En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para conformar un nuevo sistema nacional de educación pública. En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado. Estas reformas incluyen establecer altos requisitos de ingreso y nueva acreditación para programas de formación docente, proporcionar un año de tutoría para cada maestro/a entrante con pago adicional para mentores y aprendices, y crear un sistema de desarrollo profesional para la promoción profesional a largo plazo. El ausentismo y deserción escolar implican pérdidas de oportunidades duraderas y prolongadas, que afectan el desarrollo y el aprovechamiento de las oportunidades educativas, otro issue contribuyente a la desigualdad.
Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan. Actualmente, en el país se vive un contexto de crisis social agravado por la pandemia del Covid-19, en el que se ha evidenciado la indignación del pueblo chileno en torno a las desigualdades y la falta de seguridad y derechos sociales universales. Ante tales demandas, la elite empresarial y otros sectores políticos se han resistido a participar de una reflexión con otros actores sociales (Pelfini, Riveros y Aguilar 2020). En este escenario, la mirada moralizadora de la pobreza es una ‘piedra de tope’ para una revisión profunda de las causas del malestar chileno. Esto se debe a que la mirada moralizadora, al centrarse en los hábitos y valores de individuos y sus familias, permite hacer ‘vista gorda’ a explicaciones sociales y estructurales de la pobreza.
Mi intención, mucho más modesta, es presentar algunos elementos de juicio a partir de lo que el análisis económico ha dicho sobre este fenómeno. Frente al argumento de que un impuesto a la riqueza provoca una salida de capitales hacia otros países en los que los inversores pueden conseguir mejores rentabilidades, el economista señala que las personas de alto patrimonio prefieren un país estable, en vez de arriesgarse a buscar retornos en países con ventajas tributarias, pero baja calificación de riesgo. En Chile y Latinoamérica hay niveles más altos de concentración de la riqueza porque en algunos sectores son muy pocos los actores competitivos, cube Luis Felipe López-Calva, director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En el grupo de los ultrarricos del Chile actual hallamos el caso de Julio Ponce Lerou, el exyerno de Pinochet que se convirtió en el mayor accionista de la empresa SQM (Soquimich), una de las mayores productoras de fertilizantes, yodo y litio a nivel world, tras la privatización de la firma. Los economistas dicen que la brecha de riqueza en la sociedad estadounidense es ahora la mayor desde la Edad Dorada de finales del siglo XIX, cuando el 10% más rico poseía aproximadamente las tres cuartas partes de la riqueza de la nación, y el 40% inferior prácticamente no tenía nada. William Darity, profesor de política pública en la Universidad de Duke, dijo que es “absurdo” pensar que una mayor riqueza para los ricos se traduce en mejores fortunas para todos los demás.
A la pretensión de querer hablar en nombre de todos, de la colectividad, de la masa de seres humanos, pero olvidando relacionarse con el individuo concreto. Los avances en cuanto a la reducción de la pobreza han sido notables en las últimas décadas. El mundo logró la meta del primer objetivo de desarrollo del milenio (ODM) de disminuir a la mitad para 2015 la tasa de pobreza registrada en 1990, y lo consiguió en 2010, cinco años antes de la fecha prevista. Pero pese a este logro, la cantidad de personas que vive en condiciones de pobreza extrema en el mundo sigue siendo inaceptablemente elevada. De acuerdo con las estimaciones más recientes, el 17% de la población del mundo en desarrollo vivía con menos de US$1,25 al día en 2011, cifra inferior al 43% de 1990 y al 52% de 19811. Los Estados Partes que aceptaron las normas de la Convención deben convertir estas normas en una realidad para todas las niñas y niños en sus respectivos ordenamientos jurídicos de manera que no puedan contravenir o impedir el disfrute de estos derechos.
La propuesta de constitucionalización de la subsidiariedad me recordó esta segunda cara del malthusianismo. El recelo hacia lo estatal; la exaltación de las libertades, de las responsabilidades individuales (el trabajo, el mérito y el éxito individual) y de la cooperación (inter)individual y grupal, son distintivas de ella. ¿Para qué robustecer al Estado si es un elefante mientras que el mercado es ágil como una gacela? Es importante que el gobierno use los datos existentes sobre los rendimientos escolares para hacer una conclusión informada de cómo mejorar el sistema educativo. Y continúan su explicación enumerando los factores intraescolares como el pobre rendimiento académico, la repitencia, el ausentismo y los problemas disciplinarios o conductuales que se asocian con mayores probabilidades de abandono escolar según la amplia evidencia empírica existente.
Por eso, hay necesidad de aumentar la educación en los sectores en crecimiento como la tecnológica y habilidades sociales específicas adaptables al mundo que actualmente se necesita movilidad ocupacional. La desigualdad educativa es provocada por las diferencias en las oportunidades formativas que afectan las condiciones de vida a futuro. La educación es un derecho, pero no todas las personas tienen el mismo acceso a la misma calidad. Si la riqueza del país sube por igual, todos serán más ricos, de manera que habrá más individuos cuyo ingreso supere el umbral y, por esa razón, habrá menos delincuencia. Pero si el ingreso de los más ricos aumenta en mayor proporción que el de los más pobres, el valor esperado de la delincuencia se incrementa, pues aumentará el botín, es decir, el ingreso de los más ricos, pero no así el de los más pobres, haciendo más atractivas las actividades ilícitas. Como lo hemos mencionado anteriormente, el problema basic de la economía es que se ha ligado a la política y no a la ética, a la razón abstracta del yo y no a la escucha humilde del otro.
Deja una respuesta