los cuales cuentan con un marco presupuestario asignado para que –de acuerdo a sus conocimientos en el territorio y sus habitantes- sea destinado con la prioridad que la autoridad desee darle. Además la ley contiene la obligación de crear un registro central que recopile y haga pública esta información a quien desee consultarla.
Con el objetivo de incentivar los proyectos sociales, la Dirección Alumni del ESE lanzó este proyecto, orientado a que directivos de fundaciones u organizaciones sin fines de lucro, que no cuenten con los recursos necesarios, puedan cursar el Executive Master en Gestión de Empresas y Organizaciones, EMGEO. Puede entenderse como el espacio en donde las personas (entendidas como sujetos con capacidades, derechos y deberes), pueden involucrarse en el quehacer gubernamental fomentando así la transparencia, la eficacia y la eficiencia de los servicios y las políticas públicas. Somos una fundación que desde el 2001 trabajamos para fortalecer a la Sociedad Civil a través del voluntariado profesional y el desarrollo comunitario, conectando personas con vocación social y organizaciones sociales que necesiten de su conocimiento y experiencia laboral. Formamos alianzas virtuosas que hacen más fuerte el tejido social y, con ello, contribuimos a la superación de la pobreza y la disminución de las desigualdades. Tras la polémica ocurrida con Democracia Viva en la región de Antofagasta, el pasado jueves 29 de junio se detonó otra controversia de índole similar, al punto de colapsar las confianzas sociopolíticas e institucionales y, con ello, ocasionar un desastre en el ecosistema de las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Dado el carácter mediático de esta controversia, terminó siendo denominada como el «caso fundaciones» por parte de los medios de comunicación.
Finalmente, otro modelo digno de ser explorado y que puede aportar lecciones a iniciativas en Chile es el que provee la legislación española, con la Ley Nº 38, General de Subvenciones, de 2003, y su Reglamento. Esta ley ha sido replicada con variantes en diversas Autonomías y sirve de marco general para la cooperación entre el Estado y las OSCs, la provisión de servicios de interés público por parte de estas, de acuerdo con un amplio concepto de políticas públicas que deja espacio a su desarrollo con autonomía y flexibilidad creativa. Esta normativa se complementa con el Real Decreto-ley Nº 7, de reciente dictación (2013), que trata de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación y que, entre otras cosas, regula el reconocimiento de las “entidades del tercer sector colaboradoras de la Administración basic del Estado”. La integración sistémica de esta normativa se puede comprobar toda vez que se consideran como “actividades de interés general”, requisito esencial para el referido reconocimiento, las previstas en el artículo 4 de la Ley Nº 6, de 1996, del Voluntariado.
Y Cunill N., [eds].(2000), Lo público no estatal en la reforma del Estado, Paidós – Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Buenos Aires. 2 Se puede mencionar entre estas entidades, a riesgo de omitir algunas, a Fundación Minera Escondida, Fundación ProHumana, Fundación Pro Bono, Fundación Para la Superación de la Pobreza, Protectora nacional de la Infancia, Fundación Simón de Cirene, Fundación Hogar de Cristo, entre varias otras. Personas en cargos de alta jerarquía en una Organización Sin Fines de Lucro y que participan activamente de la toma de decisiones relacionadas, especialmente, con el financiamiento de la institución.
En consecuencia, la idea de asegurar el financiamiento público de las OSCs como una responsabilidad del Estado se funda en la debida articulación de los principios indicados y en reconocer la primacía del amparo, en el sentido de la colaboración y el fortalecimiento de la sociedad civil. Esto es parte del acuerdo que se anunció en su momento por la reactivación y la protección, donde tenemos una cantidad importante de recursos destinados a las fundaciones, corporaciones y organizaciones de base que están ayudando a enfrentar esta pandemia”, señaló la ministra Karla Rubilar. Organizaciones y Asociaciones sin fines de lucro que se encuentren integradas en su mayoría por personas migrantes y que promuevan los derechos y deberes de las personas extranjeras en Chile. Además, esta ley establece algo sustancial y es que las personas tienen derecho a asociarse libremente para la consecución de fines lícitos, siempre que las asociaciones que constituyan no sean contrarias a la ethical, al orden público y a la seguridad del Estado, o realicen actos contrarios a la dignidad y valor de la persona, al régimen de Derecho y al bienestar general de la sociedad democrática. De ahí se sigue que las distintas organizaciones de la sociedad civil, como fundaciones, corporaciones sin fines de lucro y ONG’s cubren ciertas necesidades que no pueden ser resueltas ni por el Estado ni por el mercado.
“Invitamos a las organizaciones sociales sin fines de lucro para postular a este fondo que permite dar soluciones energéticas, a través de energías renovables, como por ejemplo sistema solar térmico (agua caliente sanitaria) o sistema photo voltaic fotovoltaico (electricidad). Las organizaciones que pueden postular son comunidades indígenas, cuerpo de bomberos, organizaciones comunitarias, municipalidades y servicios locales de educación y de salud, como también corporaciones”, explicó en detalle la seremi de Energía. El Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo es un mecanismo de participación ciudadana de carácter consultivo y autónomo que lo vincula con representantes de la sociedad civil presentes en la región, que acompañan a la autoridad del Servicio en los procesos de toma de decisiones sobre políticas públicas, planes, programas y acciones. Las organizaciones de interés público son aquellas personas jurídicas sin fines de lucro, cuya finalidad es la promoción del interés basic en materia de derechos ciudadanos, asistencia social, educación, salud, medio ambiente o cualquiera otra de bien común, en especial las que recurren al voluntariado, y que estén inscritas en el Catastro. La seremi de Energía de Los Lagos, Liliana Alarcón, hizo un llamado a participar de la sexta versión del Fondo de Acceso a la Energía (FAE 2022), iniciativa de carácter nacional que busca apoyar a organizaciones sociales, municipalidades, comunidades y servicios para que puedan acceder a proyectos de energías renovables que, además, permita el desarrollo social de las comunidades.
Por su parte, la Fundación Jesuita Migrante destacó “La FECU nos ha permito mejorar procesos internos, ordenar nuestras finanzas y así pode mejorar la calidad de nuestro trabajo y buscar nuevas alianzas, públicas y privadas, basadas en la transparencia”. En consecuencia los certificados de vigencia de las personas jurídicas sin fines de lucro del título XXXIII, del Libro I del Código Civil se deben requerir y emitir en el Servicio de Registro Civil e Identificación. Así, por un lado la afiliación a una asociación es siempre libre, personal y voluntaria y, por el otro, el Estado debe promover y apoyar iniciativas asociativas de la sociedad civil, garantizando criterios técnicos objetivos y de plena transparencia en procedimientos de asignación de recursos y la plena autonomía de las asociaciones sin interferir en su vida interna. Ellos deberían pagar sus cuotas sociales, nombrar una Comisión de ética y velar porque el directorio esté haciendo un buen trabajo.
Al efecto, coincidimos en que una estrategia integral de fortalecimiento de la sociedad civil, como la que el mencionado Programa de gobierno propone, implica la redefinición de los objetivos, los montos y formas de asignación del actual Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, creado por la Ley 20.500, de 2011. El Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, reflexionó que “la ciudad no se hace de grandes obras solamente, se hace también de comunidad, de barrio, de organización. Chile tiene una enfermedad mortal en el alma, y esa enfermedad se llama individualismo, los problemas de verdad se resuelven en comunidad o no se resuelven.
La configuración del Estado democrático no se concibe hoy en día sin la participación de las OSCs, las que en los más variados contextos han asumido un papel protagónico en la promoción de derechos humanos y en la defensa del Estado de Derecho (Seoane y otros, 2003). Durante el 2016, más de70 organizaciones sociales fueron asesoradas y apoyadas por la Comunidad de Organizaciones Sociales, en la realización de memoria y steadiness financiero, pudiendo contribuir también en la gestión de cada una de las organizaciones, por medio de la FECU Social, la cual entrega un formato flexible de rendición de cuentas, que se adapta a las realidad de las distintas organizaciones según su tamaño y/o complejidad. Por su parte, el director Nacional de Fosis, Felipe Bettancourt, señaló que “Hoy estamos lanzando un fondo que permitirá apoyar a más de 370 organizaciones sociales de base con el equivalente a $2 millones en bienes, de manera que sigan cumpliendo el rol tan importante que tienen en sus barrios y comunidades”. “Lo que buscamos es apoyar a las comunidades, a las organizaciones como juntas de vecinos, clubes deportivos, entre otras, que se han dedicado en esta pandemia a ayudar a los demás. El objetivo de este fondo es poder entregar $5.400 millones en diferentes procesos de postulación a organizaciones de base”, explicó la Ministra Karla Rubilar.
Hazte parte de una Comunidad de organizaciones dispuestas a apoyarse y a vincularse para generar lazos propositivos y ser parte de proyectos centrales para el país. Tienen como objetivo la representación de organizaciones de la sociedad civil en distintos organismos de la Administración del Estado, incluidos los Municipios.
Están organizadas formalmente y generan distintas actividades deportivas, vecinales y para personas mayores. Por lo tanto, fortalecer su desarrollo es fortalecer el tejido social del país y contribuir al desarrollo de ciudadanos y ciudadanas más comprometidos con sus comunidades”, señaló el delegado presidencial de Quillota José Raúl Orrego 100 paises mas pobres del mundo Ramírez. Estos proyectos podrán ser elaborados y presentados por Entidades, Organismos o Instituciones Públicas y Privadas tengan personalidad jurídica vigente, con a lo menos 2 años de antigüedad, contados desde su constitución y que no persigan fines de lucro. Proyectos de carácter social que contribuyan a apoyar y complementar las
En nuestro caso nos han dado la oportunidad de poder estar a la altura de los lineamientos de la sociedad civil y transparencia”. Fundaciones fundacion humana y corporaciones sin fines de lucro, asociaciones, colegios profesionales, juntas de vecinos, clubes deportivos, entre otras organizaciones.