También mutó desde una causa de indignación política y moral a un objeto de estudio de expertos. Misma situación deberíamos analizar en los programas presidenciales, ya que, de acuerdo con lo que la OCDE outline como “rural”, al menos el 30% de los chilenos y chilenas habita en ese tipo de territorios. Pese a ello, muchas veces no aparecen propuestas para esos espacios y menos aún una estrategia clara de desarrollo que se haga cargo de su importancia para la seguridad alimentaria, mientras nos encontramos en plena adaptabilidad al cambio climático.
Si en 1992 había 22,three mayores por cada one hundred menores de 15 años, en 2017 el número subió a fifty six,8 mayores por cada 100 menores de 15 años. La población en Chile está envejeciendo aceleradamente, porque si bien sigue creciendo, cada vez lo hace de forma más lenta. En el Censo 1992, 6,6% de las personas tenía 65 años y más, pero en el Censo 2017 este grupo etario representó eleven,4%. – Abogar por el Derecho a la Ciudad, para todos los habitantes sin excepción, esto quiere decir acceso al agua y saneamiento, acceso a los servicios varios y al equipamiento comunitario (salud, educación, esparcimiento, deportes, áreas verdes, etc.). Los gobiernos locales deben aprovechar los recursos existentes y generar nuevos, para responder a las deficiencias en la prestación de servicios y la adaptación de infraestructura básica. Estos se asientan en donde les es posible, en terrenos anegadizo o desmoronables, zonas desbordantes de desechos industriales y otros.
Como se ha mencionado, los impactos del cambio climático y la vulnerabilidad de las comunidades varían ampliamente, aunque se sabe con certeza que el cambio climático actuará sinérgicamente con las debilidades existentes. De esta manera, el cambio climático, según la localización geográfica, reducirá la disponibilidad del agua, afectando la salud y ampliando la distribución de vectores. Asimismo, los hogares se verán afectados por inundaciones y se pondrá en peligro la seguridad alimentaria. A nivel de regiones, las mayores tasas de pobreza multidimensional corresponden a las regiones de Tarapacá (23,8%), Atacama (20,3%), La Araucanía (19,8%) y Los Lagos (19,7%).
Hay que recordar que el PIB del Distrito Federal representa alrededor del 20% del PIB nacional. Estos riesgos se ven agravados por las condiciones de vida de hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada y de servicios, viviendas insalubres, nutrición inadecuada y mala salud. La acumulación y hacinamiento de poblaciones por debajo de la línea de la pobreza, que se asienta en los suelos marginales y contaminados de las ciudades desborda totalmente los recursos socio-económicos disponibles. “El derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Se entiende como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos empobrecidos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida adecuado”.
Por otro lado lo hacen en condiciones extremas de precariedad las que sucumben a los desastres naturales de manera inmediata. Actualmente en América Latina el 77% de la población se asienta en las ciudades y este número se ve incrementado exponencialmente con los refugiados climáticos. Nuestras ciudades y su equipamiento no están preparadas para soportar semejante masa poblacional sin recursos y producto de algún desastre climático, haciéndola susceptible ante cualquier inclemencia. El cambio climático, ha producido desajustes en el clima de todo el mundo. En teoría, son debidos tanto a causas naturales, como antropogénicas. Sus causas son unos gases tóxicos que emanan cierto tipo de producciones y quema de combustibles, estos se asientan en la atmosfera haciéndola más compacta y no permitiendo la renovación del aire, produciendo así el llamado efecto invernadero.
Los shocks macroeconómicos se transmiten a los hogares pobres urbanos a través del mercado laboral, siendo el desempleo en América Latina particularmente urbano (15% promedio en áreas urbanas versus 3% en zonas rurales). Es importante destacar que las áreas urbanas de la región se caracterizan por una heterogeneidad de situaciones en el nivel de ocupación y de desempleo de los sectores de escasos recursos, por país, y por género (Banco Mundial, 2004). Los hogares pobres urbanos se comparten muchas situaciones con sus contrapartes rurales. Sin embargo, se asocian matices específicos a tanto áreas urbanas como áreas rurales.
En cambio, se redujo la participación del empleo tanto en las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas como en el sector público (CEPAL, 2005). La formación de asentamientos precarios en grandes ciudades ha reforzado los procesos de exclusión urbana y social, ha estimulado los conflictos en el uso del suelo en los planes de desarrollo urbano y ha obstaculizado los procesos de mejoramiento. La exclusión a menudo no se limita al acceso a los beneficios que la ciudad ofrece, sino también a la participación en las decisiones que afectan a la ciudad. El problema más generalizado que se observa entre los hogares pobres es la falta de acceso al saneamiento, seguido por la incapacidad de asegurar la tenencia de la vivienda y acceder a redes de agua potable.
Las diferencias con el promedio nacional (16,9%) son estadísticamente significativas. Los índices de pobreza extrema en las zonas urbanas también se encuentran en alza, aumentando 2,1 puntos porcentuales desde el año 2017 llegando a un 4,1%, lo que quiere decir que alrededor de 800 mil personas cuentan con un ingreso por debajo del umbral de 116 mil pesos por persona. La pandemia y la disaster social han golpeado a muchas familias y hogares de nuestro país. De acuerdo a la encuesta Casen en pandemia, existe una disminución en los ingresos por trabajo de las familias en zonas urbanas, pasando de 812 mil pesos en 2017 a 776 mil pesos en 2020. Vínculos entre distintas carencias y condiciones y niveles reales de ingresos.
three El enfoque utilizado por la CEPAL para estimar la pobreza consiste en clasificar como «pobre» a una persona cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor de la «línea de pobreza» o monto mínimo necesario para satisfacer sus necesidades esenciales. Las líneas de pobreza, expresadas en la moneda de cada país, se determinan a partir del valor de una canasta de bienes y servicios, empleando el método del «costo de necesidades básicas» (CEPAL, 2007). Impulsar la creación de zonas empresariales cercanas a sectores de pobreza. Favorecer en las licitaciones públicas los servicios de los pequeños y medianos emprendimientos de propietarios de sectores de vulnerables.
Esta agenda es consistente con los principios del desarrollo sostenible, y en este sentido, abarca las dimensiones ambientales, económicas y sociales del desarrollo. El proceso de urbanización ha permitido resolver algunas de las necesidades básicas de la población pero no ha podido facilitar la eliminación o substancial reducción de la pobreza. La informalización del mercado laboral debida a la incapacidad de las economías de generar suficiente empleo formal4, se considera entre las principales causas de la pobreza urbana. El sector casual ha llegado a representar el 73% del mercado laboral urbano, especialmente en lo que se refiere a actividades de las prestaciones de servicios, que es el sector adonde se registra el mayor incremento. El desafío principal consiste en incorporar esta fuerza de trabajo en la economía formal, donde los niveles de salarios, protección social y productividad son más elevados. La insuficiencia de ingresos laborales como determinante básico de la pobreza urbana se ha abordado, en el corto plazo, en materia de diseño de programas de capacitación laboral, provisión de crédito al sector casual, programas mixtos de empleo transitorio y capacitación focalizados en grupos vulnerables (mujeres, jóvenes, adultos mayores, grupos étnicos).