Por otro lado, Helpman (1997) se enfoca en la tecnología que se encuentra disponible en el país o en los sectores económicos como causa del crecimiento, sosteniendo que el sector con menor capitalización o pobre en recursos financieros utiliza una tecnología obsoleta, mientras que el sector con mayores recursos utiliza una más avanzada. Existe una distancia inabordable entre las oportunidades educativas que se brinda en instituciones privadas y la realidad de las escuelas públicas. Las grandes brechas y desigualdades sociales son una parte integral de la cultura actual, pero no son imposibles de reducir y de desarticular. El análisis de este capítulo muestra que en basic las políticas redistributivas se han reforzado en los países emergentes, por vía del aumento del nivel de transferencias o ampliando la cobertura de seguros de desempleo y/o de salud, o expandiendo las oportunidades educativas de la población.
Los inicios de la teoría clásica de la relación entre desigualdad y crecimiento, siendo esta la base de la corriente que sostiene la existencia de una relación positiva entre las variables, se remontan al enfoque tradicional planteado por Kuznets (1955) y su llamada hipótesis de Kuznets. Es lamentable ver que a nivel de desigualdad del ingreso, medido a través del índice de Gini, índice 10/10 o índice 20/20, las regiones del sur suelen encontrarse en una posición desfavorecida versus las regiones nortinas. Por su parte, la Región Metropolitana, tiene el segundo mayor índice de Gini del país, posición casi invariante a lo largo del período estudiado. Se observa que las regiones más desiguales, son igualmente aquellas con menor PIB per cápita y menores índices de desarrollo.
No estamos partiendo de cero, porque en las décadas pasadas se crearon condiciones institucionales y económicas, expectativas y derechos sociales sobre las cuales hoy día estamos parados”. Las causas de estas inequidades son múltiples, con factores que van desde la gran brecha de oportunidades que existe en el país, a su estructura productiva e incluso el rol del Estado (PNUD, 2017). No obstante, el objetivo de este artículo no es el de determinar los orígenes y fundamentos de la desigualdad en Chile 5 , sino que examinar qué concepto de desigualdad está justificando el plan de acción del país respecto del ODS 10 sobre desigualdad en el país y entre los países. Otra crítica que ha recibido este objetivo tiene que ver con que no cuenta con un organismo temático o institución a nivel internacional para dirigir acciones en pro de este mismo, como tampoco para financiarlo ( Donald, 2017). Por lo tanto, se corre el gran riesgo de quedar rezagado al no existir muchas herramientas a nivel internacional para abordarlo (Donald & Lusiani, 2016). Además, esto permite que este ODS quede vulnerable la desigualdades sociales a las interpretaciones u obstaculizaciones de otras instituciones ( Donald, 2017).
El Congreso aprobó varias reformas ambiciosas para reducir la desigualdad política, cuyos frutos se irán notando, cada vez con mayor fuerza, en los años que vienen. La evidencia Ocde muestra que un 78% de la disminución de la desigualdad, es decir el gran grueso, proviene de transferencias monetarias directas (12,5 puntos), mientras que un 22% se explica por la progresividad tributaria (3,5 puntos). La OCDE afirma que las autoridades deben entender cómo la gente forma sus percepciones, y para esto recomienda lograr una «mejor comprensión del apoyo público a las reformas». «La desigualdad tanto de resultados como de oportunidades es importante para la gente, por lo que tener en cuenta ambos aspectos ayuda a obtener apoyo. No obstante, la gente puede favorecer combinaciones de políticas específicas, en función de sus creencias y preferencias», plantea la nota de Chile. La tolerancia a las brechas salariales es también mayor, cube el reporte, y precisa que en esto influye en parte el «muy alto nivel de disparidades». El documento distingue entre las desigualdades percibidas y las preferidas, y cube que en Chile la diferencia entre estas dos es una de las más altas de la OCDE.
Sin embargo, existe un tema del cual nos fuimos olvidando y que no necesariamente lleva a mayores niveles de igualdad. En el mediano y largo plazo, las diferencias en los niveles de desarrollo de los países se explican en buena medida por diferencias de productividad. Es cierto que las instituciones impactan sobre la productividad, pero también existen diversas políticas que mejoran la productividad directamente. «En consonancia con el nivel de desigualdad, la demanda de los ciudadanos de una intervención política destinada a reducir las disparidades económicas es la más alta entre los países de la OCDE», plantean los autores. Precisan, además, que la demanda de una mayor redistribución es impulsada por la percepción de baja movilidad social y por el limitado alcance de la redistribución actual. Ahora bien, respecto de la acción pública que no fue analizada, la número 11 del informe en cuestión, sobre Política Migratoria Internacional, si bien en el reporte se indican algunos Memorándums de Entendimiento Binacional en materia Migratoria y Consular con algunos países de Latinoamérica, estos no son de carácter público.
La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero. Esta hipótesis resulta ser una especie de regularidad empírica, dado a que los cambios distributivos que se producen al interior la desigualdad en américa latina de los países se atribuyen a las diferentes etapas del crecimiento económico por el cual atraviesa.
Bajo este criterio, el Ministerio de Desarrollo Social, encargado de la Encuesta CASEN, a partir del año 2013 utiliza una nueva metodología de medición de Pobreza por Ingresos, tomando en cuenta los nuevos patrones de consumo chilenos e imponiendo estándares más altos que se adapten al actual nivel de desarrollo del país. Asimismo, incorpora la medición de la Pobreza Multidimensional, siguiendo el ejemplo de países más desarrollados. El PIB per cápita ha sido ampliamente estudiado en la literatura que relaciona el crecimiento económico con la desigualdad de un territorio.
En consecuencia, el país se encuentra en una época de constantes protestas sociales de diversa índole y es cada vez más frecuente que las regiones se manifiesten en contra de un Gobierno central, que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de un territorio tan heterogéneo como Chile (Mieres, 2015). Es imperativo que la distribución de la riqueza en Chile sea más equitativa; que el crecimiento económico sea más inclusivo y que se facilite la movilidad económica y social de la población chilena. Para alcanzar este mayor nivel de desarrollo y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de la población, es necesario que el proceso hacia la equidad considere las diferencias territoriales del país. En Chile, el tema de la desigualdad es de larga information y se ve reflejado en la vida cotidiana de sus habitantes en diversas áreas. Esto ha traído consigo un aumento del descontento social, lo que se ha visto reflejado en una variedad de movilizaciones sociales, las cuales detonaron el año 2019 con el “Estallido Social”, lo que demostró, entre otras cosas, la urgencia que requiere enfrentar este problema en el país.
Esto apoyado por una fuerte evidencia empírica que recorre desde la teoría clásica de la curva de Kuznets, hasta investigaciones contemporáneas, como la realizada por José Gabriel Palma. Para lograr este objetivo, en el segundo apartado de este trabajo se efectúa una revisión de la literatura internacional para establecer un marco teórico y empírico que sirva como fundamento para el desarrollo de la medición en la economía chilena, además de constituir la base del análisis de los resultados por obtener. En el tercer capítulo se abordan la metodología de evaluación y los resultados de las diferentes pruebas econométricas llevadas a cabo. Por consiguiente, si bien la hipótesis propuesta sobre que esta estrategia se basa principalmente en la reducción de ingresos, no está equivocada, pero sí estaría incompleta, de acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2018). En este sentido, la dimensión ex-post, que hace referencia a los resultados e ingresos, sí se encuentra presente en las políticas analizadas, sin embargo, no es la única dimensión que se considera en ellas.
Para ello, se utilizará como muestra la etapa correspondiente a los gobiernos de centro-izquierda. Con el segundo, se intenta analizar un intervalo temporal que contenga diferentes matices políticos, por lo que se toma los años entre 2010 y 2017 debido a la transición política evidenciada en este período. En el año 2014, Berg, Ostry y Tsangarides retomaron su investigación de 2011, esta vez evaluándola en conjunto con la variable redistribución. El texto de Cuadriello Olivos ofrecen pistas que pueden ser claves para comprender el recorrido de las desigualdades y las respuestas que han emergido en los países considerados, como así también permite calibrar la fuerza con la que se instaló el modelo de políticas sociales focalizadas. En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado. Estas reformas incluyen establecer altos requisitos de ingreso y nueva acreditación para programas de formación docente, proporcionar un año de tutoría para cada maestro/a entrante con pago adicional para mentores y aprendices, y crear un sistema de desarrollo profesional para la promoción profesional a largo plazo.
También ha habido oposición de quienes ven en las medidas redistributivas un riesgo para el crecimiento económico. “En Chile, en el ámbito educacional, las oportunidades que se tienen en la infancia parecen tener profundos efectos, casi determinantes, sobre las oportunidades futuras de una misma persona” (Senado de la Nación, 2012, pp. 74). Esta frase refleja una wise conclusión a la que llega el estudio Retrato de la desigualdad en Chile y es que, en todo nivel educativo, las desventajas de origen socioeconómico de los chilenos, marcan el acceso, la trayectoria y los resultados de su educación. Es decir, que el éxito o fracaso escolar, está fuertemente determinado por los orígenes de las personas, marcando una desigualdad desde los inicios. Como se mencionó al comienzo de la sección, familias más ricas tienen acceso a mejores colegios, actividades extracurriculares, posibilidad de aprender idiomas con profesores particulares, participar de más actividades deportivas e incluso ampliar redes, todo aquello que le abrirá puertas para un futuro de mayores ingresos. Por tanto, las condiciones iniciales cumplen un rol importante para marcar las desigualdades futuras.
Es con esa motivación que se ha reactivado el interés político y académico por el impuesto a la riqueza total (también conocido en Chile como el impuesto a los “súper ricos”).[17] Hoy la evidencia académica es más optimista que antes respecto a la aplicación de estos impuestos en términos de factibilidad e impacto esperado (ver aquí). Evidencia reciente en Colombia sugiere que incluso en países con instituciones fiscalizadoras más débiles que las de un país desarrollado, estos impuestos pueden ser ejecutados de manera efectiva. Así, el IVA a los alimentos es un impuesto regresivo, ya que estas familias pagan una mayor proporción de su ingreso en esos impuestos. Una primera opción son los impuestos a los bienes de consumo, como por ejemplo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este es un impuesto donde todos los individuos, independiente de sus ingresos, pagan el mismo porcentaje por cada compra que realizan.
Si bien la novena acción pública analizada, el Proyecto de Ley de Migraciones, responde a una meta de migración, cabe destacar que esta se aprobó recién el pasado 20 de abril 2021 y aún no entra en vigencia, por consiguiente, no ha podido ser implementada aún. Por lo tanto, la estrategia chilena para reducir las desigualdades en el contexto de la Agenda 2030 entre los años 2015 y 2018, se concentró principalmente en lo que ocurre dentro del país, respondiendo la mayoría de las acciones públicas a la segunda y tercera meta de este ODS. Por lo mismo, cree que es necesario ahondar más en otras variables que consideren la desigualdad como un fenómeno multidimensional, siendo el issue de ingresos insuficiente. Y en ese sentido el coeficiente Gini mide desigualdad respecto de los ingresos, pero está también es multidimensional. Incluso las nuevas mediciones de pobreza multidimensional, como la Casen, incorporan dimensiones como redes, entorno, comunidad. Estos son otros factores que permiten medir y evaluar las condiciones de vida de las comunidades», dice.