Esto consiste en ir al colegio, hacer el aseo del sector donde viven, cumplir con responsabilidades y trabajar. Piketty (2021), en su análisis histórico de la igualdad/desigualdad, concluye que “la reducción de las desigualdades (…) es sobre todo el resultado del auge del Estado social, el establecimiento de una cierta igualdad de acceso a bienes fundamentales, como la educación y la sanidad, y el desarrollo de una fiscalidad muy progresiva sobre las rentas altas y la riqueza” (p. 57). En segundo lugar, si la acción del Estado a través de subsidios y transferencias ha dado resultados en el corto plazo, el desafío es dar algunos pasos más allá de dichas medidas para que los resultados sean sostenibles en el tiempo e intergeneracionales. El riesgo de la autocomplacencia sobre estos resultados es creer que la receta de las transferencias monetarias de la mano de la focalización es la solución por sí sola, sin ir acompañada de otras medidas que son las que podrían darle permanencia en el tiempo y que son tan profundas como las raíces estructurales de la pobreza y de la desigualdad. Los resultados de la CASEN 2022 recientemente dados a conocer traen buenas noticias y también grandes desafíos.
Una de las dirigentes asistentes a la actividad fue Ana Soto Ruiz, profesora escuela rural de Porma, representante del microcentro de Teodoro Schmitd, quien destacó la posibilidad de compartir con otros dirigentes y conocer el trabajo territorial de cada uno y una.“Nos hace falta, vincularnos más para fortaleceremos. El objetivo del proyecto, ganador del Concurso I+D de la Vicerrectoría Académica UCEN 2019, es generar un espacio de reflexión y debate respecto a la predominancia del enfoque de populismo penal en las políticas públicas del sistema felony, y en explicit en torno al uso masivo de la cárcel y sus consecuencias sociales. Midieron el nivel de participación y bienestar antes, durante y después de la intervención.
El profesor titular del Instituto de Economía, Gonzalo Edwards cerró la conferencia con una exposición en torno al valor del medioambiente, tema en el cual trabajó con Arístides Torche el 2012. Edwards también se extendió en las cualidades humanas de Torche y comentó cómo siempre le llamó la atención “su capacidad de escuchar y entender con una claridad que lo entendía y englobaba todo”. Jorge Atria, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social analiza desde la sociología el caso «Panamá Papers» junto a los panelistas Rafael Cavada y Pablo Aranzaes en Sonar Global de Radio Sonar. Publicado por Diario Financiero El economista Cristóbal Otero y el sociólogo Jorge Atria han colaborado con el equipo económico de Gabriel Boric. De hecho, en el libro que recién presentaron, Impuestos justos para el Chile que viene, hay cinco capítulos con ideas que el nuevo gobierno considera en su programa…. Por Jorge Atria Publicado en La Tercera SEÑOR DIRECTOR En su columna, Gonzalo Cordero sugiere desafiar las explicaciones mayoritarias, señalando que lo ocurrido el 18 de octubre no tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo, pues éste redujo la desigualdad, mejoró la calidad de vida y permite denunciar abusos….
En breve, Foucault define “gobierno” como una forma de poder, propia de la sociedad moderna, que consiste en conducir las conductas de los individuos y así regular el comportamiento de grupos de la población a través de formas específicas de conocimiento (la economía política) y técnicas de gobierno (aparatos de seguridad). La gubernamentalidad, a su vez, corresponde a la racionalidad de gobierno —una forma de pensar el ejercicio del gobierno como forma de poder (Foucault, Burchell, Gordon & Miller, 1991)—. En este marco, utilizo el concepto de régimen de gubernamentalidad, desarrollado por Colin Gordon (1991) y Mitchell Dean (2010) para analizar el gobierno de los asentamientos informales. Tal concepto busca iluminar el complejo entramado de instituciones que participan del gobierno de una población, que incluyen no solo la acción del Estado, cuyo rol es predominante, sino también un conjunto de otras organizaciones y agentes que están dispersos y no actúan necesariamente concertados entre sí. En este artículo cuestiono la asociación conceptual entre asentamientos informales y pobreza que se encuentra asentada en el discurso gubernamental. Intento responder a la pregunta por cómo y en qué momento se produce esta asociación, que resulta tan evidente en Chile hoy.
El trabajo se realizó con la supervisión de académicos de la carrera de Sociología de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades y además de profesionales de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Del mismo modo, los autoresÍ aseguran queÍ el artículo propuesto es original, no publicado y no propuesto para tal fin a otro medio de difusión. Ésta establece que el autor autoriza a EURE de manera gratuita, exclusiva e ilimitada a reproducir, editar, publicar, distribuir, publicitar, comercializar y traducir el artículo, a cualquier soporte conocido o por conocer y desarrollar.
Esta asociación entre pobreza y asentamientos que emerge incipientemente durante la dictadura, se consolidará definitivamente durante el siguiente gobierno (tabla 1). Además de privar de libertad, el sistema penitenciario chileno obstaculiza la superación de las personas y merma su dignidad debido a los problemas de hacinamiento, violencia y bajo acceso a programas de rehabilitación. En el encuentro con el papa Francisco en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín, en enero pasado, la capellana Nelly León le dio la bienvenida lamentando que “en Chile se encarcela la pobreza”. Esto refleja una visión no sólo de la reclusión, sino sobre la forma en que el país acoge esta realidad. A pesar del estricto control ejercido por el régimen autoritario sobre la población, durante los años ochenta emergieron nuevos campamentos (Minvu, 2013). Algunos de estos asentamientos “retomaron la orientación política sumándose a las movilizaciones para la recuperación de la democracia y otros mantuvieron una lógica comunitaria” (Minvu, 2013), distanciándose de la acción política.
La instancia se centró en la discusión sobre los indicadores apropiados para medir la pobreza energética en el país. Agregando que además “por otro lado, potencia la vinculación de la carrera con los diversas realidades territoriales y organizaciones de la sociedad civil regional que están apostando por modalidades de desarrollo sustentables”. Sus áreas de conocimiento son estratificación, desigualdad y pobreza, territorio, conflictos urbanos/ambientales,pueblos indígenas y metodologías cualitativas. Es también investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) y del Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales (CESIEP).
En este marco se aborda la mediación que los voluntarios hicieron, en terreno, entre las distintas miradas sobre pobreza y desarrollo en Sudamérica. La política de la pobreza establecida en la década de los noventa consiste en la visualización, enunciación e intervención de los asentamientos a través del lenguaje de pobreza. A partir de la producción y circulación de datos, indicadores, estadísticas y mapas se crea este campo de intervención gubernamental, que se problematiza dentro del marco interpretativo de la pobreza, determinando la información que será seen y la que será invisible respecto de este fenómeno.
CEPAL decidió diferenciar la cifra de inflación de alimentos de la cifra de inflación de otros bienes al calcular el valor de las respectivas canastas, porque en esos años se observó un aumento importante del precio de los alimentos, que fue mayor al obtenido en otros bienes. En principio, ese tipo de correcciones parece razonable, pero el criterio se podría aplicar retroactivamente en todo caso (no debe ser la primera vez que la inflación de alimentos y de otros bienes es muy diferente); y genera otra serie de consideraciones que veremos más adelante. El pasado martes 6 de junio fue presentado el nuevo libro del académico y Director del Doctorado de Sociología de nuestra Facultad, Claudio Ramos “La producción de la pobreza como objeto de gobierno” (Ediciones Alberto Hurtado).
A partir de este proceso, los asentamientos informales son identificados como sitios de concentración de los pobres urbanos, y focalizados como territorios de asistencia gubernamental. Así, la identidad de “sujeto pobre” es inscrita en los residentes de asentamientos informales. Por un lado, comienza a tomar forma un cambio en la representación de la agencia de los campamentos, desde organizaciones políticas que demandan acceso a vivienda a través de la ocupación de terrenos, a asentamientos despolitizados caracterizados por la marginalidad y pobreza, los cuales se espera que accedan a la vivienda a través de los esfuerzos individuales de sus integrantes. Por otro lado, se posiciona la pobreza como objeto de intervención en la agenda política. El principio de reducción del gasto público y la focalización como mecanismo de distribución de recursos marcan la emergencia de la pobreza como objeto gubernamental (Ramos, 2016).