2) Para cumplir con esa finalidad, el Estado reconoce el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, y admite una amplia libertad de enseñanza, sin otros límites que los que el bien común impone a la función educacional. En sus disposiciones transitorias, indica que para hacerse efectiva se dictará un conjunto de leyes, dentro de las cuales está la relativa al plan common de educación pública. ¿Cómo se relaciona la desigualdad con el estallido social que vive Chile desde octubre de 2019? En este texto abordo esta pregunta tratando de ser riguroso y apegado a los hechos, pero consciente de que, más allá de lo bien que podamos caracterizar tanto la desigualdad como el estallido social, establecer una relación entre ambos fenómenos es un ejercicio eminentemente especulativo. La evaluación ética enfatiza aquello que es moralmente malo respecto de la corrupción y, así también, la cualidad ethical (o falta de esta) de distintas estrategias anti-corrupción. Dicho de manera más easy, ¿cuáles son los derechos de los ciudadanos y los deberes de los Estados con respecto a las diversas formas de corrupción?
«En Chile parte de lo que ha sucedido, creo yo, de porqué hubo estallido social que fue parte de lo que motivó mi presentación hoy día, guarda relación con que la política no le está respondiendo a la ciudadanía en sus demandas. Las relaciones de poder requieren de una interacción la desigualdad social y la pobreza entre dos partes, un amo y un esclavo, un jefe y un obrero o un gobernante y un ciudadano. Cuando el poder se ejerce en un sentido espurio, en que el bienestar de los ciudadanos deja de ser el centro y motor de la democracia, estamos en presencia de la peor de las injusticias.
Este número nos sitúa en el lugar 24 en términos de desigualdad sobre el total de 159 países con datos disponibles, y nos corona como el país más desigual de la OCDE. Para la efectividad de su cumplimiento, los derechos que no pueden ser cedidos en favor de otro/a, son de carácter common, ya que aplica para todos los niños y niñas, son indivisibles, ya que no puede solo aplicarse unos derechos y otros no, y no hay un derecho que sea más importante que el otro. Estos Derechos se crean para buscar el adecuado desarrollo de la infancia, la cooperación internacional en esta materia y que los derechos se apliquen de manera global. La Convención sobre los derechos del niño/a ha sido ratificada por 196 Estados Parte de la Convención. Ha sido uno de los tratados sobre derechos humanos que más rápidamente ha sido ratificado y a la que más países se han adherido. Uno de los Estados que aún no ha ratificado la Convención, pero que ha expresado su intención de hacerlo, es Estados Unidos.
Por un lado, el progreso fue desparejo en términos funcionales (distintas áreas de la realidad social), socioeconómicos y territoriales. En promedio, el país progresó significativamente, pero lo hizo a múltiples velocidades y con profundas heterogeneidades. Más allá del ingreso, más allá del Gini, las múltiples desigualdades que esa heterogeneidad generó se expresaron en un descontento creciente (PNUD, 2017). Por otro lado, distintos segmentos de la población politizaron dichas desigualdades, asociándolas, además, al mal funcionamiento de las instituciones y a los principales actores del sistema político. El análisis del caso de Chile y de la desigual distribución en la percepción de acceso a distintos derechos de ciudadanía que hemos discutido en esta nota, ilustra por qué su crisis reciente tomó por sorpresa a quienes convencionalmente veían al país como una democracia liberal de calidad a nivel regional. Si bien aquella perspectiva es interesante y valiosa, y puede también ser analizada en clave sub-nacional, el enfoque predominante deja de lado la atomización de la experiencia ciudadana, a nivel cotidiano y local, con las promesas de la democracia liberal.
Estudios internacionales como los de Parcel, Dufur y Cornell (2010) coinciden en afirmar que la pobreza material es un factor de riesgo para niñas y niños, ya que implica menor acceso a recursos educativos que apoyen el proceso de aprendizaje, como materiales y actividades educativas. Por su parte, Weiss y otros (2009) establecen que «padres, madres o cuidadores que viven en condiciones de pobreza o estrés económico experimentan más problemas de salud mental, que pueden limitar su habilidad para apoyar los estudios de niñas y niños e incrementar la probabilidad de uso de prácticas punitivas. También enfrentan más barreras logísticas para acercarse a la escuela como falta de transporte, falta de flexibilidad de tiempo diario y falta de tiempo para vacaciones». Según datos de 2017, Chile tiene uno de los índices más altos en desigualdad educativa entre los países de la OCDE, expresado en el índice Gini con un zero,503 . Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre en Chile; una cifra que es señal de alarma. Diversos estudios concluyen que la desigualdad educativa está directamente relacionada con la clase socioeconómica y al nivel de acceso a oportunidades (ante condiciones socioeconómicas deprimidas, menores oportunidades y viceversa).
El trabajo teórico incluye argumentaciones conceptuales, históricas y empíricas respecto de la naturaleza, tipos, causas, tenacidad y consecuencias de la corrupción tanto gubernamental como no-gubernamental. Los expertos en ética deberían hacerse cargo del mérito moral, la efectividad y la durabilidad de diferentes tipos de estrategias para atacar y reducir la corrupción. Pero esta condición no se remite solo a diferencias en calidades de vida, ya que tiene asociado un conjunto de problemas que implican, especialmente, trabas a la justicia, a la convivencia y al desarrollo económico. [18] La evidencia disponible sugiere que considerando la suma de los impuestos corporativos y el impuesto a la renta, el 2009 el 1% más rico pagaba en promedio una tasa efectiva de 15%. [13] Es importante mencionar que esta gran diferencia se explica principalmente por las contribuciones a la seguridad social ya que, a diferencia de Chile, en basic los países financian programas de seguridad social con componentes solidarios con estas contribuciones.
Sin embargo, no son suficientes para entender el problema en su globalidad y pueden inducir a conclusiones erróneas. Una de las medidas más utilizadas en la discusión pública es el coeficiente de Gini. Sin entrar en los detalles de su cálculo, hay que saber que éste toma valores entre zero y 1, y que un mayor Gini implica una distribución de ingresos más desigual. En los casos extremos, zero implica que todos los individuos tienen los mismos ingresos, y 1 que sólo una persona recibe todos los ingresos. Los Estados Partes que aceptaron las normas de la Convención deben convertir estas normas en una realidad para todas las niñas y niños en sus respectivos ordenamientos jurídicos de manera que no puedan contravenir o impedir el disfrute de estos derechos.
En esta perspectiva, la pregunta que anima este trabajo es ¿De qué manera el ordenamiento jurídico y su concreción en la política educativa, desde la dictadura hasta la época actual, contribuye a profundizar la desigualdad educativa en Chile? En este sentido, se plantea que la educación chilena necesita despojarse de los velos que la cubren y que han tapado la diferencia, la exclusión, la separación y su propia negación. No obstante, en un contexto de Estados débiles y sociedades desiguales, la secuencia clásica de T.H. Marshall sobre la expansión de los derechos civiles, políticos y sociales se rompe. Tal como afirma O’Donnell (2010), el «paquete completo» de derechos de ciudadanía, nunca ha sido implementado (pp. 180) a completitud.
La Figura 4 presenta la distribución de las tres ciudadanías para cada región del país en un gráfico de cajas, el que representa la distribución relativa de los encuestados para el 2017 (Encuesta LAPOP). En términos generales se nota cierta disparidad, en tanto la ciudadanía civil tiende a estar más alta, un poco más abajo la ciudadanía política y en último lugar la ciudadanía civil. La Figura 3 muestra los puntajes lineales de las tres ciudadanías para los países latinoamericanos de acuerdo con los datos de LAPOP[3]. Los resultados comparados revelan que hay bastante heterogeneidad dentro de cada país según tipo de ciudadanía y entre los países de la región. En cuanto a las diferencias intra-país, suele haber una mejor percepción de acceso a la ciudadanía social[4] que del resto de ciudadanías.
Sin embargo, estos impuestos representan una porción muy menor de la recaudación complete y, en specific al impuesto a la herencia, su diseño no permite una implementación eficiente. Así, se puede decir que, en términos generales, los impuestos patrimoniales no son relevantes en Chile, tanto en términos de recaudación, como en progresividad o cuidado de la democracia. El más exhaustivo de estos impuestos es el impuesto a la riqueza, el cual se paga sobre el total del valor del patrimonio de un individuo. El foco del impuesto a la riqueza son solo los mayores patrimonios, por lo que en general su diseño exime a la mayor parte de la población de este impuesto. La literatura académica sugiere que los impuestos óptimos al ingreso de los individuos en la parte más alta de la distribución deberían ser altos (estimaciones sugieren que podrían llegar a 73%, e incluso sobre el 80% si existe apropiación de rentas no productivas).
En easy, éste consiste en que las personas paguen todos los años una proporción determinada de sus ingresos. Considerando que los ingresos totales provienen de distintas fuentes con distintas particularidades (trabajo, empresas, mercado financiero, etc.), su diseño es complejo y varía mucho entre países. El motivo es que el Gini reportado periódicamente por los organismos internacionales no captura correctamente los ingresos de los individuos de más altos ingresos. Estos indicadores se basan exclusivamente en datos provenientes de encuestas de hogares (en el caso chileno, la encuesta CASEN), que no son representativas para los percentiles de más altos ingresos (es decir, muy rara vez una persona de altos ingresos aparece encuestada en la CASEN). Además, las personas de altos ingresos que sí son encuestadas, subreportan sus ingresos, ya sea porque no los conocen con exactitud o porque no desean hacerlos públicos. Esta realidad puede provocar que muchos políticos que ven estos datos intenten hacerse cargo exclusivamente de la opinión mayoritaria de la ciudadanía, pero les puede pasar que se olviden que la política no solamente está para hacer lo in style, sino también para no perder de vista las cosas importantes de la vida en sociedad.
Pero ello no es razón suficiente para descartarlas como causas relevantes del estallido social. Es posible, por ejemplo, que la acumulación de una desigualdad no creciente, pero presente por mucho tiempo, junte un malestar que en algún momento explote. Ya sea porque la no resolución de un problema por mucho tiempo genere rabia, o bien porque el progreso moral de un país haga insupportable un problema que antes se aceptaba. En otras palabras, cuando se trata de niveles de desigualdad como los que vivimos en Chile, la ausencia de novedad bien puede ser una razón profunda para querer cambiarlo todo. Cada vez más, estudiosos defienden, y también profesionales están reconociendo, que la democracia local la desigualdad económica y social debe ser apoyada y, al mismo tiempo, ha de apoyar a la democracia nacional (así como también regional y global). Incluso las instituciones más innovadoras de democracia local pueden llegar a ser «administradas», socavadas o capturadas por poderosas élites económicas, éticas, políticas y religiosas.