Además, este distanciamiento debe ser acompañado de procedimientos de evaluación trasparentes respecto de la compatibilidad entre el trabajo en el ámbito privado y los deberes previamente desempeñados en el público. En términos generales, los mecanismos de distanciamiento y los procedimientos de evaluación persiguen disminuir riesgos vinculados con el conflicto de intereses y el clientelismo. En ambos casos se presenta la tensión entre el cumplimiento de los deberes o exigencias institucionales y la satisfacción de los intereses privados y esta tensión puede estar presente al momento de la designación de un funcionario o bien sobrevenir a ella.
Una discusión que exige conciencia de las condiciones con las que iniciamos este proceso pero de toda la creatividad posible para superar las restricciones que esas condiciones imponen. El PNUD, a la fecha, ha levantado la voz de 41 instituciones públicas, 29 organizaciones de la sociedad civil entre academia, fundaciones y empresas y 10 organismos internacionales. Además, ha realizado diálogos regionales en línea con niños, niñas y adolescentes en todas las regiones del país.
Esta forma particular de capitalismo, es una verdadera “acumulación por desposesión” en nuevos aspectos de la vida social (Harvey, 2004). Harvey desarrolla esta conceptualización para explicar los fenómenos de concentración de riqueza y extracción de plusvalor en el neoliberalismo. En un sentido similar, Seoane et al. (2013) plantea que la fase neoliberal tiene un significativo número de elementos y complejidades. De acuerdo al autor, la conceptualización realizada por Harvey, de “acumulación por desposesión”, permite dar cuenta del proceso de privatización y mercantilización neoliberal, que caracterizan al modelo extractivo exportador y su lógica de saqueo de los bienes comunes.
Puesto que, llegan con altas expectativas de mejorar su calidad de vida y encontrar empleo, pero en realidad terminan viviendo en un círculo vicioso de miseria. Y no estoy hablando de sicarios, delincuentes o narcotraficantes, sino de familias sobre todo venezolanas con niños que pasan hambre la mayoría del tiempo, pues, en primer lugar, los migrantes que tienen algo de dinero se les hace muy difícil arrendar un lugar, ya que, los dueños de las habitaciones no confían en ellos y, por consiguiente, no los aceptan. En segundo lugar, los que no tienen dinero e intentan conseguir empleo también son comúnmente rechazados, porque los empleadores prefieren trabajar con personas que tengan “una nacionalidad de mejor reputación” como peruanos o bolivianos, fenómeno que en términos simples se denomina discriminación. Actualmente, se habla de que estamos atravesando una triple crisis en la región de Tarapacá, a saber, una crisis sanitaria caracterizada por el gran aumento de casos de COVID-19, una disaster migratoria por la llegada masiva de migrantes por pasos no habilitados desde la comuna de Colchane, y una crisis de seguridad relacionada al aumento de hechos delictuales.
La publicación de las cláusulas de un contrato o de una licitación cumple esta función. La transparencia, en cambio, supone que se dan a conocer las razones por las cuales se realizan determinados actos. La mera publicidad de un contrato o de una licitación a veces se utiliza para ocultar las auténticas razones por las cuales estas se ejecutan. Es más, en algunas ocasiones el exceso de información y de publicidad conspira contra el conocimiento de las razones que existen detrás de las decisiones y de los actos que se toman. El caso del «perdonazo a Johnson’s» es un claro ejemplo de la relevancia de limitar la circulación entre lo público y lo privado que no ha sido incluida en el proyecto. En este caso, Julio Pereira, como Director Nacional de Impuestos Internos, y Mario Vila, como Subdirector Jurídico del mismo servicio, defendían los intereses de la multitienda Jhonson’s pocos años antes de la famosa condonación de impuestos que realizaron como funcionarios del SII.
¿Significa esto entonces que debemos esperar a que los nuevos allegados se adapten al país y así sus condiciones materiales mejoren? De ningún modo, ya que incluso los inmigrantes que entraron hace 10 años o más tienen tasas de pobreza superiores a las de los locales. De esta forma, el explosivo fenómeno migratorio de los últimos años ha resultado en una precarización de las condiciones materiales de los nuevos allegados. Tanto porque estos son distintos fundacion grupo social a los anteriores -por ejemplo muestran menores niveles educacionales- como porque la magnitud del shock ha impedido una adecuada inserción laboral en el país. La autoridad añadió que también se deben “repensar las transferencia directas permanentes” para que sigan acompañando a las familias más pobres, citando entre ellas al subsidio del Ingreso Mínimo Garantizado, recientemente fortalecido en el debate sobre el reajuste al salario mínimo.
Es así como este seminario buscó compartir el aprendizaje y la experiencia de la Escuela Maya de Negocios, porque creemos que es una iniciativa que puede servir también para ser incorporada en la Universidad, aquí en el territorio y en Chile”. Estas responsabilidades, por falta de conocimiento, no la estábamos considerando dentro de las variables al momento del diseño, no teníamos la necesidad de hacernos cargo porque no eran seen, ahora si lo son y eso nos da una gran posibilidad de aportar a mitigar el cambio climático, también a adaptarnos y a mejorar la calidad de vida de las personas. Un estudio publicado por el Instituto de Investigación de la Economía del Desarrollo de la ONU, alertó de un aumento explosivo de la pobreza world.
Después de diversas maquinaciones de la empresa, la Dirección de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Internos aceptó un pago máximo de US$ 8 millones, por concepto de impuesto adeudados, lo que equivale a una condonación de US$ 119 millones en intereses y multas. Evalúa, planifica, hace un cálculo de ganancias y de riesgos y resolve libremente comprometerse o ejecutar acciones venales. Si tiene una expectativa elevada de que su acción quedará sin castigo decidirá que vale la pena ser corrupto, porque ella no le genera ningún coste. Depende de los agentes involucrados, del negocio sobre el que versa el trato venal y de los ciudadanos afectados directa o indirectamente. Y en noviembre lanzarán el libro «Buena economía para tiempos difíciles» (Good Economics for Hard Times, en inglés). Su figura comenzó a hacerse conocida cuando en 2013 el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la incluyó en un exclusivo comité presidencial para el desarrollo, un grupo creado para promover ideas relacionadas con la reducción de la desigualdad.
Por lo mismo, frente a casos de corrupción, esta independencia e imparcialidad debiese ser reforzada, para así evitar cuestionamientos, como el ocurrido contra el fallo de la Corte Suprema que confirma el sobreseimiento del senador Patricio Walker en la investigación de financiamiento político ilegal. Uno de los ministros que votó a favor de confirmar el sobreseimiento, Lamberto Cisternas, tiene un hijo involucrado en los pagos ilícitos del Grupo Angelini, ya que es controlador de un estudio jurídico del cual es socio el senado Alberto Espina y que recibió $18,7 millones de una empresa del Grupo Angelini. De este modo, pobreza en ingles cuando el ciudadano advierte el fracaso del sistema punitivo se ve a sí mismo libre de los incentivos negativos provocados por la sanción penal, se percibe a merced de los corruptos y desamparado por el Estado. Al mismo tiempo, supone que no tiene una instancia a la cual recurrir para hacer valer sus derechos y asume que ha de tratar de superar los problemas que enfrenta por sus propios medios, al margen de las normas, para no verse excluido del proceso político, económico o social. La gravedad del desdén legislativo se vincula con la sensación de impunidad que siente la ciudadanía en relación con el «caso SQM».
Todo a cambio de una especial fidelidad o adhesión acrítica a las directrices de los superiores jerárquicos o del partido gobernante. Los Estados deben mejorar su sistema jurídico para que las dificultades aducidas sean fácilmente superadas. El decomiso de bienes, por ejemplo, ya se practica en muchos países de nuestro entorno en casos de narcotráfico. Se debe entender que, si los desincentivos para realizar actos de corrupción no son eficaces, la venalidad se expandirá exponencialmente.
En el contexto de la minería, la tasa óptima de producción debe equilibrar la maximización del valor presente neto de los recursos extraídos, considerando los costos de extracción, las externalidades y los precios proyectados, con la necesidad imperante de preservar la sostenibilidad a largo plazo. Debemos conciliar la viabilidad económica con la responsabilidad ambiental y social inherente a la actividad minera. Un piso mínimo en el cual necesitamos avanzar es el uso de evidencia científica y mecanismos tripartitos en las rendiciones de cuenta, promoviendo la transparencia y el acceso abierto a la información pertinente. Además, la regulación y fiscalización efectiva son esenciales para establecer un marco que incentive a las empresas a reducir la conflictividad socioambiental. Pero, ahora que lo son, tenemos la obligación de mitigar el cambio climático, adaptarnos y mejorar la calidad de vida. Hasta ahora, generábamos externalidades con edificaciones que promedian temperaturas interiores fuera de los rangos de confort (19°- 26°C) en épocas de frío y calor, obligando a los usuarios a depender de equipos de calefacción y refrigeración cuando existen los recursos necesarios, y cuando no, obligan a transitar por la pobreza energética.
Esto genera enormes incentivos para la corrupción, porque los beneficios superan a las posibles consecuencias negativas. De este modo, solo si la ciudadanía está informada puede advertir la ocurrencia de los citados contextos y, a su vez, derivar de ellos mecanismos destinados a combatir la corrupción. El éxito de lo anterior descansa en cierto compromiso social, ya que una comunidad que admite o tolera prácticas corruptas no tendrá interés en la luchar contra ellas, es decir, si una mayoría considera que no es necesario castigar determinados comportamientos, o bien, presenta resignación frente a su ocurrencia, comienza a perder sentido su repudio y condena. Por lo tanto, la ciudadanía debe mantenerse informada y vigilante sobre los actos corruptos. Los mecanismos institucionales establecidos para identificar los casos de corrupción pueden mejorar su funcionamiento cuando la ciudadanía tiene el conocimiento y es plenamente consiente para reconocer este tipo de conductas, diagnosticar sus efectos adversos y, en consecuencia, denunciar dichas prácticas.