Aunque los municipios intervienen en forma incipiente respecto a la demanda del empleo (el fomento productivo municipal), se encuentran fuertemente limitadas sus finanzas y capacidad de inversión. El desarrollo de un apoyo hacia la oferta (a los recursos y capacidades de trabajo con que cuentan personas y hogares pobres) ha sido más esporádico, y sin articulación con los esfuerzos sobre la demanda. Los programas públicos de intervención en la precariedad del habitat en general no han incorporado la temática del empleo, aunque sí se detectan algunos casos, por ejemplo en Chile y Argentina. Cabe destacar una condición específica de los hogares pobres urbanos que hace que su vida difiera a la de sus contrapartes rurales, y que marca fuertemente la dinámica de reproducción y producción de estos sectores en el área urbana. El enfoque de los derechos y la ciudadanía (CEPAL, 2000) plantea que los Estados deben asumir responsabilidades en la garantía de derechos de todos los ciudadanos.
Al hacinamiento se agregan las condiciones de precariedad del material de las casas. Aspectos a los que se agregan diferencias en las condiciones materiales o de construcción de esos hogares. En los hogares del grupo D y E el material que predomina en el exterior de la vivienda es un muro de tabique (40%), lo que en el grupo ABC1 alcanza el 12%. “Una realidad que siempre ha existido y de la cual solo parecemos tomar conciencia, incluso autoridades del país, en condiciones extremas o cuando las demandas de estos sectores se toman las calles”, cube Cristián Munita director del área de Analytics de Criteria.
Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento. Y afirma la necesidad de una distribución que garantice la independencia y la voz de todos. En el siglo XIX, las élites nacionales construyeron el Estado nacional.
Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional.
Sin embargo, la mayoría de las veces, la categoría de “pobre urbano” era utilizada como una noción general, para referirse a un sector urbano marginalizado, en oposición a los sectores privilegiados (Ramos, 2016). Por su parte, la categoría de “poblador” constituyó un concepto más preciso para hablar sobre los residentes de poblaciones pobres. En comparación con la noción genérica de pobres urbanos, la categoría de poblador refiere a un grupo social que se constituye a través de sus acciones como “productor de espacio urbano”, especialmente de vivienda (Espinoza, 1988, p. 9).
Nosotros realizamos un cruce entre los datos que teníamos de los campamentos y el instrumento que se usaba para caracterizar la población en ese momento, la Ficha cas [Comités de Asistencia Social], y estimamos que había un 26% de las familias que se encontraba en esa condición [de pobreza]. La Fundación Junto al Barrio por su parte, es otro ejemplo de cómo se puede reconstruir el tejido social y aumentar la cohesión en barrios vulnerables que sufren de exclusión y abandono. “Nuestra estrategia es promover el fortalecimiento de las organizaciones, activar la participación y levantar a la comunidad mediante transformaciones físicas de su espacio comunitario. Un ejemplo exitoso fue la experiencia en Playa Ancha, Valparaíso, donde trabajamos desde el 2012 hasta el 2015. Las primeras acciones, definidas por los propios vecinos, se centraron en recuperar la dignidad de la comunidad, mediante mejoras de los bloques de vivienda del condominio social.
Los enfoques conceptuales tradicionales de carencias y necesidades básicas insatisfechas, son aquellos que ponen atención sobre la dimensión de las carencias o déficits que presentan grupos de población en indicadores o estándares entendidos como básicos de acuerdo a convenciones internacionales. La pobreza y la desigualdad se miden en términos de ingreso per cápita del hogar. De esta manera se distinguen los pobres indigentes de los pobres no indigentes y los no pobres.
Estas diferencias, dado el contexto territorial de distribución de los grupos socioeconómicos en la Región Metropolitana, hace que el “otro” distinto deje de ser seen. “Los segmentos de más bajos ingresos deben recorrer la ciudad para ir a sus lugares de trabajo, por lo tanto, son conscientes de la diferencia. No así en los segmentos de más ingresos donde normalmente existe poca diferencia- y normalmente poca distancia- entre las características del entorno donde viven y donde trabajan”, explica Munita. Lo que se grafica en los mapas de calor (abajo) que representan la ubicación del destino por motivos laborales en la encuesta de Origen y Destino 2012, el primero del segmento D y E, y el último del segmento ABC1. La Convención sobre los derechos del niño/a ha sido ratificada por 196 Estados Parte de la Convención. Ha sido uno de los tratados sobre derechos humanos que más rápidamente ha sido ratificado y a la que más países se han adherido.
Asimismo, los residentes de campamentos fueron relocalizados desde los distritos centrales y más adinerados hacia las periferias, o radicados en los mismos terrenos a través de la provisión de infraestructura sanitaria (Minvu, 2004, 2013). Entendidos como mecanismos legítimos de acceso a la vivienda, los campamentos aumentaron considerablemente durante esta administración, desde menos de 10 en 1968, a 220 en 1970 (Fadda & Ducci, 1993). Los partidos de oposición al gobierno organizaron ocupaciones de terreno con el objetivo de presionar la política estatal. Incluso los partidos de la coalición de gobierno comenzaron a organizar tomas de terreno, creando una tensión política dentro del gobierno de Allende. Debido al aumento de tales ocupaciones, el gobierno intentó reprimirlas hacia el ultimate de su periodo, bajo el argumento de que no estaban basadas en la necesidad, sino en las estrategias políticas de los partidos de oposición (Minvu, 1971).
Esto no se traduce en una situación generalizada de precariedad, porque hay más fuentes de ingresos. También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado. El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se celebra cada año desde 1993.