Parte del debate público, sin embargo, argumenta que la desigualdad es un producto inevitable del libre mercado, el desarrollo tecnológico, y de la globalización. Se cube (o al menos se asume) que no hay nada que los países puedan hacer para domar las fuerzas del mercado y que cualquier intento de common el grado de desigualdad tendrá efectos negativos ineludibles sobre el crecimiento económico. Así, lo que hoy se observa en los datos sería una consecuencia inevitable de los tiempos modernos.
A diferencia de los impuestos al ingreso que se calculan en base a flujos (es decir, a cuánto se gana en un año), estos impuestos se calculan en base a stock (es decir, a la cantidad acumulada a través de los años). Dentro de esta categoría encontramos, por ejemplo, las contribuciones, el impuesto a la herencia y el impuesto a la riqueza. Para esta discusión será útil definir qué significa que la intervención del gobierno sea progresiva o regresiva.
Esto trae aparejadas importantes dificultades para quienes se inclinan por un sector típico del sexo contrario, sobre todo para las mujeres. Los apoderados las desincentivan a escoger especialidades con mejores retornos en base a sus propios sesgos de género, anticipándose a posibles discriminaciones que pudieran sufrir en el mercado laboral o simplemente argumentando que, por ser mujeres, no cuentan con los atributos necesarios para desempeñarse en esos oficios. [1] Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, doctoranda en Derecho e Investigadora del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la misma casa de estudios. Pues bien, a la fecha persisten – aún – diversos mecanismos que apuntan a que esto no cambie, que incluso se profundizaron después de la dictadura.
En su entorno y a lo largo de su vida, los estudiantes se ven expuestos a distintas dinámicas de reproducción de las desigualdades de género. Al interior de sus hogares, las hijas mujeres enfrentan mayores restricciones que los hombres en sus elecciones. Los padres y ellas mismas son más temerosas que sus hermanos ante la idea de desplazarse por la ciudad hasta liceos que ofrezcan especalidades de su preferencia, limitando sus opciones a aquellas cercanas a sus casas.
La única serie de tiempo basada en datos tributarios (y que es una estimación conservadora porque no corrige por elusión ni evasión) muestra que la concentración del ingreso del 1% y del 10% más rico no ha caído.[5] Tanto en 1990 como en 2015, el 1% recibía cerca de un cuarto de los ingresos del país. Por su parte, el 10% más rico concentraba el 54% de los ingresos tanto en 2004 (primera fecha para la que se tiene registro) como en 2015. Usando esta información podemos evaluar cómo se sitúa Chile en el panorama internacional. El escenario más optimista de acuerdo a las estimaciones para Chile, nos deja como el país más desigual entre países ricos y como el sexto más desigual a nivel global. Este número nos sitúa en el lugar 24 en términos de desigualdad sobre el total de 159 países con datos disponibles, y nos corona como el país más desigual de la OCDE. Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”.
“Del universo de trabajadores cubiertos por el seguro de cesantía en un período de 11 años, aquellos que partieron en un trabajo de bajo salario tuvieron empleo formal y con contrato indefinido menos de un 30% de esos 132 meses y tuvieron en promedio casi 10 empleadores. Quienes partieron en un trabajo de alto salario estuvieron en esa situación más de un 72% de los meses y tuvieron en promedio menos de cinco empleadores. desigualdad social opinion En otras palabras, la estabilidad de las trayectorias laborales está tremendamente estratificada en Chile”, finaliza Cociña. Por esta razón, por años se ha planteado como un gran objetivo para el país disminuir la inequidad de ingresos y se ha intentado implementar diversas políticas para cumplir esta meta, como las actuales reformas, las que han sido foco de críticas porque atentarían contra el crecimiento económico.
En esta columna discutimos los resultados de un estudio que muestra que percibir desigualdad económica en la vida cotidiana a través del contacto con personas de diferentes estratos sociales puede contribuir a cuestionar la percepción de que la inequidad existente es justa. Un estudio reciente del economista Ignacio Flores muestra que, en los últimos 20 años, el 1% más rico se quedó con más del 30% del ingreso, mientras el 10% superior capturó más del 60%. Flores estima también que, en esos mismos años, los que menos ganaron, es decir al 50% de abajo, se apropiaron apenas de entre 6% y 8% del ingreso whole. Debemos hacernos cargo del problema, pues como fue mencionado las inequidades en salud son injustas, modificables y prevenibles. Para hacerlo no sólo necesitamos un marco normativo que consagre igualdad de derechos y acceso common a salud, sino que también debemos considerar la formación de profesionales del área de la salud, quienes por lo common no son entrenados en competencias socioculturales que favorezcan una interacción de calidad con los pacientes. Por otra parte, es importante también aumentar la literacidad en salud de los pacientes y diseñar dispositivos de entrega y consumo de información en salud que faciliten las conductas en salud de todas las personas, sin importar su condición socioeconómica.
[3] Los datos tributarios, si bien representan una mejora sustantiva en relación a las encuestas de hogares, tampoco son perfectos. En contextos en donde existe mucha evasión y elusión, éstos también subestiman los ingresos de las personas de más altos ingresos. Por el contrario, es el diseño institucional y las políticas públicas los que han permitido que eso ocurra. En otras palabras, son decisiones políticas las que han transformado la globalización en desigualdad. Por cierto, estos cálculos se basan en premisas normativas que exigen definir cuánto se pondera el bienestar de cada individuo de acuerdo a su nivel de ingresos. Los esquemas óptimos se caracterizan por tasas más altas cuando los contratos sociales favorecen en mayor medida la redistribución.
También enfrentan más barreras logísticas para acercarse a la escuela como falta de transporte, falta de flexibilidad de tiempo diario y falta de tiempo para vacaciones». Con todo, podemos decir que desde 1990 en adelante, el sistema capitalista chileno bajo la democracia ayudó a subsanar y corregir las graves desigualdades económicas surgidas durante la dictadura, mejorando la movilidad social y la distribución de los ingresos, si bien no lo hizo ni con la velocidad ni la intensidad que todos quisiéramos. De esta desigualdad rural forma, al revisar la evidencia, y el propio trabajo de Rodríguez (2017), resulta claro señalar que “el modelo” no es la causa principal de la enraizada desigualdad económica en Chile. Esta intuición está avalada por la teoría institucional y la evidencia citada en mis columnas. En junio de 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, publicó el libro «Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile», el que dio a conocer las enormes brechas que existen en nuestro país.
Una primera acción es visibilizar, sobre todo en el problema del cuidado a los adultos mayores. Por ejemplo, se ha tratado de avanzar en guarderías para el cuidado infantil pero de los adultos mayores no. Entonces aquí el trabajo se tiene que hacer de manera simultánea, esto es que el Estado se haga cargo de la tercera edad mientras crea sensibilidad sobre la necesidad de cuidado, porque aquí no es un problema de que se le está quitando responsabilidad a las mujeres, sino entender que es una responsabilidad natural que pertenece a todos”. En el “Seminario Desigualdad y Pobreza” realizado por la Pastoral de la Universidad Católica del Norte, en conjunto con Un Techo Para Chile, logramos entender por definición la diferencia conceptual entre la desigualdad y la pobreza. En su participación, Alberto Mayol, Sociólogo de la Universidad de Chile, nos señala la siguiente distinción teórica y práctica. La pobreza tiene que ver con carencias de tipo económicas, por tanto la vía de cómo solucionar esta problemáticas podría ser paliando esas carencias.
“Ahora da para preguntarse cuáles son los cambios, pero en realidad la anomalía parece ser respecto de los datos un poco más largos”. [6] Esto no significa que el gobierno no pueda intervenir la distribución de ingresos de mercado. Un ejemplo donde el gobierno puede afectar los ingresos de mercado es el salario mínimo. La literatura académica sugiere que los impuestos óptimos al ingreso de los individuos en la parte más alta de la distribución deberían ser altos (estimaciones sugieren que podrían llegar a 73%, e incluso sobre el 80% si existe apropiación de rentas no productivas). Las familias de menores ingresos destinan una mayor porción de sus ingresos a la alimentación.
Es tarea de todos contribuir a superar los obstáculos y aspirar a un país más justo, próspero y solidario. Añadió que, en el tema sanitario, es importante que se realicen vacunaciones masivas contra el Covid-19 al momento que se presente la vacuna contra el mortal virus, por lo que debe ser una prioridad de los gobiernos. Actuar sobre todo ello, imposible de esquivar si se quiere producir igualdad, es cambiar orientaciones centrales del estilo de desarrollo. Paralelo a esto, debemos fijar un criterio de suficiencia para el salario mínimo situándolo sobre la línea de la pobreza acquainted, y mantener el poder adquisitivo de todos los salarios frente a la inflación, definiendo que su reajuste sea de acuerdo al IPC. Si en los hospitales públicos de Santiago trabaja el 40% de los especialistas, en los de la Región de Tarapacá sólo lo hace el 1.5%, en Aysén el 1.4% y en Magallanes, el 1.6%. Una vez terminada la dictadura, no revirtieron las privatizaciones de la educación superior, ni del sistema de pensiones, ni la semi privatización del sistema de Salud.