Es decir, que existiendo esta agenda como una guía para el desarrollo sostenible, los esfuerzos que vengan a continuación deberían responder a la lógica de estos objetivos y no al revés. Por otro lado, también es importante, en este sentido, trabajar en acciones públicas que sean de corto y largo alcance. En primer lugar, de corto alcance, puesto que la realidad país hoy supone una urgencia respecto de este tema, el cual debe ser tratado pronto si realmente se quiere establecer el desarrollo sostenible a nivel nacional, como también internacional. En segundo lugar, también deberían haber acciones públicas de largo alcance, que no solo respondan a las necesidades inmediatas, sino que también a aquellas dificultades más profundas, y que se arrastran desde hace siglos (PNUD, 2017), con el propósito de disminuir estas disparidades de manera efectiva y sostenible en el tiempo.
Asimismo, hay una diferencia promedio de un año de escolaridad dependiendo de si pertenece o no a una etnia, siendo el promedio de 10,1 años para la población indígena y 11,1 para la no indígena. El país está conformado por sixteen regiones5, siendo la capital nacional la ciudad de Santiago en la Región Metropolitana. El territorio chileno es abundante en recursos naturales, es el mayor productor de cobre a nivel mundial y tiene un importante rol dentro de los países exportadores de productos agrícolas, forestales y ganaderos (OCDE y CEPAL, 2016). Las mayores transferencias públicas fueron también un factor relevante en la disminución de la desigualdad. “El estado se volvió más redistributivo hacia los pobres en ese período”, dijo la académica, agregando que el período coincide con un gran número de gobiernos de izquierda en la región.
Por el contrario, solo se encontraron cinco de estas acciones que hicieran referencia a las diferencias en las perspectivas relacionales, cuatro que aluden a las heterogeneidades personales y dos que apuntan a la diversidad ambiental. Sin realizar un juicio de valor respecto de estos resultados, lo que requeriría un estudio profundo de las causas de las desigualdades en Chile, se puede observar una tendencia hacia un solo issue causante de las disparidades económicas, es decir, a las variaciones en el contexto social en que se encuentran las personas que residen en el país. Además, en ninguna de las acciones públicas analizadas se encontró alguna referencia a la distribución de los recursos dentro de las familias, que de acuerdo a Sen (2000), son la unidad básica a considerar en cuanto a la repartición de los ingresos, desde el punto de vista de cómo se utilizan.
En simple, éste consiste en que las personas paguen todos los años una proporción determinada de sus ingresos. Considerando que los ingresos totales provienen de distintas fuentes con distintas particularidades (trabajo, empresas, mercado financiero, and so forth.), su diseño es complejo y varía mucho entre países. Para esta discusión será útil definir qué significa que la intervención del gobierno sea progresiva o regresiva.
Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos. Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo. La COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes y ha afectado más que nadie a los pobres y las comunidades más vulnerables. Para complementar el análisis basado en el Gini, una forma menos abstracta y más intuitiva de medir la desigualdad consiste en calcular la porción del ingreso whole del país que concentran diferentes grupos de la población.
Por lo tanto, en este sentido, los resultados obtenidos abren paso a otras preguntas investigativas. Si bien este último comprende una variedad de demandas, entre ellas se encuentra la gran desigualdad que existe actualmente en el país, la cual, en palabras de Güel (2019), “…no se trata solo ni principalmente de un problema de distribución del ingreso” (párrafo 8). Es decir, que las disparidades que viven a diario los/as habitantes de Chile van más allá de su salario, experimentándose en otras áreas, como en la educación, la salud, la protección social, entre otras, que fueron aludidas dentro de las acciones públicas y otras que aún quedan por resolver. Las causas de estas disparidades son múltiples, y estas se expresan en diversos ámbitos de la vida de los/as residentes del país, como por ejemplo, en el sistema previsional, en salud, educación, entre otros ( Vera, 2017 ). Esta desigualdad no es una novedad, es un problema que ha afectado al país incluso desde la época de la Colonia (PNUD, 2017).
Los Estados Partes que aceptaron las normas de la Convención deben convertir estas normas en una realidad para todas las niñas y niños en sus respectivos ordenamientos jurídicos de manera que no puedan contravenir o impedir el disfrute de estos derechos. Los gobiernos de manera periódica deben presentar informes sobre los progresos en el cumplimiento de todos los derechos. Para la efectividad de su cumplimiento, los derechos que no pueden ser cedidos en favor de otro/a, son de carácter common la desigualdad socioeconómica, ya que aplica para todos los niños y niñas, son indivisibles, ya que no puede solo aplicarse unos derechos y otros no, y no hay un derecho que sea más importante que el otro. La Convención Sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que existe para establecer las normas mínimas que aseguren la vida, el bienestar, la protección y la libertad de los niños y niñas.
Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre zero y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1). Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país.
Por otro lado, se critica la mala relación que existe entre sus metas y los indicadores propuestos (Donald & Lusiani, 2016). Como se ve en la Tabla 2, no todas las metas son cuantificables y, por consiguiente, de difícil monitoreo sin los indicadores adecuados. Por ejemplo, la meta 10.2 sobre promover la inclusión, tiene como indicador “Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad”. En este sentido, este indicador podría dar luces sobre la inclusión económica de las personas, pero no así de los aspectos sociales o políticos. O bien, la meta 10.three que busca garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, tiene como indicador la “proporción de la población que declara haberse sentido personalmente discriminada o acosada en los últimos 12 meses por motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.
La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas. La razón es que los distintos componentes del ingreso tienen particularidades que, para ser eficientes y respetar principios normativos, requieren atención en cada uno de sus detalles. Recomendamos al lector las siguientes columnas que explican con mayor detalle algunos elementos del impuesto al ingreso del sistema chileno, en explicit la desigualdad politica, cómo funciona la integración, y cómo funciona la base tributaria y cuáles son los detalles del diseño que facilitan la evasión y elusión a través de los ingresos empresariales (ver aquí y aquí). Un sistema tributario que se toma en serio la desigualdad y la protección de la democracia debe considerar el mérito de los impuestos al patrimonio, en explicit a la herencia y a la riqueza.
Prácticamente en todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta la protección social, los efectos de la COVID-19 han agravado la situación de las mujeres y las niñas simplemente como consecuencia de su sexo. La nueva metodología, a diferencia de la anterior utiliza el hogar como unidad de análisis (no las personas) y se dejan de considerar los individuos que no reportan ingreso alguno. La (Tabla 7) muestra, por una parte, la evolución de este índice considerando solo las seis dimensiones originales, lo que permite hacer una correcta comparación en el tiempo, y a continuación, expone los resultados 2017 al incorporar la variable de medio ambiente y sustentabilidad.
Esta dicotomía en los planteamientos se presenta incluso en la investigación empírica, llevando a que en la actualidad no exista un consenso common en cuanto a la influencia que tienen las variables entre sí. Esto plantea la reflexión sobre cómo puede la desigualdad en la distribución de la renta llegar a afectar al desempeño de las economías de los países. Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan.