sin fines de lucro, asociaciones, colegios profesionales, juntas de vecinos, clubes deportivos, entre otras organizaciones. Jefa de estado destaca al participar en ceremonia de entrega de subsidios del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que representa una tremenda satisfacción la entrega de estos subsidios para compartir a 262 familias, que hoy reciben los subsid…
Todo lo cual, si se trabaja adecuada y eficientemente, permitirá que las amenazas sean transformadas en oportunidades, y las debilidades en fortalezas. Y otros (2009), Fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil, Alternativas y Capacidades, A. C, México D.F. Ídem (2002), “Estado y legalidad, el peso de la noche en la sociedad civil chilena”, En Anuario de Filosofía Jurídica y Social Nº 20.
Esta área de administración existirá siempre en todo emprendimiento y estará presente por lo tanto en las empresas sociales. El Registro de organizaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos es un registro público de instituciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en Chile, las cuales deben designar a cuatro integrantes del Consejo. La propia jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal ha reconocido la dimensión constitucional de esta participación a través de la ejecución directa de acciones en colaboración con el Estado, incluso con la posibilidad de financiamiento público de las OSCs para la realización de servicios de relevancia pública.
El presidente o secretario de la organización deberá adjuntar a la secretaría municipal fotocopia del acta de la asamblea realizada con el resultado de la votación, con indicación clara de los votos a favor y en contra de la medida en cuestión, además de una fotocopia del recibo de la carta organización gubernamental ejemplos certificada que se envió al dirigente censurado. En las elecciones del directorio, cada representante tendrá derecho a votar por un solo candidato. Resultarán electos quienes, en una misma y única votación, obtengan las primeras cinco mayorías, resolviéndose por sorteo los empates.
Facilita, además, la puesta en práctica de distintas modalidades de participación ciudadana por parte del SERMIG. Permite dar visibilidad al trabajo que realizan las organizaciones compuestas por personas migrantes; las organizaciones que trabajan en relación con las comunidades migrantes y las universidades, centros de estudios y/o institutos que producen conocimientos en torno a las migraciones. El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte o FONDEPORTE, es la herramienta más importante que posee el IND para el fomento de la actividad física y el deporte.
Y este pie forzado de lo administrativo de alguna manera se trasluce en nuestra actitud hacia el área. Conocer la importancia de elementos claves para el éxito de las organizaciones, tales como la motivación, la comunicación, los liderazgos, los principios y valores, la resolución de conflictos. Es elementary trabajar algunos puntos en común de todas las organizaciones, tales como el trabajo en equipo, el cambio, la resolución de conflictos, la comunicación y el liderazgo.
Consolidada la situación anterior, una segunda fase de “participación ciudadana” se inicia con la dinamización del mandato constitucional de participación y control social por representantes de OSCs en el proceso de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas, ejercido en ámbitos tales como planificación municipal, usuarios de servicios públicos, seguridad social, salud, educación, protección del patrimonio cultural, entre otros. La acción de las OSCs bajo esta perspectiva se vio reflejada en su integración en consejos de políticas públicas y, por otra parte en su movilización, incidencia y aportes proposititos en diversas leyes, como la Ley de Recursos Hídricos, la Ley Nacional de Telecomunicaciones, el Estatuto del Niño y del Adolescente, la Ley Orgánica de Asistencia Social, la Ley de Incentivos Fiscales para Proyectos Culturales. El derecho a participar se tradujo en esta fase en el deber del Estado de crear y regular espacios significativos de participación. Una objeción previsible y fundada, por cierto, en un riesgo evidente, es que un esquema tal de Consejo de Participación Ciudadana y de Fondo de Fortalecimiento respectivo “institucionalice” y burocratice (en sus peores versiones), o funcionalice o capture en provecho del gobierno de turno o de segmentos particulares en el Estado, el fenómeno y los agentes sociales eminentemente independientes, irreductibles y “líquidos” de la sociedad civil. Se debe aclarar que la concepción y eventual diseño de este Consejo no corresponde a ni tiene vocación de convertirse en un Ministerio. Se trataría de un organismo autónomo del Estado, independiente pero relacionado con el Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica de derecho público, atribuciones legales y patrimonio propio, al modo como lo son, por ejemplo, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el Consejo para la Transparencia o el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), sin pretender que alguno de estos configure un modelo ideal ni mucho menos.
El sistema físico está constituido por los RRHH, recursos materiales, instalaciones, insumos y equipamiento tecnológico. El sistema abstracto es el conjunto de políticas, relaciones jerárquicas, estilos, normas y procedimientos que permiten marcar las reglas para la utilización del sistema físico y de los factores productivos con el objeto de lograr los objetivos organizacionales. Estos reductores de variedad necesitan el apoyo de la autoridad para que se apliquen en las organizaciones sociales. La autoridad es un fenómeno pure cuyo origen se encuentra en la necesidad de mantener el orden dentro del sistema social. Si la división del trabajo o especialización tiene como consecuencia el aumento de la diferenciación y de la diversidad dentro del organismo, es necesario entonces que también haya una fuerza en sentido contrario, capaz de lograr la regulación y el management de la variedad, para que la organización se mantenga bajo control. El registro priorizará aquellas organizaciones con mayor antigüedad en cada una de las regiones y que desarrollen sus acciones en comunas con alto índice de pobreza multidimensional e índice de aislamiento.
De este modo, se afirma el deber del Estado brasileño de relacionarse con las OSCs, garantizando su libertad de existencia, de acción y de expresión, al mismo tiempo de su deber de crear espacios para la práctica de la ciudadanía y difundir las buenas prácticas que contribuyan al desarrollo de la sociedad. El informe respectivo, consolidado por la Secretaría de Hacienda, debe ser incluido como un apartado específico del Informe Anual que rinde el Presidente de la República al Congreso de la Unión y de la Cuenta Pública elaborada con base en las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, de Transparencia y Acceso a la Información, de Fiscalización Superior de la Federación y demás leyes aplicables. El creciente protagonismo de las organizaciones de la sociedad civil (OSCs) es un fenómeno international (Salamon y otros, 2004)que, particularmente en América Latina, ha ido de la mano del proceso de democratización política. La configuración del Estado democrático no se concibe hoy en día sin la participación de las OSCs, las que en los más variados contextos han asumido un papel protagónico en la promoción de derechos humanos y en la defensa del Estado de Derecho (Seoane y otros, 2003). La organización comunitaria podrá subsanar las observaciones planteadas dentro de igual plazo (30 días corridos) contado desde que éstas le sean notificadas a su presidente, personalmente o por carta certificada dirigida a su domicilio. Si la organización no subsanara las observaciones, dentro del plazo señalado, la reforma de los estatutos quedará sin efecto por el solo ministerio de la Ley.
A su turno, la ley regula el gasto subvencionable y sus límites, se tipifica infracciones y se prevé sanciones para hacer valer la responsabilidad de las OSCs, junto con el reintegro del monto de los recursos. Por otra parte, el reconocimiento como entidad colaboradora de la Administración del Estado no afecta solamente a las OSCs que pretendan solicitar la asignación tributaria del impuesto a la renta (IRPF) para fines sociales, que period el propósito inicial del legislador. Además de ello, las entidades a las que se les reconoce dicho estatus pueden situarse en una posición prevalente en la relación con las Administraciones públicas, no solo desde el punto de vista de las ayudas y subvenciones, sino que desde la interlocución sociopolítica ante el Estado. Al carácter cada vez más complejo del mundo asociativo chileno se ha sumado una creciente legislación regulatoria con intención muchas veces de promoverlas y apoyarlas a su inserción social. Contrario a lo que se pudiera pensar, desde la propia experiencia de las OSCs estos afanes regulatorios no han contribuido al desarrollo y buen funcionamiento de las mismas en Chile. El informe del PNUD del año 2000 concluyó enfatizando dificultades en su institucionalización y consideró como prioritario establecer reformas legislativas.
Invitamos a todas las organizaciones sociales a visitar nuestra página net y pueden postular desde el 17 de noviembre hasta el 30 de noviembre”. Especial atención merece en todo caso el modelo del referido Instituto Nacional de Derechos Humanos, que recoge en buena medida las recomendaciones de Naciones Unidas sobre instituciones autónomas de derechos humanos como issue basic que asegura el management sobre la acción de los gobiernos. La analogía que puede establecerse es que la noción de derechos humanos, de modo comparable a la de “sociedad civil”, es irreductible a su absorción, mimetización o manipulación dentro o por el Estado sin que se produzca su inmediata desnaturalización y consecuente deslegitimación. organizaciones sin fines de lucro lista Aunque las concreciones institucionales suelen estar lejos de la perfección, cabe aspirar a que en materia de expresión genuina de la sociedad civil ocurra lo que también se espera, por ejemplo, en materia de derechos humanos, pueblos indígenas, deportes, ciencia o cultura, esto es, que el Estado no desnaturalice o corrompa su desarrollo autónomo. En un nivel más operativo, dicho Consejo deberá coordinar un sistema integral de participación ciudadana a nivel nacional, del que formarán parte todos los consejos de la sociedad civil creados bajo el amparo de la Ley 20.500, con especial mirada a su desarrollo en las regiones y comunas. Queremos alcanzar un 90% de organizaciones comunitarias comprometidas con la participación ciudadana de la comuna de Nancagua, en un año.
Para solicitar formar parte del registro, no será necesario tener personalidad jurídica, pero sí contar con trayectoria de a lo menos tres años de existencia en el territorio y no tener fines de lucro. Además, las organizaciones interesadas deberán incluir dentro de sus objetivos el desarrollo comunitario mediante la identificación de las problemáticas locales;contribuir a dar respuesta a las prioridades e intereses de la comunidad a la que se pertenece; aportar al reconocimiento de la identidad local y a la transformación social y territorial; entre otros requisitos. A este fondo pueden postular organizaciones funcionales y territoriales de la Región Metropolitana, regidas por la Ley Nº19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, con personalidad jurídica vigente no inferior a dos años y con domicilio en la Región Metropolitana de Santiago, e instituciones privadas sin fines de lucro (fundaciones, corporaciones, ONGs) con personalidad jurídica vigente no inferior a dos años. Finalmente, otro modelo digno de ser explorado y que puede aportar lecciones a iniciativas en Chile es el que provee la legislación española, con la Ley Nº 38, General de Subvenciones, de 2003, y su Reglamento.