Los refugiados y los migrantes, así como los pueblos indígenas, los ancianos, las personas con discapacidad y los niños se encuentran especialmente en riesgo de ser excluidos. El estudio también encontró que las trabajadoras sanitarias no solo informaron niveles elevados de estrés y síntomas depresivos en comparación con sus colegas masculinos, sino que también enfrentaron condiciones de trabajo más adversas, incluida la falta de equipo de protección personal adecuado y un apoyo insuficiente de los colegas. Estos efectos se agravaron en entornos con mayor desigualdad de género, subrayando la necesidad crítica de integrar perspectivas de género en las políticas de respuesta a emergencias sanitarias para proteger y promover el bienestar mental del private de salud en futuras crisis globales. El 18 de octubre pasado en Chile, emergió espontáneamente un movimiento social, que articula una serie de demandas colectivas, entre ellas exigencias de derechos sociales e igualdad de oportunidades en cuanto a educación, vivienda, salud, entre otros. En medio de esta coyuntura de revuelta social, la desigualdad sanitaria se ha relevado a partir de perspectivas socioterritoriales emanadas desde la salud colectiva, la cual considera nuevas formas de comprender y actuar ante las consecuencias provocadas por la distribución desigual del espacio urbano.
El desglose de los tiempos de espera para intervenciones quirúrgicas a nivel regional en Chile muestra diferencias significativas en la cantidad de pacientes en listas de espera y en la duración media que los pacientes deben esperar para ser intervenidos. A nivel nacional, la mediana de espera para cirugías es de 283 días, sin embargo, algunas regiones enfrentan períodos de espera considerablemente más extensos. En 2012, el entonces presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballestero, al abordar al “sustantivo incremento” de los recursos de protección, mencionó por primera vez que estos correspondían, en su mayoría, a acciones presentadas en contra de las ISAPREs (Presidencia Corte Suprema 2012, 4).
Estudios realizados por consultoras internacionales y por el Banco Mundial dejan al descubierto cómo el coronavirus ha contribuido a incrementar las diferencias entre hombres y mujeres, y cómo con la disaster sanitaria se han creado nuevos desafíos mundiales en materia de salud y seguridad económica. Debido a lo anterior es que, por ejemplo, aunque en junio de 2021 las mujeres representaron un 44,7% del total de personas afiliadas activas del sistema de capitalización individual obligatoria (es decir, que cotizaron en el mes para su pensión futura), esa proporción es 9,7 % inferior respecto del universo de hombres afiliados que cotizaron en el mes. En junio de 2020 y en medio de la primera ola de pandemia, aun cuando la proporción de afiliadas activas cayó 3,5% y en el caso de los hombres bajó 4,5%, la brecha fue de 7,9%. (2) El IDH, es construido a partir de cinco variables básicas “los años de vida potencial perdidos (AVPP), la tasa de asistencia global a establecimientos educacionales de la población entre 4 y 24 años, los años de educación promedio de la población de 25 años o más, el porcentaje de pobreza por ingresos y el ingreso per cápita promedio de los hogares.
Por tramos etarios también se aprecian diferencias, ya que entre los años los hombres presentan densidades de cotización en torno al 60% en promedio, mientras que para las mujeres en el tramo de años se observan los valores máximos, en torno al 50%. La violencia contra mujeres y niñas es considerada como una de las violaciones a los derechos humanos más generalizadas en el mundo, y la pandemia por el COVID-19, lamentablemente, ha incrementado su ocurrencia. La información evidencia una agudización de una serie de factores de riesgo, especialmente en el caso de los hogares con jefatura femenina y aquellos pertenecientes a sectores de menores ingresos.
La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de 0.forty eight en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo. Actualmente, una mujer de 35 años paga por su plan de salud $ one hundred desigualdad legal forty mil pesos promedio en una isapre. «Este informe también contiene nuevas estimaciones de prevalencia mundial de la discapacidad significativa, que se sitúa en torno al 16% de la población, es decir, al ritmo actual, 1.300 millones de personas con discapacidad significativa», señaló Darryl Barrett, responsable técnico de la agencia de la ONU para las funciones sensoriales, la discapacidad y la rehabilitación. La violencia que ejerce la ciudad neoliberal (Hidalgo & Janoschka, 2014) sobre las personas y sus hábitats, configura espacios urbanos sin derecho a la salud.
Es por ello que se ha puesto el foco en entender la ‘enfermedad’ no solo como un desequilibrio biofísico, sino que también como expresión de trayectorias históricas y procesos socioespaciales. La doctora Verónica Rubio explica que “el estudio se llevó a cabo en la región de Valparaíso, que desde 2018 ocupa el primer lugar nacional por más casos de homolesbobitransfobia. Su relevancia radica en que los resultados develan la supremacía heteronormativa en las instituciones sanitarias que discrimina a las diversidades y disidencias desde la ignorancia de profesionales que encarnan el paradigma biomédico, perpetuando la violencia biopolítica, invisibilidad histórica y deterioro de su salud mental. Esta investigación de carácter crítica analizó los discursos de activistas en torno a su exclusión en el sistema de salud. Entre los principales resultados figura que las personas han enfrentado experiencias negativas que afectan su salud psychological, entre las que se encuentra la discriminación que sufren de parte de los/as funcionarios/as y profesionales de la salud. Esto provoca el acceso demediado a una adecuada atención en salud, haciendo que se alejen de las instituciones sanitarias debido a que son atendidas desde estereotipos de género y prejuicios sexuales.
Las diferencias en la utilización de servicios sanitarios entre niños inmigrantes y locales pueden ser profundizadas por otros factores socioeco nómicos como la pobreza y el origen étnico19,20,21. Primero, porque Chile presenta la mayor desigualdad de ingresos de la OCDE y es uno de los países con menor efecto redistributivo de beneficios sociales e impuestos 38. Esto podría generar amplias disparidades en recursos financieros, humanos, tecnológicos y de infraestructura, afectando la provisión de servicios, lo que deriva en inequidad de acceso y resultados en salud.
Para ello, fijó un tope de 7,2 UF anual, conforme a lo calculado en el Estudio de Verificación del Costo de la Universidad de Chile (Ministerio de Salud 2021), cifra menor a la que consideraron la mayoría de las ISAPREs. Este valor deja fuera una serie de costos relevantes y no incluye el aumento de las patologías GES del nuevo Decreto. En este caso, la corte no se pronunció respecto de si corresponde realizar alguna devolución, dejando en manos de la Superintendencia resolverlo según el caso. Dado que la Corte Suprema rechazó la prórroga pedida por el gobierno para la implementación del fallo, sus consecuencias se empezarán a sentir a partir de este mes. El desarrollo de todo este proceso «puede dificultar aún más alcanzar una solución política de la disaster que se inició en octubre”, apuesta Ruiz. En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Chile, se encadenaron una serie de eventos produciendo que este hito tuviese un encuadre particular.
Así pasaron los años en medio de un conflicto normativo generado por la inconsistencia entre nuestro marco regulatorio y la interpretación constitucional avanzada por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Por una parte, las ISAPREs aplicando la tabla de factores y por otra un creciente número de usuarios interponiendo recursos de protección ante las cortes de justicia. Primero prohibió a las ISAPREs crear nuevas tablas de factores en 2018, aunque al poco andar las permitió siempre y cuando incluyeran diferencias por sexo y edad menores a las vigentes aprobadas por la Superintendencia. Segundo, definió una Tabla Única de Factores (TUF) a la cual se tuvieron que ceñir todos los nuevos contratos de salud a partir de abril de 2020, la que eliminó las diferencias por sexo y redujo el número de tramos de edad. Como se puede ver en la Figura N° 1, los montos finales de los planes de salud se determinan mediante un precio base multiplicado por la suma de los valores obtenido de una tabla de factores que considera las características de cada uno de los beneficiarios del plan.
Ejemplos de esto son mapas de contagio que develan desiguales índices de prevalencia en la Región Metropolitana (INTERFERENCIA, 2020). También se ha destacado la reconversión de las brigadas de primeros auxilios que atendían a manifestantes heridos de la revuelta social, en comités de salud territoriales que responden comunitariamente a la pandemia (LAB, 2020). De esta forma, el conocimiento que emana desde la salud colectiva pone en relieve la determinación social en salud para considerar nuevas dimensiones socio-biológicas de la desigualdad.
Este fue uno de los tantos registros que se difundieron en redes sociales en que se veía a la fuerza policial desalojando a las vendedoras, tras el levantamiento de la cuarentena total de la ciudad decretada el pasado jueves 30 de abril. Los fondos de pensiones –cuya administración debemos entregar por obligación legal a empresas privadas que los invierten en el sistema financiero para “mejorar” la cantidad de dinero con la que contaremos al jubilar– están bajando vertiginosamente. Todos quienes cotizamos hemos perdido dinero, siendo desastroso para quienes están más cerca de la edad de jubilar. El gobierno que habló de perseguir sin descanso y hasta el fin de sus días a quienes hayan cometido hechos de violencia como saqueos e incendios, no hace lo mismo respecto de carabineros –agentes del propio Estado– que habiendo cometido hechos de violencia, se limita a decir que se debe dejar que la justicia actúe.
Esto se expresa en su casi nula representatividad política que perpetúa la invisibilización histórica de las identidades trans. A su vez, esta realidad deja de manifiesto la paradoja de la “inclusión excluyente” en la que existen situaciones de discriminación e intolerancia dentro de algunos colectivos LGBTIQ+ que finalmente terminan reproduciendo los binarismos y estereotipos de género de nuestra sociedad patriarcal. “El confinamiento obligatorio ha afectado con fuerza a los sectores más vulnerables, que viven en condiciones de grave hacinamiento y peor calidad de las viviendas, lo que genera serias dificultades para el cuidado frente a la pandemia, aumento de tensión entre los integrantes del hogar, entre otros problemas. En los sectores rurales, se suma la materialidad, saneamiento y tipo de vivienda, en que sólo un 62% de las viviendas tienen la categoría de aceptable, frente al ninety,5% urbano, de acuerdo con el Índice de Calidad Global de la Vivienda de la Encuesta Casen”, destaca Littin. Eso se aprecia, por ejemplo, que en el caso de los hogares ABC1 el 86% cuenta con una farmacia a menos de 20 cuadras, eso es de 77,2% en C2 y C3, y 61,1% en D y E. Aspectos a los que se agregan diferencias en las condiciones materiales o de construcción de esos hogares.
La sociedad hoy reconoce y valora la equidad de género como un imperativo ético para construir un Chile más justo. Pero aún resta mucho camino para asegurar la plena igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Uno de los datos más llamativos de esta nueva versión se refiere a la densidad de cotizaciones por sexo. El reporte da cuenta que mientras los hombres registraron a junio de este año una densidad promedio de cotización desde su afiliación al sistema de pensiones de fifty desigualdad social por la globalizacion eight,1%, en el caso de las mujeres alcanzó el 47,7%.
Nuestros resultados muestran que en Chile algunos pacientes tienen una ventaja geográfica en términos de acceso efectivo a camas hospitalarias. Esto se debe a que la existencia de un hospital en su zona, independientemente de su capacidad, permite una atención más directa y rápida a las necesidades de salud, especialmente, en situaciones de urgencia. Por supuesto que sí, los cambios sociales los hacen los pueblos, y el nuestro es uno forjado en el rigor, que recientemente ha mostrado su voluntad de justicia, de libertad total, de dignidad y de equidad. Primero, en lo estrictamente médico clínico, tuvo éxito al aumentar la expectativa de vida de nuestra población hasta cerca de los eighty five años, en un lapso relativamente breve.