Es un servicio de entrega de conocimientos que busca instalar capacidades y habilidades en el uso de tecnologías y herramientas digitales, a través de cursos en línea, contribuyendo al mejoramiento en la gestión, comercialización e innovación de los negocios. Colaborar con la Ministra o Ministro en la elaboración de convenios con organismos públicos y privados en el ámbito internacional. Departamento de Comunicaciones está a cargo, entre otras funciones, de diseñar y ejecutar estrategias para permitir la presencia del Ministerio en los medios de comunicación, junto con la difusión de sus labores. Para cerrar, las los y les participantes acordaron que las sesiones serán mensuales y abordarán temáticas como violencia, salud, discriminación, trabajo, entre otras, con la finalidad de dar una mirada integral a la propuesta que surja desde esta instancia. Luego de eso, serás notificada desde la dirección regional de SernamEG correspondiente a tu comuna de residencia. Las capacitaciones de esta Escuela se imparten de forma asincrónica y consta de cinco módulos de 40 horas pedagógicas cada uno.
Finalmente, en parte mediante estas acciones, en el 2011 la cooperativa logró obtener el módulo de limpieza del arroyo. El diseño de la investigación es cualitativo y se basa en el estudio de caso instrumental (Stake, 2013) de una cooperativa del Programa Argentina Trabaja. Una de las principales fortalezas de la estrategia del estudio de caso es que posibilita una comprensión detallada y contextual de los procesos sociales (Neiman, & Quaranta, 2006; Stake, 2013). Ahora bien, el análisis de casos empíricos particulares se realiza en función de arribar a conclusiones con cierto grado de generalización.
Al analizar los conflictos de trabajo en estas unidades productivas, nos acometemos a examinar el potencial del cooperativismo, en su articulación con el Estado y las organizaciones de base territorial, para incrementar el poder social y la democratización económica. En este sentido, la literatura exploró las vinculaciones entre la política social, el cooperativismo, los territorios y el Estado en sus distintos niveles. Un conjunto de estudios examinó los impactos de este programa en las subjetividades de las clases populares destinatarias (Maneiro, 2015a) y la reconfiguración territorial que promovió, mediante las reapropiaciones de los actores y la recursividad de la política pública (Ferrari Mango, 2020). Otro grupo de indagaciones analizó el ciclo de acción colectiva protagonizado por las organizaciones de trabajadores/as desocupados/as abierto a partir del lanzamiento del programa (Maneiro, 2015b) y los modos de interacción entre gobiernos y movimientos sociales (Massetti, 2011; Natalucci, 2012). Por último, otras investigaciones describieron las transformaciones en el universo del cooperativismo a raíz del surgimiento de estas cooperativas, denominadas “inducidas” (Vuotto, 2011) o “sintéticas” (Hudson, 2016). En esta sesión, se dio a conocer la situación actual de las acciones y/o políticas públicas que se están realizando en materia de derechos de personas de las diversidades sexo-genéricas por parte de los diferentes ministerios, así como materias que se están revisando en el Congreso, tales como, ley de identidad de género, cupo laboral trans, reforma a la ley antidiscriminación, ley José Matías y Educación sexual integral.
Estas organizaciones son sistemas abiertos que tienden a la variabilidad y en ellas se introducen elementos de gestión para mantenerlas bajo control. En este artículo se mencionan la función y las características de la organización social aplicada a las organizaciones de salud. Este trabajo evalúa la implementación de las políticas de participación ciudadana aprobadas en la Ley Nº 20.500, enfocado en los Consejos de la Sociedad Civil de los órganos del Estado, sobre la base de la revisión de actas y documentación de cuatro (4) Consejos de la Sociedad Civil de entre los que se implementaron a partir del año 2011. Revisa, así mismo, la ley en cuanto a sus orígenes y el proceso llevado a cabo hasta su publicación. Se presenta un análisis de los consejos vigentes al año 2015 para, a partir de esta información, revisar los acuerdos y demandas observados en la selección realizada. Finalmente propone una interpretación de los resultados y, a partir de ella, concluye en la necesidad de integrar la participación como principio base de la gestión del Estado.
La lucha por lograr definir y mantener la actividad de limpieza del arroyo se orienta a obtener mayores grados de autonomía en el trabajo y escapar a la subordinación estatal que a priori plantean el diseño y la implementación del programa. Las organizaciones sociales de trabajadores/as desocupados/as nacidas al calor de estas transformaciones se caracterizaron por recurrir al “piquete” -forma específica de acción colectiva que consiste en el corte de rutas y otras vías de comunicación- para demandar trabajo, considerado el canal legítimo de acceso a los medios de reproducción. En un contexto de desocupación, empobrecimiento y despliegue de políticas sociales focalizadas, esta demanda de trabajo se especificó en la petición de vacantes en programas de empleo transitorio y en la gestión de tales recursos de origen público. La organización social es un sistema inserto en otro más amplio, que es la sociedad con la cual interactúa; ambas se influyen mutuamente. La organización está constituida por un grupo de individuos que unen actuaciones para alcanzar determinados propósitos. Lo que caracteriza a las organizaciones sociales es que, para alcanzar sus objetivos, cada uno de sus integrantes debe desempeñar una función o cumplir un papel particular que, de alguna manera, es diferente de los demás y que los roles del resto de sus integrantes demandan, con el fin de llevar a cabo las funciones propias.
La constitución del Consejo Nacional de Participación Ciudadana en enero del 2016, cuyo objetivo fue introducir mejoras en la Ley Nº 20.500, en particular “… elaborar propuesta de reforma a la Ley N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana que considere, entre otros aspectos, la institucionalización del Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil”5, constituye una muestra de esta relevancia. Remy (2005), en línea con la opinión de que la participación ciudadana es participación en la política, propone un modelo para clasificar las distintas formas de incluir a la ciudadanía en ella. En este modelo se consideran al menos cuatro (4) espacios o formas en los que la ciudadanía es incluida en la gestión del Estado y en la construcción de la política pública, configurados a partir de dos ejes, si es que esta inclusión tiene consecuencias directas o están mediadas por un diálogo o proceso de discusión y si se trata de un proceso reconocido de manera formal, tal como se puede observar en la Tabla Nº 1.
Este será más particularista –es decir, alejado de la discusión de la política pública– si las organizaciones que componen el Consejo representan a los sectores afectados por la entrega de los beneficios. Si la institución es reguladora, en el sentido de que su principal esfuerzo es generar políticas para el sector en el que actúa, la participación se centrará en comprender y proponer cambios en la política. Si esto va acompañado con un Consejo con participación de organizaciones que analizan el sector y cuya representación es desde otras formas de entender la política, el debate se enfocará en mejorar o cambiar las políticas públicas del sector. Además, debe encargarse de la educación, difusión y promoción de los derechos inmediatamente vinculados al ejercicio de la participación social y ciudadana (libertad de expresión, derecho a la igualdad, derecho a la información, derecho de petición y a ser oído, derechos de reunión y asociación, entre los más significativos). Este debate sobre la inclusión ciudadana en las políticas públicas se debe enmarcar en uno mayor, sobre el sistema de representación de la ciudadanía y la democracia como forma de expresión de esta.
Ello será posible en la medida que aumente la capacidad de decidir y se abandone el diseño exclusivamente consultivo de los COSOC. La inclusión de las organizaciones sociales o ciudadanas en la política pública plantea distintos desafíos, tanto si se analiza desde su efectividad –es decir, el impacto que tiene la presencia de estas organizaciones en el proceso de identificación, priorización y construcción de estas políticas– como desde la perspectiva del grado actual de inclusión alcanzado y el hole existente con las expectativas de la ciudadanía organizada. La revisión buscó entre las evidencias de la implementación de esta política de participación ciudadana, las características que esta adquiere, la profundidad alcanzada y los efectos en el comportamiento de las instituciones.
Por su parte, Luis Yáñez Villarroel, presidente del Club de Discapacitados Nueva Esperanza de Yobilo de la comuna de Coronel, destacó que “este fondo es muy importante para las agrupaciones que no tienen dinero… Este fondo nos viene a traer cosas nuevas a nuestra institución”. Según señala ellos destinarán el fondo para “comprar equipamiento audiovisual para hacer talleres inclusivos para personas ciegas y sordomudas, así como también para los deportistas discapacitados, a fin de revisar videos de otros deportistas para irse interiorizando y avanzar en el deporte adaptado, tanto en lo social como en lo deportivo”. En complete organizaciones sociales definicion fueron más de forty nine millones de pesos repartidos entre organizaciones de 11 comunas de la provincia de Biobío, los que serán utilizados para financiar diferentes proyectos en beneficio de juntas de vecinos, talleres laborales, clubes deportivos y clubes de adulto mayor, entre otros. Facilita, además, la puesta en práctica de distintas modalidades de participación ciudadana por parte del SERMIG.
Esta división del grupo de trabajadoras se construye sobre el acople entre la cooperativa y la organización social. Entre estas políticas, se destacó el Programa Argentina Trabaja, lanzado en el 2009 y activo hasta principios de 2018. Pilar Arcidiácono y Ángeles Bermúdez (2015) identificaron en su diseño una combinación de elementos provenientes del capital humano, la economía social, el trabajo asalariado y los programas de transferencia de dinero a familias. El programa estipulaba la creación de cooperativas de trabajo conformadas por población weak. Su objetivo es promover que las familias y personas accedan a mejores condiciones de vida, a través de la superación de condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidades sociales que les afecten, así como garantizar el ejercicio de sus derechos a lo largo de todo el ciclo vital.
Un complete de 15 organizaciones sociales pertenecientes a las comunas de Isla de Maipo, Padre Hurtado, Peñaflor y Talagante, recibieron hoy los recursos necesarios para materializar las iniciativas que presentaron al llamado 2012 del Fondo Social Presidente de la República, en una ceremonia realizada en la Gobernación Provincial de Talagante y que fue encabezada por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. El programa consiste en el cuidado de niños entre los 6 y thirteen años para favorecer la participación de sus madres en el mercado laboral. La iniciativa 4 a 7 se ejecuta en establecimientos educacionales municipales de distintas comunas del país y son las propias municipalidades y las Direcciones Regionales del SERNAMEG las encargadas de informar sobre el proceso de inscripción.
Por su parte, la diputada Emilia Schneider, explicó que, “es un avance muy importante que nuestro Gobierno haya comenzado una mesa de trabajo con organizaciones sociales LGBTIQA+, espero que sea un espacio muy fructífero de reparación y avance de derechos de la población trans, por ejemplo, el cupo laboral trans que es una demanda tan sentida como comunidad”. Organizaciones y Asociaciones sin fines de lucro que se encuentren integradas en su mayoría por personas migrantes y que promuevan los derechos y deberes de las personas extranjeras en organizaciones sociales de la comunidad ejemplos Chile. Tener mejores organizaciones comunitarias ayuda a que la sociedad recupere mecanismos locales más complejos para procesar sus malestares y transformarlos en demandas y mandatos que puedan sostenerse en el tiempo. Si bien estas tres acciones son un buen punto de partida para impulsar un proceso de fortalecimiento de lo comunitario como esfera distinta a lo estatal y a lo mercantil, es imprescindible que se articule un discurso coherente y sencillo que lo ponga como un horizonte en torno al cual construir consensos políticos amplios.
Desde el Palacio de La Moneda y sus balcones hemos logrado reconstruir nuestra democracia, y desde ellos miramos a nuestro país y trabajamos por lograr un mejor futuro para sus personas. Las autoridades regionales informaron que hoy el proceso está más avanzado, respecto de las necesidades de las personas que requieren cuidados, y de quienes cuidan. Los resultados de esta relación entre tipo de institución y tipo de organización pueden anticipar los resultados de la participación en los COSOC del Estado, tal como se propone en la Tabla N° 8. El gráfico siguiente muestra una comparación entre las frecuencias de demandas de los cuatro consejos revisados.