Además, es una medida institucionalizada por ley, recordemos que Chile cuenta con diversos dispositivos legales que mandatan la rendición de cuentas de los organismos públicos”. El gobernador @LucianoRivas participó en el 2do taller de articulación regional, «Juntos por la Educación», que busca que los niños de La Araucanía reciban una formación y educación de calidad con estrategias lectivas innovadoras, acordes a sus desafíos. Por ello se propusieron modificaciones en el proyecto de ley de Presupuestos de el primero de esta administración y actualmente vigente- que fueron organizacion de un proyecto social refrendadas por el Congreso en la tramitación legislativa. Estos cambios se tradujeron en la creación de una partida presupuestaria y en modificaciones de glosas, para equiparar la regulación de los Gobiernos Regionales a la del Gobierno Central. Ii) Asignación y entrega de fondos públicos, estos debieran quedar registrados en forma transaccional (fechas, montos, procedencia, descripción y categorías de uso, entre otros) y cada transacción debería quedar asociada a contraprestaciones comprometidas, tanto en términos contractuales como de datos que puedan ser registrados.
Si por ejemplo, por la vía de una empresa suya que arrienda a la universidad los terrenos en los que funciona, un controlador lograra que una parte de los excedentes terminara en sus manos, se habría transgredido el principio de la no distribución de excedentes. Si eso sucede, la prohibición de lucrar pasa a ser inoperante, es letra muerta. Estos resquicios son triangulaciones que dejan a los mismos a ambos lados del mesón. Utilizar máquinas legales para convertir las universidades en inversiones o negocios es contrario al espíritu de la ley y constituye una actividad antijurídica. Son personas jurídicas sin fines de lucro de composición unipersonal, que gozan de personalidad jurídica y patrimonio propio distintos de la persona natural organizaciones como sistema social que la constituye (art. 58 H del DFL 2/1998). También se exige que el objeto sea la educación a través de la calidad de sostenedora de establecimientos educacionales, para así impetrar subvenciones y aportes estatales con fines educativos.
Si el dinero del Estado fluye a lo medible, fluye a lo controlable. Por eso lo que está en juego en estas discusiones tiene que ver con la libertad de la universidad. Estos espacios de lo no medible son los espacios de nuestra verdadera libertad.
Ante todo, porque introduce dos nuevas tipos de personas jurídicas en nuestro ordenamiento, donde quizá la particularidad más acusada sea el giro único que para ellas se prevé, carácter que es compartido por otras entidades, tanto con como sin fines de lucro. Pero también porque da pie para analizar el concepto de ánimo de lucro en relación con las personas jurídicas y ensayar una tipología de ellas a partir de su presencia o ausencia. No es posible que por casos particulares, se vean perjudicadas un importante número de organizaciones que cumplen un rol muy relevante en el desarrollo del país”.
Apoyamos el desarrollo de las organizaciones integrantes que velan por la participación ciudadana y el compromiso social de trabajar en comunidad a travez del voluntariado. Pues conectarnos con ellos y que ellos nos muestren su experiencia es enriquecedor. Lo más complejo que tiene la conformación de un distrito es que requiere de una orgánica y eso no es estándar, el cómo se compone, no hay “receta”. Siempre tienen una relación exitosa de lo público y lo privado como componente. Hay una parte que en algunos casos lo abordan universidades, o bibliotecas o museos que aportan con el área de la educación y eso es algo más palpable de que ha funcionado. ¿Cómo transitar gradual y ordenadamente, evitando dañar a los alumnos, desde la anómala situación actual -que se ha hecho manifiestamente insostenible- a una en la que las universidades no puedan contratar con empresas relacionadas?
Por ejemplo, las madres de más de un 40% de los titulados de la Universidad de las Américas no tuvo educación superior. En el caso de la Universidad Santo Tomás esa cifra llega al 60 por ciento. Todo lo anterior indica que la educación tiene particularidades que es conveniente considerar a la hora de diseñar políticas universitarias.
Adicionalmente, con el objetivo de fijar el marco institucional permanente para los Gobiernos Regionales, en abril de este año se presentó al Congreso el proyecto de ley Regiones Más Fuertes, que está en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas. Adelantó que se seguirán reduciendo glosas presupuestarias que establecen excepciones a las normas generales. También se ampliará la exigencia de concurso público a todas las transferencias a instituciones privadas (actualmente solo se requiere para las transferencias corrientes), se aumentará la exigencia de antigüedad de las instituciones, exigir la rendición de cuentas usando la plataforma de la Contraloría, entre otras acciones.
No deben informarse en este apartado los convenios con terceros de carácter common o celebrados para facilitar el cumplimiento de las funciones, pues éstos deben incluirse en el apartado 1.7 (actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros). Deberán mencionarse las entidades de las que se es parte, como también aquéllas en que uno o más funcionarios (as), posean un cargo en éstas, en representación del organismo al que pertenecen. También se mencionó en esta conversación el impacto del coronavirus en la reducción de la movilidad internacional de estudiantes, cuestión especialmente relevante en Asia, por el flujo de estudiantes chinos hacia otros países de la región, Oceanía, Canadá y Francia. Alejandro Venegas-González, del ICA3, dictó una charla con el objetivo acercar conceptos fundamentales a los estudiantes. (1) Las entidades religiosas constituidas por la Ley N°19.638 que deseen participar en el proceso sólo deberán acompañar el certificado de inscripción en el Registro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El área de Administración es el grupo de gente responsable de poner a disposición los recursos humanos y materiales que hagan posible el cumplimiento de la misión. En specific se tratará de articular y de abastecer a sus colegas del área de servicios y de captación de recursos, para que cumplan su cometido. Esta área de administración existirá siempre en todo emprendimiento y estará presente por lo tanto en las empresas sociales. Cabe recordar que la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado tiene su propio sitio net en el que se informa sus objetivo y labores, además se publican las actas y presentaciones de quiénes asisten en audiencias. Esta instancia asesora es integrada además por Ramiro Mendoza; Jeannette Von Wolfersdorff; Ignacio Irarrázaval, y Francisco Agüero Vargas. La secretaria ejecutiva del equipo está a cargo de la abogada Valeria Lübbert, quien actualmente cumple el mismo rol en la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la Segpres.
Si quieres saber cómo crear una fundación sin fines de lucro en Chile, revisa aquí. La ingeniera industrial Ximena Riquelme, fundadora y directora de Organizaciones de la Sociedad Civil, confiesa que su madre ha sido su mayor inspiración en el ámbito del voluntariado y el servicio a los demás. “Lo que más admiro de ella es su capacidad para conectar con humildad y cariño con quienes están pasando por momentos difíciles”.
Se estima que “el mercado de las universidades privadas mueve entre US$ 1.800 millones y US$ 2.000 millones anuales… la rentabilidad… alcanza “al 15% o al 18%”. Según un rector entrevistado “el modelo de negocios es comparable al retail. Parte importante de ‘las ventas’ están asociadas a los créditos que los mismos alumnos y sus familias piden a los bancos -o al Estado- para financiar sus estudios. Como las uuniversidades no pueden repartir dividendos, los dueños de estas entidades crean sociedades inmobiliarias, que son las que levantan los edificios en los cuales operan las casas de estudio…Y a través del arriendo obtienen dinero de las fundaciones educacionales. Es una fórmula para poder extraer los recursos que se han acumulado”, explica un actor de esta industria. Un ex controlador asegura que, “en algunos casos los centros de computación, los servicios de transporte y parte de las empresas externas -como los guardias- son propiedad de los dueños de las casa de estudio, quienes cobran por estos a la universidad”.
“Hay que llamar la atención de que estas normas hoy no existen ni para los Gobiernos Regionales ni para las instituciones del Gobierno Central, ni para los municipios. Se está haciendo mucho más estricta y exigente la rendición de cuentas de los Gobiernos Regionales. Probablemente hay cosas que tenemos con seguridad que pulir. Todo esto es factible de mejorarse, pero lo que no se podría decir, a la luz de lo que está propuesto, es que ese proyecto sería un ‘cheque en blanco’ para los Gobiernos Regionales” remarcó el ministro Marcel.