Por una parte, es una nación que se caracteriza por muchos aspectos positivos en esta área. Por ejemplo, es un país que ha tenido un rápido y constante crecimiento económico, alcanzando un PIB de más de USD $283 mil millones -a precios constantes del en el año 2018 ( Banco Mundial, 2020a). También, es un país que ha logrado reducir su pobreza, de acuerdo a lo trabajado en el contexto de la Agenda del Milenio, pasando de un 3,2% de personas que vivían con menos de US 1,25 al día en el año 2000, a zero,6% en el año 2011, superando con creces la meta que period de 5% para el año 2015 (Gobierno de Chile, 2014a; Ministerio de Desarrollo Social, 2019). Sin embargo, a pesar de estos buenos indicadores, Chile es un país que presenta una gran desigualdad, con un Índice de Gini de 44,four el año 2017 ( Banco Mundial, 2020a) y un Coeficiente de Palma del 2,6 ( UNDP, 2020b). Ahora, para entender de mejor forma estos valores, cuando se compara a Chile dentro de un grupo de 165 países, este se encuentra en la posición número 35 de los países más desiguales, compartiendo puesto con Filipinas y a tan solo zero,1 de Zimbabue, según los últimos datos obtenido para cada país ( Banco Mundial, 2020c).
Allí se observa una caída tanto de la ciudadanía política como, fundamentalmente, un descenso marcado de la ciudadanía civil. Durante los últimos treinta años, el tema de la desigualdad económica ha emergido de las aguas estancadas de la economía para reclamar un lugar central en el discurso político. Un cambio impulsado por el hecho preocupante de que esta ha aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente en Estados Unidos. Observamos un país en disaster, con un nivel de desigualdad que se ha estancado en niveles altísimos. Transitar hacia una sociedad distinta es posible; es, a fin de cuentas, una decisión política. En simple, éste consiste en que las personas paguen todos los años una proporción determinada de sus ingresos.
Asimismo, se observa que también hay acciones públicas que responden a otras de las metas contempladas para el ODS 10, es decir, cinco de estas responden a la meta 10.four, una a la 10.5 y una a la 10.7. En este sentido, se destaca un claro enfoque en las metas 10.2 y 10.three, y por el contrario, que no existen acciones públicas que respondan específicamente a las metas 10.6, 10.a, 10.b y 10.c del ODS 10, al menos de acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2018). Ahora bien, estas últimas cuatro metas mencionadas, la desigualdad social ejemplos se enfocan en migración y las desigualdades entre los países. Si bien la novena acción pública analizada, el Proyecto de Ley de Migraciones, responde a una meta de migración, cabe destacar que esta se aprobó recién el pasado 20 de abril 2021 y aún no entra en vigencia, por consiguiente, no ha podido ser implementada aún. Por lo tanto, la estrategia chilena para reducir las desigualdades en el contexto de la Agenda 2030 entre los años 2015 y 2018, se concentró principalmente en lo que ocurre dentro del país, respondiendo la mayoría de las acciones públicas a la segunda y tercera meta de este ODS.
En el año 2000, 189 países miembros de las Naciones Unidas firmaron una declaración donde se comprometían a trabajar en una agenda para el desarrollo con ocho Objetivos del Milenio ( Fondo ODS, 2018). Finalmente, pero no menos importante, Sen (2000) establece que la familia es la unidad básica a considerar para estudiar los resultados que se podrían alcanzar. El autor afirma que la libertad de los individuos para lograr un tipo de calidad de vida deseada depende, en parte, de cómo se distribuyen los recursos dentro de una familia. En otras palabras, la administración de los recursos dentro de la familia, de acuerdo a los diversos intereses y objetivos que haya dentro de ella, condicionarán el resultado ultimate de cada individuo. En este sentido, Sen (2000) subraya la importancia de considerar las heterogeneidades particulares y sociales de los individuos, ya que esto tiene incidencia directamente sobre lo que podrán lograr con las herramientas disponibles.
El más exhaustivo de estos impuestos es el impuesto a la riqueza, el cual se paga sobre el complete del valor del patrimonio de un individuo. El foco del impuesto a la riqueza son solo los mayores patrimonios, por lo que en common su diseño exime a la mayor parte de la población de este impuesto. “Muestra que hay una configuración histórica estructural que involucra distribución de recursos, una institucionalidad, un marco normativo y uno legal que le da forma a esta distribución desigual de ingresos y de representación política”, mencionó la académica. No son solo los 30 pesos del alza del pasaje del metro de Santiago -medida que ya fue derogada- lo que erosionó la protesta social en Chile, sino la creciente desigualdad, plantean diversos actores del país. “Las nuevas formas de digitalización se están extendiendo a más ámbitos de la vida pública y privada, con casos especialmente preocupantes relacionados con la migración y el asilo, la gestión laboral y del lugar de trabajo, y el sistema de justicia penal”, concluyó Aspen. El informe sigue a otras investigaciones de Amnesty Tech que han puesto de relieve la creciente intersección de la tecnología y el bienestar social en todo el mundo, especialmente en lo que respecta al uso cada vez mayor de la toma de decisiones basada en algoritmos.
En basic, los impuestos directos (por ejemplo, el impuesto sobre el ingreso personal y, en menor medida, el impuesto sobre el ingreso corporativo) y el gasto social mejoran la distribución del ingreso; mientras que los impuestos indirectos (incluyendo, los impuestos sobre el consumo) tienden a incrementar la desigualdad (Woo et al, 2013). En tanto, el acceso percibido a ciudadanía social presenta una distribución algo más homogénea. Si bien las diferencias existen, la variación territorial a nivel del Gran Santiago es menor en comparación a la percepción de acceso a otros derechos de ciudadanía, en los que se verificaba un déficit marcado fundamentalmente en el sector sur de la ciudad. Por lo tanto, para observar diferencias relevantes se requiere realizar el análisis a nivel aún más native. Utilizando herramientas de post-estratificación en base a datos censales, tal como lo propone Kastellec et al. (2010), logramos estimar indicadores robustos respecto a los niveles percibidos de acceso a las tres ciudadanías para 100 comunas chilenas (sobre un whole de 345)[5].
De esta manera, este economista identificó cinco causas responsables de la desigualdad de oportunidades, las cuales se describen a continuación. En cambio, el FMI propuso aumentar los impuestos sobre las ganancias de capital y las ganancias, gravámenes que han disminuido en las últimas décadas, así como los impuestos sobre la renta corporativa, para ayudar a compensar la creciente desigualdad de la riqueza. El FMI dijo en su informe que las políticas de educación y capacitación deben adaptarse a las nuevas realidades para ayudar a preparar a los trabajadores para un mercado laboral en constante cambio en el futuro, con un mayor enfoque en ofrecer aprendizaje permanente. Los programas de formación, aprendizaje y reciclaje en cada sector laboral podrían desempeñar un papel más importante a la hora de ayudar a los trabajadores en la transición a nuevas tareas y sectores, afirmó. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que tenía “profundas preocupaciones” sobre la posibilidad de masivas perturbaciones laborales y creciente desigualdad a medida que las sociedades avanzan hacia la inteligencia artificial (IA) generativa, e instó a los gobiernos a hacer más para proteger sus economías. Cada año, el HUD publica el tope de ingresos familiares que se utiliza para determinar la elegibilidad en subsidios de vivienda administrados por los distintos niveles de gobierno.
Por ejemplo, una vez que el problema de endogeneidad de las variables es controlado, según Ospina (2010), el gasto en educación y sanidad tiene un efecto beneficioso sobre la desigualdad del ingreso, mientras que el gasto en seguridad social no tiene efecto alguno. Tanto el gasto sanitario como el educativo reducen la desigualdad en los países en desarrollo, aunque es más efectivo el gasto en educación. Sin embargo, estudios análogos han sobrestimado los efectos de ambos tipos de gasto, debido al uso de métodos econométricos inapropiados. El efecto progresivo del gasto sanitario sobre la desigualdad es confirmado por el estudio que Spadaro et al (2011) hacen sobre dicho gasto en España, mostrando una buena capacidad para sacar a las familias de la pobreza.
Actualmente, el Banco Mundial es quien se ha hecho cargo de promover la “prosperidad compartida”. En esta categoría, Sen (2000) señala que hay diversas características, de las cuales el individuo no es res-ponsable, que configuran de una u otra manera sus necesidades, y, por consiguiente, sus metas y elecciones. Por ejemplo, etnia, género, contexto familiar, estrato social del que provienen y discapacidades físicas o mentales (Paes de Barros et al., 2008). Por lo tanto, reconociendo estas condiciones se admite también que el punto de partida es diferente para todas las personas. A través de mi experiencia en el sector privado, puedo afirmar que la sostenibilidad empresarial está ligada intrínsecamente al bienestar social.
A escala mundial, según un estudio de 2014, el patrimonio de las ochenta y cinco personas más ricas del mundo es equivalente al de los 3.500 millones más pobres(2). Por consiguiente, en el ámbito de la vivienda, las discusiones sobre la desigualdad en los Estados Unidos ya no se refieren solamente a factores físicos –tamaño inadecuado o falta de servicios básicos como agua potable o electricidad– sino a aspectos financieros como asequibilidad y desigualdades en la distribución de la riqueza de acuerdo a la propiedad de la vivienda. Muchas de las críticas a la tesis del malestar social y la derivada impugnación del “modelo”, se basan en que el país, hasta el estallido de 2019, había progresado significativamente en distintos indicadores (Gini, reducción de la pobreza, incorporación educativa de sectores populares y medios, and so la desigualdad hoy on.).
Dada la profunda transformación económica, social y política por la que atraviesa nuestro país, es urgente generar una pausa en el clima de polarización para revisar cómo queremos vivir el presente y cómo queremos proyectar el futuro. ¿Cómo se relaciona la desigualdad con el estallido social que vive Chile desde octubre de 2019? En este texto abordo esta pregunta tratando de ser riguroso y apegado a los hechos, pero consciente de que, más allá de lo bien que podamos caracterizar tanto la desigualdad como el estallido social, establecer una relación entre ambos fenómenos es un ejercicio eminentemente especulativo. Fair Market Rent representa el forty % de los alquileres (incluyendo el contrato de alquiler y servicios públicos) para las unidades típicas de calidad estándar. Son enviados anualmente por el Departamento de de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE.UU. La pobreza, aumentó por primera vez en veinte años, amenaza con seguir creciendo (10,8% y four,3% en extrema pobreza).
Más allá del ingreso, más allá del Gini, las múltiples desigualdades que esa heterogeneidad generó se expresaron en un descontento creciente (PNUD, 2017). Por otro lado, distintos segmentos de la población politizaron dichas desigualdades, asociándolas, además, al mal funcionamiento de las instituciones y a los principales actores del sistema político. En este sentido, la dimensión ex-post, que hace referencia a los resultados e ingresos se encuentra presente, como también la dimensión ex-ante, que hace referencia al punto de partida sobre el cual los individuos podrán alcanzar los objetivos o calidad de vida que desean.
Por el contrario, una política que empeora la distribución del ingreso se outline como regresiva. Si bien estos indicadores aún no alcanzan la relevancia que tiene el coeficiente de Gini en el debate público, en parte porque su disponibilidad es más reciente, hoy son el estándar en el debate académico sobre desigualdad. En un esfuerzo inédito por acercar la evidencia científica al debate público, un grupo de investigadores crearon una base de datos de acceso abierto que permite un análisis más sistemático de la desigualdad a nivel global.