El Papa Francisco se encontró con los representantes de algunas obras de caridad presentes en la República Democrática del Congo. Francisco les recordó que la causa de la pobreza, no es la falta de bienes o de oportunidades, sino su distribución no equitativa. Los países, al firmar la Nueva Agenda 2030, se han comprometido a cumplir los objetivos establecidos, de tal manera de generar una obligación por parte de las autoridades de hacer un esfuerzo por solucionar dichos problemas a escala mundial.
Si bien estos resultados representan un avance en la reducción de las brechas socioeconómicas y de inclusión social, los datos deben ser observados con cautela. Lo más importante respecto de los datos de pobreza monetaria tiene que ver con los ingresos autónomos. En el caso de comunas que no son cubiertas en la muestra de la Encuesta Casen no es posible contar con estimaciones directas, ni tampoco es factible aplicar el método de estimación para áreas pequeñas que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia utiliza para estimar la tasa de pobreza por ingresos a nivel comunal.
Pero esta condición no se remite solo a diferencias en calidades de vida, ya que tiene asociado un conjunto de problemas que implican, especialmente, trabas a la justicia, a la convivencia y al desarrollo económico. En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de zero.48 en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Entre 1930 y 1970, hubo una moderación del fenómeno en el contexto de una creciente democratización del país, revertida durante la dictadura militar, cuando grandes transformaciones domésticas y de la economía mundial generaron innovaciones tecnológicas y de otro tipo que impactaron sobre la desigualdad de ingresos. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la
El enfoque de los derechos y la ciudadanía (CEPAL, 2000) plantea que los Estados deben asumir responsabilidades en la garantía de derechos de todos los ciudadanos. Estos derechos comprenden, además de los civiles y políticos, los derechos sociales que constituyen la ciudadanía social. Deriva de esta perspectiva la preocupación por establecer mínimos sociales que son irrenunciables desde el punto de vista de la política pública.
Esta es una pregunta clave, especialmente en un mundo “post-pandemia” donde la pobreza, la vulnerabilidad y las desigualdades se han agudizado de manera dramática en Chile, tanto a nivel territorial como también respecto de grupos específicos de niños, niñas y adolescentes. Mientras el promedio nacional de hogares con niños, niñas y adolescentes que viven en pobreza es 15,6%, esta cifra se acrecienta en aquellos pertenecientes a pueblos indígenas (17%); aquellos habitantes de zonas rurales (18%); y en situación migrantes (26%). El objetivo fue identificar y visibilizar las importantes implicancias que tiene para niños, niñas y adolescentes en nacer y crecer en un contexto de pobreza y vulnerabilidad en Chile. El Estudio realiza una exhaustiva revisión nacional e internacional, analizando las brechas normativas y de política pública, constatando la gran deuda que el país tiene con la niñez y adolescencia. A partir de los hallazgos se recomienda tomar medidas inmediatas para avanzar en la consolidación de un Sistema de Protección Integral de la Niñez, e implementar un Piso de Protección Social wise a los derechos de la niñez.
Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor. A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados. Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo. «Mientras no entendamos que el desarrollo es integral y que no es solamente tener dinero, es difícil sacarnos el mito de la cabeza. La pobreza es multidimensional», dice Moreno.
Inicialmente, esta inquietud ha sido más bien basic, y se ha expresado en reflexiones e iniciativas tendientes a lograr que las ciudades sean más competitivas y que aumente la productividad urbana. Con respecto a los programas de regularización de la tenencia, las complejas manifestaciones de la informalidad urbana del suelo, la multiplicidad de actores que intervienen, la falta de transparencia en lo que concierne a la propiedad del suelo y el enorme volumen de títulos que deben procesarse, constituyen serias dificultades para la implementación de estas iniciativas. Las estrategias de mejoramiento de los asentamientos informales incluyen inversiones para dotarlos de mejores infraestructuras y servicios urbanos, así como para desarrollar programas destinados a mitigar los principales problemas sociales de las comunidades y mejorar su calidad de vida en general. Se trata de programas de urbanización in situ que aprovechan las inversiones ya realizadas por los residentes en sus soluciones habitacionales y ponen énfasis en la participación comunitaria en la ejecución de las obras.
Sus investigaciones muestran que ese indicador sí se correlaciona con la estatura, pues refleja cuántos alimentos puede comprar el grueso de la población y qué condiciones de vida puede proveerse. En un paper que examina el periodo colonial (ver recuadro) Llorca documentó, por ejemplo, que una brusca caída en esos salarios entre 1780 y 1800, hizo que los soldados bajaran su estatura en dos centímetros. Si se considera que nos ha tomado más de medio siglo subir cinco centímetros (con años en que hemos gozado de un crecimiento del PIB del 10%) se entiende por qué es más importante ponerle atención al salario de los trabajadores no calificados y dejar un poco de lado el PIB. Núñez y Pérez argumentan que, dado que la reducción de la diferencia de estatura ocurrió en un período de moderado crecimiento económico y alta desigualdad, podía estar asociada a la expansión de políticas sociales desde 1940 en adelante. Impulsar el desarrollo de estrategias de desarrollo urbano que permitan integrar las metas de funcionalidad urbana con la habitabilidad de los pobres urbanos, en un contexto de fomento al empleo con base territorial.
Más del 40% de la población urbana en América Latina está empleada en sectores de baja productividad en los mercados de trabajo (CEPAL, 2007). Esta es una característica relativamente constante de los mercados laborales urbanos de la región durante los últimos 15 años. Asimismo, los índices nacionales de desigualdad continúan siendo elevados o han sufrido un deterioro absoluto.
Finalmente, el hacinamiento continúa siendo una característica predominante de los hogares urbanos pobres. El desafío principal de los sectores urbanos de pobreza, respecto al tema de los servicios urbanos (agua y saneamiento) es la calidad y el acceso efectivo. En basic, existen grandes variaciones entre pobres urbanos en el acceso a los servicios (de buena o deficiente calidad), siendo en gran medida la edad del asentamiento el factor determinante (por ejemplo, los nuevos asentamientos irregulares peri-urbanos habitualmente carecen de servicios) (Banco Mundial, 2004). Estos enfoques tradicionales no consideran factores psicosociales y formas culturales que tienen las personas para enfrentar y asumir sus propios procesos de desarrollo. Un enfoque centrado en el capital humano reconoce explícitamente que los pobres tienen un capital humano inicial que proporciona posibilidades de superar su condición socioeconómica desmejorada.