En marzo del año 2010, bajo el segundo mandato de la presidente Michelle Bachellet, Chile se convirtió en el miembro número 31 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el primero a nivel Sudamericano. En su discurso, Angel Gurría (Secretario General de la OCDE), declara que la experiencia chilena enriquecerá el acervo de la OCDE en cuestiones clave, siendo un ejemplo al combinar crecimiento económico y mayor bienestar social. Gurría comentó que Chile ocuparía un lugar que le pertenece por mérito propio, cuyo objetivo es que comparta sus buenas prácticas y políticas públicas con los demás países de la OCDE. Además enfatizó que Chile sería parte de este conjunto de países que ayudan a que la economía mundial sea más fuerte, limpia y justa (informa oecd.org, el día 11 de Enero de 2010, a través del titular “Chile, primer país sudamericano miembro de la OCDE”). Por otra parte, cristaliza las debilidades que presenta el Sistema de Protección Integral de la Niñez especialmente para proteger a las poblaciones más weak como son aquellos que están en situación de pobreza, situación de migración, con discapacidad, perteneciente a pueblos indígenas, bajo protección del Estado, entre otros. Debido a su mayor vulnerabilidad y las desventajas que enfrentan estas poblaciones, requieren de políticas reforzadas que aseguren su debida protección y el acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo y al ejercicio pleno de sus derechos.
De hecho, entre un 30% y un 40% de la población vive con ingresos bajos y una gran incertidumbre económica. La Asamblea General de la ONU al aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 reconoce el derecho a las madres y niños/as a “cuidado y asistencias especiales”, así como “protección social”. En los años sucesivos, la ONU exhorta a los Estados a velar por los niños en las situaciones de vulnerabilidad por emergencias y conflictos. En 1989, tras 10 años de negociaciones, se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que vincula a los Estados Partes a cumplir las normas de este tratado Internacional.
Por ejemplo, la última encuesta CASEN revela que la pobreza aumentó desde un 8,6% en 2017 a un 10,8% en 2020, recogiendo en parte los efectos de la pandemia. No la despilfarremos para que en futuras generaciones podamos pasar de “esa maldita desigualdad” a “esa olvidada desigualdad”. Esos buenos números macroeconómicos que veníamos mostrando y que nos destacan en el vecindario -incluso en el precise contexto- quedan cortos cuando un factor externo como la pandemia desenmascara la desigualdad oculta que sostenía ese progreso que lucíamos con orgullo de tigre.
Autoridades dieron a conocer los resultados de esta importante encuesta que entre otros datos arrojó que la pobreza por ingreso llegó a 6,5%, su menor nivel histórico. Para reducir la resistente desigualdad, son necesarias más políticas distributivas, junto con las redistributivas, que se preocupen a priori de la generación del ingreso. Las políticas distributivas, en el largo plazo, permitirán reducir el gasto social enfocado en los más pobres, quienes con mayores oportunidades serán capaces, por sí mismos, de guiar su desarrollo. Existen diversas razones por las que podríamos argumentar a favor de reducciones en los niveles de desigualdad que exhibe el país, desde juicios morales y éticos, hasta elementos puramente prácticos como son los efectos que produce sobre el crecimiento, el tejido social, y la concentración del poder político (además del económico). Parece existir una relación bastante directa entre los niveles de desigualdad sobre la ocurrencia de conflictos, que tiene que ser estudiada con mayor profundidad. De acuerdo a la información del COES (2018), la mayor cantidad de conflictos sociales por habitante se producen en las regiones de Aysén, Atacama, Los Ríos, Arica y Parinacota, y Magallanes, todas regiones donde los índices de desigualdad son iguales o superiores al promedio nacional.
Las encuestas de hogares, como la Casen, sobre las que se basan las estimaciones habituales del Gini, no son capaces de capturar la concentración en la parte alta de la distribución, porque no suelen representar al pequeño grupo de personas más ricas y porque a la vez tienen dificultades para capturar los ingresos del capital. Integrando datos de cuentas nacionales, declaraciones de impuestos y encuestas de hogares para corregir estos problemas de medición, el equipo del World Inequality Database estima que el 1% de mayores ingresos en Chile se lleva aproximadamente un 27% de los recursos, fracción que ha permanecido bastante estable desde 1990. Si ampliamos la mirada sobre la pobreza y la analizamos en sus otras dimensiones, como educación, salud o vivienda, en 2017 se empinaba al 20%. En el acceso a la educación secundaria, por ejemplo, cerca de un 60% de las personas que se encuentran en situación de pobreza multidimensional no han terminado la enseñanza media (clara relación educación-pobreza, ¿no?). Lamentablemente en la versión 2020 no se cuantificó la pobreza multidimensional dada la dificultad metodológica de la investigación en pandemia, por lo que aún no vemos su efecto en esas otras áreas. En mayo de 2014, Christine Lagarde se dirigió a un grupo de líderes mundiales en una conferencia en Londres.
La relación cuadrática (parábola) del (Gráfico 2), muestra el ajuste del modelo XII para la relación entre LN (PIB per cápita) inicial y el Gini ultimate. Es decir, una vez descontado el efecto del período, los ingresos del primer y último quintil, la concentración de población indígena, el aporte del sector secundario, la esperanza de vida al nacer y la oferta de educación superior sobre la desigualdad del ingreso. La pendiente negativa viene determinada, por tanto, por el coeficiente de la variable PIB per cápita.
Al ser la pobreza reconocida como mal social, no es de extrañar que sea un concepto ampliamente estudiado y que sea propósito de cada Gobierno reducirla al máximo. Asimismo, el hecho de obtener un ingreso insuficiente es consecuencia de las desigualdades estructurales de un sistema económico (Macías, 2014). La desigualdad es un tema que aflora en cada uno de los informes económicos que la OCDE realiza para Chile.
Por lo tanto, estudiar solo el comportamiento nacional no es un análisis completo, ya que oculta cambios significativos a nivel regional. Conocer la dinámica de desigualdad regional será un punto importante en el diseño de políticas públicas y estrategias de desarrollo diferenciadas, muy necesarias en un país con regiones tan heterogéneas como Chile. Igualmente, se probó incorporar como variable de management la tasa de crecimiento promedio del PIB per cápita (aunque no se presenta en la tabla), el coeficiente de esta variable es positivo y únicamente significativo cuando se controla por la concentración de población indígena y el aporte del sector secundario.
Bajo este concepto, solo las dos regiones más desiguales estarían sobre el promedio nacional en ambos años. Al considerar los ingresos autónomos per cápita, observamos algunas diferencias, principalmente en la variación del Gini. Se aprecia que bajo esta metodología la disminución promedio es menor que bajo la nueva metodología, sin embargo, el comportamiento en ambos casos es comparable. A nivel territorial, el (Gráfico 5) expone las diferencias interregionales en ambos tipos de pobreza. Las regiones con menos personas en situación de pobreza, tanto por ingresos, como multidimensional son Magallanes, Antofagasta y Aysén.
No se trata de que se hayan dado vuelta las estadísticas y que antes las mujeres hayan gozado de una mejor situación sino que la disaster precise ha agudizado lo que ya era un gran problema. En febrero, el Centro de Estudios de PRODEMU aplicó a 1.366 mujeres la encuesta nacional “Mujer y vida diaria 2020”, la que demostró que el aspecto económico es un elemento muy deficitario para ellas y su entorno acquainted, siendo la razón principal por la cual las mujeres entre 31 y 60 años necesitan apoyo externo. Espacio Público es un centro de estudios independiente que busca aportar en la construcción de una sociedad más justa, transparente y democrática, que permita un desarrollo económico, social y político que beneficie a todas las personas. La pobreza es una condición social en la cual los individuos no logran acceder a un conjunto de bienes y servicios considerados básicos.