OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. Aunque la pobreza ha disminuido en el país, la distancia entre ricos y pobres sigue siendo muy importante. Tanto es así, que un estudio del Banco Mundial indica que un tercio del ingreso generado por la economía chilena en 2013 fue captado por el 1% más rico. Por ello, es relevante considerar este aspecto como una verdadera traba al desarrollo, cuando se bloquean las oportunidades y se traduce en un acceso poco equitativo al poder político y económico. A principios de la década de 1970, la política federal respecto a la vivienda pública se desplazó de nuevas construcciones a un sistema de vouchers, permitiendo que los hogares elegibles pudieran arrendar a propietarios privados. El objetivo era no sólo trabajar en contra de la concentración de la pobreza en los desarrollos de vivienda pública, sino también apoyar las iniciativas impulsadas por el mercado y acabar con el rol directo del gobierno federal en la construcción de viviendas.
Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado define la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. El quinto número de Revista Sociedad y Equidad viene a alimentar de manera importante los conocimientos sobre los problemas de la pobreza y la desigualdad, precisamente a partir de estudios que ofrecen nuevas dimensiones de análisis. Los artículos invitan, desde distintos sectores de la región, a asumir la problemática de la pobreza y la desigualdad social como un fenómeno complejo, históricamente situado, de interacción entre dimensiones subjetivas, culturales, éticas, económicas y estructurales. A poco más de cuatro meses de asumir el presidente Gabriel Boric, la promesa de construir un nuevo pacto social sigue en deuda. Había algarabía en los miles de rostros y la esperanza de que se daban los primeros pasos en un camino por construir. La cara entumecida de una niña en un recodo de La Pintana, población en la periferia, me da la clave.
Los y las autores mantienen la propiedad intelectual, y el derecho a copia lo pueden ejercer libremente solicitándoseles sólo la deferencia de indicar fuente de publicación authentic. La pobreza, aumentó por primera vez en veinte años, amenaza con seguir creciendo (10,8% y 4,3% en extrema pobreza). Hoy se informa de que el juicio por financiamiento ilegal de la política que ejecutó SQM, al distribuir dinero ilegal a políticos de todo el espectro a cambio de una ley de royalty y otros beneficios, llega a su fin. Por más de cuatro años el equipo de periodistas de CIPER desmenuzó y rastreó sus redes de complicidad, protección y corrupción. En el segundo puesto de ese listado está Julio Ponce Lerou, quien tomó el control de SQM (Soquimich), una de las mayores productoras mundiales de litio, yodo y fertilizantes, una vez privatizada por Pinochet, su suegro.
Quienes partieron en un trabajo de alto salario estuvieron en esa situación más de un 72% de los meses y tuvieron en promedio menos de cinco empleadores. En otras palabras, la estabilidad de las trayectorias laborales está tremendamente estratificada en Chile”, finaliza Cociña. En este texto sostengo que, por un lado, la desigual exposición a la incertidumbre es un problema relevante, que impacta fuertemente en la calidad de vida de quienes viven en Chile. Por otro lado, que la desigualdad de poder podría explicar por qué se requiere un estallido social para que se aborde políticamente la inseguridad con que vive una parte relevante de la población. Aunque no conozco evidencia que ligue causalmente tales desigualdades con el estallido, conjeturo que bajo el supuesto de que el pueblo actúa con racionalidad política, la probabilidad de un estallido social debería aumentar cuando las dos desigualdades descritas se juntan con la intensidad del caso chileno.
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El informe económico de la OCDE (2013) concluye que el fuerte crecimiento de Chile ha traído consecuencias para el ecosistema, uno de ellos es el mayor gasto energético. Si bien existe la conciencia a nivel público y privado del costo medioambiental, los esfuerzos para cubrir las externalidades negativas, a través de nuevas tecnologías e impuestos energéticos, no han sido suficientes (OCDE, 2013). Cuando se habla de desigualdad, lo usual es pensar en la distribución de los ingresos. Chile tiene uno de los niveles de desigualdad de ingreso más altos del mundo, sin importar la forma en que se mida o la información que se utilice. La conclusión es menos clara si lo que nos interesa es la evolución en el tiempo, ya que mientras la desigualdad medida con encuestas ha disminuido (el Gini ha bajado de zero,52 a zero,forty seven entre 1990 y 2015), no ha sido el caso si nos enfocamos en los datos del sistema impositivo. Es lamentable ver que a nivel de desigualdad del ingreso, medido a través del índice de Gini, índice 10/10 o índice 20/20, las regiones del sur suelen encontrarse en una posición desfavorecida versus las regiones nortinas.
Estos son los mayores niveles de desigualdad de riqueza registrados por la Reserva Federal desde que comenzaran a recopilar datos treinta años atrás (Fry y Kochhar, 2014)(1). A escala mundial, según un estudio de 2014, el patrimonio de las ochenta y cinco personas más ricas del mundo es equivalente al de los 3.500 millones más pobres(2). A nivel territorial, el (Gráfico 5) expone las diferencias interregionales en ambos tipos de pobreza. Las regiones con menos personas en situación de pobreza, tanto por ingresos, como multidimensional son Magallanes, Antofagasta y Aysén.
La reflexión respecto a las especificidades de los territorios es elementary para comprender la profundidad de la centralización en Chile, y asimismo para explorar la relación existente entre conflicto social y concentración de la riqueza. Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento. Y afirma la necesidad de una distribución que garantice la independencia y la voz de todos. Incluso los países más equitativos exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial.
Los años de escolaridad promedio en Chile han tenido una favorable evolución en el tiempo. Se observa en el (Gráfico 8) que en 1955, en promedio, los chilenos no alcanzaban a completar la enseñanza primaria (8 años), llegando a este nivel solo a partir de 1990. En 2014 el promedio fue de 9,8 años, por debajo de la educación obligatoria en el país (12 años) y de los años de escolaridad esperada de acuerdo con el PNUD (15,2 años para 2014). El país busca facilitar cada vez más el acceso a estudios superiores, de hecho la política pública pretende que a través de becas y créditos la educación esté al alcance de la población económicamente más vulnerable. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer en este ámbito tan importante para la equidad. En esta oportunidad se estudiaran el índice de desarrollo humano (IDH) y el índice de desarrollo regional (IDERE).
Reducirla no es solo un imperativo ético, es también una exigencia para la sostenibilidad del desarrollo de los países. Para efectos de nuestro ejercicio inicial, esto implica que reducir la desigualdad de 0,49 a zero,forty three para Chile o de 0,50 a zero,43 para la Región Metropolitana, implica una reducción de cerca de 18% en los conflictos a nivel nacional y de 21% en la RM. Si bien esta operación aritmética no se acerca a ser una aproximación exhaustiva para comprender los determinantes del conflicto social, logra dejar ver una tendencia clara que puede entregar luces respecto a alguno de los orígenes del descontento del país. A modo de ejemplo, el Gini de la Región Metropolitana para el año 2017 es de zero,50, levemente por sobre el de Chile (0,49), pero muy por sobre el de otras regiones, tales como la de O’Higgins (0,40), Arica y Parinacota (0,41), Tarapacá (0,42) y Antofagasta (0,43).
A pesar de la convergencia, la desigualdad de la renta es alta y persistente en el tiempo. Para reducir la resistente desigualdad, son necesarias más políticas distributivas, junto con las redistributivas, que se preocupen a priori de la generación del ingreso. Las políticas distributivas, en el largo plazo, permitirán reducir el gasto social enfocado en los más pobres, quienes con mayores oportunidades serán capaces, por sí mismos, de guiar su desarrollo. El país está conformado por sixteen la desigualdad y pobreza regiones5, siendo la capital nacional la ciudad de Santiago en la Región Metropolitana. El territorio chileno es abundante en recursos naturales, es el mayor productor de cobre a nivel mundial y tiene un importante rol dentro de los países exportadores de productos agrícolas, forestales y ganaderos (OCDE y CEPAL, 2016).
Si es que el 1% más rico no solo ostenta el poder económico, sino que también utiliza dicho poder para influir en la política (en desmedro de quienes se encuentran más abajo en la distribución de ingresos), entonces es possible que dichos territorios experimenten un mayor número de conflictos sociales. Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos. Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre zero la desigualdad economica y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1).