Asimismo, hay una diferencia promedio de un año de escolaridad dependiendo de si pertenece o no a una etnia, siendo el promedio de 10,1 años para la población indígena y eleven,1 para la no indígena. De acuerdo a la información del COES (2018), la mayor cantidad de conflictos sociales por habitante se producen en las regiones de Aysén, Atacama, Los Ríos, Arica y Parinacota, y Magallanes, todas regiones donde los índices de desigualdad son iguales o superiores al promedio nacional. Tanto Eugenia Gayó como Ariel Muñoz y Antonio Maldonado coinciden en que este tipo de investigaciones contribuyen a replantear la relación con el medio ambiente y también el modelo de desarrollo que se quiere implementar.
Mac Clure y Calvo (2013) proponen una división administrativa basada en el precise estado del proceso de urbanización. 1 La tarea de recopilación de datos no fue fácil, sobre todo al querer abordar el largo plazo, sin embargo, se debe agradecer a las distintas instituciones que cooperaron entregando información a través del Portal de Transparencia del Estado.
El equilibrio entre impulso económico, apoyos sociales y reducción de la inflación no era fácil, sin duda, pero desde el primer día del Gobierno del presidente Gabriel Boric nos propusimos como desafío avanzar en seguridad económica y apoyos para las familias chilenas, a través del conjunto de políticas agrupadas en el programa Chile Apoya. Y, desde entonces, hemos buscado entregar certezas a la población, ayudar donde más subía el costo de la vida, porque sabemos que muchas y muchos de nuestros compatriotas pueden caer bajo la línea de la pobreza ante cualquier enfermedad o al perder su fuente laboral. Desde el enfoque de derechos, el Estado tiene la obligación de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia, debiendo asegurar que todos los niños, niñas y sus familias cuenten con las condiciones de bienestar que le permitan un adecuado ejercicio de sus derechos, de manera que puedan tener una vida digna y desarrollar sus potencialidades. Este compromiso, esta obligación, es la que el Estado de Chile asumió al ratificar la Convención sobre Derechos del Niño (CDN) hace más de 30 años. Paula Pacheco destaca que los niños y niñas que nacen y crecen en pobreza no están condenados a vivir en esta situación y que el Estado tiene el deber de protegerlos y entregarles las condiciones para que puedan tener una vida digna. Diego Portales, miembro de la llamada “Comisión Bravo” que analizó el sistema de AFP, experta en pobreza y que junto a Ricardo Mayer hizo en 2011 una de las primeras estimaciones sobre la concentración de la riqueza y la desigualdad usando datos de la encuesta de empleo de la U.
Según datos de 2017, Chile tiene uno de los índices más altos en desigualdad educativa entre los países de la OCDE, expresado en el índice Gini con un 0,503. Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre. El Banco Mundial estima que 198 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema este año como resultado del Covid-19 y la profundización de las desigualdades. Sobre la base de esta estimación -a la que le suma la proyección del impacto del aumento de los precios de los alimentos-, Oxfam Internacional calcula que otros 65 millones de seres humanos se desplomarán en la miseria. Lo que representará un total de 263 millones de nuevos pobres, cantidad equivalente a las poblaciones del Reino Unido, Francia, Alemania y España juntas. Los expertos coincidieron que la pandemia ha develado la fragilidad del sistema económico, y que las sociedades verán un aumento en la desigualdad y la pobreza a nivel mundial, lo que implica una amenaza para el cumplimiento de la Agenda 2030 que se debe enfrentar en conjunto entre el Estado, las empresas y la sociedad civil.
La mensualidad en este caso asciende a los $453 mil para educación media y $423 mil para educación parvularia y educación básica. “Los empresarios chilenos vienen de los mismos three o 4 colegios, de dos universidades, de los mismos apellidos y tienen dificultades para relacionarse con los que no pertenecen a su mundo. A pesar de su alto costo, resulta interesante que, comparativamente, estos establecimientos no logren puntajes destacados en comparación con el resto de los países de la OCDE.
Es el caso de Alemania, que con un alza del 7,6% con respecto a marzo de 2021 y de 2,5% con respecto a febrero de 2022, debe referirse a 40 años atrás –antes de la reunificación–, para encontrar una cifra comparable. Por su parte España, donde la inflación interanual creció un 9,8% (3,9 puntos en marzo con respecto a febrero), se acerca a marcas nunca vistas desde 1985. En Italia, en marzo la inflación subió un 6,5% con respecto al mismo mes del año pasado y un 1% en comparación a febrero de este año.
En esta oportunidad se estudiaran el índice de desarrollo humano (IDH) y el índice de desarrollo regional (IDERE). Para reducir la pobreza que aún afecta a Chile, así como la desigualdad, se requiere de buenos instrumentos que puedan identificar, cuantificar y caracterizar, de una forma precisa, a la población más vulnerable del país, de manera de poder aplicar la política pública eficientemente. Bajo este criterio, el Ministerio de Desarrollo Social, encargado de la Encuesta CASEN, a partir del año 2013 utiliza una nueva metodología de medición de Pobreza por Ingresos, tomando en cuenta los nuevos patrones de consumo chilenos e imponiendo estándares más altos que se adapten al precise nivel de desarrollo del país. Asimismo, incorpora la medición de la Pobreza Multidimensional, siguiendo el ejemplo de países más desarrollados. Veamos algunos datos que nos proporcionará un panorama global de la desigualdad en algunos países de la Región.
En marzo del año 2010, bajo el segundo mandato de la presidente Michelle Bachellet, Chile se convirtió en el miembro número 31 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el primero a nivel Sudamericano. En su discurso, Angel Gurría (Secretario General de la OCDE), declara que la experiencia chilena enriquecerá el acervo de la OCDE en cuestiones clave, siendo un ejemplo al combinar crecimiento económico y mayor bienestar social. Gurría comentó que Chile ocuparía un lugar que le pertenece por mérito propio, cuyo objetivo es que comparta sus buenas prácticas y políticas públicas con los demás países de la OCDE.
Estas reformas incluyen establecer altos requisitos de ingreso y nueva acreditación para programas de formación docente, proporcionar un año de tutoría para cada maestro/a entrante con pago adicional para mentores y aprendices, y crear un sistema de desarrollo profesional para la promoción profesional a largo plazo. Las capacidades de las familias para llevar a cabo su cometido educativo no están equitativamente distribuidas, puesto que la pobreza, el nivel educacional de madres, padres o cuidadores, y su capital social influyen en el desarrollo y el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, es elementary que sean los propios niños, niñas y adolescentes quienes hablen de la experiencia que viven y los factores o ámbitos que pudieran orientar acciones para abordar esta problemática.