La vivienda ya no es entendida como “derecho social” que puede ser demandado políticamente, y las autoridades redefinen los asentamientos informales a partir del concepto de pobreza y “marginalidad habitacional”. Por un lado, y como parte de la política represiva del régimen, los militares intervienen los campamentos activos políticamente, sus dirigentes son detenidos y las organizaciones se ven desmanteladas. Los campamentos como estrategias de acceso a vivienda son prohibidos y los pobladores relocalizados desde las áreas centrales de la ciudad hacia las periferias. Por otro lado, esta administración desarrolla las primeras mediciones de pobreza.
Además, los partidos políticos de izquierda —principalmente los partidos Comunista y Socialista— contribuyeron a la radicalización de las organizaciones de base, aumentando la presión política al Estado (Centro Interdisciplinario de Desarrollo Urbano [cidu], 1972; Dubet et al., 2016). Este giro en la forma de representar los asentamientos responde a la experiencia emblemática conocida como “la Toma de La Victoria”, ocurrida en 1957. Las fuentes oficiales de gobierno indican que este episodio “inauguró una nueva etapa en la historia de los pobladores, al establecerse un precedente de ocupación de terreno a través de las movilización social que —con ayuda de partidos políticos y de la Iglesia— lograron una negociación con el Estado” (Minvu, 2004, p. 136).
Este crecimiento fue conflictivo, ya que no todos sus habitantes se beneficiaron de su desarrollo, y, por ende, las problemáticas sociales aumentaron. A pesar de que la riqueza se producía a través de los trabajadores de la industria artesanal, la minería y la agricultura, los sectores populares mantuvieron e incluso empeoraron sus condiciones de vida. Aunque la pobreza ha disminuido en el país, la distancia entre ricos y pobres sigue siendo muy importante. Tanto es así, que un estudio del Banco Mundial indica que un tercio del ingreso generado por la economía chilena en 2013 fue captado por el 1% más rico.
Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan. Lo anterior no significa que la categoría de pobres urbanos no fuese utilizada por académicos y por el Estado entre 1940 y 1970. De hecho, las referencias a “los pobres de la ciudad” son una forma recurrente de nombrar a aquellos que se encuentran en los estratos socioeconómicos bajos.
Como segundo elemento, se debiera mejorar en la dotación de capital humano y social de los grupos pobres urbanos en relación a su dimensión económica. Y finalmente, se debiera preservar y mejorar la dotación de los capitales naturales a través de la conservación del medio ambiente urbano y reducción de la vulnerabilidad urbana. Esta agenda es consistente con los principios del desarrollo sostenible, y en este sentido, abarca las dimensiones ambientales, económicas y sociales del desarrollo. A mediados de 2001 había en la región aproximadamente 128 millones de personas que vivían en tugurios, es decir, el 32% de la población urbana. Se prevé que el número de habitantes en asentamientos precarios continuará en aumento si no se toman medidas preventivas y de regularización de la situación actual, complementadas con políticas que den acceso ordenado a la tierra urbana.
A partir de los hallazgos se recomienda tomar medidas inmediatas para avanzar en la consolidación de un Sistema de Protección Integral de la Niñez, e implementar un Piso de Protección Social wise a los derechos de la niñez. Desde hace más de seis años que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas viene llamando la atención de Chile respecto de la importancia de contar con un Sistema de Protección Integral de la Niñez que garantice el adecuado ejercicio de sus derechos. Esto pudiese favorecer el desarrollo de capital social y humano.
En ese mismo período, una gran masa de la población se desplazó desde las zonas rurales para instalarse en la capital, atraídos por la oferta de trabajo de la incipiente industria nacional y habitaron espacios donde las viviendas eran escasas y estaban desprovistos de servicios públicos como agua, alcantarillado, alumbrado y servicios de salud. El aumento de esos barrios contrastó con la imagen de una ciudad próspera y pujante, donde la ologarquía nacional, enriquecida con la especulación financiera y la implementación del modelo industria, el libre mercado y la la inserción de Chile en la economía capitalista, construyó elegantes mansiones y palacios y construyó importantes obras públicas. Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero.
Chile debe ser capaz de garantizar los derechos y proteger las trayectorias de vida de todos los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, es fundamental que sean los propios niños, niñas y adolescentes quienes hablen de la experiencia que viven y los factores o ámbitos que pudieran orientar acciones para abordar esta problemática. En este sentido, fue muy enriquecedora la experiencia de conversar y escucharlos sobre cómo les afectan vivir en situación de pobreza.
Esto significa que casi 200 millones de personas en la región son pobres (127,6 millones en áreas urbanas) y un poco más de 70 millones de personas son extremadamente pobres (35,2 millones en áreas urbanas). Las tasas de pobreza e indigencia indicadas significan descensos respecto a sus niveles de 1990, tanto a nivel nacional como urbano. De acuerdo con fuentes oficiales de gobierno, entre los años 1957 y 1972, las tomas de terreno aumentaron (Minvu, 2004). Para ese entonces representaban no solo una demanda de vivienda, sino también de integración social y urbana (Espinoza 1988, citado en Minvu, 2013).
La consolidación de la política de la pobreza es el resultado de procesos complejos. Las autoridades asumieron que una transición política exitosa requería prevenir las manifestaciones que pudieran desestabilizar el escenario político, profundizando el proceso de despolitización de las organizaciones de pobladores. Esta estrategia resultó exitosa en la medida en que los asentamientos reemergen —pese a contadas excepciones— como demandas despolitizadas y “pasivas” en vez de organizaciones articuladas políticamente y orientadas a la negociación con el Estado. Adicionalmente, la “superación de la pobreza” se constituye en una tarea central del gobierno. Este objetivo es impulsado por el principio neoliberal de focalización de recursos, así como por el interés del gobierno de reducir los altos niveles de empobrecimiento que el régimen autoritario dejó como resultado.