Con todo, esta perspectiva de alianzas estratégicas ha sido tomada por las OSCs y gobiernos de México y Brasil principalmente. El primero con la Ley Federal de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el segundo, avanzando lo que en Brasil se ha llamado una “tercera fase” de la participación ciudadana en la construcción del Marco Regulatorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil, denominada de “contractualización”. Al carácter cada vez más complejo del mundo asociativo chileno se ha sumado una creciente legislación regulatoria con intención muchas veces de promoverlas y apoyarlas a su inserción social. Contrario a lo que se pudiera pensar, desde la propia experiencia de las OSCs estos afanes regulatorios no han contribuido al desarrollo y buen funcionamiento de las mismas en Chile.
Importante es también su nexo informacional con las luchas eco-territoriales a nivel local, nacional e internacional, así como su compromiso con la difusión de música no comercial y local, aspectos que constituyen la propuesta de esta radio que se expresa a través de una veintena de programas. Abordar el espacio público a partir de este marco interpretativo nos conduce a realizar el esfuerzo de identificar y radicalizar los heterogéneos sustratos que lo construyen, descubriendo así su anclaje eurocéntrico y patriarcal, pues “el derecho y la formación histórica moderna de lo que se conoce como ‘espacio público’, tienen en Europa un anclaje renacentista e ilustrado a través del cual re-nace el ser humano como Sujeto Universal (y masculino)” (Rivera, [1997]2010, p.203). Así entendido, esta noción de espacio público fue introducido en América Latina junto al nacimiento de los estados nacionales seculares, un “paquete cultural de ciudadanía” netamente emblemático e ilusorio cuando se trata de su ejercicio por las clases subalternas -indias, cholas y urbano-marginales-, perpetuando la doble ethical del colonialismo interno (Rivera, [1997]2010, p.130). Para comprender las dinámicas políticas del presente abordando cultura política y espacio público, nos valdremos de la noción de memoria colectiva y espacio (Halbwachs, [1950]1996), el cual comprende las subjetividades individuales a partir de su composición grupal en la ocupación de un suelo. Así, un grupo social en su estratificación interna, recrea la estructura material del espacio en el que se encuentra en un entrecruce en el que las imágenes espaciales y la estructura misma del espacio encarnan la memoria colectiva como huellas históricas sedimentadas, de manera que existen tantas maneras de representar el espacio como grupos sociales hay en el mismo. “Las organizaciones de la sociedad civil responden a distintas formas de asociación, autónomas del Estado y del mercado, y tienen como objetivo expresar opiniones, influir en las decisiones y prestar servicios en ámbitos o sectores que no siempre son atendidos por estos otros actores con la profundidad y dedicación que requieren.
Acompañamos a organizaciones sociales en sus procesos de fortalecimiento, articulación territorial e incidencia con miras al cumplimiento de sus demandas. Piuke Ko -Laguna Corazón de Agua- se ubica en la periferia urbana de Valparaíso en medio de un espacio clave para el ecosistema regional; comprendido dentro de un corredor bilógico declarado Reserva para la Conservación de la Biósfera La Campana-Peñuelas por la UNESCO y ubicado en las proximidades del Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María. Cuenta con personalidad jurídica sin fines de lucro como centro cultural y su labor se ha focalizado sustancialmente en el cuidado del área verde Humedal el Criquet, espacio rico en biodiversidad nativa y conocida por su laguna al cual concurren diversas personas que la usan como balneario. Por medio de una actividad cotidiana sostenida por más de tres años en este espacio, este colectivo ha desplegado labores que abarcan desde la limpieza del humedal; reforestación nativa; difusión de artes, oficios y saberes abiertos a la población en basic; la fundación de una escuela libre y autogestionada; iniciativas festivas, artísticas y espirituales; hasta los esfuerzos jurídicos para el resguardo del lugar frente a la planificación urbana y mercantil. En su contraparte, las formas de identificación táctica que se tejen desde la vida cotidiana se encarna en comunidades interpeladas por las causas indígenas y modos de vida alternativos a la depredación urbana, cuyos logros -no exentos de amenazas y limitaciones- radican en una apertura a la pluralidad de personas y perspectivas para la formación de comunidades de vida; a la vez que denuncian y acosan a las intervenciones de mercantilización de los espacios en que habitan.
Storto, P. (2014), Informe sobre el Marco Jurídico de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Brasil, preparado para el Proyecto Regional de la Mesa de Articulación de Plataformas de OSC de América Latina y el Caribe (sin editar), Sâo Paulo. Y Cunill N., [eds].(2000), Lo público no estatal en la reforma del Estado, Paidós – Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Buenos Aires. En tal sentido, una opción a discutir en profundidad es que el referido Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil disponga de una división cuya autonomía, objetividad y probidad se asegure institucionalmente y que se encargue de la gestión superior del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Adquiera ORGANIZACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, LA en nuestros locales y en nuestra tienda digital.No olvide aprovechar nuestras grandes promociones en este enlace de OfertasSíguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Se mueven por laconstrucción de una sociedadmás democrática, solidaria,participativa, igualitaria einclusiva, articulando esfuerzoscon el Estado, el sector privadoy la ciudadanía.
colegios profesionales, juntas de vecinos, clubes deportivos, entre otras organizaciones. La thought de comunión con la naturaleza encuentra su expresión más concreta en la relación que los aymaras cultivan con la Pachamama y los Achachilas o Mallkus.
Además de ello, las entidades a las que se les reconoce dicho estatus pueden situarse en una posición prevalente en la relación con las Administraciones públicas, no solo desde el punto de vista de las ayudas y subvenciones, sino que desde la interlocución sociopolítica ante el Estado. Al efecto, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, en su Informe de 2012, reafirma el derecho de acceso a financiación y recursos de las asociaciones, y que esta posibilidad “es parte integrante y very important organizacion funcional de una empresa del derecho a la libertad de asociación”. Por tanto, todas las asociaciones, estén o no registradas legalmente, “deben disfrutar del derecho a recabar y obtener financiación de entidades nacionales, extranjeras e internacionales, incluidos particulares, empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos y organizaciones internacionales.” (Informe 2012, Relator ONU).
Estas organizaciones son verdaderos héroes en la defensa de derechos y causas específicas, desde la lucha contra la pobreza, la promoción de la educación y equidad de género, hasta el impulso del emprendimiento, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. • Contribuir a hacer más eficientes los mecanismos de vinculación, interlocución y comunicación entre el Gobierno y las organizaciones sociales, favoreciendo el fortalecimiento de la sociedad civil. Alejandra Lutfy, directora presidenta de MUCC y socia REDMAD, sostiene que la participación de mujeres en roles de jefatura y alta dirección en la industria de la construcción es alarmantemente baja. “Desde nuestra fundación en 2019 hemos trabajado incansablemente para impulsar el desarrollo profesional y personal de las mujeres, pero lo principal es que hemos generado una pink de contención y de apoyo para las socias”, cube. La Corporación Mujeres en Construcción (MUCC) es una organización formada por mujeres con profesiones relacionadas al rubro de la ingeniería y construcción.
He asesorado directamente a 150+ micro y pequeñas empresas y he diseñado e implementado programas de apoyo para miles de emprendimientos. Pero para que funcione, debe existir claridad en qué espacios son de discusión y qué espacios son de decisión. Crea un organigrama con un área de servicios que “da” a las y los beneficiarios, y un área de convocatoria que “recibe” recursos de la sociedad.
Supuestas sus transformaciones orgánicas, estructurales y funcionales, y bajo condiciones de objetividad e igualdad de trato, relevancia financiera y descentralización, el Fondo de Fortalecimiento está llamado a ser una de las grandes herramientas de sustentabilidad económica de las OSCs chilenas que posean esa clase de objetivos (“de interés público”, según lo outline el artículo 15 de la Ley 20.500), sin exclusiones. Es un dato suficientemente asentado que en países de renta media o incluso media alta, como la OCDE considera a Chile y a algunos países del Cono Sur, la cooperación internacional no puede ser la base de financiamiento de las OSCs. En estas circunstancias, y asumiendo que la autosostenibilidad a través de la venta de bienes y servicios o del pago de cuotas sociales no representa para la mayoría de las organizaciones una opción estratégica relevante ni universalizable, las OSCs chilenas están en cierto modo obligadas a dirigir su demanda de sustentabilidad a una redistribución efectiva del producto social del país. Esto implica apuntar a recursos públicos, ya sea provistos por el Estado directamente a través de la figura de fondos públicos y subvenciones, o indirectamente, a través del flujo de las donaciones sujetas a beneficios tributarios, en un esquema de efectiva ampliación y democratización de esta última opción, como se verá en el apartado siguiente. Además, debe encargarse de la educación, difusión y promoción de los derechos inmediatamente vinculados al ejercicio de la participación social y ciudadana (libertad de expresión, derecho a la igualdad, derecho a la información, derecho de petición y a ser oído, derechos de reunión y asociación, entre los más significativos). Finalmente, otro modelo digno de ser explorado y que puede aportar lecciones a iniciativas en Chile es el que provee la legislación española, con la Ley Nº 38, General de Subvenciones, de 2003, y su Reglamento.
Promotor de procesos de apropiación territorial a través de la recuperación y ocupación de espacios, donde destaca la restauración de una antigua capilla ubicada en cerro Cordillera habilitándola para múltiples actividades comunitarias. A pesar de este carácter conflictivo entre estas heterogéneas formas de lo político en la transformación de los espacios, comprobamos que el potencial de agencia política de las organizaciones estudiadas radica en el contacto, negociación e incorporación táctica de las organizaciones externas como ONGs, servicios de salud y educación pública, and so on. En este punto no fue difícil constatar también una serie de contradicciones discursivas respecto a las consignas de auto-organización a la vez que se producen demandas de orden institucional. Sin embargo, igual como reveló el estudio de Svampa (2008), esta política contradictoria se despliega en una pink organismos sociales de territorios enfocado en las disaster medioambientales del presente, atendiendo urgencias coyunturales, así como problemáticas más profundas. ¿Finalmente se consumaría la llamada (re)politización en Chile en vías de un proceso constituyente refundacional del estado-nación?
Así, través de múltiples medios de comunicación, la combinación de diferentes estrategias políticas, y la formación de alianzas regionales, locales y planetarias; esta política autónoma “mantiene el fuego de la rebelión en el seno de las comunidades” (Rivera, 2014, p. 56). En ese sentido, la producción de lo común no implica únicamente la gestión colectiva de recursos ni proporcionar servicios sociales que amortigüen el destructivo paso del capital; son pues espacios de producción solidaria y colectiva enfocadas en la reproducción de la vida en completa autonomía respecto del estado y del mercado transnacional. De esta manera, los “comunes” en coexistencia con la esfera pública y privada -como defendiera Ostrom- difieren sustancialmente de los “comunes” anticapitalistas.
Y en efecto, hasta los estudios clásicos de Elinor Ostrom sobre lo común han sido celebrados por el neoliberalismo (Caffentzis, & Federici, [2013]2015, p. 54). Esta idea de lo ch’ixi1 nos conduce a comprender retóricas, imaginarios y prácticas de potencial common, y “nos permite vivir al mismo tiempo adentro y afuera de la máquina capitalista, utilizar y al mismo tiempo demoler la razón instrumental que ha nacido de sus entrañas” (Rivera, 2015, p. 207). Así, esta cultura política ch’ixi ha adoptado, incorporado y subvertido las violencias impuestas en los sucesivos horizontes coloniales y republicanos hasta nuestro presente asediado por la globalización, el multiculturalismo neoliberal y el imaginario dominante del desarrollo. Praxis descolonizadora que elabora las contradicciones culturales como una ventaja y desde dentro de cada subjetividad individual, pues el colonialismo interno no sólo implica la reactualización de las estructuras coloniales en el presente, sino también opera como un activo incorporado en el habitus de las personas.
Fue fundada en 2019 con el fin de visibilizar y potenciar el rol de las mujeres en estos espacios y de generar un lugar de encuentro para compartir experiencias, enseñanzas, orientar, contener y empoderar a las mujeres del rubro. A partir de esta constatación generamos nuevas interrogantes que se desprendieron de una relectura de los resultados preliminares, y -cuidando de no caer en una construcción teórica a priori- desde los datos empíricos sistematizados y la propia experiencia vivida como investigadores/as fueron reclamadas nuevas fuentes que pudiesen completar de la mejor forma nuestro análisis, en forma acorde al “framework approach” (Ritchie, & Lewis, 2003). En este sentido, resulta elementary para nuestro estudio rastrear las habilidades tácticas comunales para enfrentar estas nuevas complejidades; la capacidad de gestionar diversidades en simultáneo en medio del permanente riesgo de cooptación y extracción de plusvalía simbólica desde la política dominante (Rivera, 2015). Esta última ha demostrado -luego de cada ciclo de transformación política radical- la adopción de una identidad estratégica como disfraz y puesta en escena, actuando “como si” las contradicciones capitalistas, patriarcales y coloniales estuvieran ya superadas dentro del espacio democrático y ciudadanista del desarrollo (Rivera, 2014, p. 37). Estas transformaciones de la cultura política masculino-dominante abren nuevas preguntas respecto a cómo se gestan los sentidos de inclusión en la política de los comunes frente a este nuevo poder disperso entre el gobierno y los administradores de la acumulación de capital (Gutiérrez, 2017). En este punto es necesario detenernos en los detalles de estas dos culturas políticas divergentes y en la posible relación entre ambas.