La crisis sanitaria enfrenta al país no solo a una situación compleja, sino que además ha dejado al descubierto realidades difíciles de resolver. Así, por ejemplo, muestra el análisis, en dos tercios de los hogares del segmento D y E, el más susceptible de la población, las personas viven en casas de menos de 60 metros cuadrados. Además, son quienes muestran mayor densidad por hogar, lo que implica menos metros cuadrados por habitante. En Chile denominamos a esto caminar y mascar chicle.
La proporción de indigentes en Brasil alcanzó, ese mismo año, el 25%, mientras que era de 12% en México, de 6% en Chile y de, tan sólo 1%, en Argentina. La disaster económica de los años ochenta impactó fuertemente en Brasil, por lo que el número de pobres absolutos se incrementó en un 35%, en esa década, y el de indigentes en un 24% (Hernández L. y Velázquez R; 2003; 35). En consecuencia los indígenas fueron durante cuatro siglos desprovistos de sus derechos humanos, no pudiendo desarrollar sus capacidades en una época en que el desarrollo de la ciencia y la tecnología estuvo paralizado, por lo que la productividad del trabajo era muy baja y la concentración de la riqueza muy alta, por lo que la mayor parte de ellos vivieron en la pobreza. Entonces, la producción económica estuvo acompañada por el empobrecimiento y la marginación como procesos que se daban en forma conjunta, y la acumulación de un excedente no se convirtió ni en capital social, ni privado, sino que se exportó hacia la Corona. Frente a este escenario, es urgente que Chile cuente con un Sistema de Protección Integral de la Niñez, que garantice que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país cuenten con una vida digna y un mínimo bienestar que permita el adecuado ejercicio de derechos y desarrollo de sus potencialidades.
En este sentido que el estudio propone que Chile avance de forma urgente en el establecimiento de un Piso de Protección Social sensible a los Derechos de la Niñez, que garantice las condiciones de bienestar para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Este mecanismo debe asegurar acceso common a servicios esenciales como salud, educación, nutrición, vivienda, agua y saneamiento, seguridad social; y transferencias que garanticen la seguridad de ingresos suficientes para que niños, niñas y adolescentes y sus familias cuenten con un nivel de vida digno y que les permita hacer frente a situaciones de riesgo. La crisis sanitaria ha dejado aún más expuestas las graves brechas sociales y la desigualdad en las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, subraya Catalina Littin, directora ejecutiva de Fundación Superación de la Pobreza. “No solo en el acceso y la calidad de la atención en salud, también la educación y el trabajo a distancia revelan dificultades en el acceso a la tecnología que afecta a niños, niñas y adolescentes para aprender, y a los trabajadores para realizar sus labores y no perder sus fuentes laborales”. Durante los años 50 se presentó una clara tendencia a la reducción de la pobreza urbana, en Chile, reduciéndose a la mitad entre 1957 y 1968; la proporción de los hogares pobres bajó del 50% a menos del 30% (Altimir, O; 2001; 137).
Posteriormente se instalará en el presente, teniendo varios motivos que hacen de esto algo carente de espontaneidad. Podríamos presuponer la thought de que el auge económico fue utilizado para promover la historia oficialista, otra vez a favor de las clases dominantes, generando olvidos necesarios en la construcción de un relato, el que permitiera avanzar con los ojos vendados y sin cuestionar nada ni a nadie. Esto podemos comprobarlo al analizar los efectos reales del boom económico sobre la población en el período 1990 – 2003, donde la economía creció en promedio un 5,5%, facilitando la producción de empleos y alzas salariales. Pese a estos dígitos la desigualdad de ingresos se mantuvo prácticamente inamovible[5], haciendo de la pobreza y marginalidad un tema más que evidente en algunas zonas del territorio, acostumbradas a las calles sin asfalto y sin áreas verdes, sitios donde han sobrevivido generaciones completas en el abandono. Se produce así una relación socialmente asimétrica, cimentada en la violencia, fenómeno afincado en nuestra cultura y que nos ha dominado por largos siglos.
Con ello, la pobreza rural avanzó expulsando migrantes hacia las ciudades. La pobreza se abatió, también en las ciudades, por el acelerado movimiento de industrialización y urbanización que se dio bajo el modelo de sustitución de imporaciones que estuvo acompañado por un fuerte desarrollo del mercado interno y de las clases medias. “Ello porque quienes cuentan con acceso a la educación privada, de mayor calidad que la pública -aunque de todas formas evaluada en un nivel medio, como demuestra el informe PISA son quienes, sin culpa directa, profundizan y perpetúan la brecha económica ahora por motivos educacionales”, agrega. Por tanto, hasta ahora, necesariamente, se ha requerido el compromiso laboral por parte de, al menos, dos integrantes de una familia que reciban el ingreso mínimo, para superar la línea de pobreza”, por lo que el incremento señalado no se hace cargo de satisfacer los requerimientos necesarios para lograr romper la brecha de precarización.
Lo que ocurre con este fenómeno es la profundización de estos males, permitiendo un crecimiento exponencial en el tiempo de la pobreza multidimensional, haciendo visible el aislamiento espacial de la población más empobrecida, tras retraer su ocupación territorial aglomerándola en espacios marginales. Esto ha implicado una desintegración de los tejidos sociales y la aparición de subculturas, con un discurso en base a la desesperanza, convirtiéndose en el tiempo en un mal heredable generacionalmente. Este fenómeno tendrá un auge desde la crisis económica de 1982, para posteriormente traspasar las fronteras del proceso de transición a la democracia.
Este compromiso, esta obligación, es la que el Estado de Chile asumió al ratificar la Convención sobre Derechos del Niño (CDN) hace más de 30 años. La pobreza es una situación de carencia que impide que las personas sean capaces de alcanzar niveles de bienestar considerados mínimos según criterios específicos, el más estricto, es el alimentario y designa a las personas que se encuentran en pobreza extrema, ellas son aquéllas que no tienen los medios necesarios para alimentarse y no son, por tanto, capaces, siquiera, de asegurar su subsistencia. Desde una perspectiva reducida, enfocada exclusivamente al estudio y medición de la pobreza, podemos adoptar como concepto de pobreza el que alude a la insatisfacción de un conjunto de necesidades consideradas esenciales que reflejan la forma y el estilo de vida de esa sociedad. Ello nos permite medir la pobreza en términos del ingreso percibido y establecer una línea o umbral de pobreza, que puede compararse con el valor de la canasta de satisfactores básicos mínimos a los que debiera poder acceder el individuo para no ser considerado pobre. Surgen, así, dos formas de medición, el método de la línea de pobreza (LP), enfoque indirecto que establece un ingreso monetario mínimo como criterio, y el método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), enfoque directo que designa una canasta de bienes que satisfacen el nivel considerado mínimo de bienestar.
La falta de variación en la distribución del ingreso se observa también comparando cada país con su propia historia. La combinación de ambas brechas implica que una gran parte de la población latinoamericana ha sufrido y sigue sufriendo el doble embate de un insuficiente crecimiento económico y de muy grandes limitaciones en su ingreso personal derivadas de una gran desigualdad en la distribución del ingreso y en la riqueza. A principios del siglo XX, el 75% de las familias en Estados Unidos eran dueños de sus tierras en zonas rurales, mientras que la proporción de la familia dueñas de sus tierras en Argentina, en esos años, era inferior al 10% y en México, inferior al 3%.
Y a pesar de que el ingreso percápita llega a los US$25,eight mil, el 1% de la población concentra el 26,5 % de la riqueza y el sixty six,5 % reúne sólo el 2,1%, lo que nos posiciona como el séptimo país más desigual del mundo. “¿Qué miden el índice de marginación y el índice de desarrollo humano? Estudio de caso, municipios de México, 2000.
Una red que no deje a nadie atrás y que nos mantenga unidos cuando más lo necesitemos. Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos.