Esto incluye ajustes periódicos del salario mínimo y un diálogo social efectivo para la negociación colectiva. Otras políticas pueden incluir intervenciones específicas para reducir el costo de la vida, como vales de energía para hogares de bajos ingresos o reducciones temporales en impuestos indirectos. En el caso de nuestro país, esta investigación plantea que los niveles de desigualdad se encuentran entre los más altos de la región.
Este informe, publicado el pasado 7 de diciembre, apunta que la brecha entre ricos y pobres se amplió con la irrupción de la pandemia, a tal punto que el 10% de la población más rica concentra el 52% de las rentas y el 76% de la riqueza del planeta. Hoy se informa de que el juicio por financiamiento ilegal de la política que ejecutó SQM, al distribuir dinero ilegal a políticos de todo el espectro a cambio de una ley de royalty y otros beneficios, llega a su fin. Por más de cuatro años el equipo de periodistas de CIPER desmenuzó y rastreó sus redes de complicidad, protección y corrupción. Por otra parte, la mayoría de las regiones del país presentaron bajas estadísticamente significativas respecto a la encuesta CASEN 2017, destacando La Araucanía (-5,2 pp), Los Ríos (-5,9 pp), Biobío (-4,7 pp), Los Lagos (-4,6 pp) y Metropolitana (-1 pp).
Kanbur & Wagstaf (2014) afirman que esta relación recíproca entre ambas facetas es esencial para tratar el problema de la desigualdad, por cuanto aún si se intentaran igualar las recompensas en los resultados, estos continuarían siendo dispares por las diferencias que existen ex-ante, y ocurriría lo mismo en el sentido contrario. Por lo tanto, es esencial considerar ambas dimensiones de la desigualdad, para entender a cabalidad cómo se compone y discernir qué elementos podrían estar profundizándola (Stiglitz & Doyle, 2015). La tarea urgente, por tanto, de aquellos que se reclaman estar por un mundo mejor es no claudicar, no abandonar esos objetivos, comprometerse cada día
La única serie de tiempo basada en datos tributarios (y que es una estimación conservadora porque no corrige por elusión ni evasión) muestra que la concentración del ingreso del 1% y del 10% más rico no ha caído.[5] Tanto en 1990 como en 2015, el 1% recibía cerca de un cuarto de los ingresos del país. Por su parte, el 10% más rico concentraba el 54% de los ingresos tanto en 2004 (primera fecha para la que se tiene registro) como en 2015. Este número nos sitúa en el lugar 24 en términos de desigualdad sobre el total de 159 países con datos disponibles, y nos corona como el país más desigual de la OCDE. Esta situación, a su vez, limita las posibilidades desigualdad pdf de progreso de las sociedades, ya que se pierden capacidades de generación de nuevos negocios y otras instancias de mejora del bienestar de la sociedad. Por último, la desigualdad tiende a causar situaciones de conflicto social que, a su vez, pueden derivar en consecuencias que afectan las posibilidades de desarrollo, ya sea a través de situaciones de inestabilidad política o por el tipo de políticas económicas implementadas. La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza).
Esa es la tarea que nos ha encomendado el presidente Gabriel Boric, y estamos seguros que es la que nos permitirá seguir el rumbo hacia un país más próspero, justo y sostenible. No es algo abstracto, sino algo muy concreto a lo que se enfrentan las familias que hoy viven en la incertidumbre. Necesitamos que las pensiones de quienes nos enseñaron a leer y escribir o nos atendieron en los servicios de salud aumenten ahora; que quienes requieren de atención sanitaria puedan tener acceso oportuno y de calidad, que los barrios sean espacios seguros para las familias, y que el fortalezcamos el sistema de protección social. El año pasado, varios eurodiputados propusieron una iniciativa similar para un impuesto mínimo global sobre las fortunas privadas extremas. En entrevista con DW, el experto en tributación sostiene que una mezcla equilibrada en el aumento de impuestos, como el impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, puede generar dinero adicional para las arcas del Estado. “Somos 140 millones de personas pobres y con bajos salarios”, podía leerse en muchas de las pancartas que la gente ondeaba frente al escenario, donde una procesión de líderes religiosos, sociales y activistas daban discurso tras discurso demandando “menos codicia” a las empresas y una mayor protección social de los trabajadores estadounidenses.
Sin embargo, los esfuerzos por lograr una reactivación económica no han logrado revertir las dramáticas cifras de desempleo, endeudamiento e inseguridad, a lo que se suman las dificultades para acceder a la salud, a una vivienda y el creciente deterioro de la salud psychological de la población. En coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, el BM se encuentra entregando asistencia técnica al proyecto Gestión Social Local (GSL) Esta nueva metodología para la entrega integrada de servicios y beneficios sociales en los municipios, ya se encuentra disponible en casi el 70% de las municipalidades del país. A través de una “ventanilla única”, los funcionarios disponen de los distintos programas y subsidios con que cuenta y puede acceder un beneficiario, permitiendo entregar una mejor atención social, además de aumentar la eficiencia del gasto público. También, se ha trabajado extensamente para abordar los desafíos del país en materia de agua como un elemento de desarrollo y resiliencia. Desde que Chile recibió en 1948 el primer préstamo para el desarrollo del Banco Mundial a un país fuera de Europa, ha continuado un proceso de aprendizaje conjunto para abordar los mayores desafíos del desarrollo. La apertura de la primera oficina en Santiago, en diciembre del 2017, ha permitido continuar fortaleciendo la colaboración con el país.
Por otra parte, y como también se mencionó al comienzo de este artículo, el Coeficiente de Gini es uno de los indicadores más utilizados a nivel internacional a la hora de medir la desigualdad ( Medina, 2001 ; Goubin, 2018 ) y Chile no es la excepción. Si bien se reconoce la utilidad de este índice, existen críticas al mismo, como las planteadas por Atkinson (1970 ) sobre la proporcionalidad de las transferencias, otorgando más peso a las transferencias en el centro de la dis-tribución que en las colas, lo que no necesariamente refleja los valores sociales tras un indicador de desigualdad. El autor examina también las propiedades de utilizar varianzas y la desviación relativa de la media, encontrando que cada una de ellas tiene sus propias limitaciones.
Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Ahora, si bien esta institución no ha sido nombrada oficialmente como responsable del ODS 10, sí ha resultado ser un árbitro sobre este mismo, por lo que su influencia y polí-ticas afectarán el trabajo de parte de las metas que este contiene, desafiando el resultado de este objetivo. Otra crítica que ha recibido este objetivo tiene que ver con que no cuenta con un organismo temático o institución a nivel internacional para dirigir acciones en pro de este mismo, como tampoco para financiarlo ( Donald, 2017). Por lo tanto, se corre el gran riesgo de quedar rezagado al no existir muchas herramientas a nivel internacional para abordarlo (Donald & Lusiani, 2016).
10.6 Velar por una mayor representación y voz de los países en desarrollo en la adopción de decisiones en las instituciones económicas y financieras internacionales para que estas sean más eficaces, fiables, responsables y legítimas. Estas incluyen mejorar la regulación y el control de los mercados y las instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la inversión extranjera directa para las regiones que más lo necesiten. Otro issue desigualdad social en el mundo clave para salvar esta distancia es facilitar la migración y la movilidad segura de las personas. Para frenar este aumento de las disparidades, es necesario adoptar políticas sólidas que empoderen el percentil inferior de la escala de ingresos y promuevan la inclusión económica de todos y todas, independientemente de su género, raza o etnia.
En el caso de Chile, el economista mencionó que, según el coeficiente de Gini, nuestro país se ubica en la posición 24 del rating mundial y como la nación más desigual de la OCDE; algo que, para la académica y secretaria de la Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, Paulina Cárdenas Ovalle, explica en gran medida el estallido social de 2019. Un desafío que también abordamos a nivel interno y que nos llevó a realizar el primer Diagnóstico Institucional de Género, proceso que se desarrolló entre octubre y diciembre del año pasado. Hoy, el 53% de la dotación institucional son mujeres, las que, en promedio, llevan más de una década integrando nuestra Superintendencia y aportando con su compromiso a la labor funcionaria. Una presencia que nos llena de orgullo y que se ha plasmado también en la creación del primer Comité de Género de la SP, cuya misión es trabajar en la definición, promoción e impulso de medidas para que todas las funcionarias y los funcionarios se desempeñen en un ambiente de trabajo en igualdad de condiciones, respetuoso de los derechos y diferencias. Los costos de una sociedad desigualdad, discriminadora, castigadora de las diferencias y asimétrica fueron parte de las temáticas planteadas en la charla y también en las dinámicas de trabajo grupal que forman parte de las presentaciones de Poblete. El objetivo del conferencista fue recoger la opinión de quienes asistieron al encuentro y dar cuenta de las coincidencias y también de las diferencias respecto de la necesidad de generar conciencia y educación transversalmente en las distintas esferas de la vida de una persona.
Asimismo, revela que la mediana de densidad de cotizaciones para los hombres fue de 63,4% y para las mujeres llegó a 45,3%. Estudios realizados por consultoras internacionales y por el Banco Mundial dejan al descubierto cómo el coronavirus ha contribuido a incrementar las diferencias entre hombres y mujeres, y cómo con la crisis sanitaria se han creado nuevos desafíos mundiales en materia de salud y seguridad económica. Este es el cuarto reporte anual que realiza la División de Estudios de la Superintendencia de Pensiones para hacer un zoom a la persistencia de la brecha entre mujeres y hombres tanrto en el sistema de pensiones como en el seguro de cesantía. En esta versión, además, se incorporó la evolución de distintos indicadores en el contexto de la disaster sanitaria y la disaster económica iniciadas en 2020. A su vez, los indicadores de brechas en densidades de cotización, saldos acumulados y expectativa de vida entre hombres y mujeres dan cuenta de los distintos factores que explican las brechas de género en los montos de pensión de vejez pagados, brechas que sufrieron el impacto de los retiros de fondos y las rentabilidades negativas que experimentaron los fondos en el período analizado. Según datos de 2017, Chile tiene uno de los índices más altos en desigualdad educativa entre los países de la OCDE, expresado en el índice Gini con un 0,503 .
La caída en la progresividad de los impuestos a los más ricos es sin duda una de las explicaciones. Otras causas son el estancamiento del salario mínimo, el debilitamiento de los sindicatos, la falta de competencia, y la falta de regulación financiera, entre otros. Cualquiera sea la explicación, lo relevante es ver que la consecuencia fue una decisión política, no una tendencia inevitable. Hemos visto que, en términos de recaudación de impuestos, el tamaño del Estado en Chile es pequeño y que los ingresos fiscales que recauda provienen mayoritariamente de impuestos al consumo. A lo anterior se suma que los impuestos al ingreso, además de tener una relevancia secundaria, abren espacios para elusión y evasión, haciendo que la progresividad nominal se vea seriamente mermada.[18] Además, los impuestos al patrimonio prácticamente no existen. Un sistema tributario que se toma en serio la desigualdad y la protección de la democracia debe considerar el mérito de los impuestos al patrimonio, en specific a la herencia y a la riqueza.
Esto no se traduce en una situación generalizada de precariedad, porque hay más fuentes de ingresos. También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado.
Esto generó que su elaboración no fuera fácil, al haber un gran número de voces que escuchar, con diferentes ideas, intenciones y prioridades (Martínez & Martínez, 2015; Tassara & Cecchini, 2016). Los resultados revelaron una baja del indicador de 0,509 en 2020 a 0,470 en 2022, lo que implica una reducción de la brecha entre los hogares con mayores y menores ingresos del país. Respecto a los datos por género, en 2017 la incidencia de la pobreza en mujeres fue de 9% y en hombres de eight,2%. A pesar de que estas cifras disminuyeron en 2022, la brecha se mantuvo, registrando una incidencia femenina de 6,9% y masculina de 6,1%. Desde la realidad social y las diversas investigaciones realizadas en materia de desigualdades, existe consenso en el hecho de que las brechas a las que se enfrentan los grupos históricamente postergados se ven agravadas si estos presentan una condición de discapacidad. Es así, como en cada indicador que se observe, ya sea trabajo, salario, salud, educación, entre otros, las personas con discapacidad se enfrentan a mayores dificultades que el resto de la población a lo largo de toda la vida.