«La desigualdad tanto de resultados como de oportunidades es importante para la gente, por lo que tener en cuenta ambos aspectos ayuda a obtener apoyo. No obstante, la gente puede favorecer combinaciones de políticas específicas, en función de sus creencias y preferencias», plantea la nota de Chile. Destacó en que aun cuando nuestro país tiene escuelas sólidas y estables, es urgente construir un sistema educativo más fuerte alrededor de las escuelas para asegurar que los profesores y directores trabajen con un alto grado de autonomía profesional, pero en una cultura de colaboración. “Si Chile quiere escapar de la trampa de ingresos medios y avanzar de una economía basada en recursos a una economía del conocimiento, entonces tiene que construir la base de capital humano para eso”, agregó. Se necesita un sistema público fuerte para desarrollar y distribuir el talento docente. Más importante aún, la educación pública puede atraer a los profesores más talentosos a las aulas más desafiantes y a los directores más capacitados a las escuelas más difíciles.
Adicionalmente, se provee acceso a actividades extracurriculares en áreas de ciencias desde la robótica, artes desde la creación cinematográfica y al desarrollo socioemocional de forma específica y transversal en cada programa. También, apoyamos a niñas y niños para que crezcan no sólo como sujetos de derechos, sino como ciudadanos/as globales capaces de compartir y empatizar con sus vecinos/as. Para lograr estos objetivos, adoptamos cuatro enfoques en la ejecución de nuestros programas educativos. Es importante que el gobierno use los datos existentes sobre los rendimientos escolares para hacer una conclusión informada de cómo mejorar el sistema educativo. La desigualdad educativa empuja a muchas niñas y niños fuera de las aulas escolares, haciéndolos vulnerables a la explotación al entorno criminal e incluso en casos extremos, al tráfico de personas.
El objetivo era no sólo trabajar en contra de la concentración de la pobreza en los desarrollos de vivienda pública, sino también apoyar las iniciativas impulsadas por el mercado y acabar con el rol directo del gobierno federal en la construcción de viviendas. Una restricción adicional a la vivienda pública se introdujo mediante la Enmienda de Faircloth a las más amplias reformas de asistencia social implementadas en la Acta de Calidad de la Vivienda y Responsabilidad Laboral de 1998. Esta enmienda prohibió el financiamiento federal para las autoridades de vivienda (organismos públicos) que buscaban ampliar su volumen de viviendas públicas. Mientras que Brasil, Chile y Colombia parten de una desigualdad de ingreso de mercado similar, en este último país la desigualdad de ingreso last es mucho más alta. El componente asociado a transferencias in-kind (neto de copagos realizados por las familias por servicios públicos) es elementary para reducir la desigualdad tanto en Chile como en Brasil (ver la diferencia entre “post-fiscal income” y “final income” en el gráfico), sugiriendo que el gasto público en salud y educación es el principal issue detrás de este resultado. En junio de 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, publicó el libro «Desiguales.
Así, se podría haber inferido que la estrategia chilena para reducir las desigualdades en el contexto de la Agenda 2030 se centraría mayormente en la dimensión ex-post. No obstante, el plan muestra un enfoque en la dimensión ex-ante, por sobre la otra dimensión, y dentro de esta, en aquellas acciones dirigidas principalmente a reducir las brechas que se generan por las variaciones en el contexto social. Además, respecto de la Agenda 2030, las acciones públicas responden a seis de las diez metas presentadas, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 y 10.7. Asimismo, la temporalidad anterior de estas acciones respecto de la agenda podría explicarse debido a que Chile aún se encuentra en una etapa de implementación de la misma. En Chile, el tema de la desigualdad es de larga data y se ve reflejado en la vida cotidiana de sus habitantes en diversas áreas. Esto ha traído consigo un aumento del descontento social, lo que se ha visto reflejado en una variedad de movilizaciones sociales, las cuales detonaron el año 2019 con el “Estallido Social”, lo que demostró, entre otras cosas, la urgencia que requiere enfrentar este problema en el país.
Por ejemplo, es un país que ha tenido un rápido y constante crecimiento económico, alcanzando un PIB de más de USD $283 mil millones -a precios constantes del en el año 2018 ( Banco Mundial, 2020a). También, es un país que ha logrado reducir su pobreza, de acuerdo a lo trabajado en el contexto de la Agenda del Milenio, pasando de un three,2% de personas que vivían con menos de US 1,25 al día en el año 2000, a zero,6% en el año 2011, superando con creces la meta que era de 5% para el año 2015 (Gobierno de Chile, 2014a; Ministerio de Desarrollo Social, 2019). Sin embargo, a pesar de estos buenos indicadores, Chile es un país que presenta una gran desigualdad, con un Índice de Gini de forty four,four el año 2017 ( Banco Mundial, 2020a) y un Coeficiente de Palma del 2,6 ( UNDP, 2020b). Ahora, para entender de mejor forma estos valores, cuando se compara a Chile dentro de un grupo de 165 países, este se encuentra en la posición número 35 de los países más desiguales, compartiendo puesto con Filipinas y a tan solo 0,1 de Zimbabue, según los últimos datos obtenido para cada país ( Banco Mundial, 2020c). Asimismo, en términos del Coeficiente de Palma, Chile comparte el puesto 23 de los países más desiguales junto con Nicaragua y las Islas Seychelles, dentro de un grupo de 152 países ( Human Development Reports, 2019).
Si bien los valores actuales serían estarían dentro de los mejores resultados alcanzados por el país (Le Fort, 2017), del análisis histórico de Durán (2018) es posible apreciar un comportamiento cíclico de este indicador, por lo que no necesariamente existe evidencia que permita sostener que la precise reducción sea permanente en el tiempo 4 . Los principios subyacentes al desarrollo inmobiliario juegan un papel central en el establecimiento de estas relaciones. La recaudación anual de impuestos a la propiedad sobre el valor del suelo y los edificios son la fuente más significativa de ingresos de los gobiernos locales para el sustento de los servicios públicos(17).
Ha sido uno de los tratados sobre derechos humanos que más rápidamente ha sido ratificado y a la que más países se han adherido. Uno de los Estados que aún no ha ratificado la Convención, pero que ha expresado su intención de hacerlo, es Estados Unidos. Sumado a lo anterior, atendiendo a la digitalización y el contexto actual, realizamos publicaciones que constantemente apoyan la educación en derechos humanos y/o la contención emocional en tiempos de disaster a través de recursos descargables. Más estratégicamente, se ha utilizado activamente la tecnología de la información y las comunicaciones (TICs) para desarrollar contenidos y aplicaciones, ampliando la oferta educativa a través de los medios de comunicación, apoyando a niñas y niños para que sean capaces de continuar y disfrutar su proceso de aprendizaje.
Eso lo decía un ministro de Pinochet, Léniz, que explicaba por la televisión a todos los chilenos, nos moldeaba y acentuaba esa thought y hasta el día de hoy es así”. En esta línea, la máxima autoridad del país afirmó que “Los chilenos y chilenas hemos entendido que enfrentar estos desafíos tiene sus complejidades, pero por otro lado, es nuestra oportunidad y responsabilidad histórica. Por eso, como Gobierno que representa a las mayorías, nos hemos puesto colectivamente en marcha. No estamos partiendo de cero, porque en las décadas pasadas se crearon condiciones institucionales y económicas, expectativas y derechos sociales sobre las cuales hoy día estamos parados”. Por otra parte, este mismo aumento en la fundacion esperanza también genera incentivos en los grupos más ricos para aumentar su nivel de protección.
A diferencia de los impuestos al ingreso que se calculan en base a flujos (es decir, a cuánto se gana en un año), estos impuestos se calculan en base a stock (es decir, a la cantidad acumulada a través de los años). Dentro de esta categoría encontramos, por ejemplo, las contribuciones, el impuesto a la herencia y el impuesto a la riqueza. Sin embargo, éste indicador se basa exclusivamente en datos de la CASEN, que, como discutimos más arriba, no capturan los ingresos de los tramos de altos ingresos. La única serie de tiempo basada en datos tributarios (y que es una estimación conservadora porque no corrige por elusión ni evasión) muestra que la concentración del ingreso del 1% y del 10% más rico no ha caído.[5] Tanto en 1990 como en 2015, el 1% recibía cerca de un cuarto de los ingresos del país. Por su parte, el 10% más rico concentraba el 54% de los ingresos tanto en 2004 (primera fecha para la que se tiene registro) como en 2015.
Otro ejemplo que propone Sen (2000), tiene que ver con los virus y las bacterias que hay en el medio, que trastornan la manera y la calidad en que viven los individuos, o bien, la forma en que tienen que distribuir sus recursos los países. Por lo tanto, la diversidad en el medio influye di-rectamente en la libertad que tienen los individuos y países para lograr cierto nivel de calidad de vida “ideal”. “La desigualdad de ingresos ha caído en forma importante, pero aún es alta y se caracteriza por un patrón de alta concentración y gran cantidad de bajos salarios”, explicó Larrañaga.
Además, la riqueza tiene la característica que suele transmitirse intergeneracionalmente, por lo que esta alta concentración de riqueza contradice principios de igualdad de oportunidades dentro de cada generación.[16] Coherente con el análisis de la primera columna, es evidente el riesgo que estos niveles de concentración suponen para el ejercicio democrático. Es por eso que algunos países han implementado impuestos a la herencia como un tipo de impuesto al patrimonio (ver aquí para una discusión al respecto). La literatura académica sugiere que las tasas óptimas a la herencia podrían ser bastante altas (del orden del 50%-60%). En Chile, si consideramos las contribuciones para la seguridad social como parte de los impuestos al ingreso, este grupo de impuestos representa un 36,9% de la recaudación whole del año 2016. El promedio de la OCDE para el mismo periodo fue de un 59%.[13] Por lo tanto, el sistema tributario chileno no solo recauda poco en términos comparados, sino que además le da mucha importancia a los impuestos al consumo y una menor importancia relativa a los impuestos al ingreso.
El foco del impuesto a la riqueza son solo los mayores patrimonios, por lo que en basic su diseño exime a la mayor parte de la población de este impuesto. Por eso, generalmente, éstos representan porcentajes acotados de la recaudación agregada. Por ejemplo, en el año 2016, entre los países de la OCDE, el IVA y otros impuestos al consumo representaron en promedio un 32,7% de la recaudación. En Chile, estos mismos impuestos representaron el 54 la pobreza en el mundo,6%, por lejos la proporción mayor entre los más de 30 países que componen el grupo (en segundo lugar aparece Turquía con 43,6%). Las personas de mayores ingresos ahorran más, y por lo tanto el consumo representa una menor proporción de sus ingresos comparado con las personas de menores ingresos. Una primera opción son los impuestos a los bienes de consumo, como por ejemplo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Respecto de la Agenda 2030, el diagnóstico que realizó el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2017b) estableció que de los 11 indicadores que presenta el ODS 10, el país cuenta actualmente con información solo para tres de ellos, 10.1, 10.2 y 10.3. Respecto de las primeras tres metas mencionadas, y como se puede observar en el Anexo 1, siete acciones públicas responden, ya sea en su totalidad o en algunos de sus contenidos, a la primera meta. Asimismo, se observa que también hay acciones públicas que responden a otras de las metas contempladas para el ODS 10, es decir, cinco de estas responden a la meta 10.four, una a la 10.5 y una a la 10.7. En este sentido, se destaca un claro enfoque en las metas 10.2 y 10.three, y por el contrario, que no existen acciones públicas que respondan específicamente a las metas 10.6, 10.a, 10.b y 10.c del ODS 10, al menos de acuerdo a lo informado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible (2018). Ahora bien, estas últimas cuatro metas mencionadas, se enfocan en migración y las desigualdades entre los países.
Al reducir la desigualdad en la generación de los padres, los niños de familias pobres y ricas tendrán oportunidades más igualitarias para desarrollar su capital humano en términos de su salud, educación, and so on. Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos. Entre las políticas a considerar destacan las que mejoran la productividad vía capacitación, aumentan la participación laboral femenina y reducen las prácticas discriminatorias en el mercado del trabajo; así como un fortalecimiento de todos los niveles del sistema educativo. La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas.