La historia de las desigualdades en la región muestra patrones persistentes –indelebles, incluso- en el largo plazo, a la vez que los cambios en el entorno económico internacional y en la propia estructura social de los países introduce transformaciones que dan origen a nuevas formas y expresiones de la desigualdad. En São Paulo se implementó hace dos años el uso de cámaras de reconocimiento facial en el sistema de transporte público, con la justificación de que ayudarían a evitar el fraude en el uso de beneficios sociales asociados al transporte, como descuentos a adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad. En estos dos años el sistema ha bloqueado más de 300 mil tarjetas supuestamente usadas indebidamente, o sea, no por sus titulares. Por otra parte, la municipalidad ha anunciado la suspensión complete las tarjetas anónimas y ha implementado medidas para obligar el registro de las tarjetas con datos de identificación únicos y residenciales. Este tipo de medida puede impactar en el acceso de personas no registradas –como personas sin techo e inmigrantes– al servicio. En una ciudad de las dimensiones de São Paulo, las tarjetas que permiten la integración con descuento a distintos tipos de transporte son fundamentales para la locomoción de gran parte de la población al trabajo, escuela y actividades culturales.
En Perú el analfabetismo rural es 5.four veces superior que el urbano en ambos años, y la reducción en 10 años es insignificante, pues la tasa pasó del 19.6% al 17.9%. En Colombia el analfabetismo rural es 3.eight veces el del urbano en ambos años, pero la reducción ha sido más significativa, pues éste pasó del 18.8% al eleven.7%. En Chile el porcentaje de los que no han tenido educación básica en el sector rural es 2.6 veces el del sector urbano en 2007 y 2.three veces en 2017.
Siguiendo la tendencia al alza que se registra desde 2015 en América Latina, un 30,1% de la población de la región se encontraba bajo la línea de pobreza en 2018, mientras que un 10,7% vivía en situación de pobreza extrema, tasas que aumentarían a 30,8% y 11,5%, respectivamente, en 2019, según las proyecciones de la Cepal. El informe añade que «es necesario crecer para igualar e igualar para crecer. La superación de la pobreza en la región no exige solamente crecimiento económico; este debe estar acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales activas». En medio del estallido social que se vive en varios países de la región la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que se ha subestimado la desigualdad y llamó a construir pactos sociales para combatirla, en un escenario en el que, de acuerdo a las proyecciones del organismo, la pobreza seguirá al alza. Precisó que a 2017, más de la mitad de la población adulta (52%) de los estratos medios no había completado 12 años de escolaridad, mientras que el 36,6% tenía ocupaciones con un alto riesgo de informalidad y precariedad. Además, el forty desigualdad ricos y pobres four,7% de las personas económicamente activas de los estratos medios no están afiliados o no cotizan en un sistema de pensiones. Alicia Bárcena advirtió sobre el crecimiento de los estratos de ingresos medios en la región, que continúan experimentando diversas carencias y vulnerabilidades, tanto en relación con sus ingresos como en el ejercicio de sus derechos.
Este artículo responde a esta pregunta desde el enfoque interseccional y sus metodologías cuantitativas. Así, partimos de comprender lo subnacional como un atributo o categoría social que interactúa con el género, la etnia y la condición de ruralidad para producir variaciones en marginaciones y privilegios. A partir del análisis de la distribución en la tasa de analfabetismo o escolaridad en grupos compuestos por la intersección de estos atributos, concluimos que las brechas étnicas, de género, y urbano-rurales se agravan y atenúan en unas regiones, y que a veces estas brechas tienen importantes variaciones regionales, y otras veces no.
En Brasil, el Ministerio de Ciudadanía firmó un acuerdo con el gobierno de Salta y Microsoft para implementar un programa related. En este caso, además de la prevención del embarazo adolescente y la deserción escolar, se pretende anticipar cuestiones como la desnutrición y enfermedades en la primera infancia. Además de dudas sobre el consentimiento informado y el acceso del Estado a informaciones sensibles sobre poblaciones vulnerables, quedan sin respuesta algunas preguntas sobre qué otros usos u previsiones se pueden extraer de esos datos y cuáles los límites para su tratamiento por parte de Microsoft y los gobiernos involucrados en el programa. La implementación de programas que condicionan el acceso a servicios básicos a la vigilancia estatal y privada ejemplifican de manera clara no solamente el hecho de que las tecnologías no son neutras, sino que impactan de forma diferenciada a distintos grupos humanos, de acuerdo a su género, al colour de su piel y a su clase social. 9 Por eso mismo, y por limitaciones formales, no se despliegan los nombres de los municipios en los gráficos, aunque pueden derivarse del cuadro 2. Con todo, más que un análisis caso a caso, los gráficos permiten una apreciación de la relación entre nivel socioeconómico del municipio y su atractivo como destino para conmutantes (que desde un punto de vista más económico significa atractivo para la localización de puestos de trabajo o empleos).
El sistema se basa en el procesamiento estadístico de grandes cantidades de datos provenientes de organismos públicos para calificar a la población menor de 18 años, ordenando a las personas según su probabilidad de sufrir vulneraciones. Cabe señalar que Salta fue la última provincia argentina que dejó de impartir educación religiosa en las escuelas públicas después de un fallo de la Corte Suprema, reconociendo la existencia de violaciones a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, así como a la privacidad de los ciudadanos y ciudadanas. El uso tecnológico descrito no es sino expresión de problemas más amplios para comprender los ámbitos de autonomía y privacidad de las personas, con un propósito político. Aprovechándose de las deficiencias de nuestros sistemas legales y explotando sus áreas grises, la industria ha impulsado agresivamente un tecnosolucionismo chauvinista, abrazado irresponsablemente por una clase política con ganas de figurar a la sombra de una concept tristemente reducida de progreso.
Sociedades más desiguales tienen más probabilidades de padecer inestabilidades sociopolíticas. En los años previos a la pandemia América Latina había conseguido reducir estos índices. La pobreza había pasado de afectar al 45,2% de la población en 2001, al 30,3% en 2019. Ahora, con la covid-19, el número de pobres aumentará en 28,7 millones de personas, hasta alcanzar la cifra de 214,4 millones de pobres en la región. A su vez, la pobreza extrema afectará a 15,9 millones más, sumando en whole 83,four millones de personas. Más aún, después del boom económico la tasa de pobreza en Latinoamérica pasó de 28% en 2014 a 31% el año pasado, según datos de la Cepal.
Así, el negocio se transforma en la promesa de un beneficio acotado, que se consigue a costa de los derechos de quienes no tienen más opción que someterse al escrutinio constante, a la vigilancia, al management, a la discriminación. Hablar de desigualdad en América Latina es hablar de la ponderación que se hace entre los derechos de quienes pueden acceder a otras posibilidades y quienes no. El panorama que nos ofrecen los gráficos de la serie 3a a 3d ratifica algunos hallazgos previos y aporta evidencia complementaria y novedosa que se aparta de lo antes visto. Ratifica, por ejemplo, la dificultad de comparar las ciudades brasileñas con las otras dos, por cuanto los municipios centrales de Rio de Janeiro y de Sao Paulo funcionan a la vez como residencia y lugar de trabajo por su amplitud geográfica (gráficos 3a y 3d).
En términos políticos ha estado en permanente conflicto armado y con un amplio historial de gobiernos militares. En el contexto de la guerra fría, en la década del año 1980, el país se convirtió en una importante zona estratégico-militar para los EEUU, generando serios conflictos internos. La pandemia habrá ocasionado el cierre del 2,7 millones de empresas latinoamericanas, es decir el 19% del total de las empresas. Pero las medidas de distanciamiento social y las limitaciones a la movilidad han afectado de forma desigual a las actividades económicas. En la ocasión, el Dr. Castillo señaló que América Latina es la región más desigual del mundo y que “la trampa no reside en la pobreza sino en la desigualdad como sistema inequitativo”.
El mayor responsable de la diferencia entre las regiones es la composición urbano-rural y en segunda medida la étnica. En Perú no parece que la región interactúe con las características de las personas para producir efectos diferenciados en el acceso a la educación más básica. En suma, los debates sobre las formas que adopta la segregación residencial metropolitana deben considerar el mercado de trabajo de las ciudades en su faceta territorial. Y claramente son necesarios mayores esfuerzos de investigación empírica para indagar en los vínculos entre el funcionamiento espacial de los mercados de trabajo, las modalidades emergentes de crecimiento físico y demográfico metropolitano, y los patrones de localización de infraestructura y dependencias públicas y privadas.
La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas. Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado define la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Entre 1930 y 1970, hubo una moderación del fenómeno en el contexto de una creciente democratización del país, revertida durante la dictadura militar, cuando grandes transformaciones domésticas y de la economía mundial generaron innovaciones tecnológicas y de otro tipo que impactaron sobre la desigualdad de ingresos. En Chile no se pudo realizar el análisis de la variable analfabetismo porque el Censo de 2017 no preguntó a los chilenos si sabían leer y escribir. Para subsanar esta dificultad tomamos la decisión de calcular el porcentaje de personas mayores de 15 años con four desigualdad social en pandemia años o menos de escolaridad, ya que el primer ciclo de educación básica en Chile consiste en cuatro años. La descomposición Oaxaca-Blinder nos permite darles cabida a ambas inclinaciones teóricas.
Para el logro de un desarrollo sostenido en el tiempo y cuyos frutos se distribuyan equitativamente es preciso poner fin a la inercia en la transmisión de desigualdades que se produce como consecuencia del estrecho vínculo existente entre el hogar de origen, el sistema educativo y el mercado laboral. Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional. Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–. Es muy possible que la causalidad opere en ambas direcciones, puesto que una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen. En este país el 86% (2007) y 91% (2017) de la diferencia en las tasas de analfabetismo entre la Costa y la Sierra se deben a diferencias composicionales. En otras palabras, si la Sierra tuviera la misma proporción de jóvenes, habitantes urbanos, mestizos y hombres que la Costa, su tasa de analfabetismo sería casi igual.