Sin embargo, se asocian matices específicos a tanto áreas urbanas como áreas rurales. Por ejemplo, los retornos (en niveles de ingresos) a la educación son mayores en áreas urbanas que rurales. Y con respecto a los mercados laborales, mientras el autoempleo caracteriza la inserción laboral en áreas rurales, es la situación del subempleo la que es característica de las zonas urbanas. Una segunda implicancia de categorizar a los sujetos como “pobres” consiste en cómo la población se identifica, aunque sea tácticamente, con esa categoría. La asociación conceptual entre asentamientos informales y pobreza produce una relación entre gobierno y sujetos en la cual la provisión de vivienda por parte del Estado se justifica sobre la base de dicho marco interpretativo. Independientemente de si los sujetos se identifican o no con tal identidad, residir en un asentamiento informal los habilita como población objetivo de la política.
El trabajo, para acabar con la pobreza y la exclusión en la que viven más de 5 millones de personas en nuestro país, debe darse en todos los niveles. “Se hace urgente que la ciudadanía se involucre de una manera más cercana con estas realidades, rompa con los prejuicios y barreras que nos separan de quienes viven en circunstancias menos favorables a las nuestras y brindarles más y mejores oportunidades de participación e inclusión”, expresa el profesional del Hogar de Cristo. Por otra parte, cristaliza las debilidades que presenta el Sistema de Protección Integral de la Niñez especialmente para proteger a las poblaciones más weak como son aquellos que están en situación de pobreza, situación de migración, con discapacidad, perteneciente a pueblos indígenas, bajo protección del Estado, entre otros. Debido a su mayor vulnerabilidad y las desventajas que enfrentan estas poblaciones, requieren de políticas reforzadas que aseguren su debida protección y el acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo y al ejercicio pleno de sus derechos. Estudios respecto a las estrategias de desarrollo urbano que logran combinar metas de aumento en productividad con mejoras en condiciones de equidad demuestran la importancia de maximizar las fortalezas específicas en cada ciudad. En dos casos brasileños (Toledo y Cambe), los alcaldes lograron impulsar un crecimiento económico local a través de la identificación y capitalización de ventajas existentes, para movilizar y maximizar todos los recursos locales posibles (Fergusen, 1992).
Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país. El discurso de una reconciliación posdictatorial se basó en un llamado a la normalidad, creando una pasividad violenta. El auge económico sirvió para redireccionar miradas hacia esta realidad, también para olvidar los eventos del pasado. En el año 1993, en plena campaña presidencial, Eduardo Frei planteaba la thought de dar término lo más rápido posible al proceso de transición a la democracia, cuestión que a la larga ocurrirá de forma soterrada. “Frei y sus asesores querían dar por terminada la transición, enfatizando el desarrollo económico, los proyectos de infraestructura, la batalla contra la pobreza (al menos la batalla para reducir el número de pobres e indigentes) y la modernización del Estado.
Un doble movimiento se desarrolla durante el periodo autoritario. Por otro lado, se posiciona la pobreza como objeto de intervención en la agenda política. El principio de reducción del gasto público y la focalización como mecanismo de distribución de recursos marcan la emergencia de la pobreza como objeto gubernamental (Ramos, 2016).
Este marco, que denomino la “política de la pobreza”, contribuye a transformar los asentamientos en territorios gobernables. Este nuevo marco interpretativo busca constituir los asentamientos informales en una población gobernable, en un momento histórico en el cual los gobiernos que encauzaron la transición a la democracia necesitaban establecer autoridad sobre las acciones políticas de los pobladores. Es decir, para poder constituirse en un campo de intervención de gobierno y con el objeto de hacer gobernable la demanda política por vivienda, los asentamientos informales fueron visualizados y nombrados como territorios de pobreza. El concepto pobreza proveyó la categoría adecuada para hacer legible la informalidad (Scott, 1998), y para establecer una relación de poder y autoridad con esta población (Dean, 2010). Revisaremos las estrategias públicas actuales para atender a la vulnerabilidad económica de los pobres urbanos, desde el campo del habitat y la intervención urbano-territorial. Antes de profundizar en la experiencia en la región en esta temática, es importante recalcar que políticas orientadas a fomentar un crecimiento económico elevado y sostenido, así como un desarrollo productivo fundado en el aumento de la productividad y la incorporación continua de innovaciones, son claves para la generación del empleo productivo8.
El proceso de urbanización ha permitido resolver algunas de las necesidades básicas de la población pero no ha podido facilitar la eliminación o substancial reducción de la pobreza. La informalización del mercado laboral debida a la incapacidad de las economías de generar suficiente empleo formal4, se considera entre las principales causas de la pobreza urbana. El sector casual ha llegado a representar el 73% del mercado laboral urbano, especialmente en lo que se refiere a actividades de las prestaciones de servicios, que es el sector adonde se registra el mayor incremento. El desafío principal consiste en incorporar esta fuerza de trabajo en la economía formal, donde los niveles de salarios, protección social y productividad son más elevados.
Parque industrial orientado a pobladores de asentamientos precarios cercanos (a). El mayor obstáculo para que la población consiga la seguridad de la tenencia se basa en el derecho de propiedad del suelo a través del mercado. El suelo se convierte en una mercancía más que se compra y vende en particulares mercados legal e ilegal; la población que no puede acceder al mercado legal, infringe, justamente, la ley La seguridad de la tenencia puede ser obtenida a través de distintos instrumentos, desde tenencias intermedias hasta escrituras «duras» o completas. el acceso deficiente a bienes y servicios en las dimensiones de calidad y seguridad. [3] SCHMIDT – HEBBEL, Klaus, El crecimiento económico de Chile, Documentos del Banco Central de Chile, Documento de trabajo N°365, Junio del 2006. Instituto Nacional de Derechos Humanos – Todos los derechos reservados 2021.
Frente a este escenario, es urgente que Chile cuente con un Sistema de Protección Integral de la Niñez, que garantice que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país cuenten con una vida digna y un mínimo bienestar que permita el adecuado ejercicio de derechos y desarrollo de sus potencialidades. Es significativo que en esta visión agregada de la informalidad residencial, ningún país presente una proporción importante de pobres urbanos que residen de manera informal y cuentan con empleos formales. Este «casillero vacío» parece indicar que de alguna forma, los pobres urbanos están formalizando su habitat, pero siguen teniendo serias barreras para lograr una inserción laboral adecuada en esta región.
Eran entendidas como acciones de sobrevivencia frente a la falta de habitación. En un análisis que construye sobre la teoría de gubernamentalidad, Giovana Procacci (1991) desarrolla el concepto de política de la pobreza. La política de la pobreza consiste en constituir a una población en un sujeto de pobreza. Visualizar y enunciar a un otro como sujeto “pobre” no busca eliminar la pobreza ni la estructura de desigualdad que le da origen. Tiene como fin último mantener el orden social, eliminando formas de conducta que no están alineadas o que subvierten el proyecto social, político y económico. La pobreza representa una grave vulneración de derechos, pero los niños, niñas y adolescentes no están “condenados” a ello.
Asimismo, ha inhibido a que la política pública comprenda su potencialidad «destructiva» sobre los activos y posibilidades de desarrollo de los pobres urbanos (por ejemplo, construcción de vivienda social en lugares apartados de fuentes de trabajo y sin redes de transporte adecuadas y accesibles). Se parte de la hipótesis de trabajo de que la vulnerabilidad económica en los sectores de pobreza urbana no ha sido plenamente integrada en las políticas del habitat, limitando la contribución de éstas a la mejora en el acceso de los pobres urbanos al empleo e ingresos estables. El trabajo intenta girar la mirada desde los indicadores agregados sobre la situación de pobreza urbana y precariedad en la región, para incorporar al hogar pobre, y ver cómo la dimensión económica influye sobre la vida de los sectores de pobreza, y sobre todo, indagar sobre qué significado esta dinámica tiene para las políticas públicas del habitat. Asimismo, estudios del Banco Mundial muestran que la productividad de empresas localizadas en áreas urbanas aumenta con el tamaño de ciudad (Vidler, 1999). Para explotar los beneficios de aglomeración, las ciudades pueden (Vidler, 1999) aumentar la inversión en capitales (infraestructura, vivienda, social) a través de un financiamiento tanto público (multi-nivel) como privado. Asimismo, utilizar instrumentos de uso de suelo (zonificación) para racionalizar los usos competitivos de éste, minimizar externalidades negativas y dinamizar procesos de desarrollo.