Al finalizar sus palabras, remarcó que “solo si actuamos unidos, hombres y mujeres de todas las etnias, culturas y procedencias, lograremos alcanzar el desarrollo integral de nuestros pueblos, y construir un mundo justo, libre, igualitario y fraterno”. No obstante, uno de los caminos más seguros y directos es que el pueblo de Chile y los pueblos indígenas, creen sus propios partidos políticos y compitan bajo las reglas del juego. Es necesario un nuevo pacto constitucional, pero ¿cómo evitaremos que los asambleístas que escriban la nueva Constitución sean financiados y representen nuevamente a la casta actual en el poder? Debe tomarse en cuenta que los asambleístas serán electos por distritos, eso quiere decir que en la Provincia de Malleco, por ejemplo, un presidente de comunidad mapuche o junta de vecinos debe sacar alrededor de 12 mil votos para ser electo. Por tanto, ganarán aquellos que imponga el partido o los parlamentarios de la zona, que, dicho sea de paso, responden a los mismos grupos de influencia. En palabras de Michel Foucault, la manera como el poder se ejerce es a partir de una concepción jurídica impuesta, que rige el cuerpo social.
En otras palabras, afirmamos que la disyuntiva entre los derechos civiles y sociales resulta de la combinación de la desigualdad territorializada que cada país muestra, y de su interacción con la capacidad estatal subnacional. Uno de los grandes objetivos de la Concertación fue reducir la pobreza y la desigualdad. Entre los años 1990 y 2008 la pobreza disminuyó de un 38,6% a un 13,7% y el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad) disminuyó de un zero,fifty seven a un 0,54. Por su parte, la implementación de políticas sociales en los primeros dos gobiernos concertacionistas (Aylwin y Frei), significó un aumento del 70% en la inversión social. En los últimos dos (Lagos y Bachelet), en cambio, las políticas sociales se basaron principalmente en la focalización de los recursos.
De hecho, el rival actual más serio de la integración para el desarrollo y la democracia es una nueva forma de autoritarismo «benevolente», en el cual se realizan elecciones –incluso aquellas razonablemente libres y justas– pero estas son artefactos mediante los cuales la élite se aferra al poder. Una de las razones por las que los negocios e intereses financieros chinos están en marcha hacia el mundo «desarrollado», es que los «desarrolladores» chinos –prometiendo dejar el autoritarismo native o la democracia deficiente intactos– proveen infraestructura a cambio de acceso a recursos y otros beneficios. Un ejemplo es que China ha trabajado en la construcción de un nuevo estadio nacional de fútbol para Costa Rica y, así también, ha acordado financiar y controlar la alternativa nicaragüense del Canal de Panamá. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas.
En la primera parte de esta reveladora serie sobre nuestro sistema tributario, los autores argumentaron que la forma en que recaudamos es resultado de un contrato social impuesto “que no le da un rol importante al Estado ni a la equidad”. En esta columna, sostienen que ese Estado mínimo es una decisión política para que los sectores de más altos ingresos tengan un sistema tributario que los beneficie. “Son decisiones políticas las que han transformado la globalización en desigualdad”, argumentan. La alta segregación territorial de las sociedades latinoamericanas, reforzada por procesos como el «miedo al crimen» y la gentrificación en los últimos tiempos, también contribuyen a la aparición de regímenes de ciudadanía native fuertemente segmentados (Caldeira, 2008). Por lo tanto, también argumentamos tentativamente que la realización desigual de los derechos de ciudadanía social y civil en las sociedades latinoamericanas contemporáneas se asocia a la distribución territorial del estatus socioeconómico y la capacidad estatal local.
En Chile, si consideramos las contribuciones para la seguridad social como parte de los impuestos al ingreso, este grupo de impuestos representa un 36,9% de la recaudación whole del año 2016. El promedio de la OCDE para el mismo periodo fue de un 59%.[13] Por lo tanto, el sistema tributario chileno no solo recauda poco en términos comparados, sino que además le da mucha importancia a los impuestos al consumo y una menor importancia relativa a los impuestos al ingreso. Además, existen razones para pensar que la progresividad nominal la desigualdad mata oxfam del impuesto al ingreso está mermada por una masiva práctica de elusión tributaria por parte de los grupos más ricos (ver aquí y aquí). Se concluirá que el sistema tributario Chileno responde a un pacto social -impuesto, no acordado- que le asigna un rol acotado al Estado tanto en la recaudación como en la corrección de las desigualdades del mercado. En ese sentido, los altos niveles de desigualdad en Chile no son consecuencia inevitable de la economía internacional. El sistema tributario ha cumplido un rol importante en llevarnos a donde estamos.
Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento. Y afirma la necesidad de una distribución que garantice la independencia y la voz de todos.
Quinto, la elite social (dirigentes sindicales, estudiantiles, etcétera) es la que, por lejos, mejor representa políticamente los intereses de la ciudadanía. Aquello contrasta con la visión política, repetida por la derecha, sus medios, y cada cierto tiempo coreada por sectores de la centroizquierda, de que la irrupción de los movimientos sociales puede hacer peligrar la capacidad de nuestra democracia de representar los intereses de la mayoría. Imposible no volver la mirada a ese otro four de septiembre de 1970, cuando Chile también definió un giro radical. Han transcurrido casi fifty two años y las huellas del día en que Salvador Allende obtuvo la primera mayoría en la elección presidencial siguen latentes. Para el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y su secretario de Estado, Henry Kissinger, después de la Revolución Cubana un mandatario electo democráticamente con apoyo de socialistas y comunistas no es permitido en América Latina, su patio trasero.
Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio. Es por eso que, en general, la visión compartida es que los impuestos al consumo son eficientes para efectos de recaudación, pero son regresivos. Las personas de mayores ingresos ahorran más, y por lo tanto el consumo representa una menor proporción de sus ingresos comparado con las personas de menores ingresos. Por ende, a mayor ingreso, menor es la proporción del ingreso que se paga en IVA. El principal mensaje es que la desigualdad es, a fin de cuentas, una decisión política. Y continúan su explicación enumerando los factores intraescolares como el pobre rendimiento académico, la repitencia, el ausentismo y los problemas disciplinarios o conductuales que se asocian con mayores probabilidades de abandono escolar según la amplia evidencia empírica existente.
En 1989, tras 10 años de negociaciones, se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que vincula a los Estados Partes a cumplir las normas de este tratado Internacional. La desigualdad educativa empuja a muchas niñas y niños fuera de las aulas escolares, haciéndolos vulnerables a la explotación al entorno felony e incluso en casos extremos, al tráfico de personas. «Hay una literatura más o menos nueva en economía -aprendida de otras ciencias sociales- de qué es lo que le sucede a las personas en términos de su capacidad de tomar decisiones cuando están en situaciones de escasez. La escasez que hablamos hoy día es escasez de ingresos pero puede ser escasez de tiempo o energía. Cuando uno está en ese contexto es mucho más difícil tomar buenas decisiones, concentrarse, hacer un plan hacia el futuro y actuar en torno a esos planes y eso es un poco lo que tratan de tomar estos estudios. Chile es un muy buen modelo de esta realidad que se manifiesta en toda América Latina y muchos otros lugares del mundo, bajo una suerte de “pacto de sangre”.
Todas estas consideraciones indican que la educación deja de ser un bien común, es decir, esencialmente pública y de atención preferente del Estado; ello significa, en lo esencial, la pérdida de su sentido ético-jurídico, esto es, la expresión de un derecho y un valor. El quiebre de una tradición que otorga una primacía de los valores democráticos sobre la cultura empresarial y los valores comerciales (Giroux 2003). Repárese que el mentado rol subsidiario del Estado se ejerce mediante el derecho y el principio de subsidiariedad. Por ello es necesario atender al ordenamiento jurídico que concreta este nuevo rol del Estado, específicamente en la Constitución de 1980 y en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que refrenda la norma constitucional, tal como se analiza en el siguiente apartado.
En 2016, el gobierno chileno aprobó la Política Nacional Docente (PND) que consiste en reformas al acceso y retención de educadores en las escuelas públicas y privadas con subvención del estado. Estas reformas incluyen establecer altos requisitos de ingreso y nueva acreditación para programas de formación docente, proporcionar un año de tutoría para cada maestro/a entrante con pago adicional para mentores y aprendices, y crear un sistema de desarrollo profesional para la promoción profesional a largo plazo. Chile es uno de los países más desiguales del mundo según distribución de ingresos, pero la inequidad no es solo económica. Juan Pablo Luna explora en esta dimensión y analiza por qué y cómo se perciben diferencias de acceso a derechos de ciudadanía básicos. Con todo, no hay evidencia de que las desigualdades discutidas hayan aumentado en los últimos 30 años.
Hasta 1990 la visión del Banco period tener una misión únicamente económica y técnica y, en ningún modo, infringiendo en los asuntos internos del país. Sin embargo, el Banco, llegó a darse cuenta eventualmente, que la corrupción impedía los logros propios del Banco, los cuales respondían a metas de crecimiento económico para países la desigualdad en la pandemia en desarrollo. Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional. Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–.
Es prestar atención a sus derechos específicos adecuados a sus necesidades especiales. Sumado a lo anterior, atendiendo a la digitalización y el contexto actual, realizamos publicaciones que constantemente apoyan la educación en derechos humanos y/o la contención emocional en tiempos de crisis a través de recursos descargables. Es importante que el gobierno use los datos existentes sobre los rendimientos escolares para hacer una conclusión informada de cómo mejorar el sistema educativo. “Entendemos que este no es solo un imperativo ético, es también una necesidad para el desarrollo. Porque en la medida en que todos y todas podamos aportar, en igualdad de condiciones, al progreso de nuestros pueblos, podremos ir más rápido y llegar más lejos por la senda del desarrollo armónico, inclusivo y sustentable”, añadió.