En miras de lograr lo señalado anteriormente, se hacen relevantes los recursos y espacios para el trabajo reflexivo sobre las prácticas de gestión de la violencia y la convivencia en la escuela (Fierro & Carbajal, 2019). Esto, a su vez, insta a reconsiderar la situación de violencia estructural en el sistema educativo, que mantiene a las escuelas que concentran a los estudiantes y familias más marginalizados de la sociedad -como la que participó en este estudio-, gestionando con recursos acotados y focalizados (Bonal & Bellei, 2018). A su vez, en la escuela no se brindan espacios para reconocer ni desarrollar otras subjetividades (Kaplán, 2006) vinculadas con sus potencialidades (Grinberg et al., 2014), a su diversidad cultural (Lalueza, 2012) y a sus posibilidades de aprender (Julio, 2016) a relacionarse y a convivir en un ambiente inclusivo y pacífico (Fierro & Carbajal, 2019). Estos ejercicios de violencia simbólica se dirigirían desde la escuela hacia los estudiantes y su cultura.
De acuerdo al Observatorio de la Deuda Social de la UCA, three de cada 10 trabajadores ocupados son pobres, entre los cuales sube también el fenómeno de trabajadores registrados que no cubren la Canasta Básica. Sin embargo, las discusiones siguen centrándose en políticas públicas encaminadas a lograr un estado de bienestar –tal como señaló la ministra Vallejo la semana pasada– sin considerar el desarrollo de la persona, mediante las oportunidades que la sociedad –y el Estado en auxilio de esta– pueda entregar. Esta metodología de medición de la condición de vulnerabilidad se denomina SINAE, y es diseñada y aplicada en las escuelas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Figura 2 Copia extraída del registro de salidas de estudiantes en horario de clase, jueves 10 de octubre 2018. Otro aspecto de forma es el encierro de la sala de clases, la monotonía de las tareas y la corporalidad de los profesores al hacer clases, que transmiten desgano y falta de alegría. Figura 1 Copia extraída del registro de salidas de estudiantes en horario de clase, martes 08 de octubre 2018.
El propósito fue analizar los significados que construyen estudiantes de educación básica en situación de vulnerabilidad social respecto de la violencia y la disciplina en la escuela. A pesar de que la sobrerrepresentación en la pobreza de niños, niñas y adolescentes es un fenómeno común en los países de la región, no es un destino ineludible de las naciones. Aquellos países que protegen en forma más robusta a la infancia logran revertir esta tendencia y disminuir la mayor incidencia de la pobreza en ese grupo. Desde Unicef promovemos la instauración de un Piso de Protección Social que garantice seguridad básica del ingreso para los niños y niñas, por lo menos equivalente a un nivel mínimo definido en el plano nacional, que asegure el acceso a la alimentación, la educación, los cuidados y cualesquiera otros bienes y servicios necesarios. Destinar recursos a la infancia no solo permite garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y disminuir sus niveles de pobreza, sino que también tiene efectos positivos que perduran en el tiempo, tanto para ellos como para toda la sociedad.
En este período, una de las principales limitaciones para la continuidad educativa fueron las desigualdades en el acceso a conectividad, equipamiento y habilidades digitales. En 2021, en 8 de 12 países de la región más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tenía conectividad en el hogar. Existen variables en Chile que incrementan la probabilidad de que menores de 17 años vivan en situación de pobreza.
Asimismo, subrayan la urgencia de implementar estrategias que consideren las particularidades de los grupos más vulnerables, como la población migrante y los pueblos indígenas, considerando que la persistencia de una brecha significativa entre menores chilenos y migrantes pone de manifiesto la necesidad de políticas más inclusivas y efectivas. Solo a través de un enfoque integral y comprometido, Chile podrá asegurar el bienestar y desarrollo pleno de todos sus niñas, niños y adolescentes, construyendo así un futuro más justo y equitativo para las próximas generaciones. Por otro lado, el lugar de nacimiento ya sea en Chile o en el extranjero, también emerge como un factor determinante en la pobreza infantil. Según la Encuesta Casen, se evidencia que, entre las niñas, niños y adolescentes de nacionalidad extranjera, la incidencia de la pobreza por ingresos es significativamente mayor. Este fenómeno indudablemente ha evolucionado en sintonía con el crecimiento de la población migrante, lo que subraya la necesidad de implementar medidas de apoyo específicas para sus familias y comunidades. Durante las últimas dos décadas, en Chile se ha evaluado la pobreza infantil a partir de la identificación de niñas, niños y adolescentes (de 0 a 17 años) que viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de sus miembros.
En el 2021 no se levantó la encuesta, pero según las proyecciones, tendríamos algunos ajustes a la baja para 2021 y 2022″. Los niveles proyectados de pobreza extrema en 2022 representan un retroceso de un cuarto de siglo para la región, subraya el organismo regional. De acuerdo a la publicación, en 2020 y como consecuencia de pandemia, se dio un fuerte crecimiento de la pobreza y un leve aumento de la desigualdad de ingresos, pero “el 2021 dio cuenta de una reducción de las tasas de pobreza extrema y pobreza y un crecimiento de los estratos de ingresos medios, que no fue suficiente para revertir completamente los efectos negativos de la pandemia”. No obstante, solamente la pobreza extrema ha aumentado levemente con respecto al año pasado, que se registró en 12,9%, y según indicó el organismo, las proyecciones 2022 significan un retroceso de 25 años para la región. Los datos refieren a la situación de las infancias en el 2023 y advierten que de seguir con estas políticas de ajuste, políticas que al día de hoy, con el gobierno de Milei se profundizaron generando aún mayor desigualdad social, la pobreza infantil estará rondando el 70% en marzo del 2024 y la indigencia el 34%.
Es necesario ampliar el foco, tanto para estudiar el fenómeno como para intervenir efectivamente en él. Esto, pues, según la autora del estudio, “los infantes tienen muy poco poder sobre el ingreso monetario de los hogares y tienen muchas otras deficiencias que no necesariamente van a ir directamente relacionadas con este ingreso”, explica. En este sentido, el análisis multidimensional considera diversas variables relacionadas a la salud, educación, vivienda, entre otras materias. Diego Portales midió la población infantil que vive en condición de precariedad, y que creció en el país durante la pandemia.
De los 81 millones de menores que se desarrollan en ese contexto precario, 35 millones viven en situación de pobreza extrema. En todos los países de la región, las tasas de pobreza en este grupo superan -y en algunos casos duplican-. El centro escolar en el que se realizó el estudio es particular-subvencionado, es decir, se financia con fondos públicos administrados por una fundación privada sin fines de lucro. La medición nacional de calidad educativa SIMCE ubicaba a esta escuela en la categoría de desempeño insuficiente en 2018, período en que se realizó la indagación. La matrícula complete del año en que se hizo el estudio era de a hundred and twenty estudiantes (20 mujeres), con un curso por nivel, desde prekínder a 8° año de educación primaria.
El forty five,5% de la población infantil de la región vive en pobreza, mientras que la tasa para las mujeres es mayor que la de hombres, con 30,7% versus 27,3%, respectivamente. Hay mucho que rectificar ahí, pero hoy duele que se dilapiden recursos mientras hay escuelas que funcionan sin baños o con asbesto en el techo, con colaciones precarias como las de Junaeb año tras otro. Siguen dándose desatenciones, dilaciones, incluso cierta banalidad que no se condice con las urgencias que estamos atravesando en distintos planos y, especialmente, en relación a la infancia. No basta tener una sensibilidad con la niñez, si eso no se refleja sostenidamente en las acciones y decisiones de nuestras autoridades o, por ejemplo, en una nueva Constitución. Nos habla de las familias donde viven los niños, pero no de los niños en sí, porque la unidad de análisis son los hogares, y las variables estructurales que están detrás de la pobreza afectan de forma distinta a adultos que a niños y niñas.