El ingreso del 60% de los hogares más pobres depende en menor medida de los ingresos laborales que en 2017. La contrapartida de esto es el incremento en la importancia de los subsidios monetarios de los hogares en todos los deciles de distribución del ingreso. Al respecto, una debilidad del texto es la de no profundizar adecuadamente el análisis de los pocos programas exitosos en la creación de empleo y oportunidades de generación de ingreso para las personas en situación de pobreza, realizados en la región en los últimos años. De este modo, el tránsito de los PTC a programas de renta de ciudadanía significaría pasar de un énfasis en servicios de salud y educación -que de todas formas en América Latina tienen que ser mejorados desde el punto de vista cualitativo- a otorgar mayor importancia al componente laboral, el ingreso y la inclusión productiva.
Esto debería ser un tema central no sólo en la agenda gubernamental sino también de las y los aspirantes a la Moneda. Según los datos levantados por el Instituto de Estudios para la Familia de la USS, entre septiembre y octubre del año pasado, existía una fuerte incertidumbre respecto al futuro de las familias y un 70% de los consultados reconoció estar preocupados sobre su subsistencia durante y después de la pandemia. Y por eso se requiere de todos para irla reduciendo sistemáticamente con soluciones integrales, que pongan a las personas al centro, reconozcan su capacidad de agencia y favorezcan su inclusión social.
En los últimos años hemos recibido delegaciones de todas las regiones. En el ámbito de la educación, el proyecto para el Fortalecimiento de las Universidades Estatales culminó en junio de 2023, consiguiendo importantes logros en términos de mejoras en la calidad y equidad, pese al difícil contexto como resultado de la pandemia. La deserción en el tercer año entre los estudiantes más vulnerables se redujo en casi 10%, pasando del 36,6 por ciento en 2018 al 26.8 por ciento en 2022. También aumentó la cantidad de proyectos de investigación adjudicados por estas universidades y la cantidad de profesores con doctorado. La pobreza (menos de 6,85 dólares al día) se redujo del 8,0% en 2020 al 4,8% en 2022. La desigualdad de ingresos, medida por el coeficiente de Gini, alcanzó el 0,43 en 2022.
Y, desde entonces, hemos buscado entregar certezas a la población, ayudar donde más subía el costo de la vida, porque sabemos que muchas y muchos de nuestros compatriotas pueden caer bajo la línea de la pobreza ante cualquier enfermedad o al perder su fuente laboral. Los países con sistemas integrados de Protección Social sensibles a la niñez han demostrado ser los más efectivos para abordar las brechas en el ejercicio de sus derechos. Tras la entrega de datos, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete destacó las cifras, puntualizando que “estamos contentos porque Chile logró una reducción histórica de la pobreza y recuperó la senda previa a la pandemia. Ha sido un periodo difícil para el país y como Gobierno hemos respondido a los desafíos que nos impuso la recuperación post pandemia y el alza de la inflación. No somos complacientes y tenemos un compromiso con el bienestar de las familias y el desarrollo del país, por lo que seguiremos trabajando con fuerza, implementando medidas y acciones, tal como lo hemos hecho hasta ahora, que permitan avanzar en derechos y garantías sociales, mejorando la calidad de vida de las personas”.
Proponemos nuevos sentidos y enfoques para la política social de Chile basados en aprendizajes y reflexiones sobre la pobreza, vulnerabilidad y desigualdad. Realizamos investigaciones cualitativas en torno a temáticas de pobreza en las regiones de Chile que buscan incidir en políticas públicas. Catalina Siles (1987) es licenciada y magíster en historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde actualmente cursa un doctorado en sociología. Por qué la pobreza y la exclusión social dejaron de ser prioridad (IES, 2016) y tradujo Los fundamentos conservadores del orden liberal, de Daniel Mahoney (IES, 2015).
Por su parte, Lorena Flores, directora ejecutiva de Centro de Microdatos, fue enfática en señalar que “los resultados de esta Casen refuerzan la línea de trabajo que nuestro país debe seguir para derrotar la pobreza. En ese sentido, el desafío del Gobierno es aprovechar estos datos que son muy valiosos para afinar las políticas públicas que conduzcan al país hacia el desarrollo”. “Son muchas las profesiones que pueden aportar al trabajo social y no solamente aquellas que se conocen, sino que la diversidad de profesionales que pueden aportar a mejorar la calidad de vida de las personas. Este año nos encontramos trabajando con la Escuela de Agronomía en tres comunas con una iniciativa de huertos comunitarios, lo que es muy innovador y motivante para las comunidades. Con la Escuela de Periodismo nos encontramos trabajando con niños y niñas donde ellos se preguntan por la cultura. Con el Instituto de Geografía hacemos un proceso de práctica y pre-práctica para mejorar la visión del territorio y aportar más información”, explicó.
En Brasil y Colombia también se constatan altas desigualdades sociales en la cobertura de la educación superior por grupos socioeconómicos. Al respecto, una de las conclusiones del estudio consiste en señalar que la disminución de la pobreza observada en la región durante los últimos quince años no es sinónimo de reducción de la vulnerabilidad. Ello es particularmente cierto en el caso de los grupos poblacionales que apenas lograron superar su condición de pobreza de forma reciente y que enfrentan un riesgo importante de caer nuevamente en la misma, con la desaceleración del crecimiento económico que afecta a la región en la actualidad.
Así, la desigualdad sería impulsada a través de múltiples mecanismos que interactúan en un sistema como, por ejemplo, el capital heredado, retornos y previsión. En este punto destacó que “existe una alta proporción de ciudadanos que expresan rabia por los niveles actuales de desigualdad. El concepto de pobreza de tiempo, como se señala en la investigación, fue introducido a partir de los años sesenta por los estudios de Claire Vickery (1977), quien fue la primera en desarrollar una metodología específica para la medición del uso del tiempo en las sociedades modernas, estableciendo su desigual distribución en ellas.