En agosto, Mujeres por la Vida haría su declaración política frente a las directivas de diferentes partidos políticos. Desde julio de 2023 que está a cargo de la división que pertenece al Ministerio Secretaría General de Gobierno, la que tiene como una de sus principales misiones entregar información y capacitar a dirigentes sociales. En total fueron 136 los proyectos ganadores de Ovalle, Monte Patria, Combarbalá, Punitaqui y Río Hurtado, una inversión superior a los $610 millones donde postularon clubes deportivos y de adultos mayores, juntas de vecinos y una serie de organizaciones que se organizaron para cumplir los requisitos establecidos en las bases del Gobierno Regional. Y mientras las organizaciones sociales tradicionales van perdiendo fuerza, grupos informales han tomado la posta abordando temáticas específicas, principalmente medioambientales, que han concitado el interés de segmentos que no se sienten representados por las antiguas estructuras.
Este año y como en años anteriores, el Gobierno Regional dispuso el 6% del complete de los recursos del FNDR, equivalente a más de $3.383 millones para subvencionar proyectos postulados por gestores culturales, sociales y deportivos de toda la región. De esta forma, abordaremos secuencialmente estos dos polos del significado de espacio público en el relato de nuestras organizaciones estudiadas, luego nos ocuparemos en detalle del espacio fronterizo de esta disyunción y, finalmente, abordaremos las formas de identificación colectiva de nuestros sujetos de estudio. Así entendido, esta noción de espacio público fue introducido en América Latina junto al nacimiento de los estados nacionales seculares, un “paquete cultural de ciudadanía” netamente emblemático e ilusorio cuando se trata de su ejercicio por las clases subalternas -indias, cholas y urbano-marginales-, perpetuando la doble moral del colonialismo interno (Rivera, [1997]2010, p.130). Un ejemplo es la asesoría realizada a una organización sin fines de lucro dedicada a garantizar y promover derechos de personas de la comunidad LGBT.
«Como institución tenemos el foco de trabajar de manera integral con los deportistas y muchos de nosotros somos profesionales y queremos inculcarle a los niños que practiquen deporte o cualquier otra actividad no convencional como arte o danza, que pueden practicar lo que les gusta sin dejar de lado los estudios», apuntó Claus Westphal, presidente del club. 5Expresión pan-andina que refiere al trabajo colectivo, colaborativo y recíproco dentro y entre comunidades. En esta importante área verde de la ciudad de Valparaíso, no sólo cohabita el Parque Ecológico Piuke Ko con un campo de entrenamiento militar, aparecen también la ampliación del puerto y las mega carreteras para el flujo de capitales que encadena el puerto de Valparaíso al muevo ciclo extractivista-desarrollista impuesto en toda Sudamérica por el plan IIRSA (Iniciativa de Integración Regional Sudamericana). En la Tabla 2 se expone algunas características de las personas participantes en el grupo focal.
Jorge Navarrete, abogado y columnista, subrayó la importancia de la alianza público-privada para ampliar el impacto de las medidas descentralizadoras; mientras que María Ignacia Jiménez, vicepresidenta de Chile Descentralizado, enfatizó la necesidad de empoderar a las comunidades locales y promover la participación directa como un activo para el desarrollo. «Organizaciones de la Sociedad Civil y la Descentralización en Chile», publicación disponible de forma gratuita en el Portal de Libros Electrónicos de la Universidad de Chile, ofrece una visión integral de los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en torno a la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de descentralización. Entre otros aspectos, el libro analiza casos prácticos, como la participación de la sociedad civil en la gestión de incendios forestales y la sequía, así como la experiencia de empresas en instancias de descentralización. La implementación de la ley implicó movilizar esfuerzos en la institucionalidad para dar forma a los espacios de participación creados. Desde la implementación de los registros de organizaciones, dependiente del Registro Civil, que implicó la responsabilidad de las municipalidades de informar de la constitución y vigencia de estas, hasta la dictación de nuevas normas de participación para las municipalidades e instituciones estatales. El proyecto concibe la participación ciudadana como una relación de cooperación entre los individuos y el Estado, individuos con derecho a asociarse libremente y por ello debe ser incluidos en la elaboración de las decisiones públicas.
Primero estuvo la necesidad de common la función de las organizaciones que se relacionan con el Estado en la concreción de sus objetivos, expresado en la conformación de un fondo para el financiamiento de las organizaciones y en el reconocimiento legal de las mismas. A partir del segundo trámite adquirió relevancia la consagración de la participación ciudadana como parte de la administración pública. En cuanto a la solución del dilema de representación que se muestra en la definición de participación ciudadana en la que se basa el proyecto de ley, lo que se observan son procesos formales de inclusión de las organizaciones sociales sin que se produzcan cambios en los mecanismos de toma de decisión.
Una cifra superior a los $500 millones, aprobados por el Consejo Regional (CORE), fueron entregados por el Gobierno Regional a más de un centenar de gestores culturales, sociales y deportivos de la provincia de Elqui para el financiamiento de proyectos postulados a los Fondos Concursables 2017. Es en esta trayectoria que lo común logra invaginar lo público sin ser subsumido por éste, dando lugar a comunes anticapitalistas que se distinguen sustancialmente con aquellos comunes que se conciben en coexistencia armónica con lo público y lo privado (Caffentzis, & Federici, [2013] 2015). Una vez finalizado este análisis, atestiguamos que nuestro procedimiento se veía desbordado por la experiencia analítica vivida en el contexto de disaster que marcó la primera etapa de esta investigación.
Lamentablemente, la poca habilidad comunicacional de sus voceros capitalinos deja más dudas que certezas. Esto último será especialmente importante para las y los constituyentes que participan de MS y al mismo tiempo son militantes de algún partido. En la medida que sus organizaciones sean capaces de mantener un vínculo actual con el o la constituyente, evitarán que éste termine abstrayéndose de la ciudadanía que le dio su voto, como tantas veces ha ocurrido. A su vez, para los partidos, esto es una oportunidad importante para recuperar el vínculo social perdido, haciendo realidad eso de tener “un pie en la calle y otro en el parlamento” (en la convención, en este caso), pero a través de una relación genuina de apertura democrática, no solo circunscrita a una elección, de modo que el partido sea una herramienta y no un fin en sí mismo.
correspondiente. Adicionalmente, se les otorgan nuevas funciones administrativas a los municipios, para que se ocupen de los registros de organizaciones sin fines de lucro en sus comunas, los actualicen y entreguen cuando se les solicite. La mayor educación e información de los ciudadanos también les ha ido permitiendo vincular la calidad de los servicios que reciben, como parte de las políticas públicas, con su voto en la elección popular de autoridades; en consecuencia, sus exigencias adquieren un mayor protagonismo y son elementos de presión para exigir mejores servicios. Sin embargo, la esencia sigue siendo responder a las necesidades sociales de las personas y las comunidades. Por eso, es fundamental organizaciones sociales y políticas considerar el impacto social de cada proyecto arquitectónico, asegurando que sirva para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades reales de quienes lo utilizarán.
Los actuales horizontes de transformación social a escala planetaria y la disaster de participación política estado-céntrica han repercutido en las nociones de espacio público y lo común. En esta investigación cualitativa analizamos los significados en relación al espacio público y la acción política en el relato oral de cuatro organizaciones sociales autónomas de Valparaíso enfocadas en la amplificación y cuidado de espacios comunes. Finalmente, se sugiere profundizar estudios para rastrear las capacidades colectivas y autónomas de gestión de los espacios, asumiendo la crítica al eurocentrismo y al patriarcado, en aras de comprender los horizontes de deseo y potencial práctico de las organizaciones de base comunitaria más allá de perspectivas estado-céntricas. Se observa, al mismo tiempo, una incapacidad de las organizaciones sociales de elaborar una agenda común que considere al menos las demandas que están representadas en el consejo. Cuando ocurre que las organizaciones participantes construyen una propuesta lo que se observa es un detalle de las demandas particulares sin un sentido común que permita instalar un debate distinto del que ya está construido por la autoridad.
Por supuesto, el éxito de este mecanismo dependerá del compromiso de cada constituyente y de su colectivo, de la participación activa de este último y del diálogo que pueda establecer con otras organizaciones sociales y con el resto de la ciudadanía para discutir temas que no necesariamente son su foco. La principal articulación de MS en torno a esta elección se dio en la plataforma Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), que incluyó 12 listas enteramente integradas por candidatas/os de organizaciones sociales (cuatro en la RM y ocho en otras regiones). Nació a partir de la unión entre la Coordinadora Feminista 8M (CF8M) y la Coordinadora No+AFP, mientras esta última no terminaba de llegar a un acuerdo con el Frente Amplio para incluir a su histórico vocero, Luis Mesina, en el distrito 10 (Santiago central). Así, a la plataforma se fueron integrando más organizaciones y distritos, dentro y fuera de la RM. Algunas organizaciones nacionales que se sumaron fueron la Coordinadora Nacional Migrante y el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), pero el grueso fueron asambleas y cabildos locales nacidos con la revuelta well-liked, así como movimientos ambientales territoriales y sindicales de más larga knowledge.
El alcalde César Orellana, se mostró satisfecho los por recursos entregados y precisó que “estos fondos del Gobierno Regional nos sirven para sacar adelante importantes iniciativas. Esto nos alegra porque tenemos agrupaciones de adultos mayores, grupos de mujeres e incluso agrupaciones de sectores rurales. Siempre es bien recibida organización política ejemplos la visita de nuestro intendente y nuestra gobernadora, más aun cuando trae recursos que descentralizan los beneficios del Gobierno”. A pesar de su menor participación, las mujeres que lideran espacios sociales son el reflejo de que, a pesar de las mencionadas desigualdades, ellas también pueden ser un agente de cambio social.
De estas, un 53,57% fueron en formato tradicional y un forty six,42%, en formato on-line, nueva modalidad que se desarrolla desde este año. Y la otra izquierda, esa de nóveles dirigentes que llegaron a la política generando expectativas de que las cosas cambiarían, no ha estado a la altura de las demandas que la historia exige. Salvo honrosas individualidades, han terminado reproduciendo muchas prácticas de la vieja política.
Esta paradoja de la modernidad se manifestaría actualmente en un clima desconfianza y deslegitimación mutua entre las elites y las bases sociales, antagonismo que resultaría imperioso resolver para un adecuado “proceso de politización” (PNUD, 2015). El libro ofrece una revisión histórica detallada, destacando la evolución de las organizaciones sociales y su papel en los procesos de descentralización. En este trabajo, su autor, Sergio Galilea, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y director del Centro de Análisis de Políticas Públicas de esta unidad académica, profundiza en diversos aspectos clave para el avance del país hacia una mayor autonomía territorial y participación ciudadana. Esta forma de resolver los problemas de la legislación, que podemos denominar como colocar el problema en un tercero, que tiene como responsabilidad supervisar el cumplimiento de la ley, mantiene el modelo de dejar en las instituciones la definición de cómo y con qué profundidad se implementa la normativa. El modelo de la superintendencia no hará que la institución modifique la forma en que construye la política pública. O, al menos, lleva el problema a un debate sobre interpretaciones que, de resolverse, alarga la implementación de los beneficios de la ley.