Ahora bien, la desigualdad de oportunidades es la faceta ex-ante del problema en cuestión. Esta implica el punto de partida sobre el cual las circunstancias particulares de una persona o población limitan de una u otra forma la libertad que poseen de elegir o de alcanzar ciertos objetivos ( Roemer, 1998 a; Kanbur & Wagstaff, 2014; Alfonso et al., 2015; Stiglitz & Doyle, 2015). Aquí, las coyunturas individuales definen, en parte, el alcance de lograr ciertos objetivos propuestos, como, por ejemplo, el género, contexto acquainted, acceso a la salud, a la educación, entre otros. Es decir, que si existiera igualdad de oportunidades para todos los individuos o países, el resultado de sus metas dependería únicamente del esfuerzo ejercido para lograrlas ( Roemer, 1998 b; Kanbur & Wagstaff, 2014; Atkinson, 2015).
Sin embargo, las propias desigualdades también pueden dar lugar a la estigmatización y la discriminación. Por lo tanto, al tratar de reducir las desigualdades, es elementary abordar la discriminación. Los miembros de las poblaciones clave son a menudo discriminados, estigmatizados y, en muchos casos, criminalizados y señalados por las fuerzas del orden. Estudios recientes han demostrado que esta discriminación social y estructural da lugar a importantes desigualdades en el acceso a la justicia y en los resultados relacionados con la salud. La desigualdad social es un concepto que se refiere a la distribución desigual de recursos, oportunidades y poder dentro de una sociedad.
Como se ve en la Tabla 2, no todas las metas son cuantificables y, por consiguiente, de difícil monitoreo sin los indicadores adecuados. Por ejemplo, la meta 10.2 sobre promover la inclusión, tiene como indicador “Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad”. En este sentido, este indicador podría dar luces sobre la inclusión económica de las personas, pero no así de los aspectos sociales o políticos. O bien, la meta 10.3 que busca garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, tiene como indicador la “proporción de la población que declara haberse sentido personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses por motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos”. Aquí, por ejemplo, existe la limitante de la subjetividad, es decir, que el sentimiento de discriminación por motivos prohibidos por el derecho internacional implica que la población está consciente de todos sus derechos y que puede reconocer fácil-mente cuando sufre algún tipo de exclusión.
Según el estudio, que establece las medias de carbono a unas cinco toneladas per cápita, muestra que en el país el 50% la población emite menos de dos toneladas per cápita, mientras que las emisiones del 10% más rico de la población son más de 10 veces superiores. “Estos niveles de desigualdad son significativamente más altos que en Brasil (donde el 10% superior de la población emite ocho veces más que el 50% inferior) y comparables con China (12)”, alerta el estudio. La desigualdad económica es un fenómeno persistente que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, y su impacto en la economía de una nación es de suma importancia. No se trata simplemente de un problema social o político, sino que también tiene implicaciones económicas significativas. Según el dominio, aunque en las cabeceras la pobreza monetaria aumentó de 32,3% en 2019 a 37.8% en 2021, estuvo por debajo de los niveles de pobreza monetaria de los centros poblados y rural disperso (47.5% en 2019 y 44.6% en 2021), con una diferencia de 15.2 p.p. La informalidad laboral que prima en lo rural, entre otros factores estructurales, impiden que los ingresos de los pobladores rurales les permitan cubrir sus necesidades insatisfechas, más si son pequeños productores.
La desigualdad económica es el distinto reparto de los ingresos, los activos o el bienestar entre el conjunto de habitantes, según explica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2018). Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento. Y afirma la necesidad de una distribución que garantice la independencia y la voz de todos.
La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero. El décimo objetivo de los Objetivos de desarrollo sostenible propone reducir la desigualdad en y entre los países. Aunque se han realizado avances en el mundo para erradicar la pobreza, la desigualdad económica sigue existiendo. En este sentido, la realidad de las manifestaciones sociales en Chile motivaron la hipótesis de este trabajo, ya que el descontento social ha dejado en evidencia las grandes faltas que existen en el país respecto de la dimensión ex-ante, lo que podría implicar, al menos, una falta de trabajo desde esta perspectiva.
diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas. Así, estas movilizaciones continuaron hasta el Estallido Social del año 2019, don-de los/as chilenos/as se tomaron las calles debido a un malestar generalizado, entre otras causas, por la desigualdad del país, desigualdad social en la economia demandando un cambio profundo en este, el cual logró un acuerdo para cambiar la constitución que rige a Chile ( Güell, 2019 ). Luego de haber adoptado la Agenda 2030 en el año 2015, Chile decidió crear el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
En este último caso, el motivo principal de esta divergencia, es por el crecimiento económico de un país, la forma de medirlo es utilizando datos del producto interno bruto (PIB), siendo este un indicador indispensable para poder comparar a los países. La promoción de la movilidad social requiere políticas que reduzcan la desigualdad y brinden igualdad desigualdad social resumen de oportunidades a todos los ciudadanos, independientemente de su origen socioeconómico. Esto implica asegurar un acceso equitativo a una educación de calidad, políticas de discriminación positiva que ayuden a cerrar las brechas sociales y económicas, y la implementación de programas de apoyo para aquellos que enfrentan desventajas estructurales.
La concentración de la riqueza en manos de unos pocos puede limitar el acceso a oportunidades y recursos para la mayoría de la población, lo que a su vez puede generar tensiones y conflictos sociales. La desigualdad social y económica tiene profundas ramificaciones que impactan tanto en la sociedad como en la economía. Estas consecuencias se manifiestan en diversos aspectos, desde el acceso desigual a la educación y la atención médica, hasta la falta de oportunidades económicas para ciertos grupos de la población. Además, la desigualdad económica puede generar tensiones sociales y políticas, ya que las personas que se sienten excluidas del sistema económico pueden protestar, manifestarse o incluso recurrir a la violencia. Este tipo de conflictos socava la estabilidad y el desarrollo sostenible de las comunidades.
El Informe sobre la Desigualdad Global 2018 del Laboratorio sobre la Desigualdad Global nos explica cómo la desigualdad económica está vinculada a esta cuestión. Esto provoca que las empresas puedan subcontratar a su private en otras regiones, como los países en desarrollo, y demanden perfiles poco cualificados. Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio.
Sin embargo, al analizar la asignación de recursos per cápita en relación con los porcentajes promedio de NBI por región, se encontró una mejor congruencia entre la asignación de recursos y los NBI. Los análisis traen a colación dos reflexiones, por un lado, la inversión en infraestructura educativa en Colombia, específicamente, la asignación de recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) y la asignación de recursos para alimentación escolar en el año 2022. La gran mayoría de ellas tiene escasa formación y no cuenta con otras opciones de supervivencia, lo cual les obliga a aceptar las condiciones deplorables que les ofrecen las empresas que se dedican a la explotación de este recurso. Un ejemplo claro de esto son los llamados paraísos fiscales que permiten la evasión fiscal especialmente de personas involucradas en actividades ilícitas. De igual forma cuando los trámites legales de cualquier índole marcan una diferencia entre grupos, por ejemplo, hacia extranjeros o refugiados en una nación. Generalmente, quienes hacen vida en los territorios menos desarrollados puede tener un impacto negativo en distintas áreas de su vida.
En la antigüedad existían importantes diferencias entre diferentes civilizaciones y es complicado dar afirmaciones generales. En las modernas sociedades postindustriales occidentales, la desigualdad tradicional ha disminuido, en parte debido a factores materiales y organizativos[23] y en parte también debido a las luchas del movimiento feminista. La amplia difusión de feminismo también ha conllevado una liberación psicológica de las mujeres, y en la actualidad muchos hombres tienen posiciones favorables a muchos aspectos de la lucha feminista. Las formas más extremas de la desigualdad social toman la forma de opresión en distintos aspectos.