Adicionalmente, se provee acceso a actividades extracurriculares en áreas de ciencias desde la robótica, artes desde la creación cinematográfica y al desarrollo socioemocional de forma específica y transversal en cada programa. En este contexto los trabajadores, que no son propietarios de los activos, no tienen incentivos para comportarse de forma que la productividad aumente, pues estos comportamientos son difíciles de monitorear y, por lo tanto, que se lleven a cabo o no depende en parte importante de la motivación intrínseca. En specific, estos comportamientos tienen que ver con el trabajo duro, la mantención del capital físico, la disposición a asumir riesgos, la adquisición y uso de conocimiento y otros similares. De esta manera, la elevada concentración de la propiedad de los bienes de capital es ineficiente. Por esta razón, por años se ha planteado como un gran objetivo para el país disminuir la inequidad de ingresos y se ha intentado implementar diversas políticas para cumplir esta meta, como las actuales reformas, las que han sido foco de críticas porque atentarían contra el crecimiento económico. La naturalización, la culpabilización y la victimización constituyen tres formas difusas de percepción de la pobreza e inevitablemente presentes en todas las sociedades.
Por eso, hay necesidad de aumentar la educación en los sectores en crecimiento como la tecnológica y habilidades sociales específicas adaptables al mundo que actualmente se necesita movilidad ocupacional. La desigualdad educativa es provocada por las diferencias en las oportunidades formativas que afectan las condiciones de vida a futuro. La educación es un derecho, pero no todas las personas tienen el mismo acceso a la misma calidad. Si la riqueza del país sube por igual, todos serán más ricos, de manera que habrá más individuos cuyo ingreso supere el umbral y, por esa razón, habrá menos delincuencia. Pero si el ingreso de los más ricos aumenta en mayor proporción que el de los más pobres, el valor esperado de la delincuencia se incrementa, pues aumentará el botín, es decir, el ingreso de los más ricos, pero no así el de los más pobres, haciendo más atractivas las actividades ilícitas. Como lo hemos mencionado anteriormente, el problema fundamental de la economía es que se ha ligado a la política y no a la ética, a la razón abstracta del yo y no a la escucha humilde del otro.
En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para conformar un nuevo sistema nacional de educación pública. En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado. Estas reformas incluyen establecer altos requisitos de ingreso y nueva acreditación para programas de formación docente, proporcionar un año de tutoría para cada maestro/a entrante con pago adicional para mentores y aprendices, y crear un sistema de desarrollo profesional para la promoción profesional a largo plazo. El ausentismo y deserción escolar implican pérdidas de oportunidades duraderas y prolongadas, que afectan el desarrollo y el aprovechamiento de las oportunidades educativas, otro issue contribuyente a la desigualdad.
Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan. Actualmente, en el país se vive un contexto de disaster social agravado por la pandemia del Covid-19, en el que se ha evidenciado la indignación del pueblo chileno en torno a las desigualdades y la falta de seguridad y derechos sociales universales. Ante tales demandas, la elite empresarial y otros sectores políticos se han resistido a participar de una reflexión con otros actores sociales (Pelfini, Riveros y Aguilar 2020). En este escenario, la mirada moralizadora de la pobreza es una ‘piedra de tope’ para una revisión profunda de las causas del malestar chileno. Esto se debe a que la mirada moralizadora, al centrarse en los hábitos y valores de individuos y sus familias, permite hacer ‘vista gorda’ a explicaciones sociales y estructurales de la pobreza.
Por ejemplo, en 1983, cuando Holanda alcanzó el PIB per cápita en dólares comparables que hoy tiene Chile, su salario mínimo era three,6 veces mayor al sueldo mínimo chileno actual. Estas cifras revelan que el salario mínimo chileno no se condice con la realidad económica nacional y que la diferencia con los países OCDE no está dada por factores económicos sino que por una falta de voluntad política para fijar estándares mínimos en Chile. Con el retorno de la democracia en 1990, la pobreza y la desigualdad de ingresos disminuyeron en el país, aunque la riqueza permaneció concentrada en la punta de la pirámide, lo que fue una de las principales demandas durante el estallido social que comenzó en el país en octubre de 2019. “El discurso de la flojera no es solo cuestión de una elite desconectada con la realidad; es una ideología extendida en Chile que necesita ser revisada”, afirma la autora de esta columna, quien presenta un análisis que es resultado de su investigación sobre los discursos de la elite en la historia reciente de Chile. Plantea que hay una mirada “moralizadora” que se manifiesta en acciones como la caridad, la celebración del esfuerzo y la desconfianza frente a la entrega de bonos o beneficios universales. “Hoy es común que se sospeche de los trabajadores con una licencia por salud mental, lo que se interpreta rápidamente como un intento de evadir el trabajo o como una responsabilidad o ‘falta moral’ del propio individuo”, explica en relación con su investigación más reciente.
A la pretensión de querer hablar en nombre de todos, de la colectividad, de la masa de seres humanos, pero olvidando relacionarse con el individuo concreto. Los avances en cuanto a la reducción de la pobreza han sido notables en las últimas décadas. El mundo logró la meta del primer objetivo de desarrollo del milenio (ODM) de disminuir a la mitad para 2015 la tasa de pobreza registrada en 1990, y lo consiguió en 2010, cinco años antes de la fecha prevista. Pero pese a este logro, la cantidad de personas que vive en condiciones de pobreza extrema en el mundo sigue siendo inaceptablemente elevada. De acuerdo con las estimaciones más recientes, el 17% de la población del mundo en desarrollo vivía con menos de US$1,25 al día en 2011, cifra inferior al 43% de 1990 y al 52% de 19811. Los Estados Partes que aceptaron las normas de la Convención deben convertir estas normas en una realidad para todas las niñas y niños en sus respectivos ordenamientos jurídicos de manera que no puedan contravenir o impedir el disfrute de estos derechos.
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