precariedad, porque hay más fuentes de ingresos. También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado. Hombres y mujeres pueden compartir las mismas condiciones de vida, pero éstas pueden afectarlos de manera diferente y llegar a priorizar soluciones distintas de acuerdo a sus roles y responsabilidades. Por ejemplo, las disaster económicas, la migración masculina y el incremento en el número de hogares cuyos jefes son mujeres, son factores que, si bien afectan al sector rural en su conjunto, han golpeado de manera más directa a las mujeres, al punto que se habla de una creciente feminización de la pobreza y de la agricultura.
Las personas de mayores ingresos ahorran más, y por lo tanto el consumo representa una menor proporción de sus ingresos comparado con las personas de menores ingresos. Segundo, mientras que la elite económica parece ser totalmente dogmática, ya que se niega a que el Estado se haga cargo en cualquiera de los ámbitos consultados; la ciudadanía, en cambio, tiene un juicio más reflexivo y pragmático, apoyando mayoritariamente la acción del Estado en algunos ámbitos y minoritariamente en otros. Por ejemplo, respalda fuertemente un rol en salud y educación, pero no así en el caso de las telecomunicaciones. Esta comparación contrasta con el discurso de la –poco pluralista– prensa chilena, que suele poner las demandas de la ciudadanía como un ejemplo de irracionalidad, mientras que sitúa el pensamiento empresarial como ejemplo de cordura y pragmatismo. Otra crítica que ha recibido este objetivo tiene que ver con que no cuenta con un organismo temático o institución a nivel internacional para dirigir acciones en pro de este mismo, como tampoco para financiarlo ( Donald, 2017).
Otro indicador de desigualdad es el índice10/10, que expresa el ingreso del 10% más rico en función del 10% más pobre de la población. Para ello, la (Tabla 2) presenta el promedio del ingreso autónomo del hogar (ver definición en Anexo E) por deciles, de acuerdo a la Encuesta CASEN de 2015. Observando los extremos se evidencia que el 10% de los hogares de mayores ingresos son 27,2 veces más ricos que el decil de menores ingresos. El resultado es aún más abismante si consideramos los ingresos autónomos per cápita del hogar, donde la razón 10/10 aumenta a forty five,1. Lo anterior no es de extrañar, ya que como se señaló en la Sección 2, Chile es el segundo país más desigual de entre los países miembros de la OCDE.
La estrategia elegida fue la creación del sistema de becas y créditos estudiantiles, con el Fondo Solidario y el Crédito con Aval del Estado como protagonistas. Posteriormente, cuando la matrícula se acercó al millón y oferta y demanda parecían aseguras, se promulga la política de gratuidad destinada a cubrir los costos de matrícula y arancel del 60% de los/as estudiantes provenientes de los hogares más vulnerables del país. La primera declaración sobre los derechos del niño data de 1920 aprobada por la Liga de las Naciones, la cual se disolvió en 1946. Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada, organismo que hoy vela por el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, entre otros.
Si bien estas mediciones son independientes entre sí (estar en situación de pobreza por ingresos no supone, necesariamente, encontrarse en situación de pobreza multidimensional y viceversa), en conjunto, ayudan a construir un diagnóstico global en torno a la magnitud y características de los hogares y personas que se encuentran en situación de pobreza en el país. Por su parte, el Registro Social de Hogares es el sistema que reemplazó a la Ficha de Protección Social desde el 01 de enero de 2016 y tiene por objetivo apoyar la postulación y selección de beneficiarios de las instituciones y organismos del Estado que otorgan prestaciones sociales. A través de este sistema, (que considera la información aportada por una persona del hogar mayor de 18 años y los datos administrativos que posee el Estado), los hogares son ubicados en un tramo de Calificación Socioeconómica, lo que les permite postular y acceder a diferentes beneficios sociales.
Durán (2018) plantea que, al hablar de desigualdad, existen diferentes enfoques normativos sobre que entendemos por ella, así como formas de medición, incluyendo la desigualdad de riqueza, ingreso y salarios, para los cuales existen diferentes indicadores utilizados por la literatura económica. Respecto del Índice de Gini, el autor plantea que Chile ha tenido históricamente un valor elevado, con solo ocho años, de un whole de 161, con un valor bajo 0,forty five. Además, que este indicador permite analizar el impacto de las políticas fiscales, evidenciando que Chile es uno de los países de la OCDE con menor impacto, pues para el año 2003, el valor del Índice de Gini para los ingresos autónomos fue de 0,5 y al incluir transferencias y subsidios solo cae a 0,49. Si bien los valores actuales serían estarían dentro de los mejores resultados alcanzados por el país (Le Fort, 2017), del análisis histórico de Durán (2018) es posible apreciar un comportamiento cíclico de este indicador, por lo que no necesariamente existe evidencia que permita sostener que la actual reducción sea permanente en el tiempo four . Como se puede observar, las metas de este ODS contemplan los aspectos económicos, políticos y sociales, lo que va en la línea de lo planteado respecto de la multidimensionalidad de la desigualdad económica. Es decir, que esta no solo considera el tema de ingresos, sino que hay una gama amplia de particularidades a considerar para lograr reducirla.
Por último, pero no menos importante, hay que considerar que, de manera similar a lo que sucede con el tratamiento del medio ambiente, el enfoque de género es de carácter transversal y, por lo tanto, demanda modificaciones en todos los niveles de las organizaciones. Otro punto que debe ser considerado a la hora de integrar el enfoque de género en el diseño de políticas, programas y estudios, es la información con que se cuenta. Por lo basic, las estadísticas nacionales y las encuestas, así como los instrumentos de recolección y procesamiento de información, tienen el sesgo de ocultar la participación económica de algunos individuos de la sociedad. Es así com o, por lo basic, los proyectos de desarrollo no cuentan con información sobre la división de trabajo por género6. Por lo anterior, las personas que dirigen las organizaciones y toman las decisiones, muchas veces lo hacen con una visión distorsionada de la realidad.
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