Es cierto que hay problemas que se derivan de la avanzada edad de muchas personas consagradas y de la complejidad de la gestión de algunas obras, pero la disponibilidad a Dios nos hará encontrar soluciones. Las experiencias parlamentarias, nacidas al calor de las movilizaciones estudiantiles, han demostrado sus limitaciones. El estallido social de octubre desborda la institucionalidad precise y, con ello, la capacidad de esas experiencias de ser instrumentos para la transformación.
Como una clase de soborno que involucra a funcionarios públicos, el «cohecho» está castigado penalmente, al igual que ocurre en casi todos los países. Un ejemplo en nuestro país es el caso que involucra a altos funcionarios de Gendarmería de Chile que pedían sumas de dinero a cambio de reintegrar a ex gendarmes. Existe impunidad cuando los responsables de haber cometido actos ilegales o ilegítimos no son castigados. Tal cual como establece el significado del término «impune» y la etimología de la palabra «impunidad. Esto sucede en basic cuando las acciones corruptas no son tipificadas como delitos, si un sistema punitivo es ineficaz y hay ausencia de sentencias condenatorias contra los corruptos.
Entonces hay que pensar realmente si es que la preocupación por la pobreza es una preocupación real y los recursos lamentablemente del Estado son finitos y ahí hay una discusión de fondo de cuánto transferimos a toda la ciudadanía en estos modelos”, dijo. “Yo creo que el tema de la focalización está sobre la mesa, la focalización es incómoda porque significa concentrar los recursos en algunos segmentos y no en toda la población. Pero si queremos ayudar a los que realmente lo necesitan hay que racionalizar el uso de los recursos”, añadió. Uno de los contextos que más favorece la corrupción es la falta de transparencia. La transparencia es una demanda que se exige de forma unánime en todos los documentos internacionales para enfrentar el fenómeno de la corrupción. La opacidad se produce cuando los gobiernos, las empresas, las organizaciones y las personas no posibilitan y/o fomentan una disposición a la divulgación clara de la información, las normas, los planes, los procesos y las acciones que realizan.
En ese sentido, la “acumulación por desposesión” no se refiere solo a la apropiación de los bienes comunes naturales sino también a bienes comunes sociales, como servicios públicos o empresas públicas. Tras el golpe militar de 1973, en Chile se inicia una importante apertura de la economía chilena por medio de una drástica y rápida reducción de aranceles, provocando un proceso de desindustrialización (Moulian, 1997). Las medidas económicas fueron acompañadas de una desarticulación de los viejos actores sociales, sobre todo del sindicalismo. Este es arrasado no solo represivamente, sino que también como consecuencia de la desindustrialización y los cambios económicos. Ello, producto de la reducción de la industria a la minería y a la construcción, terminando así la desindustrialización en los nichos clásicos del movimiento sindical. A ello le sigue el Plan Laboral de 1979, que sienta las bases de un nuevo orden laboral.
Por otra parte, los demócratas cristianos concentraban sus influencias en las organizaciones de trabajadores del campo (Angell, 1974). Las concepts anarquistas y maximalistas que rechazaban la intervención del Estado en los conflictos capital-trabajo encontraron terreno fértil en los trabajadores en la medida en que las respuestas por parte del Estado eran de represivas frente a la movilización social. Ello, dado que tanto las leyes sociales como los mecanismos de conciliación respondían al reclamo de protección desigualdad en el mundo latente por parte del mundo del trabajo, que ya para los años 20 había alcanzado una mayor maduración (Grez Toso, 2002). De este modo, gran parte del movimiento obrero se sintió atraído por la posibilidad de que la protección del Estado permitiera extender la influencia en zonas donde las organizaciones sindicales no habían tenido aceptación. Sin embargo, esta opinión no se generalizó hasta que existió un cambio de actitud por parte del partido comunista, al iniciarse el periodo del Frente Popular (Angell, 1974).
No basta atrincherse detrás de la afirmación de que no tengo nada nada porque soy religioso, si mi instituto me permite gestionar o disfrutar de todos los bienes que quiero, y de controlar las fundaciones civiles erigidos para sostener las propias obras, evitando así los controles de la Iglesia. La hipocresía de las personas consagradas que viven como ricos hiere a la conciencia de los fieles y daña a la Iglesia. ¿Cuántos consagrados piensan todavía que las leyes de la economía son independientes de cualquier consideración ética? ¿Cuántas veces la evaluación de la transformación de una obra o la venta de un inmueble se ve solamente sobre la base de un análisis de coste-beneficio y valor de mercado? Dios nos libre del espíritu de funcionalismo y de caer en la trampa de la codicia. Hablar de carisma significa hablar del don, de la gratuidad y de la gracia; significa moverse en un área de significado iluminada de la raíz charis .
Asimismo, la ineficacia de un sistema se manifiesta cuando los diseños o implementación de instituciones, normativas o medidas anticorrupción solo cumplen una función decorativa en el plano jurídico, político o social. Es de público conocimiento que, generalmente, los gobiernos corruptos proponen grandes medidas simbólicas contra la corrupción con una doble pretensión. Por un lado, afirmar solemnemente, aunque solo sea de manera gestual e hipócrita, su decidida y firme lucha contra la corrupción, y por otro, esencialmente, asegurar la inviabilidad del funcionamiento de las medidas establecidas. Según el citado glosario, «soborno» es ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar una ventaja como un incentivo para una acción que es ilegal, poco ética o constituir una falta de confianza, con independencia de la forma que pueda tomar el incentivo.
Por ende, si al ultimate los corruptos quedan sin sanción penal, tienen muy poca utilidad y relevancia, por ejemplo, el aumento de las penas en los delitos de corrupción, reforzar las campañas de lucha contra corrupción a través de los medios de comunicación y realizar programas educativos contra la corrupción. Es lamentable constatar como la ocurrencia y recurrencia de situaciones de este tipo generan una sensación generalizada de impunidad e ineficacia. Por lo mismo, es de suma importancia presentar los contextos que de manera paradigmática favorecen la corrupción, para así poder evitar su ocurrencia. Estos deben ser entendidos con independencia de cuáles son las acciones especificas consideradas como corrupción, cuáles son los estándares públicos transgredidos y cómo reacciona la ciudadanía ante las prácticas corruptas. Su objetivo es únicamente mostrar que, con independencia de la acción realizada, el estándar transgredido y el posible reproche social, basta su presencia para que la corrupción resulta incentivada.
“Esta pandemia una de las cosas que debiese hacer al país es repensar la arquitectura de políticas públicas para poder abordar de mejor manera las desigualdades y poder construir una mejor recuperación y que sea justa”, afirmó el investigador. El estallido social de octubre, de este modo, es la maduración de un malestar producido por décadas con el que la política no ha sido capaz de sintonizar. La irrelevancia de los partidos en este proceso es un problema del que sus miembros no han reparado del todo. Expresión de ello son las respuestas desde la política formal, que tienen un carácter unidireccional, vertical y que apunta principalmente a alcanzar réditos comunicacionales. La consecuencia de esta estigmatización es la marginalización continua que sufren los migrantes, especialmente notoria en la ciudad de Iquique.
Pero las posibilidades de cambios depende en buena medida de la capacidad de las fuerzas transformadoras de hacer posible que los intereses sociales excluidos de la política de la transición ahora sí tengan cabida. De esta forma, se va configurando este capitalismo de servicio público, que en el nombre de la protección estatal, va profundizando una desprotección por parte del mismo Estado. De este modo, la focalización del gasto social, tras los procesos de privatización de los servicios públicos, deviene en fuente de enriquecimiento para privados, siendo presentado por las burocracias fundaciones de ayuda social estatales como formas de contención del mercado (Ruiz, 2015). El desarrollo del movimiento sindical, su consolidación y politización constituye una anomalía de la regulación estatal. Las restricciones impuestas por parte del Estado a la organización y la búsqueda de acotar el poder sindical obligaron al movimiento a construir alianzas con los diferentes partidos políticos para mejorar su posición de poder. Un proceso de consolidación de la organización sindical altamente politizada pese a la regulación e intervención estatal que se mantuvo hasta el gobierno de la Unidad Popular.
En definitiva, las relaciones entre el sector público y el privado no son fáciles de regular, pues son demasiadas las intersecciones que se producen. Sin embargo, es posible diseñar un esquema institucional que evite sus peores consecuencias y minimice las situaciones de riesgo. En esta línea, prohibir que los condenados por casos de corrupción privada o pública puedan optar a la rehabilitación y la participación política es solo un primer paso para desincentivar prácticas venales. Impedir por todos los medios el clientelismo y la captura estatal posibilita pensar en el mérito como uno de los pilares de la contratación pública.
También en este caso nos encontramos ante un desafío educativo, que no puede dejar de lado el consagrado. Un discernimiento que, por encima de todo, se define a contracorriente porque se sirve del dinero y no está al servicio del dinero por ningún motivo, incluso el más justo y santo. Leer las preguntas para responder, escuchar el llanto para consolar , reconocer las injusticias para compartir también nuestra economía, discernir las inseguridades para ofrecer la paz, mirar al miedo para tranquilizar , son diferentes caras del tesoro multifacético que es la vida consagrada. Aceptando que no tenemos todas las respuestas y, a veces, permanecer en silencio, tal vez también nosotros inciertos, pero nunca, nunca sin esperanza. Por lo tanto, esta doble característica no puede faltar en cualquiera de sus formas, siempre y cuando nosotros, los consagrados, permanezcamos vigilantes y atentos para escudriñar el horizonte de nuestras vidas y del momento actual. Esta actitud hace que los carismas, dados por el Señor a su Iglesia a través de nuestros fundadores y fundadoras, se mantengan vitales y puedan responder a las situaciones concretas de los lugares y los tiempos en los que estamos llamados a compartir y a dar testimonio de la belleza del seguimiento de Cristo.
Probablemente, esto explica de manera parcial por qué existe un amplio descontento social en torno a cómo se han desarrollado y, en algunos casos, resuelto diversos hechos de corrupción ocurridos y constatados en el panorama nacional. Tanto de manera individual como conjunta, estos contextos constituyen un «caldo de cultivo» para las prácticas corruptas. Aunque su enumeración en ningún caso tiene pretensiones taxativas ni exhaustivas, si resulta de utilidad para analizar nuestras prácticas sociales, en general, y también, diversas situaciones ocurridas en Chile durante los últimos años. Y dadas las numerosas consecuencias negativas que la corrupción acarrea para los países y sus ciudadanos que la padecen, podría pensarse que siempre hubo una firme voluntad de lucha contra la corrupción y un decidido empeño político para llevarla a cabo, tanto a nivel nacional como internacional.