Son miles las mujeres que exigen que les devuelvan el derecho a huelga, ser dueñas de su cuerpo y del derecho al placer. Al respecto, la representante de la comisión organizadora y académica de la Escuela de Trabajo Social PUCV, Yesika Herrera, señaló que “las situaciones de desigualdad del país y cómo estas se agudizan en periodos de pandemia, definimos un gran eje que se relaciona con la resistencia y la emergencia que se generan en contexto de disaster. Resistencia porque se relacionan con las acciones de los movimientos sociales y también organizacionales para hacer frente a esta disaster y emergentes en el sentido de que en este contexto de crisis surgen iniciativas que apuntan a cambios que afecten los elementos más estructurales que sostienen la desigualdad. Hemos evidenciado cómo el aumento de la pobreza y violencia apuntan a factores estructurales, sociales y económicos.
Cabe señalar que Salta fue la última provincia argentina que dejó de impartir educación religiosa en las escuelas públicas después de un fallo de la Corte Suprema, reconociendo la existencia de violaciones a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, así como a la privacidad de los ciudadanos y ciudadanas. El uso tecnológico descrito no es sino expresión de problemas más amplios para comprender los ámbitos de autonomía y privacidad de las personas, con un propósito político. De esta manera, la movilidad diaria parece tener nexos con el funcionamiento del mercado de trabajo y con el nivel de ingreso de las personas. Y contra las imágenes iniciales o típicas, no son los más pobres o los informales los que conmutan más, sino aquellos con más educación y más formales. Lo anterior no significa forzosamente que los conmutantes de clase alta viajen más o gasten más tiempo en sus desplazamientos diarios para trabajar.
Stiglitz, que ha escrito distintos libros sobre desigualdad, observa «un círculo vicioso» en la región. Para esta ONG «las élites latinoamericanas no se han destacado por su compromiso por sus países», al contrario en muchos de los países de América Latina, no existe impuesto al patrimonio o los impuestos al lujo son bajísimos. Sin embargo, en este escenario dantesco, los súper ricos siguen creciendo, desde iniciada la pandemia Latinoamérica cuenta con otros 8 supermillonarios, es decir un nuevo mil millonarios cada dos semanas, según el informe de la ONG Oxfam conocido durante esta semana.
La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). Esto no se traduce en una situación generalizada de precariedad, porque hay más fuentes de ingresos. También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado.
Según indicó en el prólogo del texto, “poco a poco he ido comprendiendo que gran parte del mundo, desde Estados Unidos hasta la India, se parecen cada vez más a la región del mundo que llevo estudiando desde hace años y por la que siento cada vez más pasión”. La desigualdad, la pobreza y las brechas en el acceso a la tecnología son algunos aspectos que se están abordando en el IV Congreso Internacional de Trabajo Social que reúne a profesionales de 23 universidades. El cierre de actividades económicas, la destrucción de empleo y la reducción del comercio, la inversión y las remesas, tienen su reflejo en el incremento de la desigualdad y la pobreza. Las remesas de los trabajadores latinoamericanos desde fuera de la región se redujeron un 19,3% en 2020 según el Banco Mundial. Estas rentas son muy importantes en Centroamérica, donde representan entre el 13% y el 20% del PIB, especialmente para los hogares más vulnerables. Entre el 80% y el 90% de las remesas se destinan a cubrir necesidades básicas de los hogares, como la alimentación o la salud.
Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado outline la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1). Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país.
De Chile; y Alvaredo ha publicado junto a Thomas Piketty, Emmanuel Sáez y Anthony Atkinson, autores claves en las investigaciones modernas sobre concentración y desigualdad. A nivel mundial, diversas publicaciones recientes destacan las desalentadoras estadísticas en cuanto a la representación política inclusiva y la igualdad de género en las estructuras de gobernanza global y la diplomacia. Conscientes de que las mujeres latinoamericanas han estado invisibilizadas en las relaciones internacionales, tanto en su práctica político-internacional como en su teorización, decidimos invitar a un grupo de destacadas profesionales de varios países de América Latina para ser parte de esta publicación. Pero tal vez lo más importante que se desprende de los gráficos 3a a 3d es que no hay una relación estilizada entre la situación socioeconómica del municipio y su capacidad de retener asalariados en sus desplazamientos diarios, con la excepción del patrón ya comentado para los asalariados de bajo nivel socioeconómico11. Asimismo, es muy sugerente que para los asalariados ricos, la capacidad de retención de los municipios y comunas no aumente sostenidamente ni sistemáticamente con el nivel socioeconómico.
Además de crear limitaciones al acceso a servicios públicos para grupos históricamente marginados de la población, los sistemas de identificación obligatoria y biométricos implican una “sobrevigilancia” hacia esos grupos. No se sabe cómo son utilizados, agregados y compartidos los datos recolectados de esos grupos, ni parece proporcional exigir un nivel tan alto de información para la entrega de beneficios limitados o condicionados. En el caso venezolano las bases de datos biométricas provienen del sistema electoral, para ser utilizadas tanto por operadores estatales -incluyendo funcionarios de migración y policías- como por cajeros desigualdad rural y urbana de supermercados y farmacias, sin ningún tipo de requisito legal previo. En São Paulo, el gobierno municipal llegó a anunciar la venta de las bases de datos de las tarjetas utilizadas en el transporte pero, bajo presión pública y después de la aprobación de una ley de protección de datos en Brasil, cambió su posición. En São Paulo se implementó hace dos años el uso de cámaras de reconocimiento facial en el sistema de transporte público, con la justificación de que ayudarían a evitar el fraude en el uso de beneficios sociales asociados al transporte, como descuentos a adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad.
Pero si sigue creciendo cuando hay gente de la parte baja o media que está perdiendo, probablemente se crea gran resentimiento”, aseveró. “En los últimos treinta años, la desigualdad en América Latina se redujo, cuando la medimos con el instrumento que más se utiliza para esto, que son las encuestas de hogares”, dijo la académica para iniciar. Carla Hernández, en conversación con CHV Noticias, dio a conocer que dos personas de la familia interactuaron con su abuela en el baño minutos antes de su desaparición en Limache. Milagros Zabaleta evidenció en sus redes sociales el difícil momento por el que está pasando, el cual le ha afectado en su autoestima. El oficial policial se encontraba durmiendo en el domicilio de su vecina de 85 años con la finalidad de entregarle protección tras un intento de robo del que había sido víctima recientemente. Además, el estudio arrojó que en América Latina la pobreza extrema aumentó en un 0,3%, la cifra más alta del último siglo.
La descomposición Oaxaca-Blinder es una metodología cuantitativa apropiada para el estudio de la interseccionalidad (Jackson y VanderWeele 2019), en especial cuando se tiene en cuenta la dimensión subnacional. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó su índice de desarrollo humano (IDH) con cifras de 2018, donde si bien constató que la gran mayoría de los países latinoamericanos mejoraron sus indicadores, la región continúa siendo la segunda zona del mundo de mayor desigualdad, detrás de África Subsahariana. El IDH incorpora mucho más variables que la renta per cápita, incluyendo indicadores no solo económicos sino otras como los de esperanza de vida o de calidad educativa. Como escribió Amartya Sen, premio Nobel de Economía, los indicadores de desigualdad si descansan solo en cifras de ingresos no resultan suficientes para explicar un tema de tanta complejidad. Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos.
El presente trabajo procura evaluar empíricamente las hipótesis antes expuestas usando micro-datos censales de la ronda de 2000 en los que se incorporó la pregunta pertinente para medir movilidad cotidiana. Por ello, se trabajará casi exclusivamente con bases de microdatos censales en formato REDATAM, que serán procesadas justamente con este programa. Ocasionalmente, y sólo para efectos de apoyo, se usarán otras fuentes como encuestas de hogares. La metodología es, por tanto, cuantitativa, y descansará fuertemente en gráficos especiales de indicadores derivados de matrices de origen y destino. También se emplearán probabilidades de ser móvil (conmutante) condicionales en atributos individuales y territoriales relevantes, entre otros. Para las segmentaciones socioeconómicas se utilizará una clasificación laboral-educativa, más bien easy desigualdad social resumen por la naturaleza de la fuente de datos6.
De este modo, si el efecto de las categorías por separado es bajo, la intersección probablemente no será significativa (Bowleg 2012). La descomposición realizada en la sección anterior nos permite entender la desigualdad subnacional –o la brecha entre regiones– como la conjunción de dos tipos de fenómenos. Por un lado, parte de la brecha se debe a diferencias en la composición de las regiones. Unas regiones tienen más pobladores rurales, y más minorías étnicas por distintas razones aleatorias económicas, históricas, políticas y ecológicas y eso produce desventajas y privilegios. Por dicha composición en las regiones se reflejan dinámicas de racismo, el sexismo, y el sesgo rural6, que son comunes en el conjunto de la nación pero que se expresan con más fuerza en ciertas regiones en función de su número de minorías. Como se recordará, parte de esta porción no explicada se explica por diferencias en los efectos (o los coeficientes) que tiene ser mujer, ser campesino o ser minoría indígena en las regiones desventajadas.
En Colombia la diferencia entre la región con mayor y menor analfabetismo era de 8% en 2005 y 5% en 2018. Chile la diferencia entre la región más y menos afectada por la falta de escolaridad era de 9 p.p. En Chile la brecha étnica es muy pequeña entre los hombres urbanos, y un poco mayor entre las mujeres urbanas, y ambas se han reducido a casi su totalidad según el último censo. En el área rural se siente más la brecha étnica especialmente entre las mujeres (10 a 13 p.p. para 2002 y 3 a 8 p.p. para 2017), y en los hombres pero sólo de la región Sur. Entre los dos censos la diferencia entre etnias se ha reducido, aunque subsiste entre las mujeres de la región sur.