Estas compañías ofrecen diferentes salarios, por el mismo esfuerzo y el mismo trabajo, generando desigualdad de resultados para dos personas que tenían en principio igualdad de oportunidades. De esta manera, la libertad que tendrán estos sujetos en cuestión para alcanzar un resultado se ve limitada por la desigualdad de recompensas, generando así desigualdad entre ellos. El país tiene el segundo mayor valor del Índice Gini -que mide la desigualdad- para la renta disponible entre las naciones OCDE. Y el informe puntualiza que la percepción de las desigualdades de ingresos y el cómo se ve la participación del 10% más rico en los ingresos están -en Chile- entre las más altas del grupo de países.
three En explicit, mientras la primera podría explicar por qué amplios sectores de la población están tan “descontentos con el modelo”, la segunda desigualdad explicaría por qué este descontento no se canalizó de forma gradual a través de la institucionalidad política y tuvo que explotar de esta manera. Además, la riqueza tiene la característica que suele transmitirse intergeneracionalmente, por lo que esta alta concentración de riqueza contradice principios de igualdad de oportunidades dentro de cada generación.[16] Coherente con el análisis de la primera columna, es evidente el riesgo que estos niveles de concentración suponen para el ejercicio democrático. Es por eso que algunos países han implementado impuestos a la herencia como un tipo de impuesto al patrimonio (ver aquí para una discusión al respecto). La literatura académica sugiere que las tasas óptimas a la herencia podrían ser bastante altas (del orden del 50%-60%).
Como el IVA en Chile es homogéneo, y para no extender la discusión más allá de lo necesario, no profundizaremos al respecto. Es con esa motivación que se ha reactivado el interés político y académico por el impuesto a la riqueza total (también conocido en Chile como el impuesto a los “súper ricos”).[17] Hoy la evidencia académica es más optimista que antes respecto a la aplicación de estos impuestos en términos de factibilidad e impacto esperado (ver aquí). Evidencia reciente en Colombia sugiere que incluso en países con instituciones fiscalizadoras más débiles que las de un país desarrollado, estos impuestos pueden ser ejecutados de manera efectiva.
La dimensión sustentabilidad y medio ambiente es de gran relevancia para el crecimiento económico sostenible. Es lamentable que no se tengan datos históricos respecto a la inversión pública en el área medioambiental, sin embargo, contamos con los datos de los últimos años, los cuales develan que en 2015 la inversión ascendió a más de 27 mil millones de pesos. A nivel regional las regiones con mayor presupuesto medioambiental ejecutado fueron La Araucanía, Biobío y Aysén, tres regiones del sur del país. Mayores ingresos son consecuentes con mejores oportunidades de acceso a un sistema educacional y de salud de calidad14. Una persona de mayores ingresos irá a mejores escuelas, podrá asistir a clases particulares y extracurriculares, tendrá mejor asistencia dental, podrá ir a mejores centros médicos e incluso tomar mejores medicinas, que una persona pobre. En los informes del Ministerio de Desarrollo Social se suele calcular este ratio utilizando el promedio del ingreso autónomo complete la desigualdad economica del hogar; otros estudios utilizan el ingreso autónomo de las personas, con el objeto de medir la desigualdad proveniente del mercado.
Sin embargo, en este estudio se ha optado por utilizar el ingreso autónomo de los hogares, por ser la metodología que seguirá utilizando la CASEN, al considerarse más realista respecto de la situación social de las familias chilenas y por ser de gran utilidad para la aplicación de la política pública. Una de las principales críticas que se le ha hecho a este ODS se relaciona con la forma en que este fue concebido. Si bien los 193 países resolvieron en conjunto los objetivos que esta Agenda 2030 contemplaría, aún así hay quienes abogaron por no incluir un apartado especialmente dedicado a las desigualdades al momento de las negociaciones, principalmente debido a que este implica, de una forma u otra, un problema redistributivo ( Donald, 2017; Oestreich, 2018 ). Por lo tanto, haber aprobado la Agenda 2030 indica voluntad, pero aún así objetivos como el 10, tendrán que superar barreras y resistencias políticas a nivel internacional y nacional para poder ser implementado y realmente exitoso (Donald & Lusiani, 2016). No obstante, aunque con varios resultados positivos, esos quince años dejaron bastantes lecciones respecto del desarrollo y cómo debía enfrentarse.
“En Chile, en el ámbito educacional, las oportunidades que se tienen en la infancia parecen tener profundos efectos, casi determinantes, sobre las oportunidades futuras de una misma persona” (Senado de la Nación, 2012, pp. 74). Esta frase refleja una sensible conclusión a la que llega el estudio Retrato de la desigualdad en Chile y es que, en todo nivel educativo, las desventajas de origen socioeconómico de los chilenos, marcan el acceso, la trayectoria y los resultados de su educación. Es decir, que el éxito o fracaso escolar, está fuertemente determinado por los orígenes de las personas, marcando una desigualdad desde los inicios.
La metodología de investigación consiste en un análisis descriptivo y comparativo de las regiones del país, así como de un análisis de convergencia regional. La información recopilada para el desarrollo de este trabajo, se ha obtenido de fuentes secundarias, la desigualdad social y la concentración de la riqueza desde distintas bases de datos mundiales y nacionales. A nivel país se utiliza principalmente, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del Ministerio de Desarrollo Social y datos de productividad del Banco Central de Chile.
Las familias de menores ingresos destinan una mayor porción de sus ingresos a la alimentación. Así, el IVA a los alimentos es un impuesto regresivo, ya que estas familias pagan una mayor proporción de su ingreso en esos impuestos. Sin entrar en los detalles de su cálculo, hay que saber que éste toma valores entre 0 y 1, y que un mayor Gini implica una distribución de ingresos más desigual. En los casos extremos, zero implica que todos los individuos tienen los mismos ingresos, y 1 que sólo una persona recibe todos los ingresos. La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas.
Si bien se reconoce la utilidad de este índice, existen críticas al mismo, como las planteadas por Atkinson (1970 ) sobre la proporcionalidad de las transferencias, otorgando más peso a las transferencias en el centro de la dis-tribución que en las colas, lo que no necesariamente refleja los valores sociales tras un indicador de desigualdad. El autor examina también las propiedades de utilizar varianzas y la desviación relativa de la media, encontrando que cada una de ellas tiene sus propias limitaciones. Sin embargo, tomando en consideración las críticas que ha establecido la literatura, el Índice de Gini continúa siendo un indicador ampliamente utilizado para la medición de la desigualdad y la formulación de políticas públicas (Liu & Gastwirth, 2020; Furman, Kye & Su, 2019). Así, se podría haber inferido que la estrategia chilena para reducir las desigualdades en el contexto de la Agenda 2030 se centraría mayormente en la dimensión ex-post. En la misma línea de establecer la relación positiva de las variables, Robinson (1976) utilizó la hipótesis de Kuznets y la planteó como teoría de la movilidad de las personas entre el sector rural-agricultor y el urbano-industrial, sosteniendo que cada sector se caracteriza según amplitud, ingreso per cápita y desigualdad. Así, el sector rural es el más amplio, con un ingreso per cápita bajo y una desigualdad baja.
Primero, su elemento persistente y condición histórica y, segundo, su relación con el tamaño del Estado y la política pública. Por medio del Coeficiente de Gini se puede determinar la desigualdad en el ingreso, tomando entre 0 y 1, donde zero corresponde a la máxima igualdad de la distribución del ingreso y 1 corresponde a la máxima desigualdad; es decir, una persona tiene el control total de los ingresos. Además de la desigualdad, que por si sola ya es grave, otro problema que afecta al crecimiento es la falta de oportunidades de empleos de calidad, principalmente para los más jóvenes, lo que se ve reflejado en las disaster que ha habido en Europa (Grecia y España por ejemplo), donde los jóvenes fueron los más afectados con la cesantía que se provocó.
«Hay un grupo appreciable que percibe altas disparidades económicas, pero también hay un grupo que, en cambio, considera que las disparidades son relativamente bajas», se lee en el análisis. En el 2013, un año antes del discurso de Lagarde, Thomas Piketty publicó su libro Capital en el siglo XX, en el cual promueve la idea de que la concentración de la riqueza y su distribución desigual son fuentes de inestabilidad económica y social. La discusión sobre desigualdad llegó para quedarse, y ha sido protagonista en las exigencias del movimiento social. Y, como ya se empieza a vislumbrar, lo más probable es que también esté en el centro de la discusión para la nueva Constitución. Una buena educación, según expertos, tiene la función de adquirir habilidades y certificar conocimientos para participar aún más en la sociedad, y sirve para “socializar”. El ex director del Banco Mundial, asegura que, si uno realiza un recuento de estas desigualdades, notará que tanto la alta concentración de ingresos como de empresas se sigue manteniendo a cabalidad, lo mismo que el debilitamiento del movimiento sindical.
Asimismo, se contacta con diferentes instituciones, como el Instituto Nacional de Estadísticas, al que se solicita datos antiguos poblacionales y vitales no disponibles en la web1. La primera razón que postula Atkinson (2015) tiene que ver con las dificultades que enfrentan las personas en la vida, sin considerar la desigualdad de oportunidades que pueda existir. El autor incluso hace referencia a la “mala suerte” que podrían tener algunos sujetos de la economía. Por ejemplo, dos personas que perciben el mismo ingreso, pero una de ellas se ve forzada por factores fortuitos a generar un gran gasto o endeudarse, mientras que la otra puede ahorrar ese dinero o invertirlo en su desarrollo personal, mostrarán disparidades en el uso de sus recursos y, por consiguiente, en la libertad para lograr ciertos resultados. La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas.
En este sentido, se destaca un claro enfoque en las metas 10.2 y 10.three, y por el contrario, que no existen acciones públicas que respondan específicamente a las metas 10.6, 10.a, 10.b y 10.c del ODS 10, al menos de acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2018). Ahora bien, estas últimas cuatro metas mencionadas, se enfocan en migración y las desigualdades entre los países. Si bien la novena acción pública analizada, el Proyecto de Ley de Migraciones, responde a una meta de migración, cabe destacar que esta se aprobó recién el pasado 20 de abril 2021 y aún no entra en vigencia, por consiguiente, no ha podido ser implementada aún. Por lo tanto, la estrategia chilena para reducir las desigualdades en el contexto de la Agenda 2030 entre los años 2015 y 2018, se concentró principalmente en lo que ocurre dentro del país, respondiendo la mayoría de las acciones públicas a la segunda y tercera meta de este ODS. Como se puede observar, las metas de este ODS contemplan los aspectos económicos, políticos y sociales, lo que va en la línea de lo planteado respecto de la multidimensionalidad de la desigualdad económica. Es decir, que esta no solo considera el tema de ingresos, sino que hay una gama amplia de particularidades a considerar para lograr reducirla.