La salud mental está influida por una miríada de factores individuales, interpersonales y sociales. Por lo tanto, es esencial una comprensión integral de las experiencias de los pacientes y la interseccionalidad de los diversos determinantes sociales de la salud. La desigualdad de ingresos es un problema social acuciante que tiene repercusiones de gran alcance en diversos aspectos de la vida de las personas. Entre estos impactos, un área de creciente preocupación es la relación entre la desigualdad de ingresos y la salud mental. La problemática que actualmente enfrentan las sociedades se podría reducir a una falta de comprensión, de medición y de generación de soluciones frente a la creciente desigualdad.
La misma idea es defendida por Agnello y Sousa (2012), incluso afirman que los ajustes basados en incrementos de los impuestos suelen tener un efecto igualador. No obstante, también afirman que el momento de aplicación de los ajustes resulta decisivo. Cuando tiene lugar durante una disaster bancaria, el impacto sobre la desigualdad suele ser insignificante, pero si tiene lugar cuando dicha crisis ya ha sido resuelta, la consolidación fiscal aumenta considerablemente la desigualdad del ingreso.
Son miles los jóvenes de ayer que hoy demandan pensiones dignas, sistema de salud universal. Son miles las mujeres que exigen que les devuelvan el derecho a huelga, ser dueñas de su cuerpo y del derecho al placer. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas. Otra consecuencia señalada por Bernstein es que los ideales que mueven a la sociedad capitalista pueden desaparecer si estos niveles de desigualdad continúan.
El promedio de la OCDE para el mismo periodo fue de un 59%.[13] Por lo tanto, el sistema tributario chileno no solo recauda poco en términos comparados, sino que además le da mucha importancia a los impuestos al consumo y una menor importancia relativa a los impuestos al ingreso. Además, existen razones para pensar que la progresividad nominal del impuesto al ingreso está mermada por una masiva práctica de elusión tributaria por parte de los grupos más ricos (ver aquí y aquí). Primero, los percentiles de mayores ingresos concentran una parte sustantiva de los ingresos.
El crimen organizado ya se instaló en las principales zonas de conflicto del país, llámense mapuche, inmigración o estallido social, y es la nueva lepra. La cosecha ilegal de 2020 fue avaluada en US$68 millones y participan chilenos, mapuches y forestales. Hoy se informa de que el juicio por financiamiento ilegal de la política que ejecutó SQM, al distribuir dinero ilegal a políticos de todo el espectro a cambio de una ley de royalty y otros beneficios, la desigualdad politica llega a su fin. Por más de cuatro años el equipo de periodistas de CIPER desmenuzó y rastreó sus redes de complicidad, protección y corrupción. La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). Esto no se traduce en una situación generalizada de
Dentro de esta categoría encontramos, por ejemplo, las contribuciones, el impuesto a la herencia y el impuesto a la riqueza. Para esta discusión será útil definir qué significa que la intervención del gobierno sea progresiva o regresiva. la desigualdad en la globalizacion Diremos que una política es progresiva si es que ésta mejora la distribución de ingresos, es decir, si los impuestos y transferencias conllevan a distribuciones más igualitarias que las que se observan en el mercado.
Chile también aparecía, en términos comparativos, como una democracia de alta calidad institucional. En este artículo argumentamos que parte del malestar ciudadano que ha irrumpido en Chile se puede pensar como consecuencia de un deterioro sostenido en la percepción de acceso a derechos democráticos, en específico, en los derechos de ciudadanía civil, política y social. Por un lado, el progreso fue desparejo en términos funcionales (distintas áreas de la realidad social), socioeconómicos y territoriales. En promedio, el país progresó significativamente, pero lo hizo a múltiples velocidades y con profundas heterogeneidades.
En el otro extremo están algunas comunas del poniente (destaca Maipú), pero sobre todo las comunas de la zona oriente (destaca Vitacura), con percepción de acceso a ambas ciudadanías significativamente mayores al resto. Los resultados que presentamos sugieren que sólo un porcentaje pequeño de chilenos percibe que goza simultáneamente de mínimos razonables de acceso a los tres tipos de ciudadanía (civil, social y política). Analizamos además en qué medida esas percepciones varían significativamente a nivel local. Nuestra evidencia sugiere que el acceso a ciudadanía en Chile está condicionado fuertemente por lo territorial. Nuestro argumento es que dicho resultado se explica por una configuración social con alta segregación socioeconómica y en que el Estado y sus instituciones se despliegan de modo desparejo en localidades de distinto tipo (más o menos rurales, de alto o bajo nivel socioeconómico).
Además, el indicador no hace referencia a la desigualdad de ingresos tampoco, dejando este aspecto abandonado al momento de evaluar sus avances. Por otra parte, los resultados encontrados, luego de examinar las acciones públicas para reducir las desigualdades, proponen la necesidad de realizar un análisis sobre los indicadores que están siendo utilizados para cuantificar las disparidades en el país y cómo se están utilizando para tomar decisiones. Como se explicó en el primer apartado de este artículo, los indicadores son una herramienta que cuantifica una realidad y facilitan los procesos de toma de decisiones. En este sentido, es importante destacar que no son el único instrumento utilizado para decidir a nivel de autoridades, pero sí una parte importante ( Mügge, 2015 ; Coyle, 2016 ). Por lo tanto, si estos tienen algún tipo de sesgo, esto probablemente influirá también en el tipo o calidad de decisión que se implemente finalmente. En consecuencia, si el Índice de Gini chileno demuestra que hay una gran disparidad de ingresos, deberían cuestionarse las causas de esta, por un lado, y por otro, qué otros indicadores podrían entregar una mejor perspectiva de cuáles son las acciones públicas que deben llevarse a cabo para disminuir las desigualdades que hoy afectan al país.
Finalmente, la temporalidad de la mayoría de las acciones analizadas podrían dar cuenta de la etapa primeriza en la que se encuentra la Agenda 2030 en el país, encontrándose esta en una fase inicial de implementación, en la cual se puede observar cómo este marco que guía a los países aún no penetra con fuerza en las diversas reparticiones públicas de Chile. Finalmente, el tercer fundamento que propone Atkinson (2015) es que la desigualdad de resultados afecta directamente la igualdad de oportunidades para la próxima generación, ya que condicionará el punto de par-tida para ellos, para bien o para mal. En este sentido, el nivel de resultados obtenido por un sujeto influirá en la distribución acquainted futura y limitará nuevamente el nivel de resultados para esta nueva generación de individuos dentro de una economía, generando un círculo vicioso que irá incrementando las brechas económicas, como ya ha ocurrido en el mundo ( United Nations, 2020b). El segundo argumento que expone Atkinson (2015) tiene que ver con la igualdad de oportunidades competitiva. Aquí, se garantiza que todos podrán acceder, por ejemplo, a un trabajo o al sistema de educación, entre otros.
Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero. Al abordar la desigualdad de ingresos a través de la práctica clínica, la promoción y las estrategias de fomento de la resiliencia, los psicólogos podemos contribuir a mejorar los resultados de la salud psychological y promover la justicia social. Mediante esfuerzos de colaboración, podemos esforzarnos por crear una sociedad más equitativa en la que el bienestar mental sea accesible para todos.
Difícil explicar por qué después de 32 años de recuperada la democracia (1990), no hemos sido capaces de darle una vuelta de tuerca a un sistema que, con mínima regulación en áreas de la economía, salud y educación, enquistó la inequidad. La multitud se tomó las calles de muchas ciudades en protesta por la desigualdad que mastican, huelen e indigna a los millones que viven hacinados en poblaciones periféricas. Esa inequidad mata igual que la corrupción que se fue instalando y cooptando el sistema político, con leyes que no le han quitado ni una muesca al poder que desde hace décadas ostentan los grandes grupos económicos locales y multinacionales. Por ejemplo, Onrubia y Rodado (2014) afirman que la evolución de la desigualdad de las rentas de mercado muestra que el funcionamiento de la economía, sin mecanismos redistributivos, genera un aumento en el tiempo de la desigualdad de la renta.