Los resultados muestran que además del mérito particular person vinculado al esfuerzo en la educación y en el trabajo, las personas consideran otros principios de justicia, referidos al capital cultural y social, así como al trato en la interacción social. La incidencia de estos principios de justicia varía dependiendo de las posiciones sociales juzgadas y de las características socioeconómicas de los encuestados. Los datos provienen de una encuesta basada en viñetas, aplicada en el año 2016 a una muestra de 2.000 individuos estadísticamente representativa de la población chilena. Además, la información de la Encuesta Casen es utilizada como fuente oficial para la medición de la pobreza.
Estas ciudades intermedias cuentan con una población de al menos 50 mil habitantes y son relativamente autónomas de las grandes ciudades. En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de zero.48 en la última medición disponible para Chile banco mundial pobreza (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Hay distintos tipos de impuestos con distintas implicancias para la eficiencia, la equidad y la democracia. La implementación concreta de un pacto social a través de un sistema tributario presupone, entonces, rigurosidad en su diseño.
El factor de expansión regional permite representar al complete de la población residente en viviendas particulares a nivel nacional y regional, por lo que se emplea de modo generar para producir estimaciones a estos niveles de agregación. La información estadística entregada por la encuesta Casen permite aproximarse al valor de distintos indicadores a partir de la estimación de los mismos en una muestra aleatoria del total de hogares residentes en viviendas particulares. Por lo tanto, debe tenerse presente que las estimaciones obtenidas para cualquier indicador a partir de datos de la Encuesta Casen están sujetas a error muestral. Sus conclusiones acerca de la distribución del ingreso hacen referencia a que “el núcleo del modelo de desarrollo chileno es el crecimiento económico; el crecimiento económico iba a distribuir esa riqueza en la población, lo que se conoce como chorreo o derrame.
El sistema tributario juega un rol central al momento de evitar que el principio de la igualdad democrática se vea resquebrajado. Lo anterior sugiere que un sistema tributario no puede ser neutro a los principios de equidad que las comunidades políticas se reconocen. Si aceptamos que los tributos permiten implementar en la realidad los compromisos que reconocemos en el Estado, entonces es ineludible ponderar tanto consideraciones de eficiencia como de equidad en su diseño.
La desigualdad social tiene gran influencia sobre la calidad de vida, ya que, dependiendo de la crianza y la experiencia de primera infancia, ello prepara para obtener mejores resultados dentro del sistema educativo formal, así como para la vida personal y profesional. Además de crear limitaciones al acceso a servicios públicos para grupos históricamente marginados de la población, los sistemas de identificación obligatoria y biométricos implican una “sobrevigilancia” hacia esos grupos. No se sabe cómo son utilizados, agregados y compartidos los datos recolectados de esos grupos, ni parece proporcional exigir un nivel tan alto de información para la entrega de beneficios limitados o condicionados. En el caso venezolano las bases de datos biométricas provienen del sistema electoral, para ser utilizadas tanto por operadores estatales -incluyendo funcionarios de migración y policías- como por cajeros de supermercados y farmacias, sin ningún tipo de requisito authorized bienestar social segun la oms previo. En São Paulo, el gobierno municipal llegó a anunciar la venta de las bases de datos de las tarjetas utilizadas en el transporte pero, bajo presión pública y después de la aprobación de una ley de protección de datos en Brasil, cambió su posición.
Para efectos de nuestro ejercicio inicial, esto implica que reducir la desigualdad de 0,49 a zero,43 para Chile o de zero,50 a 0,forty three para la Región Metropolitana, implica una reducción de cerca de 18% en los conflictos a nivel nacional y de 21% en la RM. Si bien esta operación aritmética no se acerca a ser una aproximación exhaustiva para comprender los determinantes del conflicto social, logra dejar ver una tendencia clara que puede entregar luces respecto a alguno de los orígenes del descontento del país. Reducir la desigualdad de 0,forty nine a 0,43 para Chile o de 0,50 a 0,forty three para la Región Metropolitana, implica una reducción de cerca de 18% en los conflictos a nivel nacional y de 21% en la RM. Utilizando datos de la CASEN para los años 2009 a 2017, los resultados de este ejercicio indican que alrededor del 11% de la desigualdad (medida a través del coeficiente de Gini) es exclusivamente atribuible al 1% más rico (ver Tabla 1). En estos párrafos, se busca hacer una descomposición un poco más profunda de evidencia nacional sobre desigualdad para entregar perspectivas acerca de la concentración de ingresos, su dimensión territorial y su eventual rol en el conflicto social.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), existen marcados desequilibrios entre los distintos niveles socioeconómicos en aspectos como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la tasa de analfabetismo y el acceso a agua al interior de las viviendas. Así, la altísima inequidad que asola al continente influye directamente en el bienestar de sus habitantes, sus posibilidades de desarrollo y en el ejercicio de sus derechos fundamentales. En junio de 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, publicó el libro «Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile», el que dio a conocer las enormes brechas que existen en nuestro país. Uno de los investigadores principales de aquel libro es Matías Cociña, quien referente al tema de las pensiones, uno de los más señalados y cuestionados en las movilizaciones, comenta que “los datos que mostramos en Desiguales indicaban que en el año 2015, de los pensionados y pensionadas de 65 y más años, un 47% recibía una pensión que estaba por debajo del 70% del salario mínimo. No es coincidencia, entonces, que en nuestra encuesta solo una de cada tres personas del primer quintil de ingresos pensara que contaría con ingresos suficientes en la vejez para cubrir sus necesidades básicas.
Se excluyen aquellas personas que estuvieron ausentes más de seis meses en el último año, exceptuándose el jefe del hogar y los niños menores de seis meses. Se exceptúa de la muestra a un conjunto de 22 comunas del país que son definidas como Áreas de Difícil Acceso (ADA) por el Instituto Nacional de Estadísticas. Este grupo incluye a General Lagos, Colchane, Ollagüe, Juan Fernández, Isla de Pascua, Cochamó, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué, Palena, Lago Verde, Guaitecas, O’Higgins, Tortel, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de Hornos (Ex Navarino), Antártica, Primavera, Timaukel, Torres del Paine. La información relativa al tamaño muestral y al nivel de error se encuentra detallada en documentos metodológicos de la Encuesta Casen de cada año.
En lo que se refiere a participación política, los resultados muestran un déficit en ambos países en diferentes niveles de decisión. En la práctica, se observa que, en el mejor de los indicadores, por cada tres varones en cargos de decisión solo existe una mujer e incluso la brecha puede aumentar a una relación de uno a cinco en ciertos períodos y/o áreas de actuación. La contraparte de esta realidad se aprecia, particularmente, en el caso de Chile en las organizaciones comunitarias y sociales ligadas a las labores del cuidado (Michel y Mahon, 2002) y la protección doméstica, evidencia empírica que nos remite nuevamente a la economía del cuidado, estructura que se duplicate inclusive en la participación femenina en las fuerzas armadas. Asimismo, cabe señalar que estos factores de violencia estructural tienen también un reflejo en los indicadores de violencia directa ejercida contra mujeres, donde el impacto de las políticas públicas ha sido a todas luces insuficiente en ambos países. Paralelamente, la desigualdad de la riqueza –incluyendo activos tales como bienes inmuebles– está alcanzando nuevos niveles.
En 2010, el costo promedio de los hogares cercanos a las escuelas públicas de alto rendimiento en las 100 áreas metropolitanas más grandes de los EE.UU. Era 2,4 veces mayor que aquellos cerca de escuelas cuyos logros eran considerados bajos (Rothwell, 2012). Sin embargo, la práctica evidencia que para que las mujeres accedan a la igualdad de oportunidades no es suficiente con los cambios propuestos desde el ámbito legal. Es preciso cambiar actitudes y comportamientos e incluso formas de vida y estructuras sociales que impiden el pleno desarrollo de las mujeres como personas con derecho a participar activamente en la cultura, el trabajo y la política de un país. Por ello, un grupo de mujeres defensoras del principio de igualdad de oportunidades impulsó la creación de un organismo dentro de la Administración Española, comparable al que existía en otros países de Europa y del mundo, responsable de elaborar políticas de igualdad, proponérselas al gobierno y coordinar las acciones de los diferentes ministerios en este ámbito. El Ministerio de Desarrollo Social (Ex MIDEPLAN) tiene una responsabilidad esencial en el seguimiento de condiciones socioeconómicas de la población, y su eventual repercusión en deterioro de condiciones de vida de grupos de la población.
Entonces, ese mérito se trata de un individualismo muy competitivo y ese quizás es uno de los legados más nocivos de esa estrategia de desarrollo, como lo fue el individualismo muy exacerbado. A esta altura, también con los datos de la Casen de esta década, lo que se da en Chile es una alta variabilidad, no hay garantías. Es algo que los investigadores están constatando que es mundial, es decir, efectivamente tenemos generaciones jóvenes más preparadas que antaño, que sus padres, en el sentido de que tienen mayor escolaridad, pero eso no se condice con mayor ingreso, con mayor salario”. De acuerdo a la información del COES (2018), la mayor cantidad de conflictos sociales por habitante se producen en las regiones de Aysén, Atacama, Los Ríos, Arica y Parinacota, y Magallanes, todas regiones donde los índices de desigualdad son iguales o superiores al promedio nacional. Una buena educación, según expertos, tiene la función de adquirir habilidades y certificar conocimientos para participar aún más en la sociedad, y sirve para “socializar”.
El sistema también incluye el apoyo a necesidades de salud y contribuye a asegurar el acceso efectivo y oportuno al sistema de salud (según necesidad de cada persona), especialmente de aquellos que por motivos de pobreza y otros relacionados, puedan verse imposibilitados de tener mejores condiciones de salud y de acceso al sistema de salud en caso de necesidad. Las opciones de protección social en salud tienen un amplio rango y cabe precaver que alcance efectivamente a quienes lo necesitan (no sólo a los más pobres). Mientras que la desigualdad social, foco central de estudio dentro de la sociología dada su complejidad, tiene un sentido contrario a la pobreza, ya que existe una abundancia mal distribuida. Los métodos de cómo avanzar en estas problemáticas van más allá de lo económico, ya que tiene que ver también con acuerdos políticos y sociales, que no son procesos mecánicos sino que acuerdos donde lo que se gana en un lado se pierde en el otro. Se necesitan reformas específicas para abordar determinados cuellos de botella y poder impulsar el crecimiento de la productividad, que ha disminuido durante décadas.
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), Documento de Trabajo, N° 30, Santiago, Chile. En lo que sigue, discutiremos específicamente cómo el diseño los impuestos puede afectar la consecución de estos tres principios normativos. En la discusión pública existe disenso en torno al modo de entender tanto las funciones del Estado como su alcance o tamaño deseado. Centro de Salud Alianza cuenta con los mejores profesionales tales como psiquiatras, psicólogos, especialistas en diversas áreas de la salud mental que están dispuestos a ayudarte en el ámbito que sea necesario.