Una de las conclusiones es que ella opera vía mecanismos más indirectos de lo que se creía. Junto con ello, destacó que la ethical y la ética no son solo un asunto teórico de grandes pensadores, “sino que forman parte de la vida social de la gente corriente, como señala el sociólogo François Dubet en el prefacio del libro. Esto se expresa en las redes sociales, donde las personas se conocen, hablan entre ellas e intensifican sus puntos de vista comunes sobre problemas como el medio ambiente, los derechos de las mujeres y de minorías sexuales.
La disaster de la salud pública y el movimiento de la salud colectiva en Latinoamérica. El video entrega recomendaciones a la familia para estimular el desarrollo de la lectura y escritura en niños y niñas de 3 a 5 años. Cada 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, con el objetivo de abordar desigualdades y trabajar hacia un mundo más equitativo y justo para todas y todos. Más que una revisión sistemática, se trata de una discusión orientada a contribuir al debate público en torno a las dimensiones materiales, simbólicas y subjetivas de la desigualdad, mencionando algunos mecanismos que permiten comprender su relación con la salud psychological. Finalmente, los argumentos utilitaristas de Milton Friedman para preferir un sistema de mercado por sobre sus alternativas socialistas van en la misma dirección.
Es decir, la necesidad del sistema de justicia civil es considerablemente alto. El primer tipo de desafíos es expresión de diferentes teorías éticas y metaéticas y cube relación con las condiciones de posibilidad que deben concurrir para que un conjunto de principios o normas éticas sirvan como reglas de comportamiento particular person y colectivo. Ello ocurre, por ejemplo, en decisiones médicas de trasplantes de órganos, en problemas teóricos como el Trolley drawback o el dilema del prisionero y en problemas de racionalidad colectiva como la posición originaria de la teoría de la justicia de John Rawls, por mencionar algunos casos. Reflexionando sobre la justicia social hoy, evoco la marcha masiva del 25 de octubre de 2019, un momento en el que la ciudadanía expresó las profundas preocupaciones derivadas de las persistentes deudas sociales en nuestra población.
Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo. Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. “Durante la pandemia, la vivienda se ha convertido en la primera línea de defensa de las familias. Es el refugio para cuidar la salud y evitar la propagación del virus en las comunidades”, declaró la directora de Operaciones de Hábitat para la Humanidad de América Latina y el Caribe, María Teresa Morales. El acceso a la vivienda digna es esencial y la sociedad, especialmente en Chile, debe avanzar en garantizar este derecho. Se observa que existen diferentes ideas globalización y desigualdad social sobre si es justo que las personas que han cotizado más reciban también una pensión más alta y a la inversa, una pensión más baja quienes han cotizado menos.
El sistema colapsa todos los inviernos debido a las enfermedades respiratorias y no queremos imaginarnos lo que será agregando a esto el coronavirus. Sin embargo, más de cuatro años después de aquella protesta, es legítimo cuestionarnos cuánto hemos progresado en la resolución de estas deudas sociales y en la realización de la justicia social prometida. Parece que aún estamos lejos de lograr una verdadera equidad y justicia social. Chile ha sido un país de muchas diferencias sociales a lo largo de toda su historia.
En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de 0.48 en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor. A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas.
La violencia policial que habíamos denunciado reiteradamente, se volvió generalizada, dejando personas muertas, torturadas y mutiladas en el camino. Se puso en duda, como nunca, la protección de los llamados derechos civiles y políticos. En este contexto, creo que la exclusión y la desigualdad que experimentan las personas en el sistema de justicia civil son razones suficientemente fuertes como para reactivar la reforma y hacerlo en serio.
Y en ese sentido, se hace referencia a una encuesta de Activa Research del mismo año, donde un 78% de las personas consultadas manifiestan que, para superar la crisis, se deben escuchar las demandas ciudadanas; y un fifty six,1% expresa que, para ello, se deben reconocer los problemas de desigualdad social. Es decir, más de la mitad de las personas encuestadas manifiestan que la superación de la crisis social pasa por reconocer que existen problemas de desigualdad. En nuestro país se han llevado a cabo dos de estos estudios, en 2015 y en 2020, y una comparación de sus resultados nos permite sacar algunas conclusiones importantes. Por ejemplo, la prevalencia de las necesidades jurídicas es alta en ambos estudios, reportándose entre 43% y 46% en 2015, y en 76% para el 2020.
Éramos un país donde nuestra libreta de ahorro emocional y de confianza se había agotado. Ciertamente hay muchos otros aspectos a considerar, si se tiene en cuenta la devaluación de la institucionalidad política, el empoderamiento de las comunidades y los cambios que trae consigo la automatización del empleo y la revolución digital. Es tarea de todos contribuir a superar los obstáculos y aspirar a un país más justo, próspero y solidario.
La desigualdad social tiene gran influencia sobre la calidad de vida, ya que, dependiendo de la crianza y la experiencia de primera infancia, ello prepara para obtener mejores resultados dentro del sistema educativo formal, así como para la vida private y profesional. Hace casi dos décadas, las Naciones Unidas establecieron el Día Mundial de la Justicia Social, reconociendo la necesidad continua de erradicar la pobreza, fomentar el empleo pleno y trabajo decente, promover la igualdad de género y asegurar el acceso equitativo al bienestar y la justicia social para todos. Se entendió entonces que el desarrollo social y la justicia son pilares fundamentales para la paz y la seguridad a nivel global, y que estos ideales solo pueden alcanzarse si se respetan plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado outline la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Por tanto, la sociedad tiene responsabilidad en que todos tengan una vida digna.
La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). Esto no se traduce en una situación generalizada de precariedad, porque hay más fuentes de ingresos. También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado.
Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo. Aunque la pobreza ha disminuido en el país, la distancia entre ricos y pobres sigue siendo indigencia en estados unidos muy importante. Tanto es así, que un estudio del Banco Mundial indica que un tercio del ingreso generado por la economía chilena en 2013 fue captado por el 1% más rico. Por ello, es relevante considerar este aspecto como una verdadera traba al desarrollo, cuando se bloquean las oportunidades y se traduce en un acceso poco equitativo al poder político y económico.
Para la dirigente, este escaso presupuesto asignado demuestra la falta de preocupación por los pobres y su posibilidad de ejercer sus derechos. “Esto construye desigualdad en el ejercicio de derechos y no se trata de una situación excepcional en la vida de las personas, sino que tan cotidianas como la pensión de alimentos o el reclamar el pago de remuneraciones adeudadas”, enfatizó. El gobierno del Presidente Gabriel Boric Font ha establecido como uno de sus principios centrales, fundar las bases de un gobierno feminista. Esto quiere decir que las necesidades diferenciadas de toda la población están en primera línea estratégica y son tomadas en consideración en todas las decisiones del Estado. Este artículo tiene por objetivo describir algunas de las principales líneas de investigación y reflexión en torno a la relación entre desigualdad y salud psychological.