Este fenómeno contrasta con la realidad de zonas de mayor nivel socioeconómico, donde la presencia de negocios de comida poco saludable es significativamente menor. “…el Estado debe asumir un rol protagónico como garante y responsable de proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes, entendiendo que la pobreza es un fenómeno multidimensional…”. Con el propósito de brindar a Chile protección financiera para mitigar posibles impactos económicos negativos de terremotos y los tsunamis que ocasionen, el Banco Mundial apoyó a Chile para emitir un bono catastrófico y swap de USD 630 millones, la cual es la mayor operación en un solo país.
En los años sucesivos, la ONU exhorta a los Estados a velar por los niños en las situaciones de vulnerabilidad por emergencias y conflictos. En 1989, tras 10 años de negociaciones, se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que vincula a los Estados Partes a cumplir las normas de este tratado Internacional. Mientras que las tasas de educación y alfabetización están aumentando en todo el mundo, no queda claro si se está disminuyendo la desigualdad educativa.
La única serie de tiempo basada en datos tributarios (y que es una estimación conservadora porque no corrige por elusión ni evasión) muestra que la concentración del ingreso del 1% y del 10% más rico no ha caído.[5] Tanto en 1990 como en 2015, el 1% recibía cerca de un cuarto de los ingresos del país. Por su parte, el 10% más rico concentraba el 54% de los ingresos tanto en 2004 (primera fecha para la que se tiene registro) como en 2015. Usando esta información podemos evaluar cómo se sitúa Chile en el panorama internacional. El escenario más optimista de acuerdo a las estimaciones para Chile, nos deja como el país más desigual entre países ricos y como el sexto más desigual a nivel global.
Este mecanismo debe asegurar acceso universal a servicios esenciales como salud, educación, nutrición, vivienda, agua y saneamiento, seguridad social; y transferencias que garanticen la seguridad de ingresos suficientes para que niños, niñas y adolescentes y sus familias cuenten con un nivel de vida digno y que les permita hacer frente a situaciones de riesgo. Frente a este escenario, es urgente que Chile cuente con un Sistema de Protección Integral de la Niñez, que garantice que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país cuenten con una vida digna y un mínimo bienestar que permita el adecuado ejercicio de derechos y desarrollo de sus potencialidades. Conversamos con Paula Pacheco, Especialista en Políticas Sociales de UNICEF, sobre los principales resultados del estudio y las recomendaciones que emanan de la investigación. Explica que para niños, niñas y adolescentes vivir en contextos de pobreza y vulnerabilidad les impide el acceso oportuno a prestaciones universales, lo que limita fuertemente su trayectoria de vida y su vida adulta.
A este respecto, uno de los ejes principales de la Ley de Presupuestos 2023, que contempla un crecimiento del gasto público de 4,2%, es precisamente la protección social, pues considera un aumento del 32,3% en el programa relativo a pobreza respecto del erario fiscal en curso. Según datos del organismo internacional, desde 2006 en adelante, la pobreza tuvo una constante caída en Chile, pasando de un 29,9% durante ese año a un 7,5% en 2017, marcando una leve alza en 2020 cuando llegó a 8%. Hasta que en 2021 habría llegado a un inédito 2,1% de la población, debido a los apoyos estatales y los retiros previsionales. En su informe Oxfam propone “universalizar la provisión gratuita de servicios públicos como la salud y la educación que funcionen también para las mujeres y las niñas y dejar de apoyar la privatización de los servicios públicos». Los resultados de la CASEN 2022 recientemente dados a conocer traen buenas noticias y también grandes desafíos. La primera buena noticia es la caída en el porcentaje de población que se ubica bajo la línea de pobreza monetaria extrema y no extrema, así como bajo el punto de corte de pobreza multidimensional, alcanzando cifras inéditas (6,5% para monetaria y 16,9% para multidimensional).
Una de las conclusiones es que ella opera vía mecanismos más indirectos de lo que se creía. Así, Daron Acemoglu y James Robinson argumentan que las brechas socioeconómicas afectan negativamente el desarrollo de los países cuando se traduce en un acceso, también desigual, al poder político; este mecanismo se relaciona con la potencial captura de rentas por parte de la élite y el bloqueo de oportunidades de desarrollo para el resto de la población. La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas.
Así, el diseño mismo del sistema tributario explicaría por qué la desigualdad antes y después de impuestos y transferencias es particularmente acotada en el caso chileno. En la primera parte de esta reveladora serie sobre nuestro sistema tributario, los autores argumentaron que la forma en que recaudamos es resultado de un contrato social impuesto “que no le da un rol importante al Estado ni a la equidad”. En esta columna, sostienen que ese Estado mínimo es una decisión política para que los sectores de más altos ingresos tengan un sistema tributario que los beneficie. “Son decisiones políticas las que han transformado la globalización en desigualdad”, argumentan.
Es decir, mayores impuestos a los grupos de mayores ingresos, para una redistribución en áreas sensibles como salud, educación y pensiones, que mejoran las condiciones de vida de la población, especialmente de los grupos pobres, junto con permitirles una base desde la cual desplegar autónomamente sus proyectos vitales. Sobre esa base, la promoción de mercados laborales dinámicos y con condiciones de trabajo dignas es la otra parte basic. Tras la entrega de datos, la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete destacó las cifras, puntualizando que “estamos contentos porque Chile logró una reducción histórica de la pobreza y recuperó la senda previa a la pandemia. Ha sido un periodo difícil para el país y como Gobierno hemos respondido a los desafíos que nos impuso la recuperación publish pandemia y el alza de la inflación. No somos complacientes y tenemos un compromiso con el bienestar de las familias y el desarrollo del país, por lo que seguiremos trabajando con fuerza, implementando medidas y acciones, tal como lo hemos hecho hasta ahora, que permitan avanzar en derechos y garantías sociales, mejorando la calidad de vida de las personas”.