El alumno puede evaluar razonablemente bien los resultados de la instrucción. Es lo que ocurre cuando una empresa constructora hace casas con subsidios estatales. Las especificaciones permiten a los funcionarios del Estado verificar con suficiente precisión si la casa cumple o no con lo que se pedía. Una cooperativa con una operación anual exitosa, debería contar con saldos positivos cuando realice su stability, a ese resultado positivo se denomina “remanente” luego, se deben descontar ciertas reservas legales obligatorias y voluntarias.
Esta figura, es la que tiene la representación judicial y extrajudicial de la cooperativa, es además la única persona con cargo que puede ser ajena a la cooperativa, es decir, no socio pudiendo una cooperativa contratar a un externo para desarrollar las funciones de gerencia. El gerente es contratado por el Consejo de Administración, y es a este a quién debe rendir cuenta de sus acciones y gestión. No, cada socio tiene un voto independiente de la cantidad de cuotas de participación que posea.
¿Por qué no prohibir de una buena vez los negocios con sociedades relacionadas y evitar así toda esta alambicada maquinaria de regulación y control? La fundamentación sería prudencial y preventiva dada las dificultades que tienen la regulación y el control en esta área. Sería como la norma que prohíbe que un parlamentario sea director de un banco. Pero los estudios del economista Sergio Urzúa indican que, desde el punto de vista de la rentabilidad de la educación universitaria, cerca de un 40% de los titulados chilenos salen para atrás. El sistema no da para más y requiere cambios profundos. Dado el peso de las asimetrías señaladas, en principio, el estudiante está más protegido en una institución sin fines de lucro.
El financiamiento público se obtiene a través de Ministerios y/o Municipalidad, mientras que el privado proviene principalmente de empresas que te donan estimulados por los beneficios tributarios que obtienen de la donación. Los estatutos pueden plasmarse en escritura pública o escritura privada, la que a su turno puede hacerse en notaria o en la municipalidad de forma gratuita. Recomendamos la escritura publica, por su insuperable valor de nunca perderse, pues se guarda en el Archivo Judicial bajo 4 organizacion economia llaves y SIEMPRE habrá donde obtener una copia.
¿Cómo transitar gradual y ordenadamente, evitando dañar a los alumnos, desde la anómala situación actual -que se ha hecho manifiestamente insostenible- a una en la que las universidades no puedan contratar con empresas relacionadas? La ley debiera dar un plazo largo para que la universidad compre los bienes raíces que arrienda a empresas relacionadas. Y otorgarle al Estado -quizás a una comisión de especialistas nombrados por diferentes órganos del Estado- facultades para controlar el precio, las condiciones de ese traspaso y monitorear el proceso.
Si la prueba controla materials aprendido de memoria, el alumno va a memorizar. Si se trata de trabajos escritos y razonados, el alumno se ejercitará en ello. La importancia y multiplicación de pruebas de opción múltiple hace que la educación devenga un adiestramiento para ese tipo de pruebas.
Pero Mr. Kravis lo que sí entiende -y muy bien- es qué es un negocio y qué no lo es. Y Mr. Kravis cree de buena fe que tiene en Chile un buen negocio, y lo cube. Lo que no le impide donar a universidades que realmente no tienen fines de lucro. No hace mucho donó, por ejemplo, US$100 millones a Columbia University, donde estudió.
Luego de contar con toda esta documentación, se presenta en la secretaría municipal del domicilio establecido en los estatutos, donde en un plazo de 30 días se presentarán las observaciones que de existir, deberán ser subsanadas. El municipio envía esta información al registro civil, se inscribe y nace la personería jurídica y se puede sacar (se descarga) el certificado de vigencia. forty five La reforma también incorporó a las cooperativas como entidades oferentes de instrumentos elegibles para los efectos del incentivo al ahorro de parte de las personas señaladas en el nuevo art. 54 organizaciones de asistencia social bis de la LIR. No hay discusión, en cambio, respecto de las llamadas «empresas B», pues son sociedades que han modificado sus estatutos para incluir en ellas ciertos objetivos de índole social o medioambiental que no sustituyen el giro u objeto económico para el cual existen42. Ahora bien y sin perjuicio de lo anterior, en el caso de los ingresos en dinero la resolución ordena identificar a las personas naturales o jurídicas de las cuales los han entregado hasta el 80% de ellos, lo que se mide de mayores a menores valores de ingresos de dinero. El 20% restante se hará en un solo monto sin más identificaciones.
Las universidades con fines de lucro tienden a parecerse a los preuniversitarios. Son instituciones más de adiestramiento e instrucción que universidades en sentido propio. Su aporte a la generación de bienes públicos, de existir, tenderá a ser muy magro. Si queremos honrar el principio de la libertad de enseñanza y permitirlas por ley debieran organizarse como empresas comerciales, perder los privilegios de las sin fines de lucro y quedar sometidas a un severísimo estatuto especial diseñado con esmero. Sabemos por qué es necesario actuar con cautela y extremar la vigilancia.
En Chile, la Fundación Avina junto a otras organizaciones, han promovido prácticas en este mismo sentido a través del proyecto Transparentemos, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y dicha Fundación. Hace un par de años, Chile Transparente desarrolló criterios de transparencia mínima para asistir a las ONG a difundir su realidad. Se establecieron 25 estándares los que se basaron en el estudio y análisis de las políticas de rendición de cuentas de importantes ONG del mundo y, posteriormente, se sociabilizaron con un grupo de 22 ONG de la purple Avina. A su vez, financiado por esta misma organización, se realizó un estudio sobre los directorios de las ONG en Chile y se se escribió una guía sobre cómo ser un buen director de ONG. Para reforzar su actual potencia y confianza pública, las ONG debemos profundizar nuestro funcionamiento transparente, rindiendo cuentas y previniendo fraudes y abusos.
La ley chilena que establece que las universidades son corporaciones sin fines de lucro viene de 1981. Esto significa que los excedentes que existieren, una vez cubiertos los costos, no pueden ser distribuidos como utilidades entre los socios o controladores de la institución. Por el contrario, cualquiera sea su origen (donaciones, rentabilidad por inversiones, matrículas, servicios, aportes del Estado, u otros) han de ser destinados a la prosecución de su finalidad propia. Si por ejemplo, por la vía de una empresa suya que arrienda a la universidad los terrenos en los que funciona, un controlador lograra que una parte de los excedentes terminara en sus manos, se habría transgredido el principio de la no distribución de excedentes. Si eso sucede, la prohibición de lucrar pasa a ser inoperante, es letra muerta. Estos resquicios son triangulaciones que dejan a los mismos a ambos lados del mesón.
En base a dichas cuotas de participación recibirán los excedentes que apruebe la junta common de socios de cada ejercicio anual. En dichos casos, tales denominaciones provenían de leyes especiales que permitían la existencia de bancos que se enfocaran en determinados tipos de negocios. Es así como los de fomento servían para el apoyo a empresas que quisieran mejorar sus sistemas productivos y los hipotecarios, para apoyar la construcción de viviendas. Otra forma en que una compañía puede apoyar a una institución sin fines de lucro, es planificando una visita con un grupo de empleados a su sede, con el fin de conocer lo que hace. De esta manera, los trabajadores se convertirán en embajadores de la obra que allí se lleva a cabo, cuando la compartan con sus familiares y amistades cara a cara y en redes sociales. Estos fondos patrimoniales están comúnmente regulados por formatos que garantizan que el patrimonio y los ingresos sean utilizados para propósitos filantrópicos y que aumentan la credibilidad de fundaciones empresariales e independientes frente al sector (Martínez & Galvis, 2011).