas.
Para la dirigente, este escaso presupuesto asignado demuestra la falta de preocupación por los pobres y su posibilidad de ejercer sus derechos. “Esto construye desigualdad en el ejercicio de derechos y no se trata de una situación excepcional en la vida de las personas, sino que tan cotidianas como la pensión de alimentos o el reclamar el pago de remuneraciones adeudadas”, enfatizó. El gobierno del Presidente Gabriel Boric Font ha establecido como uno de sus principios centrales, fundar las bases de un gobierno feminista. Esto quiere decir que las necesidades diferenciadas de toda la población están en primera línea estratégica y son tomadas en consideración en todas las decisiones del Estado. Este artículo tiene por objetivo describir algunas de las principales líneas de investigación y reflexión en torno a la relación entre desigualdad y salud mental.
Pero la crisis vino a “estresar” el sistema hasta evidenciar para todo el mundo que el problema es estructural. Es más, un análisis interseccional de los resultados de estas encuestas sugiere que a medida que la vulnerabilidad se “concentra” (que se crucen o se interesecten factores como discapacidad, baja escolaridad o bajos ingresos, por mencionar algunos), la probabilidad de experimentar un problema authorized aumenta (McDonald y Wei, gini mundial 2013). Es decir, que a medida que intersectan más factores de desventaja, mayor es la vulnerabilidad a experimentar una necesidad jurídica. El informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señalaba que el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.
Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo. Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. “Durante la pandemia, la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa de las familias. Es el refugio para cuidar la salud y evitar la propagación del virus en las comunidades”, declaró la directora de Operaciones de Hábitat para la Humanidad de América Latina y el Caribe, María Teresa Morales. El acceso a la vivienda digna es esencial y la sociedad, especialmente en Chile, debe avanzar en garantizar este derecho. Se observa que existen diferentes ideas sobre si es justo que las personas que han cotizado más reciban también una pensión más alta y a la inversa, una pensión más baja quienes han cotizado menos.
La desigualdad social tiene gran influencia sobre la calidad de vida, ya que, dependiendo de la crianza y la experiencia de primera infancia, ello prepara para obtener mejores resultados dentro del sistema educativo formal, así como para la vida personal y profesional. Hace casi dos décadas, las Naciones Unidas establecieron el Día Mundial de la Justicia Social, reconociendo la necesidad continua de erradicar la pobreza, fomentar el empleo pleno y trabajo decente, promover la igualdad de género y asegurar el acceso equitativo al bienestar y la justicia social para todos. Se entendió entonces que el desarrollo social y la justicia son pilares fundamentales para la paz y la seguridad a nivel global, y que estos ideales solo pueden alcanzarse si se respetan plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado outline la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Por tanto, la sociedad tiene responsabilidad en que todos tengan una vida digna.
La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). Esto no se traduce en una situación generalizada de precariedad, porque hay más fuentes de ingresos. También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado.
El segundo tipo de desafíos es expresión de los problemas del primer tipo en sociedades complejas. Se trata de situaciones sociales (p. ej., pobreza, desigualdad, distribución de la riqueza, acceso a servicios públicos de educación y salud, resguardo del medio ambiente y otros semejantes) que son tratados por el derecho y por el conjunto de políticas sociales impulsadas por el Estado. En este conjunto de procesos públicos la justicia social está presente como criterio de toma de decisiones y como concepto que tensiona los mecanismos distributivos existentes. Este artículo estudia las evaluaciones subjetivas de la justicia social en Chile, un país en el cualprevalecen pronunciadas desigualdades sociales al igual que en el resto de América Latina. Analizamos empíricamente las percepciones sobre lo justo y lo injusto en relación con los ingresos de distintas posiciones sociales, buscando responder la pregunta acerca de qué principios de justica aplican las personas. Los resultados muestran que además del mérito particular person vinculado al esfuerzo en la educación y en el trabajo, las personas consideran otros principios de justicia, referidos al capital cultural y social, así como al trato en la interacción social.
Una de las conclusiones es que ella opera vía mecanismos más indirectos de lo que se creía. Junto con ello, destacó que la ethical y la ética no son solo un asunto teórico de grandes pensadores, “sino que forman parte de la vida social de la gente corriente, como señala el sociólogo François Dubet en el prefacio del libro. Esto se expresa en las redes sociales, donde las personas se conocen, hablan entre ellas e intensifican sus puntos de vista comunes sobre problemas como el medio ambiente, los derechos de las mujeres y de minorías sexuales.
En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de 0.forty eight en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un globalizacion desigualdad economica periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor. A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas.