Con este fin, desde 1901 se incorporaron formalmente en el currículum de Historia y Geografía contenidos relativos a la noción de patria, a los derechos y deberes, y a la organización del Estado, materias que en 1912 pasaron a conformar la asignatura de Educación Cívica. Para la encargada regional de la División de Organizaciones Sociales DOS, Jacqueline Cárdenas el trabajo llevado a cabo por Venegas demuestra el interés de la ciudadanía en participar cada vez más en los desafíos que los nuevos tiempos van proponiendo al país. Abogada de la Universidad de Chile, máster (DEA) en Derecho Ambiental común a las Universidades organizaciones con lucro de Paris I Panthéon-Sorbonne y Paris II Panthéon-Assas. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, del Ministerio de Medio Ambiente. Fue académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile desde el año 2000, donde dirigió el Centro de Derecho Ambiental. Además de ofrecer e impartir cursos de postgrado, en el área de pregrado integró el departamento de derecho económico y el equipo docente de la Clínica Ambiental, curso en que junto a los estudiantes presta asesoría jurídica especializada a personas y comunidades afectadas por conflictos socioambientales.
La configuración del Estado democrático no se concibe hoy en día sin la participación de las OSCs, las que en los más variados contextos han asumido un papel protagónico en la promoción de derechos humanos y en la defensa del Estado de Derecho (Seoane y otros, 2003). A continuación, podrán acceder a una serie de videos educativos, desarrollados por el equipo académico del CEA, que buscan entregar a personas estudiantes, información de valor sobre sus derechos y deberes, la sociedad, la democracia y en basic, el funcionamiento del Estado. La organización social se expresa en los más diversos aspectos de la vida y con alcances diferenciados. Desde aquellas organizaciones del espacio micro social como las juntas vecinales, los clubes deportivos, sindicatos y centros de estudiantes, así como también las empresas, las escuelas, las municipalidades, entre muchas otras.
Fue directora ejecutiva de Comunidad de Organizaciones Solidarias, la pink más importante de organizaciones de la sociedad civil en Chile, que en la actualidad reúne a hundred and eighty fundaciones y corporaciones. Esta institución es un espacio de encuentro, colaboración y articulación de organizaciones que trabajan al servicio de personas en situación de pobreza y/o exclusión social en Chile. Existe, desde luego, también un tipo de capital social en la mafia, en grupos paramilitares o en organizaciones que cultivan un desprecio por la democracia. Difícilmente benefician una forma de convivencia social basada en el respeto mutuo, la tolerancia o un espíritu democrático. Si bien la capacidad de asociarnos nos permite estratégicamente lograr cosas y nos habilita para alcanzar más objetivos de los que podríamos estando solos, finalmente, refleja un cierto estilo de ser persona en sociedad.
Con esta iniciativa se espera poder informar y entregar las herramientas sobre educación cívica para que se pueda difundir y propagar a la ciudadanía en medio del proceso constitucional que se está viviendo en Chile. La conformación de la conciencia tributaria, es decir, la comprensión del ciudadano de que el pago de los impuestos es positivo para el bienestar colectivo, tiene en gran medida que ver con la cultura fiscal. La aceptación voluntaria de los tributos supone interiorizar valores de justicia y solidaridad, asumir un proyecto común y aceptar una correlación entre los derechos y obligaciones del Estado y los ciudadanos. La política fiscal, legitimada en las leyes emanadas del Legislativo, es un elemento central para que el contrato social se pueda cumplir. Por eso, la política fiscal es el reflejo de la estructura de poder de una comunidad y la columna vertebral de las democracias que aspiran a conseguir sociedades cohesionadas, es decir, que trabajan para garantizar el bienestar del conjunto de la población, reduciendo las brechas sociales, minimizando las disparidades y evitando la segmentación social. En las democracias contemporáneas, el Estado tiene como misión desarrollar políticas que garanticen la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de los derechos políticos, económicos y sociales contemplados en los textos constitucionales.
Desde Octubre de 2019 lidera además, investigaciones por Delitos contra los Derechos Humanos cometidos por agentes del Estado. Es representante de la Fiscalía de Chile en la Red Iberoamericana de Fiscales Anti Corrupción. Fue miembro del Círculo Legal de Icare desde 2015 al 2020, y es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación de Abogadas Feministas. Abogada de la Universidad de Chile con magíster en Administración Pública de la Harvard Kennedy School. Actualmente es miembro del directorio y gerenta de Innovación de Microsystem S.A, empresa de gestión documental, tecnología de la información e inteligencia de negocios fundada en 1978.
Es a través del contrato social que las sociedades democráticas adoptan el uso de las Constituciones, donde el ser humano ‘pierde’ su libertad pure, pero gana en libertad civil, limitada por la ley que emana de la voluntad basic. Contar hasta la actualidad con una representante estudiantil dentro de quienes integran la Comisión es señal en esta significativa colaboración inicial y de la capacidad de cambio social contenida en jóvenes que se organizan para manifestar sus demandas. Sin dudas, no hay que olvidar que nuestro servicio requiere de constante cuidado y construcción de confianza con cientos de jóvenes que deciden cursar sus estudios, pasar un tiempo de su vida en esta comunidad y aportar en los cambios sociales que benefician a toda la PUCV. Esta experiencia de transformación social vivida a nivel personal pero con directa repercusión en el entorno social, permite plantearnos la necesidad de dejar de alimentar la concepción de las juventudes como un grupo esencialmente “carente de algo” (experiencia, criterio, formación, opinión) y por consiguiente atribuir valoraciones afirmativas solo en la medida en que una persona es reconocida como potencial adulto/a. Esto implicaría igualmente alejarnos de creencias como que las infancias y juventudes no se encontrarían en condiciones para realizar acciones significativas en sus comunidades.
Actualmente se desempeña como presidenta de la Comisión de Expertos del proceso constitucional. Consejera de ComunidadMujer, integra los directorios de la Fundación Pro Bono y Espacio Público; forma parte de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho (Red ALAS) y es socia fundadora de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. Ha realizado consultorías y asesorías técnicas para Human Right Watch, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres. Integra distintos directorios de organizaciones sin fines de lucro en los ámbitos de acceso a la justicia y políticas públicas.
Es respetable la buena intención que tiene esta medida, apuntando al desarrollo de la formación ciudadana de los niños y jóvenes, proponiendo un proyecto educativo que integre la formación ética y ciudadana, y además, que la carrera docente incluya en su currículo estos mismos aspectos. No obstante, y considerando organizaciones de base el vacío en esta materia, existen instancias en que “la propia ciudadanía desarrolla ciudadanía”. Ejemplo de esto es el proyecto Aula Cívica, en el cual jóvenes con visión futurista creyeron en el poder ciudadano e implementaron talleres y cursos de educación cívica en establecimientos vulnerables.
Adicionalmente, es directora de la AGF Ameris Capital, de la Fundación Olivo, de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos (“ACAFI”) y miembro del Consejo Asesor del capítulo chileno del Global Steering Group for Impact Investing (“GSG”) y de ComunidadMujer. Bióloga y Doctora en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. Ha dedicado su carrera a la práctica científica de la conservación de la biodiversidad, liderando desde el 2005 Wildlife Conservation Society en Chile, su proyecto de conservación del Parque Karukinka en Tierra del Fuego, y promoviendo el conocimiento y la valoración de la biodiversidad en distintos espacios, para avanzar transversalmente en su conservación. Abogada de la Universidad de Chile y socia fundadora de la reconocida firma FerradaNehme Abogados. Es profesora asociada de la cátedra de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, del magíster de Libre Competencia y del de Regulación Económica de esa misma Facultad.
En América Latina, han surgido diversos gobiernos cuyas políticas públicas se basan en la doctrina neoliberal, pero también esta región ha sido un escenario de una férrea oposición a este sistema. En los últimos años, las redes sociales han funcionado como un espacio de interacción, permitiendo organización cívica, así como actos de resistencia. En el presente artículo, se examinarán dos casos en América Latina donde las redes sociales fueron un instrumento importante en la resistencia a las políticas de corte neoliberal. Con respecto a México, las plataformas virtuales resultaron clave para la victoria del candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, un triunfo que puso fin a 36 años de gobiernos liberales. De igual forma, en Ecuador las redes sociales fueron clave para la movilización social que detuvo la aplicación de políticas públicas neoliberales.
En América Latina y Chile el panorama en estas líneas es débil y heterogéneo. Con todo, esta perspectiva de alianzas estratégicas ha sido tomada por las OSCs y gobiernos de México y Brasil principalmente. El primero con la Ley Federal de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el segundo, avanzando lo que en Brasil se ha llamado una “tercera fase” de la participación ciudadana en la construcción del Marco Regulatorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil, denominada de “contractualización”. De ahí la importancia de fortalecer la confianza en una cultura fiscal, a fin de construir un vínculo positivo entre la ciudadanía que paga impuestos, y quienes administran y utilizan los recursos, promoviendo el proceso de la tributación y transparencia.
Es integrante del Directorio de importantes instituciones sociales de educación, Fundación Aprender y Corporación Educacional Sofofa. Profesional con casi 20 años de experiencia en gestión de proyectos de alto impacto social-empresarial, especialmente en el sector público-privado, con especial énfasis en la innovación, el desarrollo tecnológico y transformación digital. Rosario ha desempeñado un papel importante representando diversas voces de los ámbitos de negocios y causas sociales, construyendo una estrecha pink colaborativa entre empresas, académicos, científicos y agentes en los sectores público y privado. Ingeniera Comercial de la Universidad de Chile y coach ontológico certificado por The Newfield Network. Trabaja en forma independiente y en asociación con Behuman como coach ejecutiva y relatora de talleres en programas de desarrollo de habilidades directivas en diversas empresas y corporaciones.