Los sucesivos retiros de fondos desde las AFP no se incluyeron en los cálculos, ya que metodológicamente se estima que no son ingresos, sino desahorro. El reporte advierte también sobre los fuertes impactos de la disaster del COVID-19 sobre el mercado laboral. La tasa de desocupación regional se ubicó en 10,7% al cierre de 2020, lo que representa un incremento de 2,6 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019 (8,1%).
En el caso de Chile esas decisiones de políticas públicas nos han llevado a desigualdades estructurales, a tener un sistema de salud que se financia en gran medida con recursos de los hogares y en la existencia de un sistema fiscal regresivo. Sin embargo, tenemos esperanza de que el derecho a la salud y otros derechos sociales fundamentales queden plasmados en la nueva constitución para que otorgue garantías de una vida más digna para todas las personas”, afirma Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. En Perú, por ejemplo, en el decenio que precedió a la pandemia, las autoridades no aumentaron el gasto público en salud a pesar del crecimiento económico sostenido durante años, y sólo invirtieron el three,3% de su PIB.
La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas. Prácticamente en todos los ámbitos, desde la salud hasta la economía, desde la seguridad hasta la protección social, los efectos de la COVID-19 han agravado la situación de las mujeres y las niñas simplemente como consecuencia de su sexo. Nuestro análisis muestra patentemente las inmensas desigualdades en mortalidad, sin embargo, en el diseño actual del sistema de seguridad social se considera a Chile como una estructura monolítica, ignorando la existencia de esta heterogeneidad. Una interesante discusión internacional comenta sobre la necesidad de dar cuenta de estas diferencias a la hora de fijar criterios como edad de jubilación; el no hacerlo compromete la progresividad, justicia actuarial y sostenibilidad del sistema [9,10].
Por el contrario, en Chile “tenemos la experiencia de casi medio siglo de neoliberalismo ininterrumpido. En tercer lugar, es de vital importancia mejorar la calidad del Capital Humano en América Latina, reemprendiendo una serie de reformas al sistema educativo. El desafío será avanzar en sistemas educativos menos rígidos, que sean capaces de incentivar las “habilidades para el siglo 21”, es decir, formar profesionales capaces de adaptarse a un entorno cambiante y globalizado. Para esto también se debe tener en consideración los constantes cambios en el Mercado Laboral, sobre todo en un contexto publish pandemia, donde Las cifras de desempleo agregado ocultarán el hecho de que la composición del trabajo en América Latina cambiará robustamente posterior a la crisis. Para esto, los gobiernos no sólo deberán tener programas de apoyo a los desempleados, sino que también aquellos que hagan posible una reincorporación de los trabajadores desplazados como consecuencia de la actual pandemia.
La pandemia de Covid-19 no sólo generó una disaster económica que impactó al mundo, sino que también trajo una crisis social que se expresó en mayores niveles de pobreza, desigualdad y que desnudó una serie de brechas en acceso a tecnologías y a viviendas de calidad, entre otros factores que continúan sin resolverse. La pandemia, es un fenómeno mundial multidimensional que no solo afecto la vida social y el entorno de las personas, sino que también vino a poner en jaque todo el aparataje y estructuras de funcionamiento de los Estados y sus obsoletas formas de «hacer políticas públicas». Por ende, expuso la fragilidad de los sistemas de protección social en América Latina, desencadenando una disaster institucional. La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) realizada en plena pandemia (octubre 2020 a febrero 2021) revela que la pobreza asociada a ingresos de los hogares subió de 8,6% de la población en 2017 a 10,8% en 2020. Esto significa que hoy 2,1 millones de personas están en situación de pobreza por ingresos, indicador que suma aquellos generados o recibidos por los hogares (como sueldos, pensiones, arriendos, entre otros) con los subsidios estatales.
La Encuesta Social COVID-19 se realizó en alianza con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sumándose a estos esfuerzos el Instituto Nacional de Estadísticas. El objetivo del trabajo fue caracterizar los efectos socioeconómicos directos e indirectos que ha generado la crisis sanitaria en los hogares chilenos, reconociendo las particularidades de esta experiencia en diferentes territorios y configuraciones de hogares. Esto, de modo de disponer de información confiable y oportuna que sirva para el diseño de políticas públicas que entreguen una respuesta inclusiva a la crisis.
Por su parte, el sociólogo afirmó que la gente antes del estallido social estaba menos tolerante o eran menos capaces de justificar una desigualdad de ingreso. Pero cuando hay mucha desigualdad la mayor parte de las personas que gana menos que el promedio, se moviliza. “La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, se vive un momento de elevada incertidumbre en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis. No cabe duda que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región”, afirmó Alicia Bárcena. Por último, se considera que los países de América Latina deberán poner un especial énfasis en mejorar la calidad de las instituciones y su transparencia. En la práctica, hay áreas completas de la política pública en que las disposiciones legales o reglamentarias no se ejecutan por deficiencias en las instituciones que deben implementarlas, o por un mal diseño de las regulaciones.
El cierre de actividades económicas, la destrucción de empleo y la reducción del comercio, la inversión y las remesas, tienen su reflejo en el incremento de la desigualdad y la pobreza. En el siguiente artículo, el medio The Conversation da a conocer cómo la pandemia ha afectado el desempleo y la pérdida de empleos en el continente, y el efecto que estas cifras tendrán a largo plazo en países que ya eran muy desiguales en la región. Sin embargo, en las últimas décadas la falta de planificación y la especulación del valor del suelo por parte del mercado no sólo ha perjudicado a los grupos más pobres, sino también a la clase media a través de la construcción de grandes torres con cientos de departamentos, poco metraje y sobreprecios que han formado una burbuja inmobiliaria. El mercado descubrió un nicho de gente que trabajaba en áreas centrales y que sólo necesitaba un lugar para dormir y comenzó a construir departamentos de 17 m2 y a venderlos en más de mil UF, simplemente porque había mercado para hacerlo. La verdad es que no existe una norma que regularice la cantidad mínima de m2 que debe tener una vivienda privada”, agrega Tapia. Alberto Hurtado, las personas migrantes representan el 14% del déficit habitacional que existe en Chile, donde el 22% son allegados y 19%, además, vive en condiciones de hacinamiento.
El efecto de la pandemia se traduce en 0,seventy eight (hombres) y 0,three (mujeres) años de diferencia adicionales en la esperanza de vida entre 20 y sixty five años, entre los deciles más altos y bajos de pobreza. Los «modelos económicos» de estos dos países se derrumbaron a las semanas de la llegada de la disaster sanitaria, la privatización de la salud y los derechos sociales, unidos a la precarización laboral, fueron el caldo de cultivo para la propagación del virus en poblaciones indefensas y abandonadas por sus autoridades. Por construcción, el IFE es de los beneficios que tiene un mayor impacto en reducir la tasa de pobreza, dado que los últimos seis aportes entregaban un valor equivalente al de la línea de la pobreza. Al mismo tiempo, el escenario simulado dota desigualdad social mundial al 90% de los hogares de recursos, por lo que la pobreza extrema tiende a cero a pesar de que un hogar en dicha situación puede efectivamente no haber cobrado el beneficio por falta de información o de medios para postular. En el caso del IFE Covid de los meses de enero, febrero y marzo, se utilizó la información de ciertas preguntas de la encuesta CASEN para determinar los potenciales beneficiarios, en función de la fase del plan Paso a Paso en la que se encontrasen. De esta forma, de los hogares ubicados en comunas que estuvieron en cuarentena y transición para los periodos requeridos (ver Tabla 3), se consideraron como beneficiarios a todos aquellos encuestados que declararon haber recibido el IFE durante el año 2020, sin necesidad de verificar el cumplimiento de otros requisitos.
Las diferencias en la muerte de gente joven (bajo sixty five años) se explican, a su vez, en relación con la pobreza. Un punto importante es que efectos similares se observan si en vez de pobreza usamos otra variable como hacinamiento. Análisis estructurales más cuidadosos [7] podrían desentrañar el rol de cada variable, algo que no hacemos acá.
Los antecedentes que se encuentran en la base del desarrollo de este análisis se relacionan con un conjunto de procesos de incorporación del análisis de género en los productos del Observatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social. La documentación e indicadores incorporados en esta web son producto del trabajo coordinado entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, para el diseño e implementación de un sistema de indicadores de equidad de género basados en la Encuesta Casen. Desde que Chile recibió en 1948 el primer préstamo para el desarrollo del Banco Mundial a un país fuera de Europa, ha continuado un proceso de aprendizaje conjunto para abordar los mayores desafíos del desarrollo. La apertura de la primera oficina en Santiago, en diciembre del 2017, ha permitido continuar fortaleciendo la colaboración con el país. El Grupo del Banco Mundial (GBM) ha respaldado el proceso de desarrollo de Chile durante más de 75 años, con una variedad de instrumentos que incluyen préstamos, seguros, donaciones, asistencia técnica e intercambio de conocimiento. El coeficiente de Gini, un índice que se emplea para calcular la desigualdad de ingresos siendo 0 la máxima equidad y 1 la mayor desigualdad, llegó a 0,527 en 2020.
Eso sí, consultados sobre las distintas situaciones violentas que ocurren o pueden ocurrir en el país, las más graves señaladas no tuvieron que ver con seguridad, sino con la corrupción de los políticos (24%) y la desigualdad social (20%). Así, la corrupción de los políticos (27%), la desigualdad social (27%) y el abuso del sistema financiero y comercial (12%) son consideradas las principales violencias que más pobreza producirán en el futuro, según creen los encuestados. De todos los encuestados, la mitad aseguró que la población extranjera ha producido efectos negativos o muy negativos en el país, creencia que en los más vulnerables llega al 63%. Consultados por el problema a futuro, el índice se profundiza aún más, pues el 60% de ellos cree que el fenómeno acrecentará aún más la pobreza en el país. No es un misterio que la pandemia vino a golpear duramente el bolsillo de miles de familias en el país y a cambiar las percepciones del futuro para todos. Tras unos años en los que el índice de Gini había bajado de 0,53 a 0,46 entre 2001 y 2019, la pandemia ha ocasionados enormes costes sociales muy desigualmente distribuidos.
En temas de género, las cifras respecto al desempleo se agudizaron porque las mujeres disminuyeron su participación laboral a sólo un 47,3%, su nivel más bajo en 10 años en nuestro país, según datos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. La desigualdad es un problema arraigado por años y desde cada vereda en la que nos toca transitar reconocemos diversas manifestaciones de ella. Existe desigualdad económica, acceso a la educación, cultura, religión, acceso a la salud y temas de género. Países como México, Brasil y Perú, donde el 1% más rico de la población acapara más del 30% de la riqueza nacional, han registrado las cifras más elevadas de muertes por COVID-19 en la región en proporción a su población. Chile, donde el 20% más rico de la población acumula 10 veces más ingresos que el 20% más pobre, también tiene una de las tasas de mortalidad per cápita más altas de la región.
A su vez, la pobreza extrema afectará a 15,9 millones más, sumando en complete eighty three,4 millones de personas. Gran parte de los trabajos en América Latina son informales, si bien hay diferencias muy importantes entre países. El 92,1% de los trabajadores y trabajadoras no agrarias en Ecuador son informales, así como el seventy desigualdad social a nivel mundial three,2% en Bolivia y el 68,5% en El Salvador. Son personas que se ganan la vida día a día, sin contratos ni derechos laborales; por esto, han estado, además, más expuestas al coronavirus.