La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que existe para establecer las normas mínimas que aseguren la vida, el bienestar, la protección y la libertad de los niños y niñas. Los sistemas educativos deben procurar recursos financieros y no financieros para los alumnos de menores recursos para asegurar que todos los alumnos gocen de altos niveles de aprendizaje. En adición, es igualmente importante responsabilizar a las escuelas por sus resultados académicos. Luego del breve recorrido teológico, propongo algunas reflexiones finales que quieren ser una contribución al debate en torno a las desigualdades que hieren la convivencia humana, a nivel global y native, y que demandan una urgente respuesta que nos conduzcan a una paz basada en la justicia. Vemos, pues, que la igualdad como derecho humano fundamental ha hallado “carta de ciudadanía” y un desarrollo teológico en el discurso social de la Iglesia. No es posible presentar aquí la evolución teológica y moral que ha tenido, en la enseñanza o doctrina social de la Iglesia (DSI), la comprensión del valor de la igualdad y su contracara, la desigualdad.
En Chile, el origen social – es decir, las características socioeconómicas del hogar de origen – influye significativamente en las oportunidades educativas a las que tenemos acceso. Más aún, los orígenes sociales importan tanto antes como después de la implementación de las políticas de expansión. La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas. Prácticamente en todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta la protección social, los efectos de la COVID-19 han agravado la situación de las mujeres y las niñas simplemente como consecuencia de su sexo.
Así, se puede decir que, en términos generales, los impuestos patrimoniales no son relevantes en Chile, tanto en términos de recaudación, como en progresividad o cuidado de la democracia. Evidencia reciente en Colombia sugiere que incluso en países con instituciones fiscalizadoras más débiles que las de un país desarrollado, estos impuestos pueden ser ejecutados de manera efectiva. Por cierto, estos cálculos se basan en premisas normativas que exigen definir cuánto se pondera el bienestar de cada individuo de acuerdo a su nivel de ingresos.
La caída en la progresividad de los impuestos a los más ricos es sin duda una de las explicaciones. Otras causas son el estancamiento del salario mínimo, el debilitamiento de los sindicatos, la falta de competencia, y la falta de regulación financiera, entre otros. Cualquiera sea la explicación, lo relevante es ver que la consecuencia fue una decisión política, no una tendencia inevitable. Sin embargo, estos impuestos representan una porción muy menor de la recaudación whole y, en specific al impuesto a la herencia, su diseño no permite una implementación eficiente.
Tanto es así, que un estudio del Banco Mundial indica que un tercio del ingreso generado por la economía chilena en 2013 fue captado por el 1% más rico. Por ello, es relevante considerar este aspecto como una verdadera traba al desarrollo, cuando se bloquean las oportunidades y se traduce en un acceso poco equitativo al poder político y económico. Según un estudio del COES (2018), la mayor cantidad de conflictos sociales por habitante se producen en las regiones donde el índice de desigualdad es igual o superior al promedio nacional. Según el cálculo exploratorio propuesto por los autores, y considerando el carácter multidimensional de los orígenes del conflicto social, “reducir la desigualdad de Chile de zero,49 a 0,43 (GINI) podría significar una reducción de cerca de 18% en los conflictos a nivel nacional”.
La desigualdad, sobre todo aquella que hiere la convivencia humana, no es un problema que inquieta solo a la sociedad chilena. Preocupa en el mundo entero y ha sido objeto de atención tanto desde el ámbito político, el académico y el eclesial. Obviamente, dada la complejidad de la cuestión aquí abordada, de las distintas aproximaciones disciplinares e ideológicas en juego, el esfuerzo aquí realizado no puede ser sino limitado. Por otra parte, dado el contexto en el que se ha agudizado la discusión sobre las desigualdades, el vínculo con la violencia no puede ser soslayado. Primero, los percentiles de mayores ingresos concentran una parte sustantiva de los ingresos. Por ejemplo, como detallamos más abajo, en Chile el 10% más rico se apropia de más de la mitad de los ingresos totales.
Al mismo tiempo, las desigualdades sociales, políticas y económicas han amplificado los efectos de la pandemia. La disaster también tiene el potencial de aumentar la presión política a favor de un cambio más progresivo. Si la flexibilización cuantitativa logra mantener a flote las economías y los avances médicos nos permiten contener el virus, podemos presenciar el regreso a alguna versión de los negocios como de costumbre, con todas las desigualdades arraigadas que esto conlleva. Pero si la crisis resulta ser más prolongada, si conduce a una depresión global o si las vacunas se retrasan mucho, la miseria in style y el descontento podrían llegar a niveles tales que las decisiones políticas más radicales se vuelvan más atractivas o incluso inevitables. Esto podría incluir intervenciones tales como nacionalizaciones de industrias privadas, esquemas de ingresos básicos universales y una tributación más alta y progresiva de los ricos.
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